TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA        SALA CIVIL




Auto Supremo: 1044/2015 L                                Sucre: 16 de noviembre 2015                                                                Expediente: LP-86-11-S                                                        

Partes: Remigio Quispe Apaza, Marcela Santander Varrera, Martha Moya,

CristinaEusebia ChuquimiaGutierrez,Víctor Quispe Huarcacho,

Elizabeth María Moya Mamani, Nelly Haydee Caya Osco, Angélica Blanca

CujtaCallisaya, Pedro Alejandro Condori Cutilli, Rolando René Condori

Aguilar,  Hugo  GerónimoQuisbert, Braulia Huanca Vda. deQuispe,

Cristina Ortega Miranda, Constancio Vivero Quispe, Edgar Luis Alipaz

Gómez, Nicolasa Santander Barrera y Juana Guygua Vda. de Machaca;

representados todos por Julieta Quisberth de Velásquez.c/ RubénFotimo

Copana Rodríguez y Dora Rodríguez de Copana.

Proceso: Cumplimiento de Obligación.

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 205a 206 vta., interpuesto por Sergio R. Bustillo Ayala por Rubén FotimoCopanaRodriguez, contra el Auto de Vista Nº 73/2011 de fecha 30 de marzo de 2011, cursante a fs. 193 a 194, pronunciado por la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso ordinario de cumplimiento de obligación, seguido por Remigio Quispe Apaza, Marcela Santander Varrera, Martha Moya, Cristina Eusebia ChuquimiaGutierrez, Víctor Quispe Huarcacho, Elizabeth María Moya Mamani, Nelly Haydee Caya Osco, Angélica Blanca CujtaCallisaya, Pedro Alejandro Condori Cutilli, Rolando René Condori Aguilar, Hugo Gerónimo Quisbert, Braulia Huanca Vda. de Quispe, Cristina Ortega Miranda, Constancio Vivero Quispe, Edgar Luis Alipaz Gómez, Nicolasa Santander Barrera y Juana Guygua Vda. de Machaca; representados todos por Julieta Quisberth de Velásquez contra Rubén FatimoCopana Rodríguez y Dora Rodríguez de Copana, la concesión del recurso de fs. 210; los antecedentes del proceso: y:

CONSIDERANDO I:                                                                ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Tramitado el Proceso, el Juez Noveno de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 169/2010 de fecha 12 de agosto de 2010, cursante de fs. 168 a 171, declarando probada en parte la demanda interpuesta por Julieta Quisbert de Velásquez en representación de Remigio Quispe Apaza, Marcela Santander Varrera, Martha Moya, Cristina Eusebia ChuquimiaGutierrez, Víctor Quispe Huarcacho, Elizabeth María Moya Mamani, Nelly Haydee Caya Osco, Angélica Blanca CujtaCallisaya, Pedro Alejandro Condori Cutilli, Rolando René Condori Aguilar, Hugo Gerónimo Quisbert, Braulia Huanca Vda. de Quispe, Cristina Ortega Miranda, Constancio Vivero Quispe, Edgar Luis Alipaz Gómez, Nicolasa Santander Barrera y HuanaGuygua Vda. de Machaca. En consecuencia dispuso que Rubén FotimoCopana Rodríguez y Dora Rodríguez de Copana en el plazo de 30 días de quedar ejecutoriada dicha resolución restituyan la suma de $us. 24.410 a la parte actora bajo alternativa legal para el caso de incumplimiento.

Contra la referida Sentencia, Sergio R. Bustillo Ayala, interpuso Recurso de Apelación cursante de fs. 175 a 177.

En merito a esos antecedentes, la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, emitió el Auto de Vista Nº 73/2011 de fecha 30 de marzo de 2011, cursante de fs. 193 a 194, por el que CONFIRMA la Sentencia recurrida así como la resolución Nº 230/2009 de fs. 119-121 de conformidad a lo establecido en el art. 237. I num. 1) del Código de Procedimiento Civil, con costas en ambas instancias.

Resolución que dio lugar al Recurso de Casación en el fondo y en la forma, interpuesto por Sergio R. Bustillo Ayala por Rubén FotimoCopanaRodriguez, el mismo que se pasa a considerar y resolver.

CONSIDERANDO II:                                                                        HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Denuncia que el Tribunal de Alzada no consideró los argumentos del Recurso de Apelación en los cuales expresó que la Sociedad de Inquilinos de la zona de Alto San Antonio no se encontraba legitimada para actuar en juicio  y por consiguiente tampoco se encontraría legitimada para actuar en juicio la señora Quisbert de Velásquez en su nombre y representación.

Acusa que las personas cuyos  nombres salen a fs.33 han otorgado un poder para un proceso totalmente diferente al iniciado por la señora Quisbert de Velásquez.

Del mismo modo, refiere que el documento de acuerdo transaccional sobre incumplimiento de una obligación, resulta de una obligación ilícita y que el incumplimiento no es atribuible a su persona, toda vez que la obligación consistiría en apropiar a los miembros de la Sociedad de Inquilinos de bienes que son de propiedad municipal.

Refiere que de los tres testigos de cargo, dos de ellos (Braulia Vda. de Quispe y Remigio Quispe Apaza) otorgaron el poder cursante a fs. 33 lo que los hace actores del presente proceso, y que Noel Fuentes Gutiérrez al firmar como testigo de ciertos actuados procesales demostraría que tiene intereses en el proceso, situación que los descalificaría para ser considerados como testigos.

Señala que la prueba de inspección judicial, la parte actora propuso sobre un inmueble de propiedad municipal, y de manera desleal intentaron hacer creer que se trataba de otro inmueble, razón por la cual considera que no puede ser tomada en cuenta.

De manera general refiere que los puntos dispuestos en oportunidad de la apertura del Término probatorio no fueron probados.

Por los fundamentos expuestos solicitan se emita Auto Supremo anulando o casando el Auto de Vista.

CONSIDERANDO III:                                                                FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Del análisis del Recurso de Casación interpuesto tanto en la forma como en el fondo, se advierte que el recurrente no disgregó cuales serían aquellos reclamos de forma y cuáles de fondo, empero en aplicación del principio pro actione, corresponde a este Tribunal una vez identificados aquellos aspectos que fueron reclamados en la forma considerarlos previamente, toda vez que si son evidentes los extremos acusados corresponderá la emisión de un Auto Supremo anulatorio, caso en el cual ya no corresponderá ingresar a cuestiones de fondo, en ese entendido diremos que:

En la forma:

Respecto a que el Tribunal de Alzada no habría considerado todos aquellos reclamos que hacen a su Recurso de Apelación, en los cuales expresó que la Sociedad de Inquilinos de la zona de Alto San Antonio no se encontraba legitimada para actuar en juicio y por consiguiente tampoco su representante; sobre el mismo, diremos que en virtud de la revisión del Auto de Vista recurrido en el Considerando tercero en sus cuatro numerales se advierte que dicho Tribunal consideró dicho reclamo, donde después de haber hecho referencia a los antecedentes del incidente de nulidad donde el recurrente hizo referencia a estos aspectos, de manera puntual en el numeral 4), los jueces de Alzada refirieron que se debe tener presente que los demandados tuvieron conocimiento de este proceso, tanto en la medida preparatoria de demanda, como también en el proceso en sí, empero no asumieron defensa en su oportunidad a través de la interposición de excepciones y otros medios; de esta manera concluyó que al no haber observado el recurrente en su oportunidad ciertos presupuestos de validez y al no ser el medio idóneo la vía incidental para impugnar o para retrotraer etapas ya resueltas, considero ser improcedente interponer el incidente para corregir o para observar la legitimación activa de los demandantes; fundamentos por los cuales confirmó la resolución recurrida en apelación.

De dichos extremos se advierte que contrariamente a lo reclamado por el recurrente, el Tribunal de Alzada si consideró los aspectos referentes a la falta de legitimación de los demandados, careciendo de fundamentos su agravio.

Con referencia a que el poder notarial, cursante a fs. 33, donde los demandantes otorgan poder a la señora Quisbert de Velásquez para un proceso diferente al presente; sobre el particular, corresponde señalar que el art. 16 de la Ley del Órgano Judicial, norma que hace referencia al principio de preclusión, impide el regreso a momentos procesales ya extinguidos o consumados, precisamente por perdida de la oportunidad para la realización de un acto procesal, determinando la clausura de la misma.

Al respecto, corresponde señalar que el proceso se encuentra conformado por sucesivas etapas que se abren y cierran en forma correlativa, impidiendo retrotraer el trámite a etapas que concluyeron, característica del proceso que consagra el principio de preclusión, sobre cuya base se determina que si las partes no hicieron uso de un derecho procesal oportunamente deviene la pérdida de esa facultad, que luego no puede ser alegada ni usada en otra etapa del proceso. Bajo esa lógica, el recurrente a momento de purgar su multa de rebeldía y apersonarse al proceso, ya sea personalmente o mediante su apoderado, debió reclamar dicho aspecto y hacer conocer la supuesta irregularidad, pues al no haber reclamado oportunamente, se entiende que esa facultad de reclamar en una etapa procesal posterior precluyó; de ahí que, si los defectos no se observan oportunamente quedan cubiertos, produciéndose el principio de convalidación y operándose la preclusión que permite la consolidación de cualquier vicio o error que no hubiere sido reclamado en las instancias pertinentes.

En el fondo:

En lo referente a la prueba de inspección judicial, de la cual acusa el recurrente que fue realizada en un inmueble de propiedad municipal, es preciso aclarar al recurrente, que de la revisión del acta de la audiencia de inspección judicial (fs. 99 a 100 vta.) la misma fue realizadaen el lugar donde el demandado debió realizar los trabajos encomendados por la Sociedad de Inquilinos, lugar que por lo manifestado por el Abogado de la Alcaldía, el mismo pertenecería al municipio; de igual modo dicha inspección también fue realizada en el inmueble que fue otorgado como garantía en el acuerdo transaccional de fecha 22 de agosto de 2007, documento del cual los demandantes exigen su cumplimiento. De lo señalado debemos indicar, que al ser el objeto del proceso el cumplimiento de  la obligación asumida por el recurrente en el acuerdo transaccional ya citado, el hecho de que se haya realizado la inspección judicial en el inmueble donde el recurrente debió realizar las tareas encomendadas por los demandantes y que este sea o no área municipal, son cuestiones que no guardan relación con la pretensión demandada, pues lo que la parte recurrente debió hacer es desvirtuar lo pretendido por la parte actora, demostrando que cumplió con la obligación asumida en el acuerdo transaccional conforme a lo establecido en el art. 1283 del Código Civil y art. 375 del Adjetivo Civil, y no abocarse a otros aspectos que no son objeto de discusión en el presente proceso.

Sobre el reclamo de que el documento de acuerdo transaccional sobre incumplimiento de una obligación, resultaría de una obligación ilícita y que el incumplimiento no sería atribuible a su persona, toda vez que la obligación consistiría en apropiar a los miembros de la Sociedad de Inquilinos de bienes que son de propiedad municipal; de lo señalado debemos referir que al ser la pretensión de la parte actora el cumplimiento de la obligación emergente del acuerdo transaccional de fecha 22 de agosto de 2007, el Juez A quo estableció mediante Auto de fecha 22 de noviembre de 2008 (fs. 58 vta.) cuales los hechos a ser demostrados por las partes, los cuales guardan estrecha relación con la pretensión de cumplimiento de obligación, en torno al cual giró todo el proceso, y no así sobre la invalidez o ineficacia del documento, razón por la cual los argumentos expuestos por el recurrente carece de contexto, pues si este considera que la obligación sería ilícita, este tiene la vía llamada por ley para determinar dicho aspecto, el cual como ya se señaló anteriormente, no fue objeto del presente proceso.

Finalmente, en lo referente a la prueba testifical de la cual acusa que Braulia Vda. de Quispe y Remigio Quispe Apaza al haber otorgado el Poder Notarial cursante a fs. 33 tendrían la calidad de actores del presente proceso y que Noel Fuentes Gutiérrez al haber intervenido en actuados procesales como testigo, demostraría el interés que este tiene en el presente proceso, extremos que desnaturalizaría la calidad de testigos de los mencionados; al respecto, debemos señalar que si bien resulta evidente que Braulia Vda. de Quispe y Remigio Quispe Apaza, otorgaron Poder Especial y Suficiente a Julieta Quisbert de Velásquez, quien se apersonó en el presente proceso como apoderada, entre otros, de los nombrados; así como también resulta evidente que éstos fueron ofrecidos como testigos de cargo quienes prestaron su declaración conforme consta en fs. 71 a 74, empero debemos señalar que pese a realizar la abstracción de dichas declaraciones, este hecho no modifica el fondo de la decisión asumida por los jueces de instancia, toda vez que la pretensión de la parte actora es el cumplimiento de la obligación asumida por los demandados en el acuerdo transaccional de fecha 22 de agosto de 2007, documento que en virtud a la medida preparatoria el mismo se tuvo por reconocido, surtiendo plenos efectos en el presente proceso, el cual como ya se refirió varias veces, mientras no sea declarado nulo o ineficaz, es exigible en su cumplimiento, enese sentido las declaraciones testificales solo corroboraron el contenido de dicho acuerdo transaccional, por lo que el abstraer las mismas no modificarán la decisión en el fondo de la litis.

Ahora bien, respecto a que el testigo Noel Fuentes Gutiérrez, al haber intervenido en ciertos actuados procesales como testigo y que tales hechos demostraría el interés que este tiene en el presente proceso; sobre el mismo es menester señalar que, al margen del fundamento expuesto en el párrafo anterior, las apreciaciones que realiza el recurrente resultan ser subjetivas,que en todo caso si fuera evidente el interes que el testigo podría tener en el presente proceso, el recurrente tenía la posibilidad de activar la tacha sobre el mismo conforme a lo previsto en el art. 472 en relación al art. 446 del Código de Procedimiento Civil, resultando consiguientemente infundado el reclamo acusado en este punto.

Por los fundamentos expuestos corresponde a este Tribunal, fallar en la forma prevista en el art. 271 num. 2) y 273 del Adjetivo Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 205 a 206 vta.,  interpuesto por Sergio R. Bustillo Ayala por Rubén FotimoCopanaRodríguez, contra el Auto de Vista Nº 73/2011 de fecha 30 de marzo de 2011, cursante de fs. 193 a 194, pronunciado por la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, con costas.

Se regula honorarios del abogado profesional en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Durán.