TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                        S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 1037/2015 - L

Sucre: 16 de Noviembre 2015

Expediente: LP-103-11-S

Partes: Natividad María Parrado de Romero c/ Francisco Arellano Carrillo y

            otros.

Proceso: Nulidad de Escritura y Reivindicación

Distrito: La Paz

                                                                                               

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 368 a 374 y vta., interpuesto por Juany Chela, Edgar Luis y Sonia Arellano Parrado por sí y como herederos de Francisco Arellano Carrillo, contra el Auto de Vista Nº 123, de fecha 19 de marzo de 2009, cursante de fs. 302 a 303 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz (hoy Tribunal Departamental de Justicia), dentro el proceso de nulidad de escritura y reivindicación seguido por Natividad María Parrado de Romero contra Francisco Arellano Carrillo y otros, la respuesta de fs. 381 a 382 y vta., concesión de fs. 384, los antecedentes procesales; y,


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


La Juez Cuarto de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital La Paz, mediante Sentencia Nº 360, de fecha 31 de octubre de 2008, cursante a fs. 282 a 284 y vta., declaró: IMPROBADA la demanda de fs. 19-20, e IMPROBADA la demanda reconvencional  de Daños y Perjuicios y acción reivindicatoria de fs. 35 a 38 vta.


Deducida la apelación por la demandante y remitida la misma ante la instancia competente, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz (hoy Tribunal Departamental de Justicia), mediante Auto de Vista Nº 123/2009, revocó en parte la Sentencia  N° 360/2008 y declaro PROBADA en parte la demanda de fs. 19-20 en lo que se refiere a la nulidad de las partidas N° 01239420 y 01317839 y la consiguiente rehabilitación de la partida N° 436, fs. 498 del libro A de 1932 de acuerdo a lo establecido en la Escritura Publica N° 149/32 y confirmando en parte respecto a que se declaró improbada con referencia a las demás pretensiones de la demanda, como a la demanda reconvencional interpuesta  a fs. 35-38.


En conocimiento de la determinación de segunda instancia, los demandados interpusieron recurso de casación, mismo que se pasa a analizar.


CONSIDERANDO II

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


En la forma.-

Que el Tribunal de Alzada no habrían resuelto en forma alguna la apelación en el efecto diferido fundamentado conjuntamente la apelación de los folios 213 a 218 señalando que esta estaría desistida como consecuencia de la no apelación  de la Sentencia de fondo por parte de los recurrentes.


Que existiría omisión objetiva de resolver lo demandado en la Sentencia de segunda instancia, pues sobre la nulidad declarada no existiría especificación alguna ni resolución y la nulidad declarada comprende únicamente a los actos accesorios como son las inscripciones de los negocios jurídicos cuya nulidad se habrá demandado y que habrían dado merito a estas inscripciones.


Se habría violado el principio de congruencia  ya que existirá desacuerdo entre los hechos demandados y el derecho declarado pues anularían las inscripciones y no las escrituras públicas demandadas de nulidad incurriendo en error in procediendo, así también existiría incongruencia en el Auto de Vista recurrido ya que concluirían que debido a una equivocación de los funcionarios de derechos reales  no se habría insertado el nombre de la demándate en la partida N° 436 si embargo en forma grotesca y confusa aplicarían las normas de las 5 causales de nulidad prevista por el art. 549 del C.C., es decir no se habría realizado ninguna subsunción puntual ni correcta de la supuesta equivocación de los funcionarios de derechos reales a las normas sustantivas.


Que existiría violación del art. 67 del C.P.C., ya que no se habría sido integrado el litisconsorcio pasivo al copropietario Galo Parrado Crespo tal como se desprende de la Escritura Pública N ° 149/1932 y del certificado de tradición treintañal de fs. 29, pues no solo los demandados podrían sufrir los embates de este juicio sino también el otro propietario que estaría en las mismas condiciones.


Finalmente solicita que el Tribunal Supremo anulara todo lo obrado hasta el vicio más antiguo o en su caso el Auto de Vista recurrido.


En el Fondo.-

Error de hecho en la ponderación de las pruebas que consistiría en que según las pruebas de fs. 1 a 7, se encontraría la Escritura Pública N° 149/1932 por el que   Asencia Crespo habría adquirido el bien inmueble a favor de sus hijos Natividad Galo y Lucila  Parrado, también seria cierto que por las pruebas emitidas a fs. 29 y 103, 163 a 172 y la inspección a derecho reales no contaría en ninguna parte que se hubiese inscrito como propietaria del inmueble a Natividad Parrado, por lo que quedaría demostrado el error de hecho.


Que se habría lesionado en aplicación indebida del art 1289 del C.C., el darle valor probatorio a la Escritura Pública N° 149/1932 dejando de aplicar la norma respectiva del C.C., de 1831, sin embargo no valoran ni dicen nada absolutamente de la Escritura Pública N° 149/1932 inscrito en el registro de derechos reales por el que sé que se ha probado que el inmueble objeto de la Litis habría sido inscrito únicamente a favor de Lucila y Galo Parrado Crespo documento público que también haría plena fe al tenor del art. 905 del C.C., de 1831.


Que existiría violación del art. 549 del C.C., ya que el Auto de Vista recurrido sostendría que por error de los funcionarios de Derechos Reales, no se consignó el nombre de la copropietaria Natividad Barrado Crespo, en este sentido el Tribunal de alzada señala que el error de los funcionarios de Derechos Reales que omitieron el nombre de la demandante, los ahora recurrentes en ningún momento habrían incurrido en las causales del art. 549 del C.C., tampoco el error de los funcionarios constituiría falta de objeto, de forma o de los requisitos necesarios del objeto, por ilicitud de la causa o el motivo y por error esencial sobre la naturaleza del contrato o acto jurídico, por lo que la decisión del Ad quem para sancionar con nulidad las paridas N° 01239420 y 01317839 es incorrecto y lesiona el art. 549 del C.C.


Por lo expuesto solicitan que el Tribunal Supremo de Justicia anule obrados por existir errores in procedendo o alternativamente case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo mantener firme la Sentencia de Primera instancia.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En la forma.-

Los recurrentes acusan que el Tribunal de Alzada no habrían resuelto en forma alguna la apelación en el efecto diferido fundamentado conjuntamente la apelación de fs. 213 a 218 señalando que estaría desistida como consecuencia de la no apelación de la Sentencia de fondo por parte de los recurrentes; al respecto se debe señalar que el art. 25 del C.P.C., establece que: “La apelación en el efecto diferido se limitará a su simple interposición, en cuyo caso y sin perjuicio del cumplimiento de la Resolución impugnada y la prosecución del proceso, se reservará la fundamentación en forma conjunta con la de una eventual apelación de la Sentencia definitiva…”.

Precepto normativo que determina que la apelación en el efecto diferido se fundamentara o ratificara junto a la apelación en el efecto suspensivo contra la Sentencia de primera instancia, de no existir dicha apelación, se entiende que la conformidad con la Resolución de primera instancia implica el desistimiento de la apelación en el efecto diferido, en este entendido, de la revisión de obrados se tiene que una vez emitida la Sentencia de fs. 282 a 284 y vta., y notificada la misma a las partes, solo hizo uso del recurso de apelación la parte demandante y no así los demandados, hecho que implica una renuncia al recurso de apelación en el efecto diferido; fundamento vertido por el Ad quem que resulta adecuado, no siendo evidente que el Tribunal de Alzada no haya resuelto el recurso de apelación en el efecto diferido, toda vez que el mismo fue desistido.

En cuanto a los agravios donde los recurrentes acusan que existiría omisión objetiva de resolver lo demandado en la Sentencia de segunda instancia, pues sobre la nulidad declarada no existiría especificación alguna ni Resolución; y que se habría violado el principio de congruencia ya que existirá desacuerdo entre los hechos demandados y el derecho declarado pues anularían las inscripciones y no las escrituras públicas demandadas de nulidad incurriendo en error in procediendo; a esto corresponde señalar que de la revisión de  antecedentes se tiene que si bien la demandante en su memorial de demanda de fs. 19 a 20 y vta., pide la nulidad de Escritura Pública y reivindicación, no identifica dicha Escritura Pública de la cual pretende su nulidad, solicitando puntualmente la cancelación de las partidas N° 01239420 y 01317839,  solicitando se rehabilite la partida N° 436, razón por la que el Tribunal de alzada fundamento y determinó la nulidad de las partidas cuya nulidad pretendía la demandante; no siendo evidente el agravio acusado en este punto. 

Por otra parte en cuanto a la supuesta incongruencia en el Auto de Vista recurrido ya que concluirían que debido a una equivocación de los funcionarios de Derechos Reales no se habría insertado el nombre de la demándate en la partida N° 436, y sin embargo en forma grotesca y confusa aplicarían las normas de las 5 causales de nulidad prevista por el art. 549 del C.C., es decir no se habría realizado ninguna subsunción puntual ni correcta de la supuesta equivocación de los funcionarios de Derechos Reales a las normas sustantivas; se debe precisar que si bien los recurrente acusan existiría incongruencia, los fundamentos vertidos del art. 549 del C.C., y la supuesta equivocación de Derechos Reales, hacen al fondo de la Resolución y no a una cuestión formal como la incongruencia que señalan los recurrente y siendo el presente recurso en análisis en la forma, no amerita mayores consideraciones.

Respecto a que existiría violación del art. 67 del C.P.C., ya que no se habría integrado a la litisconsorcio pasivo al copropietario Galo Parrado Crespo tal como se desprende de la Escritura Pública N° 149/1932; corresponde señalar que de la revisión de obrados, se tiene que la demanda está dirigida a atacar y cancelar los registros inscritos en Derechos Reales a favor de los ahora recurrentes y no así la Escritura Pública N° 149/1932, de los cuales emergen los derechos de Lucila y Galo Parrado Crespo, razón por la que los efectos de la nulidad declarada sobre las partidas N° 01239420 y 01317839 solo afectarían los ahora recurrentes y no así a Galo Parrado Crespo, no siendo necesario la integración del mismo a la litisconsorcio pasiva, resultando infundado el agravio acusado en este punto.

Por todo lo manifestado supra, el recurso de casación en la forma deviene en infundado.

En el Fondo.-

Los recurrentes acusan que existiría violación del art. 549 del C.C., ya que el Auto de Vista recurrido sostendría que por error de los funcionarios de Derechos Reales, no se consignó el nombre de la copropietaria Natividad Parrado Crespo, pues los ahora recurrentes en ningún momento habrían incurrido en las causales del art. 549 del C.C., por otra parte el error de los funcionarios que señalan los de Alzada no se enmarcaría en ninguna de las causales establecidas en dicho artículo, por lo que la decisión del Ad quem para sancionar con nulidad las paridas N° 01239420 y 01317839 sería incorrecto y lesiona el art. 549 del C.C., al respecto corresponde primero aclarar que si bien el recurrente acusa que en el caso de Autos sería aplicable la normas del Código Civil Santa Cruz, por ser la Escritura Pública Nº 149/1932 precisamente del año 1932, se debe tener presente que en el caso de Autos no se está tratando la nulidad de dicha Escritura Pública, sino la nulidad de las partidas registradas en Derechos Reales posteriores a dicha Escritura Pública, registros que datan de fechas 26 de noviembre de 1979 y de 25 de agosto de 1995, por lo que en Autos son perfectamente aplicables las normas del Código Civil vigente; hecha esta aclaración, corresponde analizar el agravio antes expuesto, en tal sentido diremos:

La acción de nulidad está regulada por el art. 549 del C.C., nulidad que procede cuando el contrato u acto Jurídico del cual deberían emerger obligaciones contiene vicios insubsanables por disposición expresa de la ley, que impide que un contrato o acto jurídico tenga validez jurídica, nulidad o invalidez que es entendida como la sanción legal que priva de sus efectos propios a un acto jurídico (contrato), en virtud de una falla en su estructura simultánea con su formación. De lo manifestado se puede establecer que la nulidad se origina en una causa existente en el momento mismo de la celebración del acto jurídico y no por un motivo sobreviniente, esta característica es esencial para diferenciar precisamente la nulidad de la Resolución.

En este marco, se debe precisar que del análisis del art. 549 del C.C., se tiene que dicho precepto legal establece cinco causales por los cuales se puede demandar y determinar la nulidad de un contrato o acto jurídico, causales que resulta necesario analizar, en este entendido diremos que la nulidad procede en cuanto al inc. 1) “Por faltar en el contrato, objeto o la forma prevista por ley como requisitos de validez.”, inciso aplicable a los contratos donde se observa la falta de objeto, debiendo entender que el objeto se encuentra constituido por el conjunto de las obligaciones que se ha generado con la operación jurídica (contrato), es decir el objeto del contrato es la obligación de las partes, el objeto de la obligación es la prestación debida, dar hacer o no hacer en este entendido no se podría pensar la existencia de un contrato u obligación sin objeto. En cuanto a la falta de la forma, se aplica a los contratos en los que se observa la falta de los requisitos establecidos en el art. 452 del CC., o en los que la forma es un requisito para su validez como los señalados en el art. 491 del C.C. Respecto al inc. 2) Por faltar en el objeto del contrato los requisitos señalados por ley”, diremos que esta causal hace referencia a los requisitos establecidos por el art. 485 del C.C., que textualmente señala: “Todo contrato debe tener un objeto posible, licito y determinado o determinable.”.

En relación al inc. 3) “Por ilicitud de la causa  y por ilicitud del motivo que impulso a las partes a celebrar el contrato.”, precepto que debe entenderse en sus dos elementos como ser la causa ilícita y el motivo ilícito, en el primer caso diremos que la causa es lícita cuando es conforme al orden público o las buenas costumbres y no busca eludir una norma de aplicación imperativa; por otra parte en un contrato con causa ilícita las partes persiguen una finalidad económico- práctica, contraria a normas imperativas (contrato ilegal) o a los principios de orden público (contrato prohibido) o de las buenas costumbres (contrato inmoral). En el segundo caso el motivo ilícito se encuentra regulado en el art. 490 del Código Civil que textualmente señala: “El contrato es ilícito cuando el motivo que determina la voluntad de ambos contratantes es contrario al orden público o a las buenas costumbres.”, motivo que se encuentra en la voluntad de la partes de dar vida al contrato (elemento subjetivo), bajo estos términos se debe tener presente que la causa es independiente de la voluntad de los contratantes y es distinta del motivo.

En cuanto al inc. 4) “Por error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato.”, de dicha disposición se infiere que cuando el error recae sobre la naturaleza del contrato, cada parte tiene en mira un negocio jurídico distinto, como cuando una entiende concurrir a un arrendamiento y la otra comodato y no hay ni arrendamiento ni comodato, porque cada una de las parte ha querido algo diferente; y el error esencial sobre el objeto del contrato, es aquel que recae sobre la identidad del objeto, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada, y el comprador entendiese comprar otra. Finalmente el inciso 5) establece en los demás casos determinados por ley”, que en términos redundantes hace referencia a las nulidades establecidas por expresa disposición de la ley.

En este antecedente diremos que en el caso de Autos, del análisis de la Resolución recurrida donde el Tribunal de Alzada declara “…la nulidad de las partidas N° 01239420 y 01317839 y la consiguiente rehabilitación de la partida N° 436, fs. 498 del libro A de 1932 de acuerdo a lo establecido en la Escritura Publica N° 149/32…”, bajo el fundamento de que por un error de los funcionarios de la oficina de Derechos Reales no se habría inscrito a Natividad Parrado Crespo como copropietaria de acciones y derechos del bien inmueble en cuestión conjuntamente sus hermanos Lucila y Galo Parrado Crespo; Consecuentemente, se podrá apreciar que dicho fundamento no se enmarca en ninguna de las causales de nulidad descritas precedentemente.

Por lo que el Tribunal de Alzada no podía  determinar de manera aislada la nulidad de las partidas de registro en Derechos Reales N° 01239420 y 01317839 para la consiguiente rehabilitación de la partida N° 436, fs. 498 del libro A de 1932 bajo dicho fundamento, esto en el entendido de que la nulidad del acto jurídico se presenta por la carencia de los elementos constitutivos en su celebración que la ley ha prescrito para la validez de ese acto (art. 549 del C.C.), y la nulidad o validez de la Escritura Pública está ligada a tres requisitos que según señala Carlos Pelosi (El documento Notarial, 1980, pág. 97) son: “1) intervención de funcionario u oficial público; 2) competencia, 3) observancia de la formalidades legales”, exigencias que decantan en el Título I “De los Notarios y las Escrituras Públicas” de la Ley del Notariado de 5 de marzo de 1858. Del incumplimiento y declaración de nulidad de acto o contrato jurídico, o de la Escritura Pública devienen el efecto retroactivo que  significa la nulidad del registro en Derechos Reales y posteriores transferencias que tiene origen en dicho acto nulo.

En este antecedente se debe  entender que  la nulidad de registro de partidas en Derechos Reales es una cuestión accesoria que depende de la nulidad del documento que dio origen a dicho registro en Derechos Reales. En este entendido, si bien el Tribunal de Alzada en el Auto de Vista recurrido concluye su fundamentación en la nulidad de las escrituras públicas y las partidas registradas en Derechos Reales, dicha fundamentación efectuada por parte de los de Alzada no refiere nada respecto a Escritura Pública alguna, toda vez que la pretensión y prueba aportada por las partes no atacan a las escrituras públicas que dieron origen a dichos registros en Derechos Reales, como ser la declaratoria de herederos de Francisco Arellano y Juany Chela, Edgar Luis y Sonia Arellano Parrado y la posterior venta realizada por parte de Francisco Arellano a estos últimos.

Por otra parte, si bien se constató a través de la inspección judicial a la Notaria de Fe Pública a cargo del Dr. Catacora (fs. 156 a 158) que la Escritura Pública signada con el número 149/1932 se encuentra en los archivos de dicha Notaria de Fe Pública, en cuyo contenido en la cláusula cuarta del contrato base se establece que el bien inmueble fue adquirido a favor de Natividad, Lucila y Galo Parrado Crespo aspecto que denota que su derecho propietario se encuentra reconocido en dicha Escritura Pública; y que la omisión de la inscripción del nombre de la actora se generó a partir de un error por parte de los funcionarios de Derechos Reales, dicho aspecto no constituye una causal para determinar la nulidad de la declaratoria de herederos de Francisco Arellano y Juan Chela, Edgar Luis y Sonia Arellano Parrado y la posterior venta realizada por parte de Francisco Arellano a estos últimos y las consiguientes partidas de registro en Derechos Reales.

En cuanto a la respuesta al recurso de casación de fs. 381 a 382 y vta., en el fondo la  demandante refiere que la inscripción tiene un propósito de garantía e inoponibilidad erga omnes y dicho argumento traído en casación violaría el derecho a la propiedad privada consagrada en el art. 56 del C.P.E., buscando establecer un precedente nefasto por la que cualquier persona que logre inscribir una propiedad ajena en los registros correspondientes, podrá consolidar un derecho propietario ilegitimo; al respecto se debe señalar que como se expuso supra el fundamento para determinar la nulidad las partidas N° 01239420 y 01317839 no se subsume a las causales establecidas en art. 549 del C.C., y la nulidad de registro de partidas en Derechos Reales es una cuestión accesoria que depende de la nulidad del documento que dio origen a dicho registro en Derechos Reales y toda vez que la pretensión y prueba aportada por las partes no atacan a las escrituras públicas que dieron origen a dichos registros en Derechos Reales, no se puede acoger la demanda, ahora bien en cuanto a su derecho propietario es preciso esclarecer que no se desconoce el derecho propietario de la demandante que por la inspección judicial efectuada en Notaria de Fe Pública y la inspección se sus archivos, se tiene que en la Escritura Pública Nº 149/1932 en cuyo contenido en la cláusula cuarta del contrato se establece que el bien inmueble fue adquirido a favor de Natividad, Lucila y Galo Parrado Crespo aspecto que denota que su derecho propietario se encuentra reconocido, debiendo hacer valer la demandante dicho derecho por la vía que corresponda, toda vez que en el presente caso, como se expuso supra no procede la nulidad de registros de manera aislada a los documentos que generaron dicho registro.

Conforme los fundamentos expuestos resulta evidente que el Tribunal de Alzada al haber declarado probada la demanda de nulidad por las causales prevista en el art. 549 del C.C., no han dado correcta aplicación a la misma, resultando correcto el razonamiento efectuado por el Juez A quo en la Sentencia Nº 360/2008 de fs. 282 a 284 y vta.

Por todo lo manifestado, corresponde a este Tribunal resolver conforme lo estipulado en los arts. 271 num. 2) y 4), 273 y 274 del Código de Procedimiento Civil. 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 2) y 4), 273 y 274 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo CASA el Auto de Vista Nº 123, de fecha 19 de marzo de 2009, cursante de fs. 302 a 303 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz (hoy Tribunal Departamental de Justicia), y deliberando en el fondo declara firme y subsistente la Sentencia Nº 360, de fecha 31 de octubre de 2008, cursante a fs. 282 a 284 y vta.  

Sin responsabilidad por ser error excusable.  

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán