TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                        S A L A  C I V I L




Auto Supremo: 1030/2015 - L                                                        Sucre: 16 de noviembre 2015                                                         Expediente:        CB-173-11-S                                                        Partes:Álvaro Mauricio Cassab Ontiveros, Sergio AlejandroCassabOntiveros,

Claudia Marcela Cassab Ontiveros, Carla Cecilia        Cassab Ontiveros.  c/

       Erlinda Mayorga Rico.

Proceso:Nulidad parcial de documento, enriquecimiento ilegítimo,entrega de

bien inmueble.                                                

Distrito: Cochabamba.


VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 508 a 512, planteado por Álvaro Mauricio Cassab Ontiveros, Sergio Alexandro Cassab Ontiveros, Claudia Marcela Cassab Ontiveros y Carla Cecilia Cassab Ontiveros, contra el Auto de Vista de fecha  29 de septiembre de 2011, cursante de fs. 503 a 504, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba, en el proceso de Nulidad parcial de documento y otros, seguido por Álvaro Mauricio, Sergio Alejandro, Claudia Marcela y Carla Cecilia todos de apellidos Cassab Ontiveros, contra Erlinda Mayorga Rico, respuesta de fs. 514 y vta.; concesión de fs. 515, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:                                                        ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Décimo de Partido en lo Civil, dictó Sentencia de 26 de febrero de 2010,cursante de fs. 472 a 476 vta., por el que se declara: PROBADA en parte la demanda de fs. 213 a 222, interpuesta por Álvaro Mauricio Cassab Ontiveros, Sergio Alexandro Cassab Ontiveros, Claudia Marcela Cassab Ontiveros y Carla Cecilia Cassab Ontiveros, respecto a la acción negatoria planteada sobre el bien inmueble ubicado en Sipe Sipe, declarándose la inexistencia de derechos de la demandada sobre el mismo. IMPROBADA con relación a la nulidad parcial del documento privado de 18 de octubre de 2004, transferencia judicial a favor de Claudia Marcela Cassab Ontiveros del bien inmueble ubicado en Sipe Sipe, restitución del bien inmueble de la calle Alto de la Alianza Nº 1490, acción negatoria respecto del inmueble referido precedentemente, enriquecimiento ilícito y declaratoria de validez del documento de 20 de julio de 1994. PROBADA la excepción perentoria de Improcedencia de estas últimas peticiones. PROBADA en parte la Acción reconvencional interpuesta por Erlinda Mayorga, relativa a la validez del registro del inmueble de la calle Alto de la Alianza en su favor con Matrícula 3011010031420. IMPROBADA con relación a la Anulabilidad del documento de 18 de Octubre del 2004 y la nulidad del documento de 20 de Julio de 1994. PROBADA la excepción de Improcedencia de la mutua petición con relación a las dos últimas acciones señaladas.

Resolución contra la que se interpuso recurso de apelación por Álvaro Mauricio Cassab Ontiveros, Sergio Alexandro Cassab Ontiveros, Claudia Marcela Cassab Ontiveros y Carla Cecilia Cassab Ontiveros mediante memorial de fs. 481 a 485.

En mérito a esos antecedentes la Sala Civil Segunda dela Corte Superior de Justica de Cochabamba, emitió el Auto de Vista cursante de fs. 503 a 504, por el que CONFIRMA la Sentencia apelada.

Resolución que dio lugar al recurso de casación formulado por parte de Álvaro Mauricio Cassab Ontiveros, Sergio Alexandro Cassab Ontiveros, Claudia Marcela Cassab Ontiveros y Carla Cecilia Cassab Ontiveros, por intermedio de sus apoderados, que se analiza.

CONSIDERANDO II:                                                                        HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Que el Auto de Vista dictado en la causa señalaría que la apelación carecería de la fundamentación exigida por las normas legales por los arts. 219, 227 y 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que no existiría análisis crítico del fallo de primera instancia y que más bien fuera a manera de alegato lo expresado.

A título de que supuestamente no se habría fundamentado se les denegaría el derecho a conocer su apelación en segunda instancia, y los argumentos de la apelación no pueden dejar de ser resueltos y valorados, que no pueden llegar al extremo arbitrario de que ni siquiera se considere o valore y menos juzgue la fundamentación de agravios que hubieran hecho de su parte contra la sentencia, se habría incurrido por ello en la sanción de casación en la forma prevista en el art. 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil, porque se habría omitido pronunciarse sobre su apelación, con lo que se habría violado lo establecido en el art. 192 num. 2) y3) de la norma adjetiva civil.                Su apelación contra la Sentencia de primer grado haría un detallado análisis del proceso y de la prueba que la Juez A quo omitiera considerar y valorar de forma

correcta, imparcial y con sana crítica.

A continuación se transcribe los agravios que refieren haber sufrido en la emisión de la Sentencia de primer grado, para luego en la parte final señalar que la expresión de agravios antes señalada que fundamenta su apelación  cumpliría con los mandatos establecidos en la normativa procesal civil, y también en la práctica forense, se habría identificado los agravios inferidos por la Resolución y también la normativa que no fue aplicada en forma correcta o que fue desconocida. Que esa expresión de agravios debiera ser resuelto en apelación  por el Ad quem, pronunciándose sobre sus argumentos y fundamentos, y sobre los errores en la valoración de la prueba en que hubiera incurrido el A quo. El recurso de apelación fuera totalmente distinto al de casación y para ser resuelto no tuviera que ser efectuado con la técnica del antes nombrado, no requeriría que se lo plantee en el puro derecho como virtualmente pretendiera el Ad quem se debiera plantear su apelación.

Que por lo fundamentado ameritaba se resuelva el fondo de lo que se planteó. Se hace referencia a prueba que considera reconoce su propiedad, junto a ella prueba testificar que reconociera ese aspecto así como la confesoria en ese mismo sentido. Que esa mala valoración respecto a la prueba debiera haber sido reparado pro el Ad quem, debiera haberse señalado las razones por las que no se habría señalado el porque de su no análisis, no fuera suficiente soslayar tal obligación afirmando que no cumple con los requisitos  que las leyes señalan, además que se hubiera cumplido con lo dispuesto los arts. 1286 del Código Civil y 297 de su procedimiento, cuando ello no fuera cierto ni evidente.

Hace referencia a otros aspectos que vinculan a la controversia y lo analizado anteriormente concluyendo que amerita se de aplicación con la sanción del art. 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil, que pide al Tribunal anular el Auto de Vista o se proceda anulando hasta el vicio mas antiguo.

CONSIDERANDO III:                                                        FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En sujeción a los fundamentos expuestos en el recurso de casación en la forma, se analiza en el siguiente sentido:

En diversos Autos Supremos, entre los que podemos citar el signado con el número 307/2013 de 17 de junio de 2013, este Tribunal Supremo, ha sostenido que: “La administración de justicia o actividad jurisdiccional tiene por finalidad prevenir, solucionar o dirimir conflictos, de ahí que se hayan creado instrumentos de aplicación y de ejecución que permitan materializar los derechos que tiene todo ser humano. Actividad tan importante como ésta incuestionablemente recae sobre el órgano judicial, sin embargo tal actividad no se encuentra expedita de fallas, por el contrario se caracteriza por su factibilidad, en tal sentido se busca una forma de rectificar, enmendar los posibles errores que pudieran generarse en la administración de justicia.

En ese sentido se encuentra el recurso de apelación, derecho que cuenta la  parte agraviada para hacer efectiva la doble instancia reconocida en nuestra legislación por el art., 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado que garantiza el principio de impugnación en los proceso judiciales; al igual que el art. 8-h) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica; ambas normativas determinan que toda persona tiene derecho a recurrir del fallo ante el Juez o Tribunal superior. Disposiciones legales, que conforman el bloque de constitucionalidad que reconocen el derecho a la impugnación o la doble instancia, derecho que se materializa no con el simple enunciado normativo que reconozca a la parte la posibilidad de interponer un recurso de Alzada sino con la respuesta motivada y fundamentada que otorgue elTribunal de Alzada respecto a los agravios que fundan su impugnación.

La impugnación o apelación de fallos judiciales es una garantía judicial que da paso a la doble instancia procesal, bajo el criterio y espera que el Tribunal de Alzada, pueda advertir y corregir algunas inobservancias de las normas jurídicas vigentes erróneamente aplicadas por los juzgadores, por eso la doctrina nos enseña que el recurso de apelación es considerado como el más importante y usual de los recursos ordinarios, es el remedio procesal a través del cual se pretende que un Tribunal jerárquicamente superior, revoque o modifique una Resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos o de la prueba, recurso de Alzada que constituye un nuevo juicio respecto a aquellos puntos que han sido resueltos por el inferior y que han sido impugnados por la parte recurrente.”

Bajo ese antecedente, estaremos de acuerdo en señalar que en el caso de autos, se verifica conforme al reclamo efectuado en recurso de casación en la forma por Álvaro Mauricio Cassab Ontiveros y otros que cursa de fs. 481 a 485, de manera fundamentada en el apartado II, expresando los agravios que hubieran sufrido por parte del A quo, identificándolos de manera pertinente desde fs.482 hasta la quinta línea de fs. 485 vta., que desde su punto de vista debieran ser reevaluados por parte del Ad quem; en ese contexto, será preciso mencionar que concurre agravio ante la inconcurrencia de insatisfacción total o parcial de cualquiera de las pretensiones, sean estas principales o accesorias, planteadas en el litigio o cuando se ha producido el rechazo de las defensas opuestas, debiendo considerarse además que ciertamente como sostienen los recurrentes, el recurso de apelación no esta reglado por una técnica recursiva ni subordinado a exigencias estrictas como concurren por ejemplo en el recurso de casación, deduciéndose que para la confirmación de la sentencia con argumento de que no se hubiera cumplido con la fundamentación de agravios de manera debida, efectivamente el Tribunal Ad quem no ha confrontado ni comprendido que el recurso de apelación sí contiene la expresión de agravios conforme se reclama, identificando de manera pertinente los aspectos que desde su perspectiva cumple con lo previsto por el art. 219 y 227 del Código de Procedimiento Civil, no siendo sustentado ni correcto que el Tribunal Ad quem haya razonado y sostenido que no contuviera expresión de agravios para finalmente confirmar la Sentencia de primer grado, evidenciando con ello la afectación al debido proceso así como la vulneración del derecho que tiene la parte recurrente de acceder a una resolución de Segunda instancia, a efectos de que sea reexaminado por el superior en grado, todo en función a lo dispuesto por el art. 180-II de la Constitución Política del Estado, así como el criterio contenido en el art. 30 num. 14) de la Ley 025 que refiere que la jurisdicción ordinaria se sustenta en el Principio de Impugnación que “Garantiza la doble instancia; es decir, el derecho de las partes de apelar ante el inmediato superior, de las Resoluciones definitivas que diriman un conflicto y que presuntamente les causa un agravio”, previsiones que no se reducen a simples declaraciones programáticas, sino al contrario, es la vocación Constitucional y el sustento del cual debe verter la tarea de administrar justicia, por lo que el proceder de los Jueces y Tribunales de justicia deben ser coherentes con los principios desarrollados en el nuevo sistema jurisdiccional.

Por lo analizado se concluirá señalando que el Tribunal de Alzada ha incurrido en infracción del art. 254 num. 4) del adjetivo Civil, correspondiendo por esa razón aplicar lo previsto por los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, conforme dispone la atribución prevista en el art. 42 parágrafo I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 y en aplicación a lo determinado en los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista de fecha 29 de septiembre de 2011 que cursa de fs. 503 a 504 de obrados y dispone que previo sorteo y sin necesidad de turno la Sala Civil  correspondiente del Tribunal Departamental de Cochabamba, pronuncie un nuevo Auto de Vista dentro del marco jurisdiccional que le fija el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Al no ser excusable el error incurrido, se impone multa de un día de haber a los vocales suscribientes, a ser descontado de su haber mensual, a tal efecto hágase conocer la presente Resolución a la Dirección General Administrativa y Financiera del Órgano Judicial.

En virtud a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, remítase copia de la presente Resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de Ley.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Rómulo Calle Mamani.