TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A   C I V I L



Auto Supremo:1026/2015 - L

Sucre:16 de noviembre 2015        

Expediente: LP-126-11-S

Partes: Enrique Alfredo Serrano Vaca. c/ Martha Gutiérrez Conde Vda. de Cruz.

Proceso: Cumplimiento de Obligación.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de nulidad y casación de fs. 92 a 95 vta. de obrados, interpuesto por Martha Gutiérrez Conde Vda. de cruz impugnando el Auto de Vista Nº 96/2011, de fecha 17 de agosto de 2011, pronunciado por la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior de Justicia de La Paz,  dentro del proceso de Cumplimiento de Obligación seguido por Enrique Alfredo Serrano Vaca contra Martha Gutiérrez Conde Vda de Cruz, la respuesta del recurso de  fs. 98, la concesión del recurso de fs. 99, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:        ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Enrique Serrano Vaca como medida preparatoria de demanda solicitó el reconocimiento de firmas y rúbricas del documento privado de 1ro de abril de 2003, recibo de $us. 400 y recibo $us. 100 dólares, acción que la dirigió contra Martha Gutiérrez Conde Vda. de Cruz y ante la incomparecencia de la emplazada se dan por reconocidas las firmas y rúbricas estampadas en los documentos de referencia. Refiere el demandante que entregó el monto de dinero de $us. 14. 000 como anticipo por la compra de un departamento que nunca se entregó y al margen de ello el departamento se encuentra hipotecado, asimismo le entregó la suma de $us. 1.500 en calidad de préstamo adhiriéndose a este contrato la suma de dinero adeudada, volviendo a entregar las sumas de $us. 400 y $us. 100, haciendo un total de deuda de $us. 16.000 más intereses,  En mérito a esos antecedentes Enrique Serrano Vaca formaliza la demanda de cumplimiento de obligación, más intereses y el pago de daños y perjuicios en contra de Martha Gutiérrez Conde Vda. de Cruz, solicitando que se declare probada su demanda disponiendo el pago $us. 16.000 más el pago de daños y perjuicios.

Citada la demanda         responde en forma negativa a la demanda e interpuso demanda reconvencional por el pago de alquileres por el tiempo de 24 meses que

ocupa el demandante el departamento, con un alquiler mínimo de $us. 150.

Tramitado el proceso el Juez de la causa pronunció Sentencia Nº 11”A” 2010 de fecha 26 de enero de 2010, cursante de fs. 64 a 67 de obrados declarando probada la demanda de fs. 26 subsanada a fs. 29  e improbada la demanda reconvencional cursante de 33 a 34 de obrados interpuesta por Martha Gutiérrez Conde Vda. de Cruz en consecuencia dispone el cumplimiento de la obligación traducida en el documento de préstamo de dinero de 1ro de abril de 2003, saliente a fs. 4 y los recibos de 8 de diciembre de 200 por $us. 400 y el 12 de abril de 2001 por $us. 100 dólares cursante de fs. 8 a 9. El pago total de $us. 16.000, así como los intereses legales que habría devengado a ser calculados en ejecución de Sentencia. El plazo para el cumplimiento de la obligación principal  así como los intereses se lo establece en 30 días computables a partir de la ejecutoria de la presente Sentencia y el Auto de aprobación de los intereses.

Contra esta Sentencia la demandada Martha Gutiérrez Conde Vda. de Cruz, interpuso recurso de apelación, en conocimiento del mencionado recurso la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior de Justicia de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº 96/2011,  de fecha 17 de agosto de 2011, cursante de fs. 88 y vta., por el cual confirmo la resolución No 11”A”/ 2010, con costas en ambas instancias.

Contra esta resolución de Alzada la recurrente Martha Gutiérrez Conde Vda. de Cruz interpuso recurso de nulidad y casación el cual se analiza:

CONSIDERANDO II:        DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

La recurrente hace un relato de lo sucedido en el proceso sin especificar si su recurso es de forma o de fondo, del recurso interpuesto se extraen los siguientes agravios:

Indica la recurrente que un hecho contradictorio es que el demandante se encuentra en posesión del departamento a condición de cancelar el saldo de la obligación para que se consolide la mutación del inmueble  transcurriendo un plazo de 120 meses, utilizando el departamento como medio de lucro, sin antes haber cancelado la totalidad del valor del inmueble, debiendo pagar $US.150 por mes ascendiendo los ingresos a una cantidad mayor de $us. 18.000, dineros que por un acto de legitimidad debía haberlos depositado en el juzgado no resultando justo que se conmine que se devuelva todo el dinero más el pago de daños y perjuicios por lo que estaríamos frente a un enriquecimiento ilegítimo.

Acusa errores procedimentales en el presente proceso respectivo a la medida preparatoria de reconocimiento de firmas de los documentos que el Juez de la causa dio por reconocido, manifestando que ese reconocimiento no ha causado ejecutoria y que es nulo de pleno derecho al tenor del art. 128 del Código de Procedimiento Civil porque no se le ha notificado de ninguna de las formas que establece el art. 133, 134,135 del Código de Procedimiento Civil

Indica que se hubiese vulnerado lo dispuesto en el art, 180 del Código de procedimiento Civil, con relación a la conciliación la misma que se hubiera señalado para el 9 de diciembre de 2008, la misma que se suspendió por causas inherentes al demandante, referidas a la observación del art.119 y siguientes, concluye que el Juez no hubiese promovido la conciliación.

Manifiesta que se ha establecido entre las partes un contrato original de compromiso de venta de un departamento en el inmueble de su propiedad el cual estásujetoa lo establecido en el art. 584 del Código Civil, en cambio el contrato de préstamo de dinero, con garantía de la posesión del departamento está sujeto a lo especificado en el art. 404 del Código Civil o sea de otra naturaleza ajena a la oferta de venta del departamento.

Expresa que conforme lo dispone el art. 129 del Código de Procedimiento Civil que la omisión o inobservancia de una acto procesal queda  subsanado cuando no se ha reclamado antes o a tiempo de contestar a la demanda, sin embargo en el caso presente al haberse dispuesto la notificación en secretaría, sin que exista disposición expresa para ello, haciendo referencia a la notificación con la demanda y / o reconvención el proceso se sujetará a las previsiones contenidas en el art. 133 del Código de Procedimiento Civil, lo que demuestra la falta de notificación con los actuados procesales, determinando un estado de indefensión, debiendo darse la nulidad establecida en el art. art. 128 del mismo cuerpo de leyes. Manifiesta que estos aspectos han sido reclamados en el recurso de apelación pero que sin embargo han sido ignorados desapareciendo los principios de congruencia, exhaustividad y pertinencia en contravención al art. 190 del Código de Procedimiento Civil que estable que la Sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia debiendo contener decisiones expresas, positivas y precisas y que debe recaer sobre las cosas litigadas.

Concluye su recurso solicitando a este Tribunal  que se case el Auto de Vista Nº 96/2011 o se declare la nulidad de obrados hasta fs, 29 de inclusive, determinando que el préstamo puede ser motivo de enriquecimiento ilegítimo por parte del demandante.

CONSIDERANDO III:        FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

La recurrente interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo sin especificar que agravios impugna en la forma y que otros en el fondo, sin embargo en función al principio pro actione resolveremos en recurso interpuesto, separando los agravios de forma y los de fondo.

En la forma:

Acusa errores procedimentales en la medida preparatoria de demanda, manifestando que el reconocimiento de firmas y rúbricas no hubiese causado ejecutoria  y que el mismo es nulo de pleno derecho porque no se le notifico de ninguna de las formas establecidas en los arts. 133,134, y 135 del Código de Procedimiento Civil, al respecto este Tribunal no puede emitir criterio sobre este punto porque no se encuentra abierta su competencia inherente a una medida preparatoria como para realizar un análisis mediante recurso de casación toda vez que la misma no es una demanda propiamente dicha sino como su nombre lo indica son actos preparatorios que sirven como base para la futura demanda.

La recurrente también acusa como vicio procedimental que no se le hubiese notificado con la demanda o reconvención del proceso conforme lo dispone el art. 133 del Código de Procedimiento Civil, habiéndole causado indefensión así como no se le hubiesen notificado con otros actuados procesales, sin especificar cuales, hace referencia al art. 129 del Código de Procedimiento Civil que la omisión y inobservancia de un acto procesal no reclamado antes se convalida, sin embargo no existe disposición expresa para que se le notifique en secretaría. Sobre el punto diremos que de la revisión del proceso se establece lo siguiente a fs. 24 cursa demanda ordinaria, la misma que es observada dos veces y subsanada a fs. 29 admitida a fs. 30, habiendo representado el oficial de diligencias del juzgado que no se encontró a la demandada en su domicilio y emergente de esa representación el Juez de la causa por Auto de fs. 31 vta., dispone la notificación de la demandada Martha Gutiérrez Vda de Cruz que se le cite por cédula conforme lo dispone el art. 121 del Código de  Procedimiento Civil, emergente de esa citación  por memorial de fs. 33 la demandada Martha Gutiérrez Vda. de Cruz, contesta en forma negativa a la demanda  e interpone demanda reconvencional, habiendo el Juez de la causa cumplido con el procedimiento de citación con la demanda cuando la parte no hubiese sido encontrada en su domicilio, asimismo la demandada ha asumido defensa dentro del proceso, habiendo contestado  e interpuesto demanda reconvencional, razón por la cual no se advierte que se le hubiera causado indefensión porque ella tuvo pleno conocimiento del presente proceso asumiendo la defensa correspondiente. Respecto a los otros actuados procesales con los cuales no se le hubiese notificado la recurrente no especifica cuáles son ellos, lo cual impide a este Tribunal realizar un análisis al respecto.

La recurrente a acusa que en el proceso no se hubiese promovido la conciliación, la misma que fue señalada para el 9 de diciembre de 2008 y fue suspendida por culpa del demandante, referidas a la observación del art. 119 y siguientes del código de Procedimiento Civil. De la revisión del proceso se establece que el Juez de la causa fijo audiencia de conciliación para el 19 de noviembre de 2008 a horas por proveído cursante a fs. 38 vta, la misma que fue suspendida por la parte demandante en atención a que presentó memorial cursante a fs.39por el que justificó que no podrá asistir a la audienciaya que para la misma fecha se ha señalado otra audiencia a la que tendrá que asistir el abogado que también es apoderado en el presente proceso, razón por la cual el Juez de la causa suspende la audiencia para el día 9 de diciembre del 2008 a horas 14:30 por proveído de fs. 39 vta., misma que fue notificada a las partes por formulario de notificaciones cursante a fs. 40 de obrados, sin embargo no cursa en el proceso acta de audiencia de suspensión de la misma, ni consta que la audiencia se hubiese llevado a cabo,constando por un sello cursante a fs. 40 vta. la interrupción de plazos procesales por fin de año del 26 a 31 de diciembre de 2008 conforme a circular 034/2008, entendiendo que por esa suspensión no se llevó a cabo la audiencia fijada, no habiendo solicitado las partes que se fije nueva audiencia de conciliación, razón por la cual este Tribunal no advierte que debido al demandante no se llevó a cabo la audiencia, porque en atención al memorial presentado por la parte demandante se suspendió la misma,  si bien es cierto que el Juez de la causa tiene la potestad de promover la conciliación de oficio, con el fin de llegar a un acuerdo conciliatorio y evitar así la prosecución del proceso, en la presente causa el Juez cumplió con su obligación de fijar la misma, habiendo sido suspendida por la parte demandante para posterior fecha, sin embargo,  la parte recurrente tampoco solicito nueva audiencia, ante la suspensión de la misma, teniendo también al respecto una actuación pasiva, no acorde al principio procesaldispositivo que establece que las partes pueden solicitar la realización de dicho actuado hasta antes del decreto de Autos para Sentencia,  razón por la cual este Tribunal no encuentra que se hubiese vulnerado el art. 180 del Código de Procedimiento Civil.

En el fondo

Indica la recurrente que un hecho contradictorio es que el demandante se encuentra en posesión del departamento a condición de cancelar el saldo de la obligación para que se consolide la mutación del inmueble  transcurriendo un plazo de 120 meses, utilizando el departamento como medio de lucro, sin antes haber cancelado la totalidad del valor del inmueble, debiendo pagar $us.150 por mes ascendiendo los ingresos a una cantidad mayor de $us.18.000, dineros que por un acto de legitimidad debía haberlos depositado en el juzgado no resultando justo que se conmine que se devuelva todo el dinero más el pago de daños y perjuicios por lo que estaríamos frente a un enriquecimiento ilegítimo. Al respecto diremos lo siguiente cursa en el proceso documento privado de transferencia de un departamento cursante a fs. 2 de obrados  en el que se establece  en la cláusula cuarta del mencionado documento que la casa tiene una hipoteca a la Mutual la Paz y así se levante dicha hipoteca se cancelará el saldo deudor a la vendedora, suscribiéndose también la minuta de transferencia. De igual manera en la cláusula segunda del mismo documento, se establece la forma de pago del departamento  el precio convenido es de $us. 16.500, los cuales serán cancelados de la siguiente forma, a la suscripción del documento la vendedora declara recibir la suma de $us. 14.000, el saldo de $us. 2.500  serán cancelados en el término de 3 meses a partir de la suscripción del contrato; en la cláusula quinta se establece que a la suscripción del presente documento el comprador tomará la respectiva posesión del departamento. Establecidos los antecedentes del contrato diremos que la condición para que el comprador termine de cancelar el precio del departamento fue que se levante la hipoteca de la Mutual la Paz, estableciendo un plazo de tres meses para dicha cancelación, así como la condición de que se levante la hipoteca, sin embargo, en el transcurso del proceso la demandante no ha demostrado con ninguna prueba que se hubiese levantado la hipoteca, razón por la cual no puede exigir la cancelación total del precio.

Con relación a que el demandante estuviere en posesión del departamento, se establece que el ingreso al departamento del comprador fue establecido en la cláusula quinta, sin especificarse ningún canon de alquiler, razón por la cual el reclamo traído en casación por parte de la recurrente, no tiene sustento legal, porque emergente del contrato, que tiene fuerza de ley entre las partes contratantes, al amparo de lo previsto en el art. 519 del Código civil, el demandante ingreso al departamento, en las condiciones establecidas en el contrato, sin estar determinado una canon de alquiler por el mismo, razón por la cual el reclamo traído en recurso de casación deviene en infundado.

Respecto al último agravio referido  a que el contratode compromiso de venta de un departamento en el inmueble de su propiedad el cual está sujeto a lo establecido en el art. 584 del Código Civil, en cambio el contrato de préstamo de dinero, con garantía de la posesión del departamento está sujeto a lo especificado en el art. 404 del Código Civil o sea de otra naturaleza ajena a la venta del departamento.

Con relación al tema evidentemente el contrato de transferencia de un departamento está sujeto a lo establecido en el contrato cursante de fs. 2 y vta., y al art. 584 del Código Civil que establece “que el contrato de venta es un contrato por el cual el vendedor transfiere la propiedad de una cosa o transfiere otro derecho al comprador por un precio en dinero”. Sin embargo, existe en el proceso documento privado de préstamo de dinero cursante a fs. 4 en el que la recurrente reconoce adeudar al demandante Enrique Serrano Vaca la suma $14.500 dólares,  así como el reconocimiento de la recurrente de adeudar la suma $us. 1.000 por documento privado cursante a fs. 4 reconociendo como total adeudado $us. 15.500- los mismos que serán devueltos en el término de tres meses que corren a partir de la suscripción del documento, garantizando la obligación con todos sus bienes, ahora bien con el reconocimiento de la deuda que realiza la recurrente por el referido documento, si bien es cierto que existen ambos documentos, los mismos se encuentran ligados, así como los recibos, cursantes a fs. 8 y 9 de obrados, del cual el demandante en medida preparatoria solicitó el reconocimiento de firmas y rúbricas, los cuales tienen fuerza probatoria,  razón por la cual existiendo reconocimiento expreso, por parte del demandante, del total adeudado, corresponde en la vía ordinaria el cumplimiento  de obligación del pago de todo lo adeudado por la recurrente, , no encontrando este Tribunal que los de instancia hubieran aplicado normas que no se adecuen a la naturaleza de la pretensión demandada en el proceso.

Por lo indicado concluiremos que, los Tribunales de instancia obraron conforme a derecho correspondiendo emitir fallo en virtud a la previsión contenida en los arts. 271 num. 2) y 273 ambos del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO.- La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art.42.I num.1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010; y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del mismo compilado legal declara INFUNDADO, el recurso de casación en la forma y  fondo de fs. 92 a 95, interpuesto por Martha Gutiérrez Conde Vda. de Cruz., impugnando el Auto de Vista  Nº 96/2011, de fecha 17 de agosto de 2011,  pronunciado por  la Sala Civil Cuarta de la  Corte Superior de Justicia de La Paz. Con costas por existir respuesta al recurso.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dr. Rita Susana Nava Durán.