TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL


Auto Supremo: 1020/2015 - L

Sucre: 16 de noviembre 2015

Expediente: CB-157-11-S

Partes: Alfonso Ricardo Soto Medrano y Jenny Drina Villavicencio de Soto.

c/Banco de Crédito de Bolivia.  

Proceso: Revisión, modificación, revocatoria o anulación de sentencia ejecutiva.

Anulación absoluta de la Escritura Pública Nº 268/1999 y la anulación

absoluta de la minuta o contrato, acorde el art. 554 del Código Civil.  La

invalidez y Nulidad de la  Hipotecas efectuadas por la Escritura Pública

268/1999.  La restitución de montos de dinero, se declare la inexistencia

de obligación de pago, la restitución de pago indebido y el pago de daños

y perjuicios, lucro cesante y daños emergentes. 

Distrito: Cochabamba.

VISTOS:El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 1884 a 1890, interpuesto por Álvaro Mauricio Cassab Ontiveros y/o Nagara Hipólita Villegas y/o María Cristina Erquicia Peralta, en representación de los esposos Alfonso Soto Medrano y Jenny Villavicencio de Soto, contra el Auto de Vista de fecha 22 de agosto de 2011, cursante de fs. 1874 a 1875 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda dela R. Corte Superior de Justicia de Cochabamba, en el proceso Revisión, modificación, revocatoria o anulación de sentencia ejecutiva.  Anulación absoluta de la Escritura Pública No. 268/1999 y la anulación absoluta de la minuta o contrato, acorde el art. 554 del Código Civil  y otros, seguido por los recurrentes en contra el Banco de Crédito de Bolivia, la concesión de fs. 1917 vta, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que mediante Sentencia de fecha 12 de mayo de 2009, cursante de fs. 1758 a 1768, el Juez de Partido Segundo en lo Civil Comercial declaró IMPROBADA la demanda y PROBADA en parte las excepciones opuestas.

La parte actora solicitó aclaración, explicación, complementación y enmienda la misma que fue declarada sin lugar al estar claros y expresos los términos de la Sentencia, motivo por el cual se apeló a la misma mediante memorial que cursa de fs. 1778 a 1800, recurso que fue resuelto por el Tribunal de Alzada mediante Auto de Vista de fecha 22 de agosto de 2011, resolución que confirmó en su integridad la Sentencia apelada.

Resolución de Alzada que fue recurrido en casación en la forma y en el fondo, el mismo que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

La parte recurrente acusa al Tribunal de Alzada de no haber valorado ni referido la falta de consideración del perito de oficio a los pedidos de complementación y aclaración que cursan en obrados, hecho que hubiera sido reclamado en el recurso de apelación y no absuelto por el Ad quem en el Auto de Vista ni en la aclaración explicación y complementación  cursante en la litis, incurriendo el Tribunal Adquem en casación en el fondo prevista por el art. 253 num. 3) del CPC y también en la forma art. 254 num. 4) del mismo Código por haber omitido pronunciamiento alguno.

También hace referencia sobre la pericia de oficio indicando que resulta ser amañada y dolosa, toda vez que, no tomó en cuenta detalles trascendentales que se reflejan en el informe pericial presentado por la parte recurrente y el perito nombrado de oficio, de forma torcida no ha aclarado nada al respecto, soslayando las solicitudes plasmadas en los memoriales de aclaración presentados para su efecto.

En otro punto señala que, en la estación probatoria se demostró que sus mandantes hubiesen sufrido indefensión en virtud de que se practicaron las citaciones de la demanda ejecutiva en un domicilio donde los recurrentes jamás vivieron y que la dirección corresponde a unas oficinas de la Empresa Soto- Villavicencio Construcciones.  Aspecto que no fue tomado en cuenta por el Tribunal de alzada y que resulta fundamental para anular el proceso ejecutivo.

Por otro lado, acusa al Auto de Vista de 22 de agosto y su complementación de 13 de septiembre de denegar la solicitud de explicación, complementación y aclaración, referente a los puntos señalados, relativos a los informes periciales de la perito de oficio en relación al perito de parte y de la total no consideración de los informes del Síndico del Concurso Preventivo y de laprueba referida a la indefensión en el proceso ejecutivo, puntos que no fueron considerados de ninguna manera, por dicho motivo la parte recurrente indica que el Auto de Vista carece de fundamentación no se pronuncia sobre los agraviosplanteados, solicitando la anulación de obrados por dicha falta.

Menciona que los  memoriales y peticiones de aclaración y complementación totalmente insatisfechas e incumplidas por la perito de oficio, desvirtúan total y absolutamente su informe pericial y constituye un grave error de hecho y también de derecho el no haberse ni siquiera reparado en ellos el Ad quem y el A quo ni siquiera los refiere o menciona, resultando la pericia de oficio en obscura y solo se limita a repetir lo que el Banco de Crédito refiere en su memorial de 16 de febrero de 2006 (fs. 1494).

Indican que existe una demasía en el pago fehacientemente documentada (fs. 940 y toda la prueba de respaldo de tal informe que cursa en el proceso), Que los recurrente no han aceptado o dado conformidad con los débitos realizados de la cuenta de ahorro Nº 008992522014 de 29 de enero de 1999, hechos que fueron soslayados por la perito de oficio y también por la Sentencia, señalado como agravio en la apelación y que no fue considerado por el A quem,  también hace referencia que en el presente proceso no cursa ninguna nota o carta que haya autorizado al Banco de Crédito a proceder a debitar de la cuenta de ahorros señalada los dineros abonados por el préstamo de $us. 1.878.000 virtualmente en su totalidad.

Reitera sobre la prueba pericial de oficio que resultaría ser “torcida” y que corruptamente, no fueron aclaradas y complementadas sobre cuales  documentos respaldaría las deudas indicadas.

Finalmente, menciona que   la anulación demandada es en contra de la Escritura Pública 264/99 sobre préstamo de $us. 1.878.000 porque nunca se perfeccionó con el desembolso material del dinero estipulado en préstamo, mismo que fue abonado en cuenta de ahorros Nº 008992522014, pero simultáneamente debitado virtualmente en su integridad con el destino de pagar obligaciones “dizque” pendientes con el Banco La Paz y tampoco en relación al hecho de que estando demostrado que el banco abonó el importe del préstamo a la Cuenta de ahorros Nº 008992522014 y lo debitó simultáneamente con destino al pago de operaciones “supuestamente impagas”de Alfonso Soto Medrano mismas que conforme a los propios extractos Bancarios, informes del Síndico y el servicio de nuestras deudas se encontraban ya pagadas en sus totalidad e incluso con demasía, y debía dejarse sin efecto la Escritura de préstamo Nº 264/99.

Por dicho motivo termina solicitando que se case en la forma el Auto de Vistay sea procediendo a anular obrados hasta el vicio más antiguo y si encuentra que ello no es necesario se ingrese a considerar el recurso de casación en el fondo, se case las resoluciones recurridas y deliberando en el fondo, se sirva declarar probada la demanda.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Así expuestos los argumentos por los cuales se recurre de casación, la parte objeta la prueba pericial de oficio admitida en el proceso, las mismas que a criterio delos recurrentes sería obscura, amañada y con total parcialidad hacia el demandado y demás aspectos que serán considerados en la presente resolución, por dicho motivo se tiene lo siguiente:

Que, conforme a la normativa legal, dispuesta en el art. 378 del Código de Procedimiento Civil que dispone: “(FACULTAD DEL JUEZ) El Juez, dentro del periodo probatorio o hasta antes de la sentencia, podrá ordenar de oficio declaraciones de testigos, dictámenes de peritos, inspecciones oculares y toda la prueba que juzgare necesaria y pertinente.”, de lo que se entiende que el Juez A quo tiene la facultad para exigir la prueba que considere necesaria y pertinente, situación que aconteció en el caso de autos, donde por la discrepancia en los informes periciales de cargo y de descargo, se designó perito de Oficio a la Lic.JeammiMirshi Miranda Prado, a fines de realizar un informe económico de la documentación contable y los movimientos económicos de los actores efectuados en la institución demandada, toda vez que, la autoridad de primera instancia no tuvo certeza de haberse cubierto en exceso los créditos que adquirieron los recurrentes, motivo por el cual la perito designada señaló: “…el banco de Crédito procedió al cobro de su acreencia conforme a normas legales en vigencia cuyo monto perseguido de $us. 1.878.000, correspondiente a la Escritura Pública Nº 264/99 fue abonado efectivamente a la cuenta de ahorro Nº 008992522014 de la señora Jenny Villavicencio en fecha 29 de enero de 1999, mismos que fueron debitados a objeto de cancelar y cubrir cuentas pendientes, según solicitud de la titular de la cuenta Nº 008992522014, mediante Nota SVC-06 de fecha 29 de enero de 1999; en ese entendido, debido a la existencia de débitos autorizados para la cancelación de los diferentes beneficiarios (detalla a los beneficiarios), la deuda proveniente de la Escritura Pública Nº 264/99 asciende a $us. 1.875.848,37.- sin intereses y gastos provenientes del proceso por todo ello señala que revisados los documentos contables, No existe duplicidad de cobros realizados por el banco de crédito…”

Al respecto, el art. 441 del Código de Procedimiento Civil establece: “(FUERZA PROBATORIA DEL DICTAMEN PERICIAL) La fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en consideración la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se fundaren, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofreciere.”, situación que fue descrita por el Juez A quo al momento de fundamentar la Sentencia emitida en obrados, donde de manera clara y concreta estableció que existía discrepancia en los informes periciales presentados en la litis (cargo y descargo), los mismos que conforme a la facultad del juez de solicitar la prueba pertinente y necesaria, hizo producir la pericia de oficio, la misma que sirvió para dirimir el conflicto de las partes.

Por su parte el Tribunal Ad quem, cumpliendo con lo normado en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil que dispone: “(Pertinencia de la resolución).- El Auto de Vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación y fundamentación a que se refiere el artículo 227, excepto lo dispuesto en la parte final del artículo 343”, norma que obliga a los operadores de segunda instancia a resolver el recurso de apelación en base al fallo de primera instancia y los argumentos expuestos en el recurso, no permitiéndosele ir más allá de lo solicitado por el recurrente.

En el caso de autos, la parte apelante ahora recurrente objeta la pericia realizada de oficio, hecho que se encuentra argumentado en el recurso de apelación motivo por el cual, el Tribunal Ad quem mediante la consideración del agravio acusado estableció que el Juez  A quo al verse ante la discrepancia de los informes periciales de los peritos de cargo y descargo, nombró un perito de oficio, en base a sus conclusiones el Juez A quo fundo su resolución declarando improbada la demanda y probada en parte las excepciones opuestas por la parte demandada, instaurando que el Juez estimó y valoró adecuadamente las conclusiones del informe pericial, asignándole la fuerza probatoria prevista por la disposición contenida en el art. 441 del Código de Procedimiento Civil estableciendo que:  “Con referencia a los elementos de convicción, la referencia es a las circunstancias de las causas que produzcan en el juez la sensación de verdad en la dirección que fuere; circunstancia que, de coincidir con las de la pericia robustecerían en sumo grado, las conclusiones de ésta.  La pericia es punto importante de una sentencia cuando es razonada y concuerda con la prueba instrumental y otros medios probatorios.  Las conclusiones periciales no son obligatorias para el juez.  La libertad judicial como explica Rocca Griffi, no significa arbitrariedad; para apartarse de sus conclusiones debe dar a conocer las razones que justifique su actitud.  El juicio crítico que pueda hacerse a las conclusiones que se sustentan por el perito forma parte de lo que es particular y propio del juzgador, cuya experiencia y profundidad de estudio, madurez intelectual y ponderación son cimientos donde debe asentarse la sentencia.  Cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos inobjetables y no existe otra prueba que lo desvirtué, la sana critica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor valor, aceptar las conclusiones de aquél.”.

Al respecto, parafraseando al consagrado autor Carlos Morales Guillen en su obra Código de Procedimiento Civil Concordado y Comentado, se tiene que en lo referente a la aplicación del art. 441 del citado Código, establece: “Según Alsina, las condiciones establecidas por este precepto, acerca de la apreciación del dictamen pericial, quitan al juez la facultad de determinarse según su libre convicción, toda vez que el pronunciamiento debe ser resuelto de un análisis crítico de sus fundamentos y los demás elementos de prueba suministrados por las partes.

Para apartarse el Juez del dictamen de los peritos, tiene que fundamentar sus razones propias, si las tiene, o, por el contrario, si el informe pericial está suficientemente fundado, sus conclusiones son uniformes y el juez no expresa razones para discrepar, el valor probatorio del dictamen es legalmente obligatorio para el juez.”. La admisibilidad de este medio de prueba por lo regular, está librada a la facultad potestativa del Juez que puede disponerla de oficio, art. 4 inc.  4) del Código de Procedimiento Civil o de las partes cuando concurren las circunstancias de conocimientos especializados necesarios para la debida apreciación de los hechos, como indica el art. 430 del Código de Procedimiento Civil.

También es necesario dejar establecido que: “Respecto a la naturaleza jurídica de la prueba de peritos, la doctrina se divide en dos teorías principales: la de quienes la reputan un medio de auxilio al Juez, y la de quienes defienden su carácter de simple medio de prueba.  Para los primeros, el perito introduce en el proceso conocimientos para que el Juez aproveche de los mismos al formular en Sentencia el “juicio fáctico”.  Para los segundos, la pericia constituye un simple medio de prueba cuya iniciativa corresponde exclusivamente a las partes y tiene como única finalidad contribuir a formar la convicción del Juez respecto a la certeza de las afirmaciones de los litigantes referidas a los hechos en los que funden sus pretensiones”. (David Jurado Beltrán La prueba Pericial, Cap.1 Editorial Bosch 2010).

En nuestra legislación la pericia, conforme prevé el art. 441 del Código de Procedimiento Civil, tiene fuerza probatoria, teniendo el juzgador la obligación de valorarla como toda prueba aportada conforme la sana crítica, en ese mismo sentido Gonzalo Castellanos Trigo en su libro Manual de Derecho Procesal Civil tomo II comenta que: “Cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos inobjetables y no existe otra prueba que lo desvirtué, la sana critica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor valor, aceptar las conclusiones de aquél.”, por lo dicho el perito permite que el Juez aprecie realidades ocultas o alejadas de su conocimiento, también colabora con la verificación de hechos aplicando su conocimiento especializado, aspectos que en su momento, en la litis, el Juez A quo tomó muy en cuenta a tiempo de emitir la Sentencia.

En ese entendido, al tener fuerza probatoria el dictamen pericial de oficio y estar obligado el Juez a valorarla conforme a su sana crítica, este operador judicial cumpliendo con el mandato legal establecido en el art 441 del tan citado Código de Procedimiento Civil, declaró improbada la demanda presentada por los recurrentes, quedando claro que el Juez A quo en la litis de manera textual estableció en lo referente a la prueba pericial de cargo que: “…a más de hacer suposiciones, no señala la fuente que le dio el resultado de haberse cancelado en exceso, acreditando documentalmente tal aseveración, por  lo que se concluye que tratándose de perito de parte, obviamente debe favorecer a su presentante, que aclarando y ampliando su informe, hace detalle de montos que supuestamente deben cubrirse a favor de su presentante en la suma de $us.- 18.709.622,81.-, esto es, casi el costo de los edificios citados líneas arriba, lamentablemente no detalla, desglosa ni acredita de forma alguna las elevadas cifras que transcribe en su informe, restándole seriedad al trabajo profesional que debió evacuarse.” Apreciación del Juez A quo que no puede ser desconocido por la parte recurrente bajo el argumento simple de no haberse tomado en cuenta su informe pericial de cargo, como se tiene expuesto, el Juez otorgó los motivos y razones por los cuales discrepó con el informe pericial de la parte recurrente, situación que acontecía de similar manera con el informe pericial de descargo, motivo por el cual, existiendo discrepancia pericial se nombró una perito de oficio para dilucidar la presente causa y conforme a la fuerza probatoria del dictamen pericial concluyó que eltrabajo pericial de oficio presentado en la litis era contundente para emitir su decisión.

Actividad jurisdiccional del Juez A quo que de ninguna manera vulnera el derecho de la parte recurrente al debido proceso, es más conforme a la lectura de la Sentencia y de la revisión de obrados se extrae que la parte recurrente no cumplió a cabalidad con la carga probatoria citada en los art. 1283-I del Código Civil y 375 del Código de Procedimiento Civil, situación que no puede ser soslayada por los recurrentes quienes tenían el deber de probar sus pretensiones en la litis, por dicho motivo en lo relativo a la valoración delaprueba pericial de oficio y demás informe periciales (cargo y descargo) concluiremos indicando que resulta no ser evidente que dicha prueba pericial sea amañada y dolosa, y que ésta no tomó en cuenta detalles trascendentales que se reflejan en el informe pericial presentado por la parte recurrente, como se tiene expresado, el informe pericial de la parte interesada no cuenta con los respaldos legales necesarios para ser tomado en cuenta, motivo que ameritó la designación de un perito de oficio y su consiguiente valoración.

Por otro lado,sobre los pedidos de complementación y aclaración que cursarían en obrados, y los mismos, supuestamente no hubiesen sido atendidos, hecho que habría sido reclamado en el recurso de apelación y no absuelto por el Ad quem en el Auto de Vista ni en la aclaración explicación y complementación  cursante en la litis, incurriendo el Tribunal Ad quem en casación en el fondo prevista por el art. 253 num. 3) del CPC y también en la forma art. 254 num. 4) del mismo Código por haber omitido pronunciamiento alguno; al respecto se debe ser concluyente en indicar que,de fs. 1498 a 1501, cursa informe pericial de oficio, el mismo que pasó a conocimiento de las partes, conforme decreto de fecha 17 de marzo de 2006.  La parte recurrente presentó su objeción e impugnación al informe pericial, solicitando ampliación y aclaración del mismo(fs. 1503 a 1511) y por decreto de fecha 27 de marzo de 2006 se tuvo por objetado el informe pericial presentado en la litis, el mismo que fue aclarado y complementado, conforme se evidencia de fs. 1638 a 1640, cumpliéndose así la complementación y aclaración extrañada por la parte recurrente, motivo suficientes para establecer que su agravio traído a casación resulta infundado.

Finalmente sobre la supuesta indefensión que se le hubiese causado en el proceso ejecutivo, queda clara que la parte recurrente en dicho proceso, tuvo participación activa, presentó excepciones (fuera de plazo) y apeló la sentencia dictada, motivo por el cual la supuesta indefensión que sufrió la parte recurrente no resulta fundada.

Por dichos motivos, concluiremos indicando que las denuncias y agravios traídos a consideración resultan infundadas, el Juez A quo mediante Sentencia y el Tribunal Ad quem con la emisión del Auto de Vista, no vulneraron derecho alguno de la parte recurrente, conforme se tiene expuesto en obrados, los de instancia determinaron lo que en derecho correspondía, en ese entendido incumbe fallar en sujeción a lo determinado por los arts. 271 inc.2) y 273 del Código Adjetivo Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, conforme dispone la atribución prevista en el art. 42.Inum. 1) de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 y en aplicación a lo determinado en los arts. 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 1884 a 1890, interpuesto por Álvaro Mauricio Cassab Ontiveros y/o Nagara Hipólita Villegas y/o María Cristina Erquicia Peralta, en representación de los esposos Alfonso Soto Medrano y Jenny Villavicencio de Soto, contra el Auto de Vista de fecha 22 de agosto de 2011, cursante de fs. 1874 a 1875 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda de la R. Corte Superior de Justicia de Cochabamba. Con Costas.

Se regula el honorario del profesional abogado en la suma de Bs.- 1000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.