TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA  CIVIL


Auto Supremo: 102/2015

Sucre: 11 de febrero 2015

Expediente: LP-153-14-S

Partes: Julia Mendoza de Godoy.c/ Ricardo Quiroga López y Aida Paz Viamont

de Quiroga.

Proceso: Usucapión.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casaciónde fs. 196 a 200, interpuesto por Carmen Alejandra Castro Arteaga en representación del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz,  contra el Auto de Vista Nº 83/2014 de 31 de marzo de 2014, cursante de fs. 193 a 194 vlta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de usucapión seguido por Julia Mendoza de Godoy contra Ricardo Quiroga López y Aida Paz Viamont de Quiroga, la concesión de fs. 210, los antecedentes del proceso, y;


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Undécimo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz dictó Sentencia Nº 44/2013 de 15 de marzo de 2013, cursante de fs. 157 a 159, declarando probada la demanda de fs. 10 a 11 de obrados, y en mérito de haber operado la usucapión decenal a favor de Julia Mendoza de Godoy de un bien inmueble ubicado en la Urbanización Unión San José, manzano “F”, lote 8 con superficie de 183,66 m2 de la ciudad de La Paz se ordena su respectivo registro.

Resolución de fondo que es apelada por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz mediante escrito de fs. 167 a 171 vlta., y como consecuencia de ello se dicta el Auto de Vista Nº 83/2014 de 31 de marzo de 2014, cursante de fs. 193 a 194 vlta. que confirma la Sentencia; decisión jurisdiccional de Alzada que es recurrida de casación por la institución edil que merece el presente análisis.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Si bien en el escrito de fs. 196 a 200, se anuncia en la suma casación en la forma y en el fondo, sin embargo, no existe subtitulado del recurso en la forma como acontece en el fondo- o postulados de forma que se hagan pasibles a análisis, por lo que el recurso se considera sólo como de casación en el fondo, que señala como infracciones lo siguiente:

Señala error de derecho del art. 1296-I del Código Civil, por no haber dado valor probatorio a los documentos legales y técnicos presentados por la municipalidadconsistentes en Informe DJ UPJ Nº 139/2010, plano de ubicación de lote, planimetrías y folio real realizados por servidores municipales, de fs. 93 a 97, existiendo error en no otorgar valor probatorio  que demuestran que el terreno corresponde a aires de ríoOrkojahuira debidamente inscritos en Derechos Reales bajo el folio 2.01.0.99.030725.

Señala también aplicación indebida dela ley y error en la apreciación en la prueba vulnerando el art. 1538 y 1545 del Código Civil y 191 de su procedimiento, señalando que el municipio de La Paz demostró que el predio se encuentra en los aires de río, de donde es propietario, lo que hace imposible otorgar tutela, agregando que su derecho tiene publicidad desde el momentode su inscripción.Además arguye que existe mala valoración de la prueba ya que fueron desconocidaspor los jueces de grado y en ésta instancia deben ser consideradas. Señala que el Juez dictó Sentencia sin considerar las pruebasaportadas y ante el Tribunal Ad quem tampoco lo hicieron, ocasionando severos perjuicios porque se inobservó la ley sustantiva y la seguridad jurídica, por cuanto la inscripción del derecho por el municipio tiene oponibilidad ante terceros que en caso no aconteció. Además sostiene que no se estableció fundadamente sus razones propias para desestimar el informe pericial del GAMLP adjunto a fs. 93 por cuanto ni siquiera se valoró en Sentencia, que tampoco se hubiera considerado en el Auto de Vista ya que respecto al derecho propietario no consideraron la propiedad municipal. Llama la atención dice- que se otorgue derecho propietario sobre bienes que pertenecen al pueblo boliviano según el art. 339-II de la CPE. Agrega que por mandato constitucional los bienes del Estado son inembargables, imprescriptibles e inexpropiables. Acusa que el demandante  no tiene título que demuestre su derecho real y por posesión quiere obtener los bienes que pertenecen al municipio que tiene registrada su titularidad, por lo que correspondía restituir ese derecho declarando improbada la demanda.

Acusa también violación del art. 115-II de la Constitución, indicando que la violaciónconsiste en no reconocer al titular del derecho subjetivo que es el GAMLP y sigue siendo violado traducido en la indefensión y la trascendencia del fallo. Además indica que se comete una injustica contra la municipalidadobligándolos a establecer un segundo proceso para demandar la recuperación del predio.

Concluye solicitando a) la nulidad hasta fs. 1026 ordenando al Juez emita nueva Sentencia y b) para en caso que se ingrese al fondo se case el Auto de Vista y deliberandoen el fondo declare improbada la demanda por tratarse debien municipal.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Previo a ingresarenanálisis de los alegatos del recurso se hace necesario exponer los antecedentes que informan el proceso:

Por demanda de fs. 10 a 11 vlta., Julia Mendoza Godoy pretende adquirir la propiedad de un bien inmueble por usucapión ubicado en el manzano “F”, lote Nº 8, en la Remodelación Unión San José, con una extensión de 183, 66 m2, dirigida contra lospropietarios registrales Ricardo Quiroga Lopéz y Aida Viamont de Quiroga.

Admitida la demanda, se citó a los demandados mediante cédula en su domicilio real (fs. 16). Así también en aplicación del art. 131 de La Ley Nº 2028, se citó al Personero Legal de la Honorable Alcaldía de La Paz, Juan Del Granado, en su domicilio mediante cédula conforme se evidencia de la diligencia defs. 16 vlta.

Por memorial de fs. 22 se apersono Carlos Andrés Suarez Ibáñez en representación del Gobierno Municipal de La Paz pidiendo, en lo principal, se notifique con el señalamiento de inspección judicial en el término de prueba. Por otro lado, ante la incomparecencia delosdemandados se declaró al rebeldía de los mismos y se continuó el proceso, dictándose la Sentencia Nº 278/2011, misma que fue apelada  por el Gobierno Municipal de La Paz, sobre el reclamo de su derecho propietario, que dio lugar a la emisión del Auto de Vista Nº S-408/2012 que anuló la sentencia por una incongruencia en relación a  la superficie del terreno; dictándose posteriormente la Sentencia Nº 44/2013 de 15 de marzo de 2013, que declara probada la demanda de fs. 10 a 11 de obrados en mérito de haber operado la usucapión decenal a favor de Julia Mendoza de Godoy. Decisión jurisdiccional que fue apelada por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y como consecuencia de ello se dictó el Auto de Vista Nº 83/2014 que confirma la Sentencia, misma que es recurrida de casación que da lugar al presente análisis.

De lo descrito podemos advertir que el proceso de usucapión o prescripción adquisitiva que interpuso Julia Mendoza Godoy estuvo dirigido contra Ricardo Quiroga Lopéz y Aida Viamont de Quiroga, para que sea contra estos últimos que recaiga el efecto extintivo de la usucapión, por cuanto los demandados eran propietarios registrales del inmueble objeto de litisconforme señala el Informe de fs. 3 extendido por Derechos Reales. Es decir la pretensión de adquirir la propiedad vía usucapión estaba enmarcada en que la consecuencia extintiva la soporten los demandados como propietarios registrales y en ese mérito el efecto adquisitivo le favorezca a la actora.

En ese contexto se desarrolló el proceso, que no mereció otro reparo que probar la posesión que se argüía, más aun cuando, por exigencia de la ley, se citó al entonces Alcalde de  la H. Alcaldía Municipal de La Paz que, por medio de su representante, se apersonó sin objetar la pretensión de la actora, incluso por Informe OMPD-DIT-UC-O.J. Nº 1123/2010 de 22/09/2010 de fs. 23, dirigido al Juez de origen, se señaló la no existencia de antecedentes catastrales “pero se pudo determinar que el predio se encuentra situado en el Distrito 036, Manzano 0513, predio 018, y según planimetría la superficie es de 183.66 m2”, adjuntando plano de la urbanización San José y sugiriendo además su registro catastral, infiriendo de esos actos procesales que no existía objeción sobre la situación del terreno en predio municipal.

Destacado lo anterior, el recurso de casación acusa error probatorio por no haber dado valor a las literales de fs.93 a 97, que  demostraría que el terreno corresponde a aires del río Orkojahuira debidamente inscritos en Derechos Reales en folio real 2.01.0.99.030725. Al particular se debe señalar que, de antecedentes se verifica que el municipio de La paz no intervino de forma activa en el proceso que de algún modo hubiese mostrado su objeción a la pretensión de usucapión del predio, al contrario, por el apersonamiento en la que no refutóla demanda y el Informe emitido por la repartición municipal se entendió que el terreno estaba libre de cualquier impedimento que permita la prescripción.  Si bienes cierto que se presentaron de fs.  93 a 97 de obrados literales sobre los cuales se planteó objeción en los que basa su reclamo el municipio, empero se debe tomar en cuenta que al haberse anulado la Sentencia Nº 278/2011 de fs. 85 a 87, fue por incongruencia respecto a la extensión del terreno, conforme indica el Auto de Vista Nº S-408/2012 de fs. 141 a 142, por lo que como emergencia de esa decisión anulatoria la Sentencia Nº 44/2013 de 15 de marzo de 2013, cursante de fs. 157 a 159, declaró probada la demanda con la corrección del error de superficie y sin otro aspecto a examinar porque no se hubo observado, de ahí se entiende que la Sentencia, dictada nuevamente, se haya limitado a la corrección del error por mandato del Auto de Vista anulatorio.

En esa connotación, ante el reclamo de la apelaciónpor la apreciación probatoria que aparentemente el Juez A quo omitió, el Tribunal de Alzada manifestó que esos documentos no reflejaban lo actuado en el caso de autos, indicando que esa prueba debió producirse en la forma y plazo que señalan los arts. 346 y 382 del Código de Procedimiento Civil, entendiendo que las instancia de reclamo había precluído, además de indicar que lo reflejado en Sentencia no se desvirtúo por la fotocopia simple que presentó el municipio de la matricula 2.01.0.99.0030725 de fs. 97 que no cumplía con lo previsto por el art. 1296 o 1311 del Código Civil.

Por lo manifestado, se tiene que el Ad quem sobre la prueba desestimó la apreciación de esas pruebas  por no haberse presentado dentro el plazo y forma que la ley exige, ya que el Municipio, teniendo la oportunidad, no lo hizo sino agotado todo el debate y solo luego de haberse dictado Sentencia, agregando que el apersonamiento del mismo ente edilicio reflejaban que ese bien no era municipal, respuesta lógica por cuanto la Sentencia al no tener objeción por parte del municipio oportunamente centró su análisis sólo en la acreditación de la posesión útil que la actora argüía, lo que dio lugar a declarar probada la demanda interpuesta, además de manifestar que la fotocopia de su registro no desvirtuaba ese extremo, sin embargo el recurso de casación no rebate los términos por los cuales el Tribunal de apelación desestimó las literales, para que sobre esa base se juzgue si la determinación del Ad quem fue correcta o no, limitándose a señalar que se cuenta con derecho propietario por los documentos presentados, por lo que no tiene sustento la infracción deducida.

No obstante lo manifestado, sedebe indicar que los Tribunales de instancia en ningún momento desconocieronel derecho propietario que arguyen los representantes del municipio de La Paz -más allá de la presentación de una simple fotocopia del registro sin que se haya exhibido el título en cual se constituiría ese derecho-, sin embargo debe quedar establecido que la pretensión de la actora estuvo dirigida en contra de los propietarios registrales del bien objeto de usucapión, Ricardo Quiroga Lopéz y Aida Viamont de Quiroga, por tal motivo el efecto extintivo les alcanzó a estos, es decir el derecho propietario que prescribió fue el de los demandados, en ese margen, la titularidad que aparentemente tiene el municipio no fue afectado, no siendo válido el reclamo de una posible violación del art. 339-II de la norma suprema. Por otro lado, se entiende que el derecho de propiedad que alega el ente edil deviene de un antecedente dominial distinto al que se pretende usucapir, por lo que no es válido el argumento de infracción del art. 1538 del Código Civil, porque la publicidad del derecho que pretende sea oponible frente aterceros tiene el mismo efecto que la publicidad del antecedente de la usucapión, incluso efectuado mucha antes; y resulta desde cualquier punto de vistainverosímil la violación del art. 1545 del sustantivo dela materia que alega el recurrente, cuando por los antecedentes narrados, se tiene que no existió pretensión de deslindar derechos mediante un mejor derecho propietario, pues el objetodel proceso estuvo centrado únicamente en la usucapión. Asimismo, resultaparadójico que la institución recurrentereclame violación del art. 115-II de la ConstituciónPolítica del Estado, por un aparente estado de indefensión cuando en proceso no se restringió o limitó su derecho a la defensa, y tampoco en su reclamoidentifica acto que hubiera mermado ese derecho; del mismo modo resulta un exceso el indicar que la decisión jurisdiccional obliga al municipio establecer un segundo proceso para demandar la recuperación del predio, ya que como se dijo precedentemente,  el objeto del proceso estuvo centrado en la pretensión de usucapión, sin otra pretensión que tuviese que analizarse, pues el límite de la sentencia, conforme estipula el art. 190 del Código de Procedimiento Civil, está sobre las cosas litigadas en la manera que hubieren sido demandadas, por tal motivo la recuperación del predio no estuvo integrada en la relación procesal por lo que no era posible manifestación judicial sobre esa aspecto. Por lo expuesto, se evidencia que los argumentos aportados en el recurso de casación no son suficientes para revertir la decisión asumida en el Auto de Vista, por lo que se declara infundado.

Por todo lo señalado precedentemente, corresponde a éste Tribunal resolver conforme lo estipulado en los arts. 271 num.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil. 


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los Arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO elrecurso de casación de fs. 196 a 200, interpuesto por Carmen Alejandra Castro Arteaga en representación del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz,  contra el Auto de Vista Nº 83/2014 de 31 de marzo de 2014. Sin costas por ser la entidad recurrente de orden estatal.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.


Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Abog. Gonzalo Rojas Segales

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Segundo