TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                        S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 1019/2015 - L                                                                Sucre: 16 de Noviembre 2015                                                        Expediente: LP-107-11-S                                                                Partes:Napoleón Ismael Cuba Vargas Machucac/María Carola Cuba Terán

Proceso:Nulidad de Minuta y Escritura Pública, cancelación en registro y

Rehabilitación de partida, reivindicación y pago de daños y perjuicios

Distrito:La Paz

VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Napoleón Ismael Cuba Vargas Machuca de fs. 621 a 623 y vta., contra el Auto de Vista Nº 101, de 05 de mayo de 2011 cursante de fs. 617 a 618 y vta., pronunciado por la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso de nulidad de minuta y Escritura Pública, cancelación en registro y rehabilitación de partida, reivindicación y pago de daños y perjuicios seguido por Napoleón Ismael Cuba Vargas Machuca contra María Carola Cuba Terán; respuesta al recurso de  fs. 631 a 632, Auto de concesión de fs. 633, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I:                                                                ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Tercero de Partido en lo Civil y Comercial de ciudad deLa Paz, pronunció Sentencia Nº161, de 09 de abril de 2010, cursante de fs. 501 a 505, declarando IMPROBADA la demanda de fs. 20 a 23y 25;PROBADA la demanda reconvencional, disponiendo se restituya a la propietaria todos los ambientes que continua ocupando el vendedor.

Decisión judicial apelada por Napoleón Ismael Cuba Vargas Machuca por  memorial de fs. 509 a 512, en cuyo mérito la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, por Auto de Vista Nº 101, de fecha 05 de mayo de 2011, CONFIRMÓ la Resolución recurrida.

Ultima Resolución que dio lugar al recurso de casaciónen el fondo de fs. 621 a 623 y vta., que es motivo de Autos.

CONSIDERANDO II:                                                                        HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

1.Que el Auto de Vista se limitó a rebatir los fundamentos de la falsificación ideológica en la transferencia denunciada, efectuando una enunciación y una apreciación incompleta de la prueba sin otorgarle una valoración real, al no percatarse que tanto la minuta y Escritura Pública fueron obtenidas fraudulentamente, incurriendo incluso en delitos penales, cuando se encontraba a vísperas de una intervención delicada;

2. Que la Escritura Pública contiene defectos sustanciales como ser la falta de pago de impuestos a la transferencia que no fue observado por Derechos Reales, la falta de identificación de los testigos intervinientes, a quien se los califica como de actuación cuando los mismos son instrumentales.

3. Que incorrectamente el Auto de Vista refiere que el pago del precio es una facultad potestativa de las partes y el usufructo es un acto de voluntad, olvidando que en la causa precisamente se cuestiona su falta de su voluntad en la suscripción de ese documento.

4. Que la falsedad ideológica se puede acreditar a través de cualquier medio probatorio incluso por conjeturas y presunciones, a cuyo mérito se adjuntó la Resolución Nº 488/2010 pronunciada por el Plenario del Consejo de la judicatura por la que se sancionó al Juez Rolando Sarmiento por su participación como cómplice junto con su hija en la falsificación del documento.

Para finalmente acusar la vulneración de los arts. 3 (1) 4 (4) 5, 90, 91, 190, 192 (2-3), 193 del Prto. Civil, y los arts. 105, 295 y ss. 339 y ss. 450 y ss. 519 y ss., 1283 y ss. 1288, 1297, 1301, 1320, 1321, 1330, 1334, 1453 y ss. 1558 y ss. del Código civil.

Concluye solicitando que en mérito al recurso de casación en el fondo, se case la Sentencia y Auto de Vista, declarando probada su demanda.

CONSIDERANDO III:                                                                FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Conforme la lectura del recurso de casación en el fondo se tiene que el recurrente en forma por demás confusa y desordenada acusa en lo principal la defectuosa valoración probatoria en la que hubieran incurrido los jueces de instancia, a cuyo efecto le correspondía demostrar a través de su recurso la manifiesta equivocación del juzgador, ya sea al haber incurrido en error de derecho o de hecho en la valoración de la misma, este último con documentos auténticos que verifiquen el procedimiento errado del órgano jurisdiccional, aspectos que no fueron cumplidos por el recurrente, empero y más allá de esta deficiencia recursiva, este Tribunal resolverá el recurso interpuesto en mérito al principio pro actione.

1.-En ese sentido respecto al primer agravio extractado del recurso, referido a que el Tribunal de instancia hubiera incurrido en una apreciación incompleta de la prueba sin percatarse que tanto la minuta y Escritura Pública fueron obtenidas fraudulentamente en vísperas de una intervención delicada, incurriendo incluso en delitos penales; al respecto y en relación a la primera parte del agravio acusado en sentido de que la suscripción de la minuta hubiera sido obtenida cuando el demandante se encontraba en vísperas de una intervención delicada hecho que no fue alegado a tiempo de interponer su demanda, que lógicamente  no formara parte de la relación procesal y motivo de probanza y menos pronunciamiento en la sentencia al respecto, el cual es traído recién en etapa casacional,por lo cual este Tribunal de casación se inhibe de realizar análisis y pronunciamiento al respecto. Del mismo modo respecto a que la obtención de su firma en los documentos de los que se pretende su nulidad darían lugar a procesos penales resulta una pretensión que no puede ser objeto  de pronunciamiento por este Tribunal, pues en caso de considerar que del hecho endilgado a la parte demandada emergen ilícitos penales corresponde su conocimiento a la vía penal y no en proceso ordinario civil.

2.- Con relación a que la Escritura Pública Nº 41/97, contendría defectos sustanciales, como la falta de pago de impuestos que no hubiera sido observada por Derechos Reales así como la falta de identificación de los testigos intervinientes en la suscripción de la Escritura Pública a quienes se los calificaría de actuación cuando los mismos serian instrumentales; al respecto de la revisión de la Escritura Pública Nº 41/97 (fs. 14 a 15 y vta.), se advierte queel formulario de pago de impuesto a la transferencia sobre el inmueble objeto de litisforma parte del protocolo notarial, documento en el que se consigna datos del enajenante así como del inmueble transferido, de ahí que no resulta cierto la falta de pago del impuesto a la transferencia que reclama el recurrente no correspondiendo en consecuencia observación alguna por Derechos Realesrespecto a este requisito para proceder al registro de la traslación de dominio; en cuanto a la intervención de los testigos Rolando Cocarito Mancilla y Martín R. IturriAldunte, se tiene que conforme la Escritura Pública y la Resolución recurrida, estos actuaron en su calidad de “testigos instrumentales”,quienes estamparon sus firmas en dicho documento público, empero, evidentemente no se consignó sus cedulas de identidad, omisión sin embargo que no puede constituir  causal de nulidad de la Escritura Pública Nº 41/97 de 13 de enero de 1997, pues el mismo funcionario judicial (Notario de Fe Publica) da fe de su participación de dichos testigos en la facción del instrumento público, y el hecho de no consignar sus cedulas de identidad en el documento de referencia da lugar únicamente a las sanciones impuestas por la Ley del Notariado contra el funcionario público, mas no a la nulidad de la Escritura Pública demandada.

3.-Respecto a que la Resolución recurrida habría argumentado que tanto el pago del precio y la consignación de usufructo en el documento sería un acto de voluntad de las partes, sin advertir que precisamente se cuestiona la falta de voluntad en su suscripción del contrato de supuesta transferencia; alegación de la que se infiere que el recurrente en realidad reclama la falta de consentimiento en la suscripción de la minuta de transferencia contenida en la Escritura Pública Nº 41/97, al respecto habrá que tener presente que el contrato de compraventa, es un contrato consensual que se perfecciona por el solo consentimiento de las partes respecto a la cosa que se transfiere y al precio que se paga por ella, dentro de ese marco la falta de consentimiento como requisito de formación de los contratos, no resulta ser una causal de nulidad de los mismos, sino, de anulabilidad; puesto que la nulidad o invalidez es entendida como la sanción legal que priva de sus efectos propios a un acto jurídico (contrato), en virtud de una falla en su estructura simultánea con su formación, de lo que se puede establecer que la nulidad se origina en una causa existente en el momento mismo de la celebración del acto jurídico y no por un motivo sobreviniente,esta característica es esencial para diferenciar precisamente la nulidad de la anulabilidad de un acto jurídico, aspectos que el recurrente confundió desde el inicio mismo de su pretensión al demandar la nulidad alegando ausencia de consentimiento que como se dijo es causal de anulabilidad, pues su pretensión estuvo dirigida a buscar la nulidad del instrumento público, estableciéndose que la demanda preciso figura jurídica diferente a los antecedentes fácticos descritos en su pretensión.

4.- Con relación a la Resolución Nº 488/2010 por la que se acreditaría la participación del Juez Rolando Sarmiento como cómplice junto a su hija en la falsificación del documento del que se solicita su nulidad; documental que al margen de no desvirtuar los fundamentos por el que los jueces desestimaron la pretensión del actor carece de relevancia, por cuanto a través del mismo solo se acredita que el mencionado Juez Noveno de Instrucción en lo Penal Cautelar del Distrito de La Paz, no cumplió con el deber de excusarse del conocimiento de un proceso penal instaurado por el ahora recurrente Napoleón Cuba Vargas contra su hija Carola Cuba Terán, por mantener dicha autoridad judicial una amistad estrecha con esta última, hecho que motivo la suspensión del ejercicio de su  funciones de conformidad a lo dispuesto por el num. 2) del art. 23 del Reglamento de Procesos Disciplinario del Poder Judicial, que no tiene conexión alguna y menos acredita la falsificación del documento demandado de nulidad en la presente causa como tampoco la participación de la autoridad judicial en calidad de cómplice en la falsificación de dicho documento.

Con relación a la última parte del recurso, se advierte que el recurrente si bien acusa la infracción de los“art. 3 (1) 4 (4) 5, 90, 91, 190, 192 (2-3), 193 del Prto. Civil, y los arts. 105, 295 y ss. 339 y ss. 450 y ss. 519 y ss., 1283 y ss. 1288, 1297, 1301, 1320, 1321, 1330, 1334, 1453 y ss. 1558 y ss. del Código Civil”, sin embargo no los vincula con los agravios acusados, siendo esta su obligación, articulados  a los que sólo los cita, sin señalar en qué consiste dicha infracción y cómo debieron ser aplicadas la referidas disposiciones legales, incumpliendo con la técnica recursiva inherente al recurso extraordinario en examen, al  desconocer totalmente la naturaleza y finalidad del recurso extraordinario interpuesto previstos por el art. 258 num. 2) del Cód. dePdto. Civil.

En merito a los fundamentos expuestos corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia, emitir fallo conforme lo previsto por el art. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de los artículos 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondointerpuesto por Napoleón Ismael Cuba Vargas Machuca por memorial de fs. 621 a 623 y vta., contra el Auto de Vista Nº 101, de 05 de mayo de 2011, cursante de fs. 617 a 618 y vta., pronunciado por la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz. Con costas.

Se regula el honorario del profesional abogado de la demandada en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                        Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán