TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL




Auto Supremo: 1018/2015 - L

Sucre: 16 de noviembre 2015

Expediente: T-30-11-S

Partes: Pastor Carrazana Jiménez.c/Daniel Ramiro Cruz Tolaba, Sara López

Guerrero y Noemí López Guerrero.

Proceso: Reivindicación.

Distrito: Tarija.

VISTOS: El Recurso de Casación en la forma y en el fondo de fs. 453 a 454 vta., interpuesto por Pastor Carrazana Jiménez, contra el Auto de Vista N° 105/2011 de 02 de septiembre de 2011, cursante de fs. 436 a 439, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Tarija, dentro del proceso ordinario de reivindicación, seguido por el recurrente contra  Daniel Ramiro Cruz Tolaba, Sara López Guerrero y Noemí López Guerrero; la concesión de fs. 466; los antecedentes del proceso; y:


CONSIDERANDO I:        ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Tramitado el Proceso, el Juez de Partido Tercero en lo Civil de la Ciudad de Tarija, emitió la Sentencia N° 07/2011 de fecha 4 de Marzo de 2011, cursante de fs. 343 a 348, declarando improbada la demanda de reivindicación planteada por Pastor Carrazana Jiménez representado por Armando GarecaVidez.


Contra la referida Sentencia, Pastor Carrazana Jiménez, interpuso Recurso de Apelación cursante de fs. 381 a 384 y vta.


En merito a esos antecedentes, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, emitió el Auto de Vista N° 105/2011 de 02 de septiembre de 2011, cursante de fs. 436 a 439, por el que confirma totalmente la Sentencia recurrida, con costas en ambas instancias.


Resolución que dio lugar al Recurso de Casación en la forma y en el fondo, interpuesto por Pastor Carrazana Jiménez, el mismo que se pasa a considerar y resolver.

CONSIDERANDO II:        HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


Acusa que el fundamento expuesto por el Tribunal de Alzada respecto a las medidas preparatorias resulta erróneo, pues debe tomarse en cuenta que al margen de lo señalado en dicha resolución de que estas medidas serían diligencias preliminares y que no deben ser equiparadas a un proceso, estas se constituyen en base para un proceso de fondo, resultando ventajoso desde el punto de la economía procesal y no como el Tribunal Ad quem pretende hacer entender como una diligencia sin  relevancia alguna; fundamento este por el cual acusa que previamente a la inspección judicial realizada como medida preparatoria, habría especificado la ubicación del terreno, límites y superficie, es decir que individualizó el terreno.


Refiere también, que se está violando el derecho a la propiedad privada, toda vez que durante la tramitación del proceso habría demostrado su derecho de propiedad así como la individualización del mismo, razón por la cual el Juez A quo habría admitido la demanda por haberse cumplido con el art. 327 del Adjetivo Civil.


Refiere que no se valoró la prueba documental cursante en obrados, tampoco la prueba testifical.


Fundamentos por los cuales solicita se dicte Auto Supremo conforme lo prevé el art. 274 del Código de Procedimiento Civil.


CONSIDERANDO III:        FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


Del análisis del recurso de casación que fue interpuesto, como refiere el recurrente, tanto en la forma como en el fondo, se advierte que los reclamos acusados si bien no fueron disgregados unos de otros, empero  en virtud al derecho de impugnación y en aplicación del principio pro actione, corresponde a este Tribunal ingresar a considerar previamente los reclamos que hacen a la forma del proceso, toda vez que si resulta evidente lo acusado corresponderá la emisión de una resolución anulatoria, resultando innecesario ingresar a considerar los reclamos de fondo.

En la forma:

Con relación a que no se habría valorado la prueba documental ni la testifical, es preciso señalar que en el Considerando II punto 3) del Auto de Vista recurrido en casación, se observa que los jueces de Segunda Instancia, sobre este reclamo en particular, refirieron que el recurrente,por los fundamentos expuestos con anterioridad a dicho punto, no es propietario del bien inmueble que pretende reivindicar, por lo que no cumple con el primer requisito para la procedencia de la reivindicación, es decir que con la prueba documental acompañada al proceso, no se llega a demostrar el derecho propietario sobre el bien inmueble objeto de la Litis; asimismo, haciendo referencia al segundo requisito de procedencia de la acción reivindicatoria, el Tribunal de Alzada refirió que la desposesión la sufre únicamente el propietario y como el recurrente no es propietario del inmueble donde se encuentran asentados los demandados, no es posible que éste argumente que fue desposeído de un bien inmueble del cual no es propietario, fundamentos por los cuales el Tribunal Ad quem consideró que el Juez A quo valoró las pruebas esenciales, pertinentes y decisivas para dictar sentencia, considerando que no sirve de nada que se presente prueba documental o declaraciones de testigos que refieran que es propietario de un bien inmueble, siendo que su título de propiedad indica que se encuentra en otra parte.

De esta manera se advierte que el Tribunal de Alzada si consideró dichas pruebas, no siendo evidente lo acusado por el recurrente respecto a la no valoración de la prueba documental y testifical, razón por la cual en lo referente al recurso de casación en la forma corresponde fallar en la forma prevista en el art. 271 num. 2 y 273 del Código de Procedimiento Civil.

En el fondo:

Respecto a que el fundamento expuesto por el Tribunal de Alzada sobre la medida preparatoria de inspección judicial sería erróneo, pues pretendería hacer entender que la misma se constituye en una diligencia irrelevante; al respecto debemos señalar que de la revisión del Auto de Vista recurrido, el Tribunal Ad quem en el Considerando II, punto 1.- refirió que en la medidas preparatorias de demanda, el juzgador no hace un análisis ni valoración de ninguna clase de prueba, toda vez que dicho aspecto se encuentra reservado para el proceso, razón por la cual señaló que las mismas no deben ser confundidas o equiparadas a un proceso, pues la finalidad de las mismas es preparar la demanda que va a iniciar; de dicho fundamento se observa que el Tribunal de Apelación en ningún momento restó relevancia a las medidas preparatorias, las cuales conforme lo refirió correctamente dicho Tribunal, seconstituyen, como su nombre lo indica,en diligencias preliminares encaminadas a facilitar el ejercicio de determinadas acciones para asegurar la eficacia jurídica de un futuro proceso.

Ahora bien, respecto a que previamente a realizarse la medida preparatoria de inspección judicial, el recurrente habría especificado la ubicación del terreno objeto del presente proceso, sus límites y colindancias; es importante señalar que en virtud a las pruebas adjuntas en el presente proceso de acción reivindicatoria, se determinó que pese a haberse realizado la inspección judicial en los terrenos ocupados por los demandados, el mismo no es de propiedad del recurrente y que al contrario los documentos que demuestran su derecho propietario pertenecen a otro inmueble cercano al cual pretende la reivindicación.

Respecto a la vulneración del derecho a la propiedad, debemos señalar que la resolución recurrida en casación, así como la sentencia de primera instancia, contrariamente a vulnerar el derecho referido supra, lo que hace es respetar el mismo, pues en ningún momento desconocieron el derecho propietario del recurrente, al contrario lo que hicieron es otorgar el valor probatorio a las documentales con las cuales el recurrente acreditó dicho extremo, empero dicho derecho versa sobre terrenos diferentes a los cuales pretende reivindicar, toda vez que por los datos que cursan en obradoslos terrenos ocupados por los demandados no son de propiedad del recurrente, razón por la cual no fue acogida la acción reivindicatoria, resultando consiguientemente infundado el reclamo acusado en este punto.

De esta manera, por los fundamentos expuestos en relación al recurso de casación en el fondo, corresponde a éste Tribunal fallar conforme a lo previsto en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el Recurso de Casación en la forma y en el fondo interpuesto porPastor Carrazana Jiménez, contra el Auto de Vista N° 105/2011 de 02 de septiembre de 2011, cursante de fs. 436 a 439, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Tarija,con costas.


Se regula honorarios del abogado en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.