TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A   C I V I L




Auto Supremo: 1016/2015 - L                                                                                   Sucre: 16 de noviembre 2015                                                         Expediente: CB 162 11 S                                                                 Partes: Julio Gerónimo Valenzuela Eterovic por Betty Eterovic Prada.  c/ Raúl

            Marcelo Salinas Gamarra y Otros. 

Proceso: Acción Pauliana        .                                                                 Distrito: Cochabamba.


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 720 a 722 y vta., interpuesto por Julio Gerónimo Valenzuela Eterovic por Betty Eterovic Prada  contra el Auto de Vista Nº REG/S.II/ZGC/ASEN.304/20.08.2011 de 20 de agosto de 2011, de fs. 713 a 714 de obrados, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, en el proceso ordinario de Acción Pauliana, seguido por la recurrente contra Raúl Marcelo Salinas Gamarra y Otros; la respuesta al recurso de fs. 727 a 730 y vta., el Auto de concesión de fs. 733; los antecedentes del  proceso, y:


CONSIDERANDO I:                                                                         ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Julio Gerónimo Valenzuela Eterovic en representación legal de Betty Eterovic Prada, por memorial de fs. 26 a 28, adjuntando la literal de fs. 1 a 25, interpone demanda de Acción Pauliana contra Marcelo Salinas Gamarra, señalando que en fecha 31 de agosto de 1999 la Sociedad  Anónima Industrial y Comercial SAICO S.A. Molinos San Luis  habría recibido la suma de $us. 40.000, posteriormente en fecha 16 de septiembre la misma empresa recibió otra suma de $us. 100.000, ambas de Betty Eterovic Prada, en calidad de préstamo con garantía prendaria, cuya garantía conforme lo establece la cláusula tercera de los documentos privados cursantes a fs. 6 y 7, sería la maquinaria de la empresa deudora. Debitados algunos pagos señala el demandante que quedó un saldo de $us. 82.472,96, más intereses daños y perjuicios. Asimismo indica que además de no haber honrado la deuda, la garantía otorgada (maquinaria) ya había sido dispuesta así como el paquete accionario que tenía la empresa deudora en ELFEC S.A. mismo que fue transferido a favor de su abogado Raúl Marcelo Salinas Gamarra,; por lo que demanda la revocatoria de la transferencia de acciones, al amparo del art. 1446 y siguientes del Código Civil, observada que fue la demanda es subsanada por memorial de fs. 33 a 34 y vta.

Citados los demandados, por memorial de fs. 71 a 73 Raúl Marcelo Salinas Gamarra responde negando la demanda, opone excepciones de falsedad, ilegalidad, improcedencia y prescripción, pidiendo se declare probadas las excepciones e improbada la demanda con expresa condena de costas.

A fs. 75 a 76 se apersona Pedro Rivera Eterovic, contesta negativamente la demanda y opone excepciones perentorias de ilegalidad, improcedencia, prescripción y falta de acción y derecho, solicitando sean declaradas probadas las excepciones e improbada la demanda principal.

A fs. 122 a 123, se apersona María Alejandra Hein Ruck y Andrea Patricia Blacut Olmos, en representación legal de BNB SAFI S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, señalando que la sociedad a la que representan es propietaria actual de 1.253 acciones de la empresa de Ingeniería y Servicios Integrales Cochabamba S.A. y de 953 acciones de la Empresa de Luz y Fuerza Electica Cochabamba S.A., mismas que fueron legalmente adquiridas mediante una transacción pública en la Bolsa Boliviana de Valores el 12 de junio de 2000. Al mismo tiempo opone excepción de prescripción, para finalmente negar la demanda y oponer excepciones perentorias de falta de acción y derecho mediante memorial de fs. 129 a 132 y vta.

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez de Partido Sexto en lo Civil de la Capital, mediante Sentencia Nº 27/2009 de 04 de marzo de 2009, cursante de fs. 628 a 634, declaró improbada la demanda principal de fs. 26  y su modificación de fs. 33, probadas las excepciones perentorias de falta de acción y derecho e improcedencia formuladas por los demandados Pedro Rivera Eterovic y Raúl Marcelo Salinas Gamarra e improbadas las demás excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad y prescripción opuestas por los nombrados. Con costas a la demandante Betty Eterovic Prada.

Contra esa resolución de primera instancia, el demandante Julio Gerónimo Valenzuela Eterovic, en representación de Betty Eterovic Prada a fs. 637 a 639 vta., interpone recurso de apelación en cuyo mérito la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, por Auto de Vista Nº REG/S.II/ZGC/ASEN.304/20.08.2011 de 20 de agosto de 2011, cursante a fs. 713 a 714, anula el auto de concesión de alzada de 06 de junio de 2009 y declara ejecutoriada la sentencia apelada; resolución recurrida en casación en la forma y en el fondo por la parte demandante, mismo que se pasa a considerar y resolver.

CONSIDERANDO II:                  

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del Recurso de Casación se tiene lo siguiente:

En la forma:

1.- Acusa violación de los arts. 227, 236, 476 y 397 del Código de Procedimiento Civil. Alegando falta de jurisdicción y exceso de poder. Violación del Art. 1330 del Código Civil y vulneración del art. 25 de la LOJ. Considera que el Auto de Vista recurrido sería ilegal e incompleto porque no se habría pronunciado sobre todos los aspectos, hechos y pruebas debidamente citados en la apelación.

2.- Señala que el Tribunal de Alzada tenía la obligación de  examinar los términos de la Sentencia para comprobar si en ella habría aplicado correctamente la ley. En autos no se habría cumplido con esa obligación habiéndose declarado ejecutoriada una entencia nula que haría también nulo el Auto de Vista. Nulidad expresamente determinada por el principio de especificidad que proviene del art. 251 del Codigo de Procedimiento Civil.

3.- Acusa violación del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, debido a que el Auto de Vista no se hubiera pronunciado sobre un punto expresamente apelado, lo que importa actuar vulnerando esa disposición con exceso de poder y desconocimiento de su propia jurisdicción, que hacen nulos los actos del Tribunal de Alzada.

Por lo que pide se declare la nulidad del Auto de Vista recurrido, al estado de que se dicte uno nuevo comprendiendo los puntos apelados.

En el fondo:

Acusa infracción de los arts. 190, 192, 227 y 236 del Código de Procedimiento Civil, señalando que es viable este recurso; cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley. En el segundo caso cuando contuviere disposiciones contradictoria; es decir contradicción entre la relación de los hechos y la aplicación del derecho.

Señala que el Auto de Vista consideró que la expresión de agravios no fue suficiente para abrir su competencia, porque no se hubiera examinado y criticado el fallo del inferior, refiriéndose a las cuestiones de hecho y de derecho que causan los agravios expresados, pretendiendo establecer un criterio cerrado y rígido ausente de equidad en la aplicación de la ley

Por lo que pide al Tribunal Supremo case el Auto de Vista, y deliberando en el fondo declare probada la demanda e improbadas las excepciones. Con costas.

CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Planteado el recurso de casación en la forma y en el fondo, se ingresara primero al análisis de forma, de evidenciar los agravios denunciados y si el caso amerita la nulidad del proceso hasta el vicio más antiguo denunciado, será innecesario ingresar al análisis de fondo.

Del análisis y contrastación del recurso en la forma, se advierte que el mismo ataca la resolución anulatoria, bajo los argumentos de que el Auto de Vista recurrido no se hubiera manifestado sobre los puntos de apelación, vulnerando de esta forma los arts. 227, 236, 476 y 397 del Código de Procedimiento Civil,

Al efecto de inicio diremos que el art. 236 del Código Adjetivo Civil, señala que: “El Auto de Vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación y fundamentación….”; norma legal en la que se manifiesta el principio de congruencia, por el cuál la resolución de Alzada en su motivación y fundamentación debe estar dirigida a absolver cada uno de los agravios deducidos en apelación, sin omitir, exceder o alterar el cuadro recursivo que se sustancia. En ese sentido el Tribunal Ad quem a tiempo de resolver la Alzada tiene un marco jurisdiccional sobre el cual debe recaer su decisión. Dicho marco se limita a lo resuelto por el Juez inferior y a los puntos impugnados o agravios expuestos en apelación, pues estos aspectos radican en la pertinencia y congruencia que debe contener la resolución de Alzada, lo contrario significaría fallar en ultra, extra y citra petita.

Así también el art. 180 II) de la Constitución Política del Estado, consagra el principio de impugnación que rige en la sustanciación de todo proceso judicial, principio que reconoce el derecho de las partes de pedir a otro juzgador superior en grado revise la resolución del inferior; en este entendido el derecho a impugnar se constituye en el medio a través del cual se fiscaliza no solamente la decisión asumida por el Juez o Tribunal, sino la legalidad de la resolución, constituyéndose el derecho de impugnación en la petición que se materializa con la emisión de la resolución que el de alzada ha de emitir, dando una respuesta fundamentada y motivada a los agravios que generaron la impugnación.

En el caso presente, emitida que fue la Sentencia de primera instancia de 4 de marzo de 2009, misma que declaro improbada la demanda, probadas las excepciones perentorias de falta de acción y derecho e improbadas las formuladas por los demandados Pedro Rivera Eterovic y Raúl Marcelo Salinas Gamarra e improbadas las demás excepciones perentorias, a cuyo efecto el demandante Julio Gerónimo Valenzuela Eterovic en representación de Betty Eterovic Prada interpuso recurso de apelación contra la mencionada Sentencia, recurso del cual se advierte la existencia del siguiente agravio, donde se acusa que se habría prescindido de valorar la prueba documental consistente en los estados financieros y dictámenes de auditoria que demostrarían la existencia de la obligación a favor de la señora Betty Eterovic Prada, además de haber considerado a las minutas suscritas entre el deudor y la acreedora como documentos sin ningún valor.  

Apelación que en análisis y contrastación con el Auto de Vista recurrido se tiene que el mismo no contiene un análisis congruente con lo resuelto en Sentencia ni responde a los agravios denunciados por el ahora recurrente.

Del examen del Auto de Vista impugnado se evidencia que el Ad quem al anular el Auto de concesión de  Alzada y declarar ejecutoriada la sentencia,  lo hizo bajo el argumento de que; “la apelación carece de la fundamentación exigida por las normas legales citadas y obvia las características propias de una expresión de agravios, toda vez que no existe análisis crítico del fallo de primera instancia, con exposición de motivos y razones de hecho y de derecho que amerite consideración alguna de agravios sufridos…..”; En este contexto el Tribunal de Alzada habría fundado su decisión en la inexistencia de fundamentación que amerite la consideración del recurso, obviando dar respuesta al agravio denunciado en el recurso de apelación señalado supra; no habiendo sido absuelto por los de Alzada, por consiguiente esta resolución resulta ser incongruente y vulneratoria del art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Siendo que la decisión a asumir es anulatoria no corresponde ingresar a considerar el recurso de casación en el fondo.

Por todo lo expuesto, corresponde a este Supremo Tribunal fallar en la forma prevista por los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil de Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 del 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271 num. 3) con relación al art. 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista Nº REG/S.CII/ZGC/ASEN.304/20.08.2011 de 20 de agosto de 2011, que cursa de fs. 713 a 714, disponiendo que previo sorteo y sin espera de turno, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emita nueva Resolución, en sujeción a lo dispuesto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Siendo excusable el error no se impone multa.

En aplicación del art. 17.IV de la Ley Nº 025, notifíquese al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.