TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                 S A L A   C I V I L




Auto Supremo: 1014/2015 - L

Sucre: 16 de noviembre 2015

Expediente:         B 27 11 - S

Partes: Mercedes Chávez Alvarado. c/ Elizabeth Norma Monzón Monroy.

Proceso: Usucapión decenal.

Distrito: Beni.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 210 a 213 y vta., de obrados, interpuesto por Mercedes Chávez Alvarado contra el Auto de Vista Nº 120/2011 de 30 de mayo de 2011, cursante de fs. 203 a 204, pronunciado por la Sala Civil de la (entonces) R. Corte Superior de Justicia del Beni (hoy Tribunal Departamental de Justicia), dentro el proceso de Usucapión Decenal seguido por Mercedes Chávez Alvarado contra Elizabeth Norma Monzón Monroy, la respuesta de fs. 225 vta., concesión de fs. 227, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO I:                                                                                    ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La Juez Tercero de Partido en lo Civil y Comercial Trinidad- Beni, mediante Sentencia Nº 006/2011 de 07 de enero de 2011 de fs. 188 a 189 vta., declaró: PROBADA la demanda Ordinaria de USUCAPION en ejecución de Sentencia, se procederá al registro del Derecho propietario de carácter originario y constitutivo, con las características del lote señaladas en la demanda.

Contra dicha Resolución, Remberto Monzón Cordero en representación de Elizabeth Norma Monzón Monroy interpone recurso de apelación de fs. 193 a 195, mismo que mereció el Auto de Vista Nº 120/2011 de 30 de mayo de 2011, cursante de fs. 203 a 204, pronunciado por la Sala Civil de la (entonces) R. Corte Superior de Justicia del Beni (hoy Tribunal Departamental de Justicia), que REVOCA la Sentencia Apelada y declara IMPROBADA, la demanda principal en todas sus partes.

Resolución que dio lugar al recurso de Casación, interpuesto por Mercedes Chávez Alvarado, el mismo que merece el presente análisis.

CONSIDERANDO II:                                                                                             DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

1.- Refiere la recurrente que al momento de plantear el recurso de apelación por Roberto Monzón Cordero en representación de Elizabeth Norma Monzón Monroy, empero de obrados se advierte la no existencia de ningún Testimonio de Poder que acredite su personería para poder ser sujeto pasivo en la presente demanda de Usucapión, toda vez que los de instancia no han tomado en cuenta este aspecto, vulnerándose de esta manera el art. 50 del Código de Procedimiento Civil, así, como de los arts. 804, 809, 811-II, 821-1 y 827 del Código Civil.

2.- Del mismo modo impugna el Auto de Vista, sosteniendo que se habría lesionado el debido proceso, argumentando además, que la posesión señalada por el Tribunal de alzada comprendería desde el año de 2002 hasta el año 2009 y que la ahora recurrente no cumpliría con lo dispuesto por el art.138 del Código Civil, argumentando que el Ad quem no realiza un adecuado computo del plazo de la posesión toda vez que la demandante señala encontrarse en posesión desde mediados del año de 1995, y no bastaría señalar que el derecho propietario fuera registrado el 26 de agosto de 2002 por Elizabeth Norma Monzón Monrroy, vulnerándose de esta manera el art. 397 del Código de Procedimiento Civil con relación al art. 1286 del Código Civil, toda vez que el Juez está en la libertad de valorar toda prueba adjunta al proceso.

Por lo expuesto termina peticionando al Máximo Tribunal de Justicia (hoy Tribunal Supremo de Justicia) CASE el Auto de Vista, y deliberando en el fondo revoque la Resolución impugnada y confirme la Sentencia.

CONSIDERANDO III:                                                                                   FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

De manera introductoria es conveniente referir que la recurrente anuncia interponer recurso de casación en el fondo, empero, el mismo no es sino una confusa relación de hechos, además se incurre en imprecisiones y manifiestos contradictorios, no concretizando de manera clara y objetiva sus agravios, que dificultan la tarea de éste Tribunal Supremo de Justicia, sin embargo, en previsión del principio de acceso a la justicia regulado por el art. 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, soslayando aquellos defectos se ha podido extractar los siguientes agravios que merecen el presente análisis.

1.- Partiendo del primer reclamo, en relación a la impersoneria de Remberto Monzón Cordero para asumir defensa en representación de Elizabeth Norma Monzón Monrroy dentro el presente caso de autos. Al respecto, es menester señalar el principio de conservación de los actos, toda vez que de antecedentes que informan la presente causa, se conoce que una vez citada la demandada a través de su apoderado Remberto Monzón Cordero a fs. 167 con la demanda de Usucapión de fs. 4 a 5 y el Auto de Admisión de fs. 8 a 9, donde se evidencia que el mismo asume defensa y contesta a la acción principal en representación de Elizabeth Norma Monzón Monrroy, en ese antecedente el A quo al no advertir defecto alguno prosigue con el desarrollo de la causa, no obstante de ello, conforme al principio dispositivo que rige el proceso civil, la parte ahora recurrente de inicio no denuncia falta de forma en la citación, ni activa la facultad que le otorga el art. 336 nums. 2) y 4) del Código de Procedimiento Civil, porque no deduce excepción previa de “Incapacidad o impersonería del demandante o demandado, o de sus apoderados” o de “Obscuridad, contradicción o imprecisión en la demanda”, no obstante una vez dictado el Auto de relación jurídica procesal de fs. 171, la parte demandante de forma específica y en el término establecido por ley, no cuestiona dicha resolución con los recursos que la ley le franquea, más aun cuando el Juez de primera instancia pronuncia Sentencia, la recurrente a través de memorial de fs. 191, de forma expresa, clara, e inequívoca renuncia al recurso de apelación, admitiéndose de esta manera tácitamente la legitimación procesal del apoderado de la demandada, al haber convalidado toda actuación procesal y dejado precluir cualquier reclamo conforme lo establece el art. 16 de la Ley 025 Ley del Órgano Judicial, no infringiendo en consecuencia los arts. 804, 809, 811-II, 821-1 y 827 del Código Civil, por cuanto sus reclamos son inconsistentes.

2.- En principio y previo entrar al punto reclamado, cabe realizar algunas puntualizaciones, en ese entendido diremos que la usucapión llamada también “prescripción adquisitiva” es un modo originario de adquirir el dominio u otro derecho real, por la posesión continua e ininterrumpida, pública y pacífica por el plazo que dispone la ley, pudiendo ser sobre bienes muebles e inmuebles; respecto a la última distinguimos dos clases de usucapión: la ordinaria o quinquenal y la extraordinaria o decenal, siendo la última objeto del presente proceso.

En la usucapión, el elemento que juega un papel preponderante es la posesión, que sumado al tiempo, determinado por la ley, configuran la vértebra de la prescripción adquisitiva, elementos que deben ser allanados a los supuestos facticos por el que pretenda adquirir de este modo la propiedad.

Ahondando sobre el elemento posesión, el art. 87 del Código Civil señala: “I. La posesión es el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real”; norma que refiere sobre el ejercicio de hecho sobre la cosa y la intensión de tener sobre ella el dominio, postulado normativo que distingue los elementos objetivo y subjetivo de la posesión, concurrencia funcional posesoria, que desde la doctrina fue impulsada por Savigny en su teoría subjetiva de la posesión “…distinguiendo la posesión de la tenencia por el dominio físico de la cosa, que constituye el corpus; y, el comportarse como dueño en relación a la cosa, o sea, hacer con la cosa aquello que legalmente puede hacer su propietario, que compone el animus. Denotándose que la posesión es la autoridad de hecho que se ejerce sobre la cosa, satisfaciendo la necesidad propia por el comportamiento respecto a ella, sin que medie voluntad, subordinación o dominio ajeno sobre el bien del cual se tiene el acto posesorio”.

Sobre el tema el Auto Supremo Nº 281 de 29 de mayo de 2013 señaló: “Tanto la doctrina como la legislación, conciben a la posesión como un poder de hecho ejercido sobre las cosas (bienes), que produce efectos jurídicos, que implica la realización de actos positivos sobre la cosa que denotan la intención de comportarse frente al bien como si fuera el dueño.

En la posesión, el  poder material que se ejerce sobre el bien se sustenta en la voluntad libre e independiente de usar o aprovechar económicamente el bien, es decir, sin que se reconozca dominio ajeno sobre el mismo, es precisamente esa actitud lo que marca la diferencia entre la posesión y la tenencia…”.

Determinada la naturaleza de la posesión, es pertinente analizar los requisitos de ésta, a objeto de verificar cómo es que se allanan para permitir la usucapión sobre el inmueble en cuestión.

Los requisitos que hacen a la posesión para fundar en ella la usucapión son que aquella sea continua e ininterrumpida, pública y pacífica. El requisito de pacífica alude en primer término al acto inicial, al momento en que comienza la posesión que no puede ser obtenida por violencia y, consecuente, no puede mantenerla en ese estado coercitivo; bajo esta premisa también se funda el carácter de pública importa que el poseedor debe mostrar al propietario y a terceros como un poseedor con los requisitos del “corpus y el animus”, lo contrario hace que esa posesión clandestina y no pública cohíba sus efectos para originar en ella la usucapión. Es de anotar, que un estado de situación contrario a la exigencia de pacífica y pública, no permite transcurrir el plazo necesario para la usucapión, es por ello que la prescripción corre a partir del día en que cesan la violencia o clandestinidad, por expresa determinación del art. 135 del Código Civil.

El requerimiento de posesión continua e ininterrumpida, concibe la idea de posesión material sucesiva y permanente de la cosa, sin abandonar el estado posesorio del bien, salvo lo dispuesto por el art. 137 parágrafo II) del Código Civil, durante el tiempo en que la  ley ha prescrito el plazo de la prescripción adquisitiva, o sea la continuidad refiere un punto de partida en el tiempo, bajo un concepto de prolongación del mismo, desde el cual se ejerce la posesión.

Por lo señalado podemos precisar que, la posesión, manifiesta con el corpus y animus, durante el plazo de 10 años que la ley ha establecido para fundar la prescripción de la usucapión, no es un criterio subjetivo, sino, como se dijo, se exterioriza mediante actos de hecho de la usucapiente frente a la cosa, es por ello necesaria su identificación para contabilizar el tiempo de posesión, el inicio y transcurso de la prescripción, ya que, resulta lógico que la posesión, durante los 10 años, sea demostrada de manera efectiva y objetiva en su transcurso del tiempo, tal cual arguye la usucapiente.

Luego del desarrollo realizado se procede al análisis de la infracción deducida en el recurso.

En el sub lite, respecto a la violación y aplicación indebida del art. 138 del Código Civil, bajo el argumento que se acreditó la situación de poseedora de la recurrente por una serie de actos que denotan su actuación como propietaria. A tal cuestionamiento se debe señalar que de los datos extraídos de los antecedentes procesales, el argumento factico de la pretensión de la usucapión basa en que la hoy recurrente  sostiene que se encontraría en posesión del inmueble desde mediados de 1995,  fundando la prescripción adquisitiva en la posesión desde esa fecha y el ejercicio de dominio sobre el inmueble.

Sin embargo de antecedentes se tiene, que el lote de terreno objeto de la presente Litis, se encuentra ubicado en la Vía Colectora XIII, de la Urbanización Bello Horizonte, mismo que cuenta con una superficie de 312.50 Mts2., no obstante de señalar la recurrente que se encuentra en posesión del mismo desde el año de 1995, empero no señala que ese predio fuese de propiedad de bienes del Estado, es decir realizando una lectura integra del Auto de Vista Nº 120/2011, donde el Tribunal de alzada enfatizo de que: “…la documentación cursante en fs. 44 a fs. 48, evidencia que la demandada Elizabeth Monzón Monrroy, adquirió el inmueble objeto de la litis, en compra del Ex Fondo de Vivienda Social por Escritura Publica 81 de 18 de febrero de 2002, registrado bajo la Matricula Computarizada No. 8.001.0003136 de 11 de octubre de 2005. Y de que este inmueble, era de propiedad original del Fondo de Vivienda Social (Oficina de Derechos Reales, la Partida No. 99 del Libro de Propiedades de la capital y Cercado del año de 1991).

Por consiguiente, conforme previsiones contenidas en el art. 85 del Código Civil  y 137 de la anterior Constitución Política del Estado-artículo 339-II de actual: A-S. No. 195 de 2 de octubre de 2004- no corresponde considerar la usucapión demandada en tanto este bien, fue de propiedad del Estado: Vale decir hasta febrero 2002 y/o octubre de 2005 (año de adquisición y de registro a nombre de la demandada)”, argumentos y elementos que fueron analizados correctamente por parte del Tribunal de alzada, si bien la hoy recurrente señala estar en posesión de ese predio, empero no consideró que el mismo constituyó un bien público (Propiedad del Estado), tal cual lo establece el art. 339 de la Constitución Política del Estado, en su parágrafo II señala que: “Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable; no podrán ser empleados en provecho particular alguno. Su calificación, inventario, administración, disposición, registro obligatorio y formas de reivindicación serán regulados por la ley”, por su parte el art. 85 del Código Civil a la letra dispone: “Los bienes del Estado, de los municipios, de las universidades y otras entidades públicas, se determinan y regulan por la Constitución y las leyes especiales que les conciernen”. Los bienes del Estado siendo de dominio público, no son susceptibles de apropiación privada y están fuera del comercio humano de conformidad al art. 91 del Código Civil que refiere: “La posesión de cosas fuera del comercio no produce ningún efecto. Se salva lo dispuesto respecto a las acciones posesorias en el libro V del Código presente”. Asimismo la Ley de Municipalidades en su art. 131 señala: “En todo proceso de usucapión sobre bienes inmuebles susceptibles de aplicación de dicha figura, deberá citarse al Gobierno Municipal de la jurisdicción respectiva que, en función de los intereses municipales, podrá constituirse en parte directamente interesada, sin perjuicio de la citación al demandado, bajo sanción de nulidad. No procederá la usucapión de bienes de propiedad municipal o del Estado…”.

Elementos que se tiene, que evidentemente el Ex Fondo de Vivienda Social contó con su derecho propietario hasta fecha 16 de noviembre de 2000, toda vez que al estar inscrito en las Oficinas de Derechos Reales bajo la Partida No. 99 del Libro de Propiedades de la Capital y Cercado del año de 1991 hasta el 2000 año que transfirió ese derecho propietario a favor de Elizabeth Norma Monzón Monrroy, el mismo que fue inscrito en fecha 26 de agosto de 2002, bajo la matricula computarizada N° 8.001.0003136. Sin embargo de ello, al sostener por la propia demandante de encontrarse en posesión desde mediados del año de 1995, empero, no consideró que ese predio fuese de propiedad del Estado desde el año de 1991 hasta el año de 2000, no tomando en cuenta estos aspectos al momento de interponer la presente acción, advirtiéndose de esta manera el incumplimiento a lo dispuesto por el art. 138 del Código Civil, la posesión continúa e ininterrumpida, pública y pacífica que debe ser por el plazo de diez años para adquirir la propiedad por este modo. En el caso, como ya se explicó, la posesión útil se contabiliza desde fecha 16 de noviembre de 2000, fecha de la transferencia del lote de terreno, hasta el momento de instaurar la demanda que resulta ser el 11 de marzo de 2009, conforme el cargo de presentación (ver fs. 5 vta., de obrados), de lo explicado se colige que el recurso de casación, en estricta observancia de los puntos planteados, no tiene el suficiente fundamento para revertir la decisión asumida por el Ad quem, por lo que sus reclamos devienen en infundados.

Por todas las consideraciones efectuadas, se concluye que el Ad quem ha realizado un adecuado análisis de los hechos dentro del marco legal y razonable, no advirtiéndose vulneración de las normas legales denunciadas por la recurrente, correspondiendo por ello emitir resolución en la forma prevista por los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio 2010 y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara: INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 210 a 213 y vta., de obrados, interpuesto por Mercedes Chávez Alvarado contra el Auto de Vista Nº 120/2011 de 30 de mayo de 2011, cursante de fs. 203 a 204, pronunciado por la Sala Civil de la (entonces) R. Corte Superior de Justicia del Beni (hoy Tribunal Departamental de Justicia). Con costas.

Se regula honorarios profesionales en la suma de Bs. 1.000. (Un Mil 00/100 Bolivianos).

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.