TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 1013/2015 - L

Sucre: 16 de Noviembre 2015

Expediente:LP- 95-11 S

Partes: Juan Alberto CotrinoEguez y Otra.c/ Tomas Mamani Quispey Otros.

Proceso: Reivindicación de Propiedad, Acción Negatoria, Deslinde y

Resarcimiento de Daños  y Perjuicios

Distrito:La Paz


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 389 a 394,interpuesto porTomas Mamani Quispecontra el Auto de Vista S-317,de fecha18 de junio de 2011 de fs. 385yvta.,pronunciado por la Sala Civil Segunda dela (entonces) R.CorteSuperior de Justicia de La Paz, dentro el proceso deReivindicación de Propiedad, Acción Negatoria, Deslinde y Resarcimiento de Daños y Perjuiciosseguido porJuan Alberto Cotrino Eguez y Benita Angélica de la Cruz de Cotrinoencontra deTomas Mamani Quispe y otros; la contestación de fs. 396 a 398, elAuto de concesión de fs. 399, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El JuezPrimero de Partido en lo Civil-Comercial de la ciudad deLa Paz, pronunció Sentencia N° 074,de fecha15 de abril de 2010, de fs. 337 a 342 y vta., falla declarandoPROBADAla demanda interpuesta por Juan Alberto Cotrino Eguez y Benita Angélica de la Cruz de Cotrino, de fs. 13-14, en cuanto a la REIVINDICACION de su derecho propietario, debiendo procederse previa presentación del plano de ubicación aprobado  por la H. Alcaldía Municipal a la restitución de la fracción del terreno detentado por el demandado dentro de 15 días de haberse ejecutoriado la presente Sentencia e IMPROBADA con respecto a la Acción Negatoria, Deslinde y Resarcimiento de Daños y Perjuicios. Asimismo se declara IMPROBADA la demanda reconvencional de fs. 26-28 interpuesto por Tomas Mamani Quispe, sobre Mejor Derecho y Pago de Daños y Perjuicios, sin costas por ser juicio doble. 

Contra dicha Resolución,Tomas Mamani Quispe, interpone recurso de apelaciónde fs.346 a 351 y vta.,mismo que mereció el Auto de Vista S-317,de fecha 18 de junio de 2011 de fs. 385y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda de la (entonces) R. Corte Superior de Justicia de La Paz, queANULA el Auto de concesión del recurso de apelación de fecha 03 de septiembre de 2010 de fs. 362 vta., y declara ejecutoriada la Sentencia apelada.

Resolución que dio lugar al recurso de casación presentado por Tomas Mamani Quispe, el mismo que merece el presente análisis.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Refiere que a fs. 13-14, y que en fecha 14 de febrero  de 2002, se inicia la presente demanda interpuesta por Juan Alberto Cotrino Eguez y Benita Angélica de la Cruz de Cotrino, arguyendo que son propietarios de un lote de terreno, con una superficie  de 300 Mts2,  el que estaría ubicado en el manzano N° 21, con la letra “B” en el sector el Rosal de la Zona  de Inca Llojeta, Canto Achocalla, Provincia Murillo del Departamento de La Paz, derecho que se encuentra inscrito en las Oficinas de Derechos Reales bajo la Partida computarizada  N° 01328181 de fecha 26 de febrero de 1995.

Asimismo, refiere que dentro el proceso ha demostrado la tradición del lote de terreno que es de propiedad del ahora recurrente, toda vez que el Sr. Protacio Gamboa, propietario original del predio, adquiere su derecho en su condición de Comunario, mediante Resolución Suprema y Titulo Ejecutorial N° 072578, con una superficie  de 3.9399, predio ubicado en la región  del Inca Llojeta, Cantón Achocalla,  Provincia Murillo, derecho inscrito en las oficinas de Derechos Reales bajo la partida N° 406 fs. 232 vta., del libro 40 de fecha 27 de diciembre de 1965.

Por otro lado también refiere, que tanto en la demanda como en el curso del proceso, si bien han demostrado haber adquirido un lote de terreno el mismo que se encuentra ubicado en la zona Inca Llojeta, Canto Achocalla de la Provincia Murillo, empero en ningún momento se ha probado que estas Escrituras corresponderían al predio de mi propiedad, que el mismo corresponde a la Urbanización el Rosal Llojeta calle “B” N° 10, antiguamente denominado Huarampampa, ratificado por la planimetría adjuntado a fs. 96, aspecto que constituye un agravio, toda vez que se estaría aprovechando de una Escritura en la que no se refiere concretamente a la propiedad que habrían adquirido en calidad de transferencia.

Del mismo modo refiere como un aspecto de agravio que el Auto de fs. 52, por el que se establece la relación procesal, y sujeto a término de prueba como los hechos a probar lo cual es notificada expresamente a Luis Mamani, Tomas Mamani  y Juan Alberto Cotrino, con el que se ha omitido notificar a la co-demandante Benita Angélica de la Cruz de Cotrino, de donde se infiere que para esta persona no se ha abierto el termino de prueba por consiguiente lógica ella no ha probado extremo alguno  de su demanda.

Señalando además, que de forma oportuna se habría reclamado de la inexistencia del co-demandado de nombre Luis Mamani Quispe, quien en forma completamente dolosa se ha nominado sin haber identificado de forma expresa de ahí que a fs. 230 de obrados, se ha pedido la nulidad de obrados con el argumento que resulta completamente oficioso el proseguir la acción contra una persona  desconocida, incumpliendo de esta forma el art. 327 numeral 4) del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente refiere, como otra especie de agravio, que se habría sometido al debido proceso, conforme establece el art. 1, 90, del Código de Procedimiento Civil, no justificando de manera alguna el desistimiento, curiosamente realizado a favor de un demandado desconocido, de tal manera no pueden ser ignorados los principios de congruencia, exhaustividad y pertinencia en contravención a la norma precitada.

Por todo los argumentos expuesto termina peticionando a la (entonces) Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo de Justicia), case el Auto de Vista impugnado o anule hasta fs. 13 inclusive.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Que, en función a los fundamentos expuestos del recurso de casación en la forma, corresponde analizar la impugnación, teniéndose al respecto que:

La administración de justicia o actividad jurisdiccional tiene por finalidad prevenir, solucionar o dirimir conflictos, de ahí que se hayan creado instrumentos de aplicación y de ejecución que permitan materializar los derechos que tiene todo ser humano. Actividad tan importante como esta incuestionablemente recae sobre el órgano judicial, sin embargo tal actividad no se encuentra expedita de fallas, por el contrario se caracteriza por su factibilidad, en tal sentido se busca una forma de rectificar, enmendar los posibles errores que pudieran generarse en la administración de justicia.

En ese entendido se encuentra el recurso de apelación, derecho que cuenta la parte agraviada para hacer efectiva la doble instancia reconocida en nuestra legislación por el art. 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado que garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; al igual que el artículo 8-h) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica; ambas normativas determinan que toda persona tiene derecho a recurrir del fallo ante Juez o Tribunal superior. Disposiciones legales, que conforman el bloque de constitucionalidad que reconocen el derecho a la impugnación o a la doble instancia, derecho que se materializa no con el simple enunciado normativo que reconozca a la parte la posibilidad de interponer un recurso de Alzada sino con la respuesta motivada y fundamentada que otorgue el Tribunal de Alzada respecto a los agravios que fundan su impugnación.

La impugnación o apelación de fallos judiciales es una garantía judicial que da paso a la doble instancia procesal, bajo el criterio y espera que el Tribunal de Alzada, pueda advertir y corregir algunas inobservancias de las normas jurídicas vigentes erróneamente aplicadas por los juzgadores, por eso la doctrina nos enseña que el recurso de apelación es considerado como el más importante y usual de los recursos ordinarios, es el remedio procesal a través del cual se pretende que un Tribunal jerárquicamente superior, revoque o modifique una Resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos o de la prueba, recurso de Alzada que constituye un nuevo juicio respecto a aquellos puntos que han sido resueltos por el inferior y que han sido impugnados por la parte recurrente.

En el sub lite, partiendo del razonamiento del Tribunal de alzada al establecer en el entendido de que: “…el recurso ordinario de apelación, debe cumplir con la fundamentación de agravio sufrido ante el Juez que dictó la Sentencia o auto, requisito necesario e imprescindible para que el Tribunal de Alzada ingrese a considerar el recurso, por cuanto el Art. 236 del indicado cuerpo legal, determina que el Auto de Vista, debe circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de apelación y fundamentación referida en el primer articulado, en ese sentido, el apelante en el recurso esta inevitablemente obligado a indicar con claridad y precisión en que medida y forma le es gravosa la resolución, detallando sus omisiones y errores fundamentales, que son las que señalan y fijan la competencia del Tribunal de Segunda Instancia…En el presente caso, de la lectura del memorial de apelación de fs. 346-351 presentado por Tomas Mamani Quispe, se constata que el mismo se limita hacer una relación cronológica de los antecedentes del proceso y de la prueba que ha acompañado, situación ajena a la sentencia impugnada”…argumentos y elementos que no fueron analizados de manera correcta por parte del Tribunal de Alzada, toda vez que de la lectura del recurso de apelación se verifica que el recurso de apelación presentado por Tomas Mamani Quispe que cursa de fs. 346 a 351 y vta., de manera concreta expresasus agravios que hubiese sufrido con la Resolución dispuesta por parte del A quo, los mismos que se encuentran identificados de la siguiente manera:

Primero:refieresi bien refiere haber adquirido un lote de terreno y que el mismo que se encuentra ubicado en la zona Inca Llojeta, Canto Achocalla de la Provincia Murillo, empero en ningún momento se ha probado que estas Escrituras corresponderían al predio de mi propiedad, que el mismo corresponde a la Urbanización el Rosal Llojeta calle “B” N° 10, antiguamente denominado Huarampampa, ratificado por la planimetría adjuntado a fs. 96, aspecto que constituye un agravio.

Segundo:Refiere como un aspecto de agravio que el Auto de fs. 52, por el que se establece la relación procesal, y sujeto a término de prueba como los hechos a probar lo cual es notificada expresamente a Luis Mamani, Tomas Mamani y Juan Alberto Cotrino, sin embargo se ha omitido notificar a la co-demandante Benita Angélica de la Cruz de Cotrino, de donde se infiere que para esta persona no se ha abierto el termino de prueba por consiguiente lógica ella no ha probado extremo alguno  de su demanda.

Al tercero: Señala que de forma oportuna se habría reclamado la inexistencia del co-demandado de nombre Luis Mamani Quispe, toda vez que a fs. 230 se habriasolicitado la nulidad de obrados con el argumento que resulta completamente oficioso el proseguir la acción contra una persona  desconocida, incumpliendo de esta forma el art. 327 numeral 4) del Código de Procedimiento Civil.

Cuarto:Finalmente refiere, como otra aspecto de agravio, que se habría sometido al debido proceso, conforme establece el art. 1, 90, del Código de Procedimiento Civil, no justificando de manera alguna el desistimiento, curiosamente realizado a favor de un demandado desconocido, de tal manera no pueden ser ignorados los principios de congruencia, exhaustividad y pertinencia en contravención a la norma precitada.

Agravios que se encuentran fundamentados en el recurso de apelación de manera puntual con aspectos que en su entender debieran ser considerados por parte del Ad quem; en ese marco, debemos señalar que concurre agravio cuando existe una insatisfacción total o parcial de cualquiera de las pretensiones sean estas principales o accesorias planteadas en el litigio, debiendo considerarse además que el recurso de apelación no está reglado por una técnica recursiva ni supeditado a requisitos estrictos como concurren por ejemplo en el recurso de casación, infiriéndose entonces que para la anulación de la concesión del recurso en el presente caso, ciertamente el Tribunal Ad quem no ha verificado ni comprendido que el recurso sí tiene la expresión de agravios de manera escueta pero precisa, no de manera extensa o con las explicaciones que suele presentarse un recurso de estas características, empero con la identificación necesaria de agravios, esto implica el cumplimiento de lo señalado por los arts. 219 y 227 del Código de Procedimiento Civil, no siendo correcto que el Tribunal Ad quem haya razonado en sentido inverso para finalmente anular el Auto de concesión del recurso de apelación, contrariando de esta forma al debido proceso y vulnerando el derecho que tiene la parte recurrente de acceder a una Resolución de segunda instancia, a fin de que sea reexaminado el caso planteado en ejercicio de su derecho a la impugnación consagrado en la norma Constitucional en su art. 180 parágrafo II.

Finalmente corresponde precisar, en caso de encontrarnos con un recurso de apelación que sí realmente no cuente con exposición de agravios, lo correcto es que el Ad quem confirme la Sentencia con la aclaración de que no se ingresó a consideración alguna de fondo, en virtud a la carencia absoluta de agravios en la apelación y no así anular obrados hasta el Auto de concesión; porque, conforme al nuevo entendimiento de las nulidades procesales resulta inadecuada la aplicación de una decisión anulatoria de obrados cuando el recurso de apelación no contenga la expresión de agravios requerida, más aun teniendo presente que el recurso de apelación defectuoso no constituye un acto procesal viciado o que afecte al debido proceso y ofenda al derecho a la defensa del contrario, sino que es una eventualidad propia del proceso, que no afecta al desarrollo de la causa y por ende al derecho de las partes; criterio que se adopta modulando anterior línea jurisprudencial heredada de la extinta Corte Suprema de Justicia y mantenida en algunos Autos de este Tribunal Supremo de Justicia; postura asumida en estricta aplicación y entendimiento que otorga el art. 16 par. I de la Ley N° 025 que dice: “Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer las etapas concluidas, excepto cuando existiere irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a Ley”. 

Por lo señalado concluiremos indicando que el Tribunal de Alzada ha incurrido en infracción del art. 254 num. 4) del adjetivo Civil, por dicho motivo corresponde aplicar lo previsto por los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, conforme dispone la atribución prevista en el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 y en aplicación a lo determinado en los arts. 271 num., 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista y dispone que previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevaResolución dentro del marco jurisdiccional que establece el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Siendo excusable el error no se impone multa alguna.

En virtud a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, remítase copia de la presente Resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de Ley.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Rómulo Calle Mamani.