TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A   C I V I L


Auto Supremo:1011/2015 - L                                                Sucre: 16 de Noviembre 2015                                                        Expediente: CB-159-11-S                                                                Partes:Carlos Antonio Velasco Languideyc/Alberto AranibarStrampferProceso:Rendición de Cuentas

Distrito:Cochabamba


VISTOS:Los  recursos  de casación  en la forma de fs. 390a 391, interpuesto por Marcos Julio Goytia Sardon en representación de Alberto Aranibar Strampfer y el recurso de casación en la forma interpuesto por Nancy Vargas Vargas de Jerez y Mario Jorge Jerez Calle en representación de Carlos Antonio Velasco Languidey, contra el Auto de Vista  NºREG/S.CH/ZGC/ASEN.314/22.08.2011de fecha 22 de agosto de 2011, cursante de fs. 386 a 387, pronunciado por la Sala Civil Segunda delaentonces Corte Superior de Justicia de Cochabamba dentro del proceso ordinario de Rendición de Cuentas seguido por Carlos Antonio Velasco Languidey contra Alberto AranibarStrampfer,larespuesta al recurso,el Auto de concesión delos  recursos de fs. 403, los antecedentes del proceso; y

CONSIDERANDO I:                                                                        ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez de Partido Segundo en lo Civil dela ciudad de Cochabambamediante Sentencia de fecha 03 de Septiembre de 2009cursante de fs. 345 a 346 y vta., por la cual declara probada la demanda, ordenando en consecuencia que el demandado rinda cuentas de la gestión demandada en el plazo de 8 días de ejecutoriada la Sentencia, bajo conminatoria de ley.

Contra esa Sentencia de primera instancia eldemandado, dentro el plazo legal interpuso recurso ordinario de apelación.

Concedido el indicado recurso la Sala Civil Segunda delaentonces Corte Superior de Justicia de Cochabamba, pronunció el Auto de Vista Nº REG/S.CH/ZGC/ASEN.314/22.08.2011 en fecha 22 de agosto de 2011, por el cual confirma la Sentencia apelada con la modificación de que también el actor está obligado a presentar rendición de cuentas de su administración de gestión; contra esta Resolución de segunda instancia tanto el demandantecomo el demandado interpusieron  recurso de casación en la forma.

CONSIDERANDO II:                                                                        DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del Recurso de Casación de Marcos Julio Goytia Sardon, en representación de Carlos Antonio Velasco Languidey.

1.- El Tribunal no hace una revisión minuciosa de la Sentencia pronunciada sobre todo del testimonio de poder Nº 521/01 de fecha 20 de julio de 2001, otorgado por ante Notario Dr. Abraham Lazarte Lizarazu ya que no es el mismo que se menciona en su demanda, toda vez que se hace referencia al Testimonio Nº 870/2002, personería que no ha sido considerada en la Resolución, la autoridad ni siquiera se ha dado a la molestia de revisar los testimonios que como Director del proceso tiene el deber de cuidar de que los procesos se desarrollen sin vicios de nulidad, al no considerar en Sentencia se estaría apartando de la norma constitucional a interceptado, y no le está dando esa validez jurídica que además tiene un efecto vinculante y obligatorio a todos los Poderes del Estado, razón por la cual debió ser considerada en la Resolución.

2.- El Auto de fecha 07 de abril de 2003, cursante a fs. 55,56, tampoco efectúa una compulsa debida al proceso, ya que la demanda planteada por el apoderado no cumple lo estrictamente dispuesto por el art. 327 incs. 3,4,5 y 6 del Código de Procedimiento Civil, ya que la misma no establece con claridad contra quien va dirigida dicha demanda y lo que es peor admite una demanda con un testimonio de poder y a momento de dictar Sentencia le da validez a un poder inexistente, y era deber del Juez examinar cuidadosamente la personería de las partes, en caso de no contar con este requisito correspondía a su autoridad el rechazo de la demanda y el Juez de de primera instancia parece no haber examinado cuidadosamente la personería del demandante cursante a fs. 51, por lo que solicita se dice Auto Supremo casando el Auto de Vista en parte por consiguiente se mantenga subsistente la modificación y se declare la nulidad de actos procesales, por no haberse tramitado el proceso con la debida solemnidad.

Del Recurso de Casación de Nancy Vargas Vargas de Jerez y Mario Jorge Jerez Calle en representación de Carlos Antonio Velasco Languidey.

1.- Los recurrentes señalan que interponen recurso de casación en la forma sobre la modificación que cursa en el Auto de Vista y Auto Complementario, ya que viola las formas esenciales del proceso, al haberse otorgado más de lo pedido violando lo dispuesto por los arts. 86,327,348 y 236 todos del Código de Procedimiento Civil y el principio Congruencia y Exhaustividad ya que en la parte considerativa y resolutiva del Auto de Vista refiere que también nuestro mandante está obligado a presentar rendición de cuentas de su administración o gestión y que este hecho viola el principio procesal de disponibilidad previsto por el art. 86 del Código de Procedimiento Civil y no se observa lo dispuesto por el art. 1449 del Código Civil, señalando además que el Auto de Vista se ha proveído sobre derechos que no han sido demandados en cumplimiento a lo establecido por el art. 327 concordante con el art. 348 ambos del Código de Procedimiento Civil y que en el caso de Autos se resuelve algo que no se ha demandado como acción reconvencional, evidenciándose además que no existe acción reconvencional pidiendo a su mandante rendición de cuentas por lo que solicitan se dicte resolución anulando el Auto de Vista recurrido sobre la modificación y manteniendo el Auto de Vista con relación a la confirmación.

CONSIDERANDO III:                                                        FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Del Recurso de Casación de Marcos Julio GoytiaSardon, en representación de Carlos Antonio Velasco Languidey.

1.-Respecto a que el Tribunal de segunda instancia no hace una revisión minuciosa de la Sentencia, ya que la personería no ha sido considerada en la Resolución, corresponde señalar que efectivamente a tiempo de interponer la demanda (fs. 35), el apoderado se apersona a merito del Poder Nº 870/2002, siendo el número correcto de testimonio el 521/2001, sin embargo el demandado a tiempo de contestar la demanda (fs.155) a través también de apoderado no hace observación alguna a dicha anomalía, en su momento pudo interponer la excepción de impersonería prevista en el numeral 2) del art. 336 del Código de Procedimiento Civil y al no haberlo hecho ha dejado precluir su derecho,no constituyendo este error un hecho trascendental como para anular obrados.

2.- En lo que concierne a que la demanda no cumple con lo estrictamente dispuesto por el art. 327 numerales 3),4),5) y 6) del Código de Procedimiento Civil, corresponde dejar claramente establecido y para lo cual se hace necesaria nuevamente la revisión a la contestación a la demanda de la cual se extrae que el supuesto agravio traído en casación tampoco ha sido observado en el plazo y la forma establecida por nuestro ordenamiento procesal civil, debiendo tener presente el recurrente que la nulidad procesal es considerada como medida de ultima ratio y que esta medida sólo puede ser aplicada en casos extremos cuando la irregularidad procesal viole el derecho a la defensa a condición de que esta situación sea reclamada oportunamente por la parte afectada o cuando la misma no ha tenido un verdadero conocimiento de la existencia del proceso o finalmente cuando no tuvo la posibilidad de defenderse en juicio por causas completamente ajenas a su voluntad; en síntesis la nulidad procesal deberá ser aplicada para precautelar y hacer realidad el valor de la justicia, hecho que no acontece en el presente caso.

Correspondiendo en consecuencia resolver en la forma prevista por los arts. 271 num. 2) y 273) ambos del Código de Procedimiento Civil.

Del Recurso de Casación de Nancy Vargas Vargas de Jerez y Mario Jorge Jerez Calle en representación de Carlos Antonio Velasco Languidey.

Del contexto del recurso de casación, se tiene que el agravio denunciado gira en torno a que la resolución recurrida resulta ser ultra petita, al respecto corresponde señalar que la incongruencia identifica en dos esferas: 1) aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración, nos encontramos frente a la llamada incongruencia positiva; 2) cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial, nos encontramos frente a la incongruencia negativa. Además corresponde señalar que la incongruencia positiva adopta a su vez dos modalidades: 1) “ultra petita”, cuando el Juez otorga más de lo pedido; y 2) “extra petita”, cuando otorga algo distinto de lo pedido; respecto a la incongruencia negativa, la misma se verifica cuando el Juez omite el debido pronunciamiento sobre algunos de los términos del problema judicial, lo que se denomina como “citrapetita”, es decir cuando el Juez deja sin resolver algo que se ha pedido o excepcionado.

Así mismo la Sentencia Constitucional Nº 1673/2011-Rde fecha 21 de octubre sobre la congruencia señala lo siguiente: “Por congruencia debe entenderse la correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto; en ese orden la SC 0486/2010-R de 5 de julio, puntualizó:“De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

En el caso de Autos se tiene que el demandado debidamente citado con la demanda voluntaria de rendición de cuentas, este adjuntando fotocopias contesta señalando que tiene a bien presentar la rendición de cuentas, la que habiendo sido corrida en traslado el demandante indica que los documentos que pretende hacer valer el demandado son simples fotocopias sin valor legal alguno, por lo que el Juez de Instrucción Segundo en lo Civil al amparo de lo previsto por el art. 693 del Código de Procedimiento Civil dicta el Auto de fecha 07 de abril de de 2004 por el cual declara contencioso el proceso de rendición de cuentas, ordenándose la remisión de obrados ante el Juez de Partido de Turno en lo Civil.

En cumplimiento de dicha determinación, obrados son remitidos a conocimiento del Juez de Partido Segundo en lo Civil, por memorial de fs. 168 el apoderado del demandante se apersona ante dicho Despacho aclarando al Juez que por error de la sala de repartos el proceso ha sido clasificado como apelación, no siendo correcta esta aplicación, pidiendo en lo que corresponde a la atribución del Juez corregir esta anomalía y se proceda de acuerdo a Ley, en conocimiento de este memorial a fojas 168 vta., el Juez A quo dicta la siguiente providencia: “Téngaselo por apersonado a Carlos Velasco Languidey AL OTROSI.- En mérito a lo expuesto y conforme a lo previsto por el Auto de fecha 7 de Abril pasado se declara contencioso la presente causa y se ordena que se remite ante un Juzgado de Partido de Turno en lo Civil, la misma fue remitido a Sa de repartos, quien previo sorteo corresponde conocer a éste Tribunal, por lo que se rectifica que la causa no ingresa en grado de apelación sino como una causa nueva, debiendo a tal efecto correrse en Traslado a Alberto AranibarStrampfer…” (Sic.), debidamente notificado el demandado con el traslado corrido, este no fue contestado habiéndose tramitado la causa sin haberse observado este aspecto por las partes empero este hecho ha sido convalidado toda vez que no ha habido reclamo al respecto.

De todo lo relacionado precedentemente se tiene que no cursa en el expediente solicitud vía acción o excepción, ni mucho menos petición expresa del demandado de que el actor deba rendir cuentas, por lo que se concluye que el Tribunal Ad quem al haber confirmado la Sentencia con la modificación de que también el actor está obligado a presentar rendición de cuentas de su administración, ha infringido lo dispuesto por el num. 4) del art. 254 del Código de Procedimiento Civil al haber otorgado más de lo pedido por las partes.

Correspondiendo en consecuencia resolver en la forma prevista por el art. 271 num. 3), con relación al art. 275 ambos del Código de Procedimiento Civil

PORTANTO:La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.Inum. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma interpuesto porMarcos Julio GoytiaSardon, en representación de Carlos Antonio Velasco Languidey y en aplicación de los arts. 271 num.3) y 275 del mismo Código adjetivo Civil, ANULA el Auto de Vista, Resolución Nº REG/S.CH/ZGC/ASEN.314/22.08.2011 de fecha 22 de agosto de 2011, cursante de fs. 386 a 387 y dispone que el Tribunal sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nueva Resolución debidamente fundamentada con arreglo a lo dispuesto por el art. 236 del Código Adjetivo de la materia.

Sin responsabilidad por ser error excusable.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17.IVde la Ley Nº 025, hágase conocer la presente Resolución al Consejo de la Magistratura para los fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator:Mgdo. Rómulo Calle Mamani.