TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                         S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 1003/2015 - L

Sucre: 05 de Noviembre 2015

Expediente: CB 164 11 - S 

Partes: Benigno Gabriel Janco c/ Yolanda Gladys Orellana López, Alfredo

           Bustamante Rejas y Santiago Torrez San Miguel    

Proceso: Nulidad de documento de compraventa  

Distrito: Cochabamba


VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 237 a 243 y vta., interpuesto por Benigno Gabriel Janco representado por Franklin Gabriel Choque contra el Auto de Vista Nº REG/S.CII/ZGC/ASEN.313/22.08.2011 de 22 de agosto de 2011, de fs. 233 a 234, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba (hoy Tribunal Departamental de Justicia), en el proceso ordinario de nulidad de documento de compraventa seguido por Benigno Gabriel Janco contra Yolanda Gladys Orellana López, Alfredo Bustamante Rejas y Santiago Torrez San Miguel; sin respuesta al recurso; el Auto de concesión de fs. 246; los antecedentes del  proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Benigno Gabriel Janco, adjuntó literales a 25 fojas, demanda de fs. 26 a 29, de fs. 31 y fs. 43 amparado en los arts. 549-1), 2), 3), 4) y 5), 489, 490, 546, 584 y 984 del Código Civil; arts. 121 del Código de Tránsito y 329 de su Reglamento, manifestando que el 15 de octubre de 1999, mediante documento privado reconocido, suscribió un contrato de venta de vehículo Camión figurando como vendedores Yolanda Gladys Orellana López y Alfredo Bustamante Rejas como “absolutos propietarios” por el precio de $us. 30.000 adelantando de su parte $us. 10.000 agregándose la suscripción de la minuta traslativa de dominio a su favor una vez concluido con el pago del saldo de $us. 20.000 acordándose la garantía solidaria y mancomunada de Santiago Torrez San Miguel para el cumplimiento de la obligación quien en los hechos había sido el auténtico propietario del motorizado como consta en el carné de propiedad (RUA). En fechas diferentes posteriormente canceló a los vendedores la suma de $us. 11.400 que constan en recibos haciendo en total de $us. 21.000 cancelados a los supuestos propietarios. El 25 de febrero de 2001, sufrió un accidente de tránsito con el vehículo en el camino Oruro-Llallagua que ocasionó grave desperfecto en el camión cuyo costo de reparación ascendió a $us. 3.000 ante ello, el garante bajo presiones le hizo suscribir un documento que desconoce, recogió el camión arbitrariamente prometiendo que se le restituirían los dineros ya cancelados a los supuestos propietarios quienes considerándole fallecido en el accidente iniciaron demanda de cumplimiento de contrato en contra de sus herederos así como al garante, proceso en el que negaron haber recibido pago alguno, en cuya Sentencia de 9 de noviembre de 2002, se declaró improbada la demanda ya que no puede demandarse cumplimiento ni resolución de contrato. El objeto del contrato es ilícito ya que los vendedores se hicieron pasar por propietarios transfiriendo el camión sin contar con el carné de propiedad del vehículo cometiendo incluso estelionato insertando datos falsos en el documento. El verdadero propietario y titular del carné de propiedad, Santiago Torrez San Miguel, participó en esos hechos constituyéndose en garante y propietario a la vez siendo una venta sin causa ni motivo lícito, contrario a la ley, y aun si el documento fuera válido carecería de forma que se exige para su perfeccionamiento (solo mediante instrumento público) por tanto, la causa y el motivo que generaron el documento de 15 de octubre de 1999 son ilícitos, la venta es fraguada ya que los supuestos vendedores se aprovecharon de su buena fe a quienes les canceló diferentes montos de dinero, el garante después de haber hecho reparar el camión lo retiene sin justificativo alguno ocasionándole daños y perjuicios, existe error esencial sobre el objeto que no podía ser venta de vehículo al no ser de propiedad de los demandados. Demanda la nulidad del documento de compraventa y su reconocimiento de firmas ambos de 15 de octubre de 1999, la restitución de los importes pagados así como el pago de daños y perjuicios.

Santiago Torrez San Miguel de fs. 45 y vta., responde y excepciona señalando que su intervención dentro del contrato es accesoria solo como garante reatado a la obligación de cumplir con el pago al acreedor en defecto del deudor por eso es sui generis que el actor inicie demanda contra su propio garante aunque la acción se refiere a la nulidad del documento de cuyas resultas se establecerá si debe pagar al acreedor en defecto del deudor. Suscita excepción de falta de acción y derecho del acto porque no está legitimado para plantear una demanda de nulidad por cuanto su persona se constituye en una sola persona con el deudor resultando impropia la acción incoada.

Yolanda Gladys Orellana López y Alfredo Bustamante Rejas, de fs. 79 a 82 y vta., mediante apoderada responden la demanda y deducen reconvención refiriendo que mediante minuta de 10 de julio de 1999 de compraventa de vehículo motorizado Santiago Tórrez San Miguel transfirió a favor de Alfredo Bustamante Rejas el camión marca Volvo modelo 1984, minuta que les otorga pleno derecho propietario. En relación al documento de 15 de octubre de 1999, el precio pactado fue de $us. 30.000 de los cuales al momento de su suscripción recibieron la suma de $us. 10.000 y el saldo de $us. 20.000 debía ser cancelado en el plazo de 18 meses que fue incumplido por el demandante. En la cláusula quinta Santiago Torrez San Miguel se constituyó en garante solidario del contrato, el saldo de $us. 20.000 no fue cancelado sino parcialmente por el comprador y por el garante por lo que a raíz de dicho incumplimiento es que no se realizó la suscripción de la minuta de dominio. Era de conocimiento del comprador que en el documento de 15 de octubre de 1999 se aclara que la carnet de propiedad está a nombre de su anterior propietario, Santiago Torrez San Miguel, hecho que no impide que firmen la minuta traslativa de dominio a favor del comprador cuando cancele la totalidad de la deuda; es falso que en total habría cancelado $us. 11.400 ni son idóneos los recibos presentados porque son simples fotocopias, además este monto no canceló únicamente el comprador sino también el garante. Respecto del accidente y que luego el garante habría recogido el camión, asunto que corresponde al comprador con su garante y escapa de su responsabilidad. El documento de 15 de octubre de 1999 no es nulo ya que el objeto del contrato tiene todos los requisitos exigibles por ley, en cuanto a la forma, si bien es un documento privado pero por la intención común de las partes este documento tiene las características de un compromiso de venta que se perfeccionará con la minuta traslativa de dominio, y la causa en dicho contrato es lícita toda vez que la prestación que ambos asumieron está acorde con un contrato de obligación legal y recíproca. Al parecer el garante retiene el vehículo por haber realizado pagos tanto del precio del vehículo como por gastos de reparación por el siniestro aclarando que el demandante ha tenido el vehículo en su posesión por más de 8 años, no obstante ese es un problema entre ambos. Reconviene señalando que el citado documento de 15 de octubre de 1999 ha sido reconocido lo que le otorga validez probatoria, a través de este documento comprometieron en venta un vehículo a favor del demandante por $us. 30.000 con la garantía de Santiago Torrez San Miguel recibiendo la suma de $us. 10.000 y en el plazo de 18 meses el comprador se comprometía a cancelar los restantes $us. 20.000, a cuyo término se iría a suscribir la minuta traslativa de dominio, y en caso de incumplimiento, se estipulaba que los vendedores estaban facultados para recuperar el vehículo renunciando el comprador a los dineros entregados por lo que reconvienen solicitando el cumplimiento del contrato de 15 de octubre de 1999 contra el demandante y el garante.

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez de Partido Cuarto en lo Civil de la ciudad de Cochabamba, mediante Sentencia de 12 de noviembre de 2009, declaró improbada la demanda, improbadas las excepciones opuestas contra la demanda reconvencional, improbada la mutua petición así como las excepciones perentorias opuestas contra la demanda principal, sin daños y perjuicios planteados en la demanda ni costas.

En grado de apelación, la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba (hoy Tribunal Departamental de Justicia), mediante el Auto de Vista de 22 de agosto de 2011, anuló el Auto de concesión de Alzada de 21 de enero de 2010, y de contrario declaró ejecutoriada la Sentencia apelada y Auto complementario de 21 de noviembre de 2009; contra dicha Resolución la parte demandante recurre en casación en la forma.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Casación en la forma:

1º Señala que sin ningún justificativo acusan de falta de fundamento de la apelación para anular el Auto de concesión y declarar ejecutoriada la Sentencia, pero tienen el deber de motivar por qué les parece que no existe fundamentación. Confunden el recurso de apelación con el recurso de casación puesto que en el art. 258 del Código de Procedimiento Civil, se establecen requisitos del recurso de casación que no es igual al de apelación que no contiene dichos requisitos procesales por lo que solamente sirve de pretexto para deshacerse de la valoración a la que están constreñidos más aún si la apelación es un recurso ordinario por lo que es decepcionante que el Tribunal de Apelación omita el pronunciamiento bajo pretexto de falta de fundamentación. No existe motivación sobre los cuatro puntos específicamente apelados restringiendo derechos constitucionales vulnerando el art. 236 de la norma precitada, por lo que anulando debe disponerse el pronunciamiento de un nuevo Auto de Vista.

2º El Auto de Vista no ha cumplido con lo previsto con el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, al no haberse pronunciado sobre ninguno de los puntos apelados olvidando deliberadamente analizar su contenido, justificando dicha falta de pronunciamiento con supuesta falta de fundamento, esos puntos apelados son los siguientes:

1. Inexistencia en el contenido de la Sentencia de las normas especiales aplicables a transferencias de vehículos constituyendo omisiones que afectan todo su contenido y demuestran su ilegalidad íntegra, referidos a los arts. 121 y 137 del Código de Tránsito y 329 y 372 de su Reglamento que han sido omitidas en Sentencia, que deberían aplicarse con prioridad a la ley general;

2. Errónea valoración de la Sentencia con referencia al contrato cuya nulidad se demanda catalogándolo como simple compromiso de venta derivando en una ilegal motivación al declarar que el objeto fuese licito, porque se refiere al contrato como un simple compromiso de venta que solamente generaría obligaciones recíprocas que las partes deberían demandarse entre sí puesto que el documento objeto de nulidad en forma clara establece la cesión, venta y transferencia del vehículo, entonces no es un mero compromiso de venta por tanto, se trata de una venta sin objeto licito, carente de forma legal y con causa y motivo ilícito, si bien existe precio, la cosa y las partes empero este contrato no se basa en un derecho propietario legal de los supuestos vendedores;

3. Inexistente valoración de la Sentencia con referencia a la falta de forma del contrato acusado de nulo, con omisiones y contradicciones, la Sentencia no ha valorado las normas de Tránsito y por tanto se ha omitido considerar la nulidad demandada por falta de forma de los contratos sin considerar que dichas normas de Tránsito tienen relación directa con la causal de nulidad prevista en el art. 549-1) y 491-5) del Código Civil, tampoco se ha tomado en cuenta que los vendedores carecen de derecho propietario porque carecen de carnet de propiedad demostrándose que el documento de fs. 1 a 3, es una venta y no solo un compromiso de venta ni es válido el argumento que supiese que el vehículo estaba registrado a nombre del garante. Por ello la Sentencia es errónea por omisión en la valoración de la nulidad por falta de forma y ha vulnerado todas las normas correlativas a la nulidad y sus efectos legales;

4. La Sentencia incurre en errores en lo referente a las causales de nulidad del documento sobre causa y motivo ilícito del contrato, puesto que estas causales se han probado, el fallo recurrido considerar que la causa del contrato de venta es para el vendedor el precio y para el comprador la cosa, pero no valora que en este caso tanto el precio como la cosa son contrarios al orden público, a la ley y a las buenas costumbres, esta venta es fruto de estelionato y colusión entre los vendedores y garante por tanto el precio no es licito que se pague a quien no es propietario. La nulidad es inconfirmable por tanto el documento no da para demandar el cumplimiento de obligaciones recíprocas, lo nulo siempre será nulo; la causa y el motivo que generaron el documento de 15 de octubre de 1999 son ilícitos”.

Casación en el fondo:

Alega que en el Auto de Vista se establece una valoración insuficiente de los agravios toda vez que si en principio señaló que no existe fundamentación de agravios no era necesario que luego exprese que el Juez aplicó correctamente la ley sustantiva y adjetiva, de ahí que el Auto de Vista es contradictorio en sus decisiones vertidas. Asimismo, contiene aplicación indebida de la ley por cuanto que el juzgador hubiese aplicado correctamente las normas, no está de acuerdo a las pruebas del proceso ya que éstas demuestran que no se ha observado el contenido del contrato de transferencia objeto de nulidad, la inexistencia del derecho propietario de los vendedores, entre otros.

En base a dichos antecedentes, pide casar en la forma el Auto de Vista y el Auto complementario disponiendo la anulación de dichas resoluciones, y en su caso, se case en el fondo el Auto de Vista y declare probada la demanda y excepciones opuestas.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

De los agravios expresados en el recurso de apelación mediante memorial de fs. 209 a 214, Benigno Gabriel Janco, ha alegado que en Sentencia no se habrían aplicado las normas especiales relativas a transferencias de vehículos en referencia al Código de Tránsito y su Reglamento, y que ello afectaría el contenido de la Sentencia la cual sería ilegal en su integridad. A continuación señala que existiría errónea valoración de la Sentencia en referencia al contrato cuya nulidad se demanda que lo calificó como simple compromiso de venta procediendo a una ilegal motivación al declarar que el objeto fuese lícito, acusando de error de hecho y de derecho al calificar al contrato de esa forma.  Luego, acusa de que en Sentencia no se hubiese valorado la falta de forma del contrato en una suerte de omisiones y contradicciones. Finalmente, dice que la Sentencia incurre en errores en cuanto a las causales de nulidad del documento sobre causa y motivo lícito del contrato puesto que dichas causales habrían sido probadas.

Sin embargo, el Auto de Vista de 22 de agosto de 2011, que anuló el Auto de concesión de Alzada declarando ejecutoriada la Sentencia, entre sus fundamentos ha señalado que la apelación carece de la fundamentación exigida por los arts. 219, 227 y 236 del Código de Procedimiento Civil, y obvian las características propias de una expresión de agravios toda vez que no existe análisis crítico del fallo con exposición de motivos y razones de hecho y de derecho que amerite consideración alguna de agravio sufrido, es decir, que se limita a analizar el proceso y lo que dijo y resolvió el A quo en Sentencia, más no fundamenta agravio sufrido alguno, especificando y explicando de qué manera le es perjudicial la Sentencia apelada; y que aun así, es pertinente anotar que el A quo, a tiempo de emitir la Sentencia apelada, aplicó a cabalidad lo dispuesto por el art. 1286 del Código Civil, y 397 de su procedimiento, relativas a la valoración de la prueba de cargo y de descargo, conforme a la valoración que le otorga la ley, sana crítica y prudente criterio; determinando que no se halla abierta la competencia de este Tribunal para conocer la Alzada.

Sin embargo, revisada la argumentación y exposición efectuada en el memorial de recurso de apelación se advierte que ésta existe y más bien pueden tenerse como la manifestación de agravios los cuales el apelante considera haber sufrido, y pese a que puede carecer de la técnica recursiva más impecable y no ser precisamente la expresión de agravios más eficiente, pero se aprecia que son suficientes para abrir la competencia del Tribunal de Apelaciones, pues dichos agravios están representados en hechos y en la invocación de derecho que denota la fundamentación exigida por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil, que el apelante dice haber sufrido por el fallo del Juez Cuarto de Partido en lo Civil de la ciudad de Cochabamba, y asimismo, se observa que la petición se ha formulado en términos concretos y coherentes en relación a dichos agravios.

De ahí que no es cierto lo manifestado por el Tribunal de Apelaciones, en sentido de que el recurso carecería de fundamentación puesto que los hechos y el derecho invocados se encuentran en relación a los puntos resueltos por el inferior, ni es evidente que el apelante se haya limitado a analizar el proceso y a lo que dijo o resolvió el A quo, sino que existe una fundamentación quizá no como desearía el Tribunal de segundo grado pero meridianamente aceptable e inteligible, pues, como se observa, se trata de cuestionamientos al fallo de primera instancia fundados en disposiciones legales a cuyo fin se exige que se revise la Resolución del A quo, por tanto, correspondía al Tribunal ingresar a conocer el fondo del asunto y resolver con la pertinencia señalada en el art. 236 de la precitada norma legal, puesto que si bien es cierto que el recurso de apelación no lleva técnica recursiva deseable, sin embargo, contiene medianamente una fundamentación de hechos y de derecho con cuestionamientos a la Sentencia, lo cual representa en sí la expresión de agravios.

La jurisprudencia constitucional es unánime al señalar que la congruencia, elemento esencial del debido proceso, implica la estricta correspondencia que debe existir entre lo pedido y lo resuelto a efecto de hacer procedente las impugnaciones de las resoluciones judiciales o administrativas de tribunales inferiores, las resoluciones deben ser motivadas, congruentes y pertinentes. Lo contrario, es decir, una Resolución incongruente es aquella que no guarda coherencia o relación entre lo solicitado, considerado y resuelto, resultando una resolución incongruente aquella que se ha concedido ultra petita o citra petita, en el caso de Autos, el Tribunal de Alzada no se ha pronunciado sobre los puntos resueltos por el inferior por lo que al existir esa omisión de pronunciamiento, el Auto de Vista de 22 de agosto de 2011, adolece de incongruencia citra petita. Pero así mismo, de acuerdo al precitado art. 236, que establece la pertinencia del fallo de Alzada a través de la cual constriñe al Tribunal limitar su competencia a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de apelación por las partes, circunstancia que en el caso que se examina no ha ocurrido, pues el Auto de Vista ha traspasado el umbral de lo resuelto por el A quo y del objeto de la apelación, para resolver una situación distinta e impertinente.

A pesar de que el Tribunal de Alzada alega carencia de fundamentación en el recurso de apelación de fs. 209 a 214, se puede identificar en el mismo la existencia de fundamentación de los agravios a través de la cita de disposiciones legales en relación con los puntos resueltos por el inferior, por lo que el Tribunal de Alzada al exigir una real y verdadera fundamentación ha dado prevalencia a la justicia formal sobre la justicia material o sustantiva, omitiendo resolver el fondo del litigio denegando justicia a la recurrente.

Por las razones expuestas, este Tribunal de Casación considera que el Auto de Vista impugnado es incongruente, impertinente y denegatorio de justicia frente a la fundamentación de agravios que contiene el recurso de apelación, correspondiendo aplicar el art. 271 num. 3) en relación al art. 275 del Código Adjetivo de la materia.      

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, en aplicación de los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista Nº REG/S.CII/ZGC/ASEN.313/22.08.2011 de 22 de agosto de 2011, de fs. 233 a 234, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba (hoy Tribunal Departamental de Justicia), en el proceso ordinario de nulidad de documento de compraventa seguido por Benigno Gabriel Janco contra Yolanda Gladys Orellana López, Alfredo Bustamante Rejas y Santiago Torrez San Miguel. Disponiendo que el Tribunal Ad quem ingrese a resolver el recurso de apelación de conformidad a lo previsto por el art. 236 de la mencionada norma, emitiendo Resolución debidamente fundamentada.

Siendo excusable el error no se impone multa.

Por Secretaría comuníquese la presente Resolución al Consejo de la Magistratura, de acuerdo al art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran.