TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                        S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 1002/2015 - L                                                         Sucre: 05 de noviembre 2015                                                         Expediente:SC-114-11-S                                                                Partes:Miguel Ángel Ríos. c/ Banco Nacional de Bolivia S.A.                        Proceso:Cumplimiento de Acuerdo Transaccional, Daños y perjuicios.                Distrito:Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 220 a 233, planteado por Banco Nacional de Bolivia por intermedio de sus representantes Mario Gonzalo Solares Sánchez, Delia Elena Zea Ophelan Salvatierra, Julio Ramiro Argandoña Céspedes y Silvia Raquel Rodríguez Ibáñez, contra el Auto de Vista Nº 273 de 29 de junio de 2011, cursante de fs. 202 a 203, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso de Cumplimiento de Acuerdo Transaccional, Daños y perjuicios., seguido por Miguel Ángel Ríos, contra el Banco Nacional de Bolivia, respuesta de fs. 235 a 237 vta.;concesión de fs. 238, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:                                                        ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez noveno de Partido en lo Civil y Comercial de Santa Cruz de la Sierra, dictó Sentencia de 20 de enero de 2011 cursante de fs. 178 a 179, por el que se declara: IMPROBADA la demanda de fs. 15 interpuesta por el demandante. Enmendado por Auto de fs. 182 de 11 de febrero de 2011 y proveído de fecha 18 de febrero de 2011 de fs. 185.

Resolución contra la que se interpuso recurso de apelación por Miguel Ángel Ríos mediante memorial de fs. 187 a 188.

En mérito a esos antecedentes la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justica de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista cursante de fs. 202 a 203, por el que REVOCA en todas sus partes la Sentencia apelada de 20 de enero de 2011, saliente a fs. 178 a 179, declarando probada la demanda de 15 a 16 del expediente interpuesta por Miguel Ángel Ríos, debiendo en consecuencia el Banco Nacional de Bolivia S.A., cumplir con sus obligaciones de suspender todo gravamen que pesen sobre los siete lotes de terreno objeto del presente proceso, como así también a extender las minutas respectivas.

Resolución que dio lugar al recurso de casación formulado por parte de Banco Nacional de Bolivia S.A., que se analiza.

CONSIDERANDO II:                                                                        HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la Forma

Que el art. 252 del Código de Procedimiento determinaría que el Juez o Tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encuentren infracciones que interesan al orden público, aunque no se lo hayan reclamado en la sustanciación del proceso o recurso de casación. Que en el caso habría aquello. Refiere al Art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, en razón de lo establecido en el art. 251 del Código de Procedimiento Civil existiría esa posibilidad, transcribiendo el razonamiento de diversos Autos Supremos  que conllevarían a la procedencia de nulidad de obrados, sin embargo dice que fuera necesario aclarar que debe estar  determinado en forma expresa por ley a fin del cumplimiento del principio de especificidad, y que basa su pretensión en el art. 252 del Código de Procedimiento Civil, por lo que señalarían estos aspectos que desde su punto de vista afectaría al orden público.

1.- Correspondería reconocerse la ejecutoria de la sentencia de primera instancia. Señala los antecedentes y la tramitación del proceso y que el Juez dictaría Sentencia y autos complementarios conociendo las intenciones del actor. Que frente a ello el recurso de apelación técnicamente no constituiría aquello, y debiera declarase su ejecutoria. Que al no haber aquello correspondería al Tribunal Supremo para anular y ejecutoriar la Sentencia y autos complementarios, en función dice de fiscalización del proceso y aplicación  de las leyes que interesan al orden público.

a.- Que en el caso la apelación no contendría expresión de agravios y no constituiría técnicamente apelación, que se limitaría a su interposición  y señalaría que no esta de acuerdo y otros extractos del memorial de recurso referido a la no presentación de prueba, que debiera ser tomado como confesión de que incumplió con su obligación  como demandante, no se habría mencionado el porque no estaba de acuerdo y que el art. 227 del Código de Procedimiento Civil establece que la apelación interpondrá fundamentándose los agravios. Que luego de transcurrido tanto tiempo de vigencia, muy pocos se equivocarían ya en la interposición de interponer apelación, señalando otros  aspectos que le hacen a una  crítica al memorial de contrario en su recurso de apelación y que desde su punto de vista fuera defectuosohaciendo énfasis  en la anulación que debiera en esos casos; por lo que correspondería anular el proceso y dictar la ejecutoria.

b.- Violación del principio de congruencia al tramitarse el recurso de apelación, consecuentemente el principio constitucional del debido proceso. El Auto de Vista incurriría en incongruencia al encontrar disconformidad entre lo señalado por los arts. 227 y 236 del Código de Procedimiento Civil y correspondería anular el mismo a fin de que se dicte nuevo Auto de Vista, circunscribiéndose a lo apelado y la fundamentación de agravios que en el caso de autos no existiría, y se confirme la Sentencia en el nuevo fallo. Califica de incongruente pertinencia y exhaustividad, analizando que la apelación delimitaría la competencia del Tribunal de alzada. Reclama porque el fallo recurrido omitiría pronunciarse sobre cada una de las pruebas así como las fojas  y la norma que ampara el derecho el apelante considerando de flagrante equivocación  en el Auto de Vista.

Con todos esos antecedentes pido anular el proceso hasta el vicio  más antiguo.

En el fondo

Para el nunca admitido dice, que no se reconozca los vicios de nulidad, plantea recurso de casación en la forma con arreglo a lo dispuesto por el art. 253-1) y 3) del Código de Procedimiento Civil y deliberando en el fondo se declarare la ejecutoria de la sentencia de primera instancia.

a.- El Ad quem habría incurrido en errores de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas. Que si bien fuera cierto que la facultad de apreciar las pruebas a los de primer grado cuando incurrirían en error de hecho y/o derecho se abriría el control jurisdiccional del Tribunal de Casación y que apoyaría al art. 253 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, refiere a antecedentes del Procedimiento Civil, conceptos sobre la prueba y otros aspectos referidos al tema. Finalizando con señalar que deba casarse el Auto de Vista así como sus complementarios, por haber incurrido el Tribunal de apelación en error de hecho y de derecho al haber realizado una inadecuada valoración de la prueba.

b.- Graves errores de hecho y derecho comprobados por documentos auténticos.  El Auto de Vista habría sido dictado en franca violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley.

1.- Señalando que el Tribunal Departamental de Justicia, sacaría conclusiones falsas y erradas, al afirmar que con la sola presentación  del acuerdo transaccional cursante a fs. 14 de obrados, primera conclusión que fuera alejada de la verdad material de los hechos, pues si bien estuviera a la foja señalada documento transaccional con Miguel Ángel Ríos, quien protestando  ser dueño de siete lotes de terreno con la descripción de los mismos, esto no acreditaría el incumplimiento del Banco Nacional  de las obligaciones que asumió en aquel documento. Que se firmó aquel documento toda vez que se encontraba dentro de los querellantes del caso Nº 241/05 que se sustanciaba en la Policía Técnica Judicial y que de ninguna manera puede obligar al Banco a realizar el levantamiento de hipoteca sobre terrenos no hipotecados, menos extender minuta de levantamiento, a una persona que no tiene registrado ningún título de propiedad en Derechos Reales.

Que conforme al art.573-I del Código Civil, quien exige debe previamente cumplir con su parte, y en el caso debiera acreditarse derecho propietario, que se tuviera prueba de que ello no fuera así. No se darían cuenta que no ha existido hipoteca alguna ni adjudicación a favor de la institución.

2.- Los vocales volverían a sacar conclusiones falsas sin respaldo probatorio, al señalar que el Juez de primera instancia hubiese rechazado las excepciones planteadas por el Banco  porque la demanda fue interpuesta luego de haberse cumplido la condición requerida, esto no podría representar cierto, cuando los únicos requisitos de admisión de la demanda estuvieran en el Art. 327 del Código de Procedimiento Civil, pues a tiempo de admitir no se contara con la verdad material e histórica de los hechos con oportunidad para probar.

3.- Entre los fundamentos jurídicos afirmarían que el Banco se habría adjudicado los lotes que supuestamente le correspondían al actor, en embargo en el expediente no existiría documento que respalde ello, por que fuera una conclusión falsa. Evidenciaría falta de compulsa de los documentos. Que para demostrar el cumplimiento de los acordado en el documento transaccional  se adjuntaría prueba que demuestra no estar mencionado el actor ni figurarían al no estar incluidos. Que las pruebas aportadas por ambas partes no fueran compulsadas, y habría error de hecho en la apreciación de las pruebas conforme al art. 253 num. 3) del Código de Procedimiento Civil. Por  otro lado refiere sobre el error de derecho, reflexionando sobre lo que representa ello acudiendo a autores sobre el tema así como jurisprudencia de la corte Suprema, concluyendo que se habría incurrido en error de hecho y derecho.

4.- Señalaría el Auto de Vista que era obligación del Banco Nacional de Bolivia S.A. acreditar el derecho propietario de los siete lotes que reclamara el actos, califica como nueva afirmación falsa, que no encontrara sustento en la prueba aportada en el proceso. Esto representaría parcialidad, además de la  imprecisión  y error jurídico. No constaría en ningún documento y menos en el transaccional la obligación del Banco Nacional de Bolivia S. A. de acreditar derecho propietario del actor, que la carga de la prueba recae en el actor y la única forma fuera adjuntar certificación de derechos reales como propietario, que no habría ocurrido en el caso. Al parecer se esperaría se actúe por parte del Banco como registro público.

Que independientemente de lo anterior que la hipoteca que el Banco Nacional S.A. constituyó  sobre los bienes de Carlos Alberto Peña Melgar dataría de 12 de marzo de 1997 y las ventas realizadas al actor fuera de fecha posterior a la hipoteca a favor del Banco. Que  la institución tuviera un derecho privilegiado sobre los lotes otorgados en garantía, concluyendo que no fueran oponibles a terceros al ser documentos privados en el que la entidad demandada no fuera parte. Sugiere que la demanda debiera ser dirigido contra el vendedor de los supuestos lotes de terreno o en su caso realizar la inscripción respectiva en derechos reales.

5.- Las conclusiones arribadas fueran falsas y violarían la ley, pues no pasarían sino de ser de disconformidad con la Sentencia los agravios invocados en apelación, no tuviera análisis de las pruebas ni documental ni testifical no existiría un solo documento que demuestre que el Banco Nacional S.A. se haya adjudicado de los lotes que dijese es propietario el actor, que nunca se habría establecido  la obligación de hacerle adquirir de alguna manera la propiedad de los lotes que el actor reclamara como suyos.

Otro aspecto fuera que no se sometió a confesión provocada y habría negado aportar con datos precisos y fundamentales dentro del proceso al no haber llevado su cédula de identidad, ello representaría  no confrontar con la verdad jurídica frente al Juez. En ese sentido la prueba testifical mencionado por el Auto de Vista carecería de elementos probatorios. Que no se podría dar cumplimiento a un documento transaccional  basado en el reconocimiento de un derecho propietario de lotes que no fueran adjudicadas ni registrados a nombre del actor.

Que la Sentencia debe circunscribirse a los hechos a los hechos y pruebas aportadas dentro del proceso de manera fundamentada, en los hechos no habría ocurrido ello, pues el de primer grado fuera justo análisis de las pruebas, así como los preceptos legales invocados.

Que por lo expuesto solicita se anulen obrados hasta el vicio mas antiguo o en su defecto se case el Auto de Vista y declarar ejecutoriada la sentencia de primer grado y sus autos complementarios.

CONSIDERANDO III:                                                                FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En razón de haberse planteado recurso de casación en la forma como en el fondo, a fin de la coherencia respectiva se resolverá en primer término lo referido a la forma, en consideración a que si fueran evidentes los extremos denunciados, el resultado fuera por anular el Auto de Visa o el proceso mismo, tornándose innecesario ingresar a considerar los aspectos de fondo.

Bajo ese antecedente se tiene que:

En la Forma

1.-El recurrente reclama por la aplicación de lo previsto por el art. 252 del Código de Procedimiento Civil ante la presunta existencia de infracciones que interesarían al orden público, sin embargo de abordar de manera extensa el tema, no identifica finalmente que aspectos debieran considerarse en la tramitación del proceso que justificara su pretensión, o que aspectos considera afectarían al orden público, olvidando que según el entendimiento de la propia norma que señala luego en su recurso Ley 025- vigente ya a tiempo de interposición del recurso, el régimen de las nulidades ha variado sustancialmente, no siendo justificativo el señalar que “de oficio” debiera decretarse una nulidad donde no existe afectación al debido proceso, el derecho a la defensa o haya causado perjuicio, mas aun si se considera que en casos como el presente, si la parte recurrente consideraba la existencia de defectos procesales debió reclamarlos oportunamente y no de manera genérica reclamar en casación con un razonamiento ambiguo y generalizado, por lo que al no existir identificación de los aspectos que finalmente pudieran ser base de la petición de aplicación de la norma actualmente derogada por la Ley 439, no tiene sustento alguno, por lo que corresponde ser desechado ese argumento.

2.- Lo expuesto en relación al tema, que debiera declararse la ejecutoria de la sentencia de primera instancia, no tiene consistencia pues su pretensión es fundar aquella noción en la comprensión subjetiva desde su perspectiva que no existiera “recurso de apelación técnicamente”, sin explicación de esa conclusión, cuando el Auto de Vista de manera clara identificó los agravios expresados en apelación en sujeción a lo resuelto por el de primera instancia y dio respuesta de manera pertinente, adecuando su actuación a lo previsto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil al evidenciar el cumplimiento de lo normado por el art. 227 de la norma procesal citada. Al margen de ello, la entidad recurrente analiza de manera superficial el contenido de la apelación, sin demostrar que en verdad el recurso de apelación no tuviera expresión de agravios y que por ello debiera anularse obrados para declarar su ejecutoria.

3.- Resulta desacertado el análisis que se efectúa al pretender violación al principio de congruencia al tramitarse el recurso de apelación, pues conforme al razonamiento expuesto en los puntos anteriores, queda descartado que el recurso de apelación no tuviera expresión de agravios, y si esto es así estaremos de acuerdo en señalar que su tramitación es la correcta pues le correspondió al Tribunal de apelación responder los cuestionamientos formulados por la parte. Si fuera evidente lo esgrimido en sentido de que se habría omitido pronunciarse sobre cada uno de las pruebas así como las fojas conforme pretende el recurrente, estaba en el deber ineludible de pedir en la vía de complementación,  enmienda o aclaración aquel aspecto para su mejor comprensión, este aspecto no ocurrió, entendiendo entonces que la respuesta dada procesalmente no contenía defectos. Bajo esas consideraciones lo reclamado por la entidad recurrente carece de sustento, mas aun si de manera vaga se pide anular el proceso hasta “el vicio más antiguo” sin identificar cual fuera aquel vicio, aun de haber analizado al parecer solamente el Auto de Vista.

Por lo analizado, corresponderá emitir resolución en sujeción a lo previsto por el art. 271 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.

En el fondo

1.-Sostiene la entidad recurrente la existencia de error de hecho y error de derecho en la apreciación de la prueba, sin embargo una vez más ingresa a generalidades, sin identificar las pruebas que desde su punto de vista se analizaron con la concurrencia de los errores que se denuncia y que por ello fuera aplicable lo determinado en el art. 253-3) del Código de Procedimiento Civil; si bien se está de acuerdo con la conceptualización realizada a cerca del tratamiento que debe darse a las pruebas producidas en un proceso, no implica esto que de oficio debiera considerarse o identificarse los presuntas transgresiones, si de por medio se está analizando un recurso de casación en el fondo planteado por la parte que muestra disconformidad con lo razonado por el Ad quem, bajo ese antecedente es a esa parte que cuestiona a quien le corresponde identificar y demostrar su denuncia, que en el caso en examen no ocurrió pues en este punto se divaga en generalidades que no sustentan su pretensión.

2.- Cuando en otro punto la entidad recurrente acusa de “graves errores de hecho y de derecho comprobados por documentos auténticos”, refiere de la misma forma que en el argumento ya respondido que se habría dictado “…en franca violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley”, sin identificar que norma considera y demuestre se haya violado, que otra se haya interpretado de manera errónea y cual se aplicó de manera indebida, aspecto que de por sí inviabiliza el tratamiento cierto del argumento glosado en el recurso.

Se refiere a manera de justificativo entre otros aspectos que se habría firmado el documento, -refiriendo al acuerdo transaccional- porque el demandante estuviera dentro de los querellantes, es decir, se reconoce la existencia de ese acuerdo transaccional, sin embargo de manera confusa se pretende entendimiento diferente de lo sostenido en el documento base de la presente demanda, es claro el contenido de aquel documento, de manera que utilizar el argumento de que no habría obligación de levantar hipoteca, y por ello ante la no demostración de registro de derecho propietario no fuera posible cumplir lo demandado, es una posición superflua, debiendo la entidad demandada comprender el alcance real del acuerdo transaccional que firmó.

Es evidente lo afirmado por el recurrente cuando acude a lo previsto por el art. 573-I del Código Civil, sin embargo lo que no comprende o por lo menos analiza de manera sesgada es que no se hubiera cumplido por su contraparte su deber, esto no resulta evidente, pues de la lectura de la prueba que cursa a fs. 11 Miguel Ángel Ríos conjuntamente otras personas, desistieron  a favor de los querellados en el proceso que refieren se sostenía en la vía penal, esto corroborado por la propia afirmación del recurrente como se verificó supra, y producto de ello se suscribió el documento hoy cuestionado en su cumplimiento, pero con el valor legal correspondiente, pues no existe evidencia de que se hubiera invalidado, por lo que corresponde su cumplimiento y entre lo acordado esta precisamente los aspectos que hoy se demandan. No corresponde el argumento de que no tuviera inscrito derecho propietario el actor, si consideramos que del acuerdo transaccional es que debió patentizarse aquello, de manera que las conclusiones arribadas por el Ad quem tienen sustento incuestionable, siendo el argumento del recurrente insostenible y además alejado de la realidad de los hechos.

Luego de la suscripción del documento transaccional pese al cumplimiento de las  condiciones estipuladas, hubo incumplimiento del Banco, este aspecto fue debidamente identificado por el Ad quem; ahora bien, corresponde señalar que según lo previsto por el Art. 945 del Código Civil “La transacción es un contrato por el cual mediante concesiones recíprocas se dirimen a derechos de cualquier clase ya para que se cumplan o reconozcan, ya para poner término a litigios comenzados o por comenzar, siempre que no esté prohibido por ley”, y tomar en cuenta además lo señalado por el art. 949 de la misma norma sustantiva civil que refiere “Las transacciones, siempre que sean válidas, tienen entre las partes y sus sucesores los efectos de la cosa juzgada”. Dentro de la problemática suscitada, hubo como se verificó un proceso penal, dentro de ese proceso se presentó desistimiento a favor de los ejecutivos del Banco, producto de ese desistimiento es que la entidad colectiva suscribió el documento de fs. 14 y en ella se obligó a realizar lo mencionado en su cláusula primera, sin embargo no se patentizó lo acordado conforme reclama el demandante, verificándose entonces que quien incumplió fue el Banco, pues de su parte al presentar desistimiento el actor, ya cumplió de su parte con lo acordado, por lo que resulta sin sustento lo afirmado por el Banco recurrente.

3.-De manera forzada se pretende transgresión de lo previsto por el art. 340 del Código Civil, vinculando al art. 327 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo de esta cita y análisis somero que se hace de los antecedentes del proceso, este Tribunal no encuentra sustento factico ni jurídico en aquella acusación que representa solo un comentario subjetivo sin sustento.

4.-Con respecto a lo sostenido por el Ad quem en sentido de que el Banco se habría adjudicado los lotes que corresponderían al actor, empero de ello en el expediente no habría documento que respalde dicha afirmación considerando falsa aquella conclusión, debe tenerse presente que las obligaciones que hoy se demandan su cumplimiento nacen precisamente del documento transaccional tantas veces mencionado, en aquel contenido se establecen exactamente lo que las partes están obligados a realizar, no se cuestionó ni aclaró que el ahora actor debiera acreditar derecho propietario, por lo que la conclusión a la que arribaron los miembros del Tribunal de apelación, se comprende que es producto de la cabal lectura de ese documento, consecuentemente la acusación de que existiera falsa conclusión, no es evidente. Por otro lado, resulta un contrasentido reclamar en el fondo un aspecto que parece estar mas bien dirigido a demostrar incongruencia y una presunta falta de fundamentación en el fallo hoy recurrido, si esto es así le correspondía a la parte interesada, recurrir de casación en la forma reclamando porque se anule el Auto de Vista con la finalidad de que ingrese a considerar los aspectos extrañados y con la debida fundamentación, no sin antes haber solicitado de manera pertinente la aclaración, enmienda o complementación en sujeción a lo previsto por el art. 239 del Código de Procedimiento Civil, que en el caso no ocurrió y mas bien de manera errada se pretende de manera confusa un entendimiento tendiente a demostrar esa presunta incongruencia.

Estamos de acuerdo con el contenido de las normas que señala el recurrente acerca de la valoración de la prueba, sin embargo de ello, en la extendida argumentación de su recurso en ningún momento concreta la supuesta concurrencia de error de hecho o derecho, pues aun de ser diametralmente diferentes en su concepción, en concepto del recurrente se la inserta de manera conjunta, sin diferenciar uno del otro, es decir, no se sabe a ciencia cierta, que aspectos considera en la valoración de la prueba con existencia de error de hecho y que otros aspectos con error de derecho, limitándose a reiterar que no existiese demostración de derecho propietario del actor para reclamar el cumplimiento de obligación. Correspondiendo reiterar que el acuerdo transaccional que la entidad Bancaria suscribió, no consignó la exigencia de que debiera cumplirse con aquello, sino mas bien efectuando reconocimiento de que ello era verdad, disponen el contenido del mismo incluso identificando los números de lotes, comprometiendo  la liberación del gravamen hipotecario, así como la extensión de las minutas correspondientes (léase contenido de la cláusula “PRIMERA” del documento de fs. 14), por lo que resulta desleal el pretender desconocer lo que la misma institución bancaria  sostuvo a fin de lograr un desistimiento a favor de sus personeros, con argumento no cuestionado en el Documento Transaccional.

Se dice que el actor tuviera la carga de la prueba, y es evidente ello en función a las pretensiones que se persiguen, y en el caso de autos eso se cumplió a cabalidad, si consideramos que no se precisaba otro aspecto que la demostración de la existencia de una obligación, y este aspecto esta precisamente plasmado en el documento base de la presente demanda a fs. 14, estando respaldado por la versión del propio Banco cuando dice que no se hubiera apersonado el actor a pedir se cumpla con lo estipulado en la transacción en cuya base se sustenta la demanda.

5.- Para responder el lato argumento del recurrente cuando cuestiona el entendimiento expresado por el Ad quem, habrá que remitirse una vez mas al contenido del Documento transaccional de fs. 14 y vta., pues el mismo prueba fehacientemente lo sostenido como argumento, ahora reprochado de falso por el Banco. De la lectura consciente de ese documento se extracta que evidentemente el Banco se obligó aspectos que hoy dice no fueran posibles de cumplir, situación que denota la falta de lealtad en el entendimiento suscrito en aquel documento. Se vincula a todo lo anterior el hecho de que la hipoteca se constituyó sobre los bienes de Carlos Alberto Peña Melgar y que la misma fuera anterior a la venta realizada a favor del actor, si esto es así, jamás el Banco debió aceptar las condiciones estipuladas en la cláusula primera del documento de fs. 14, el haberlo hecho es demostración que se reconoció derecho propietario sobre los lotes de terreno que se individualizó en su momento, menos debió haber aceptado el desistimiento en el proceso penal, pues se entiende que no había relación alguna con el actor. Sin embargo se suscribió el documento transaccional de manera legal y de ello emergen las obligaciones que deben ser cumplidas conforme a los antecedentes y que el Ad quem razonó de manera correcta.

En relación a lo cuestionado en el punto 5, al estar vinculado al análisis de los anteriores puntos, resulta redundante incidir en su tratamientocon entendimiento alejado de los antecedentes del proceso, y en el caso de un fallo, para su emisión por los de grado, las pruebas deben efectivamente merecer el tratamiento dispuesto por el art. 397 del Código de Procedimiento Civil y eso precisamente dio cumplimiento por el Ad quem al ser Sentencia de segundo grado, si en consideración del recurrente este aspecto no fue cumplido, era su deber demostrar la manifiesta equivocación en la que se hubiera incurrido al abordar las pruebas que finalmente sirvieron de base para revocar la Sentencia de primer grado y declarar probada la demanda. En relación al tema, la entidad recurrente si bien muestra su desacuerdo con lo razonado en el Auto de Vista, de su comprensión se establece ese disentir sin demostración objetiva de que existiese infracción de alguna norma que mereciera su reparación.

Por los antecedentes analizados, corresponderá emitir resolución en sujeción a lo previsto por el art. 271 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y los Arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo planteado por el Banco Nacional de Bolivia S.A. por intermedio de sus representantes Mario Gonzalo Solares Sánchez, Delia Elena Zea Ophelan Salvatierra, Julio Ramiro Argandoña Céspedes y Silvia Raquel Rodríguez Ibáñez mediante memorial de fs. 220 a 233, contra el Auto de Vista Nº273 de fecha 29 de junio de 2011 que cursa de fs. 202 a 203. Con costas.

Se regulan los honorarios del Abogado en Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                        

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.