TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 93/2015

Sucre: 10 de febrero 2015

Expediente:        SC-173-14-S

Partes: Gladys Consuelo Agreda de Vargas c/ Marcelo Vaca Diez Montero y       

presuntos propietarios.

Proceso: Usucapión y declaratoria de propiedad y de las mejoras

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Gladys Consuelo Agreda de Vargas contra el Auto de Vista No. 36 de 21 de febrero de 2014, cursante de fs. 233 a 234, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de usucapión y declaratoria de propiedad y de mejoras seguido a instancias de la recurrente contra Marcelo Vaca Diez Montero y presuntos propietarios, los antecedentes del proceso, auto de concesión del recurso de fs. 247, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, Gladys Consuelo Agreda por medio de su Abogada interpone demanda ordinaria de usucapión y declaratoria de propiedad sobre las mejoras, demanda que al ser admitida, se procedió a la citación de los demandados Marcelo Vaca Diez Montero y presuntos interesados, mediante edictos y ante su incomparecencia se les designó defensor de oficio, quien en representación de Consuelo Rosario Estremadorio esposa supérstite del demandado Marcelo Vaca Diez Monterorespondió negativamente a la acción, reconviniendo a la vez por reivindicación, mejor derecho propietario, desocupación y entrega de inmueble, en los términos expuestos en el memorial de respuesta de fs. 69 a 71.

Tramitado el proceso, el Juez de Partido Décimo Segundo en lo Civil y Comercial de la Capital pronuncia la Sentencia Nº 56 de 13 de mayo de 2013 (fs. 188 a 189 y vta.,) por la que declara improbada en parte la demanda, respecto a la usucapión y probada respecto a la declaratoria de mejoras introducidas. Probada la demanda reconvencional por reivindicación del derecho propietario, disponiéndose que Gladys Consuelo Agreda de Vargas entregue el inmueble a su propietaria Consuelo Rosario Estremadoiro previo pago de las mejoras introducidas, que serán tasadas en ejecución de Sentencia.

Resolución de primera instancia que ocasionó que la actora interponga recurso ordinario de apelación de fs. 194 a 197 vta., resuelto por Auto de Vista No. 36 de fecha 21 de febrero de 2014 cursante a fs. 233 a 234, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por el que confirmó en todas sus partes el fallo impugnado, ocasionando una vez más que la demandante Gladys Consuelo Agreda de Vargas interponga recurso de casación en la forma  contra la Resolución de Alzada, que es motivo de Autos.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


Sin embargo que en la suma del memorial refiere plantear recurso de casación en la forma, que no concuerda con el petitorio de casar la resolución recurrida, verificados los argumentos establecemos la concreción del recurso tanto en la forma como en el fondo, que pese a esta deficiencia recursiva, este Tribunal Supremo previa distinción de los mismos, extrae los siguientes agravios, ello, en base al principio pro hómine.

En la forma:

La recurrente alude la vulneración del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, debido a que el Tribunal de grado no se hubiera pronunciado respecto a todos los agravios deducidos en apelación.

Del mismo modo acusa la falta de capacidad del defensor de oficio para apersonarse al proceso en representación de Consuelo Rosario Estremadoiro de Vaca Diez, quien no habría acreditado documentalmente ser heredera de Marcelo Vaca Diez, incumpliendo lo dispuesto por el art. 58 del Código de Procedimiento Civil, y que el defensor de oficio una vez cumplida su función de hacerles conocer a los demandados sobre la acción intentada en su contra, no tenía que seguir representándolos por cuanto los demandados contarían con suficientes recursos económicos.

Refiere que el derecho propietario argüido por la parte contraria se encontraría registrado en Derechos Resales a nombre de Marcelo Adolfo Vaca Diez y Antonio Vaca Diez, ultimo co propietario que no fue demandado, y que no sería evidente que no haya respondido a la demanda reconvencional.

En el fondo.-

Que la parte demandada no acreditó derecho propietario exclusivo sobre el inmueble objeto de usucapión, debido a que la minuta de propiedad acompañada que no fue presentada con la contestación a la demanda, refiere a una extensión de 26 has., con 7.287 m2 que a la vez se desprende de una superficie mayor.

Acusa que el Tribunal ad quem no consideró ni valoró la prueba testifical, por la que se acreditó encontrarse en posesión del terreno a partir del año 1998 (11 años), habiendo introducido mejoras en el mismo, sin que el hecho de que estas tengan una antigüedad de 8 años sea relevante (fs. 14), por cuanto anterior a estas mejoras su persona vivía en el inmueble a la sombra de una carpa como refirió el testigo a fs. 51 a166 de obrados, al margen de estar acreditada su posesión por la documental de fs. 2 a 4, 108 a 109 y certificaciones de fs. 170 a 171 que dan cuenta el pago por servicios básicos a partir de la gestión 2000 en adelante y que el proceso de reestructuración realizado el año 2003 sería posterior a su posesión.

Concluye su recurso, solicitando se case la resolución recurrida.

CONSIDENDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Recurso de casación en la forma:

De la revisión del Auto de Vista impugnado se puede advertir que no es evidente la vulneración del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, pues de la lectura integral de la misma, se tiene que el Tribunal de instancia aunque de forma sucinta dio respuesta a los agravios deducidos por las partes, quienes deben tener presente lo establecido en la Sentencia Constitucional Plurinacional SCP 0903/2012 de fecha 22 de agosto de 2012, referida a que los Tribunales de instancia no se encuentran obligados a cumplir de manera ampulosa y punto por punto la fundamentación extrañada por la recurrente, pues bastará que la autoridad jurisdiccional exponga en forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas legales que sustentan la parte dispositiva, más aun si la recurrente de forma general se limita a indicar la vulneración del art. 236 del Adjetivo Civil sin precisar cuál de todos los agravios deducidos en su apelación no hubieran recibido respuesta fundamentada o hubiera sido omitida por el Tribunal Ad quem, de ahí que no resulta evidente lo alegado por la recurrente.

Con relación al segundo agravio referido a la falta de capacidad del defensor de oficio para apersonarse al proceso en representación de Consuelo Rosario Estremadoiro de Vaca Diez, quien no hubiera acreditado documentalmente ser heredera de Marcelo Vaca Diez, incumpliendo lo dispuesto por el art. 58 del Código de Procedimiento Civil,así como el hecho de que el defensor de oficio una vez cumplida su función de hacerles conocer a los demandados la existencia del presente proceso no teníapor quéseguir representándolos por cuanto los mismos contarían con recursos económicos suficientes; al respecto cabe previamente realizar algunas puntualizaciones, en ese entendido diremos que las citaciones efectuadas mediante edictos y mediante cedula o de carácter personal, tiene efectos diferentes, debido a que los demandados que son citados mediante publicación de edictos ante el desconocimiento de su domicilio previa las formalidades previstas por el art. 124 del Código de Procedimiento Civil, a quienes ante su incomparecencia el Juez les designa Defensor de Oficio para que lo represente en el proceso conforme prevé el párrafo IV de la misma norma legal, sin embargo no sucede lo mismo cuando por cédula judicial o en forma personal se procede a la citación de las partes, sin ser relevante que las personas a cuyo favor se haga esta designación cuenten o no con recursos económicos.

Ahora bien, conforme se adviertede la revisión del expediente se tiene que se procedió a la citación de los demandados (Marcelo Adolfo Vaca Diez Montero y presuntos interesados) mediante edictos ante el desconocimiento de domicilio alegado por la parte actora, en cuyo mérito se designó defensor de oficio a Viviana Salazar Morales, quien en cumplimiento de las obligaciones inherentes a su designación y en representación de los  demandados a tiempo de apersonarse y responder negativamente a la demanda reconvino por reivindicación, mejor derecho propietario, entrega y desocupación del inmueble, medios legales de defensa reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico, exponiendo como antecedente el deceso del demandado Marcelo Adolfo Vaca Diez Montero y el vínculo conyugal que lo unía a Consuelo Rosario Estremadoiro, adjuntando al efecto certificado de defunción y certificado de matrimonio, es decir, que el defensor de oficio no se apersonó en representación de Consuelo Rosario Estremadoiro esposa supérstite de Marcelo Adolfo Vaca Diez sino en mérito a la función encomendada por el Juez de la causa,no siendo evidente la vulneración del art. 58 del Código de Procedimiento Civil, máxime si dicha documental (certificado de defunción y de matrimonio) no fue observada por la parte actora.

Respecto al último agravio alegado por la recurrente en sentido de que el derecho propietario argüido se encontraría registrado en Derechos Resales a nombre de Marcelo Adolfo Vaca Diez y Antonio Vaca Diez, ultimo co propietario que no fue demandado, y que no sería evidente que no haya respondido a la demanda reconvencional; al respecto conforme se expuso ut supra, ante el desconocimiento del domicilio de la parte adversa (Marcelo Vaca Diez y presuntos propietarios), se dispuso su citación mediante edictos previo cumplimiento del art. 124 num. 1), del Código de Procedimiento Civil, en cuyo mérito se designó como defensor de oficio de los mismos a Viviana Salazar Morales, para que asuma defensa en representación de los mismos, debiendo entenderse por “presuntos interesados” a todas aquellas personas que pudieran alegar algún derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de usucapión.Al margen, de que la actora carece de legitimidad para alegar esta supuesta falta de citación con la demanda a Antonio Vaca Diez, pues no se debe perder de vista que para que prospere la nulidad procesal es imprescindible que quien la reclame lo haga en defensa de su propio derecho y no de terceros, radicando precisamente en ese hecho la legitimación procesal, máxime si en el caso de Autos se declaró improbada la demanda principal de usucapión, por consiguiente no se afecta el derecho propietario que pudiera tener el nombrado sobre el inmueble. Del mismo modo se advierte que la demandante Gladys Consuelo Agreda de Vargas no respondió a la demanda reconvencional deducida en su contra dentro del término previsto por ley, motivando la declaratoria de rebeldía en su contra (fs. 79), quien previo a comparecer al proceso y pagar la multa impuesta en su contra, observo la existencia de un error en cuanto a la notificación con el auto de rebeldía, en el que se consignó el nombre de Gladys Consuelo Agreda de Flores cuando lo correcto era consignar el nombre de Gladys Consuelo Agreda de Vargas, error que al margen de ser subsanado por el Juez de la causa de ninguna manera constituye respuesta  a la demanda reconvencional y menos un incidente de nulidad, como erradamente entiende la recurrente, consecuentemente los motivos inmersos dentro del recurso de casación en la forma, devienen en infundados.

Recurso de casación en el fondo:

Con relación al primer motivo que hace al fondo del recurso de casación, relativo a que los demandados no hubieran acreditado derecho propietario exclusivo sobre el inmueble objeto de usucapión; al respecto conforme la demanda principal, el domicilio real de la demandante señalado en el mismo y la documental adjunta a ella, la propia actorareconoce que el inmueble que pretende usucapir se encuentra ubicado en la zona Este, de aquella ciudad,urbanización “Los cusis”, U.V. 329, Manzana Nº. 038, Lote Nº 20, con una extensión de 379.05 m2, alegación que condice con lo referido por el abogado defensor de oficio a tiempo de responder a la demanda, aduciendo que si bien el bien inmueble objeto de Litis no se contaría con el registro en el sistema RUAT y en los archivos de predios, seria debido a que el mismo se encontraría inmerso dentro de las 26.7287 hectáreas de propiedad de sus defendidos que se encontraría debidamente registrada en Derechos Reales, adjuntando al efecto fotocopia legalizada de fs. 66 a 67 que dan cuenta que estos predios se encuentran situados en el lugar denominado “los Cusis”, documental que cuenta con el valor probatorio signado por el art. 1311 del Código Civil, alegación que no fue negada y/o desvirtuada por la ahora recurrente y menos observada por la ahora impugnante, careciendo de mérito dicho reclamo.

Con relación al segundo agravio relativo a la falta de valoración de los medios probatorios, como la testifical, inspección judicial y documental de fs. 2 a 4, 108 a 109 y certificaciones de fs. 170 a 171 que darían cuenta de la posesión del terreno por más de díez años, así como las mejoras introducidas en el inmueble,  careciendo de relevancia que estas tengan una antigüedad de 8 años (fs. 14), por cuanto anterior a estas mejoras su persona vivía en el inmueble a la sombra de una carpa.

Sobre el particular es necesario puntualizar, que es atribución privativa de los jueces y tribunales de grado, la apreciación y valoración de la prueba producida de acuerdo al valor que le otorga la Ley y en su caso al criterio prudente y la sana crítica, teniendo presente las que sean esenciales y decisivas a tenor de los arts. 1286 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento Civil; es decir, que es facultad potestativa del Juez conforme a su sana critica valorar las pruebas conducentes a la averiguación de los hechos alegados, valoración de prueba que es incensurable en etapa casacional.

Sin embargo y no obstante aquello, este Tribunal advierte que dicha alegación no es evidente, pues la actora se limita a señalar este extremo (posesión por más de 11 años), sin aportar prueba alguna para demostrar lo aseverado conforme advirtieron los de instancia, quien no preciso como y cuando inició su posesión, -que a decir de la recurrente sería más de 11 años-, que pese a referir ser pacífica y publica, la misma argumentódesconocer a los propietarios de esos predios, cuando de la declaración prestada por sus propios testigos, (fs. 151, 166, 166 y vta., 167 y 167 y vta.), todos coincidieron que el dueño de esos predios incluido el lugar donde se encuentra el inmueble en litis era de propiedad de Marcelo Adolfo Vaca Diez, que denota la inexistencia de precisión en la fecha en que la misma hubiera ingresado al inmueble. En cuanto a los recibos de fs. 2, 3 y 4 referidos a avisos de consumo por servicios básicos, se tiene que los dos primeros corresponden a la gestión 2005 y el último a la gestión 2004, al igual que la documental de fs. 108 y 109, referente a un extracto sobre un plan de pagos por servicios públicos, en el que el primer cobro correspondería al 19 de diciembre de 2001, y el de fs. 109 un detalle de factura de la gestión 2003, que de paso son fotocopias simples sin valor legal alguno; en cuanto a la documental de fs. 170 y 171 correspondientes a dos certificaciones, la primera refiere que el servicio por energía eléctrica se instaló el 12 de marzo de 2003 y el segundo hace referencia que Gladys Consuelo Agreda de Vargas se encuentra registrada como socio de la Cooperativa de Servicios Públicos “Pampa de la Isla” LTDA. desde el 19 de diciembre del 2001, medios probatorios coincidentes a la certificación emitida por la Dirección de Gestión Catastral de fecha 09 de julio de 2010, cursante a fs. 13 de obrados que refiere que las construcciones en el inmueble tendrían una antigüedad de 8 años aproximadamente, aspectos anotados que hacen evidente la inconcurrencia de los presupuestos para la procedencia de la usucapión decenal demandada.

Por otra parte, en cuanto a la inspección judicial, conforme la sentencia y la parte resolutiva de la misma, se tiene que se declaró probada la demanda en cuanto al reconocimiento de las mejoras introducidas en el inmueble a favor de la recurrente, que no merece mayor análisis.

Por lo referido, corresponde fallar de conformidad a lo dispuesto por los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil. 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42. I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de fecha 24 de junio de 2010, y en aplicación de los artículos 271 num. 2)  y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Gladys Consuelo Agreda de Vargas contra el Auto de Vista No. 36 de fecha 21 de febrero de 2014. Con costas.

No se regula honorarios por no existir respuesta al recurso de casación.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda Dra. Rita Susana Nava Durán


Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Abog. Gonzalo Rojas Segales

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Primero