TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                        S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 84/2015

Sucre: 06 de febrero 2015

Expediente:        CB-125-14-S

Partes:Freddy ZernaVeizaga, Edson Zerna Gutiérrez y Julia Gutiérrez García

(Organización Territorial de Base Mora Moray Sistema de Agua Potable y

             Riego de la Comunidad de Mora Mora). c/ Roxana Victoria Fernández

Rocha.

Proceso:Rendición de cuentas.

Distrito:Cochabamba.


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Roxana Victoria Fernández Rocha de fs. 712 a 715 vta., contra el Auto de Vista de 18 de agosto de 2014 de fs. 707 a 709, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso de Rendición de Cuentas, seguido por Freddy ZernaVeizaga, Edson Zerna Gutiérrez y Julia Gutiérrez García (Organización Territorial de Base Mora Mora y Sistema de Agua Potable y Riego de la Comunidad de Mora Mora), contra Roxana Victoria Fernández Rocha; respuesta de fs. 719 a 722 vta., laconcesión de fs. 723, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:                                                                ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Mixto y Sentencia No. 2 de Punata del Departamento de Cochabamba pronunció Sentencia cursante de fs. 685 a 687, declarando: PROBADA la demanda é IMPROBADA la reconvención  de daños y perjuicios. Asimismo improbadas las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad é improcedencia de la demanda opuestas a fs. 362-365. En su mérito dispuso que las demandada Roxana Victoria Fernández Rocha en el plazo de ocho días de su legal notificación, rinda cuentas en forma clara y documentada al Directorio de la Comunidad de Mora Mora, conforme al Informe de Auditoria de fecha 15 de octubre de 2010, la suma de Bs. 40.911,80 (CUARENTA MIL NOVECIENTOS ONCE 80/100 BOLIVIANOS) y $us. 899 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES AMERICANOS), por concepto de administración del Sistema de Agua Potable de la comunidad de Mora Mora durante las Gestiones 2005 a 2009 y de enero a marzo de 2010; además por la administración de recursos de la Comunidad de Morar Mora desde julio de la gestión 2008 a marzo de 2010.Bajo prevención de Ley y de darse aplicación al art. 688 del Código de Procedimiento Civil. Debiendo el Directorio de dicha Comunidad reconocer justos pagos que hubiere realizado la demandada, conforme a la prueba producida (hecho probado Nº 8).

Apelada la referida Sentencia por Roxana Victoria Fernández Rocha mediante memorial de fs. 689 a 693, es resuelta por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que emitió el Auto de Vista cursante de fs. 707 a 709, por el que CONFIRMA totalmente la Sentencia apelada.

Resolución que dio lugar al recurso de Casación, interpuesto por parte de Roxana Victoria Fernández Rocha, que se analiza.

CONSIDERANDO II:                                                                        HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma

Refiere violación del art. 115.II de la Constitución Política del Estado y el debido proceso, al permitir que personas que no acreditaron la existencia de una OTB Mora Mora y a la vez un Sistema de Agua Potable y Riego de la Comunidad del mismo nombre. El Juez de Instrucción de Punata habría admitido una demanda violando el art. 58 del Código Civil, y por lo mismo los art. 327-3) y 4) además del 329 del Código de Procedimiento Civil. Aspectos que no habrían sido observados ni por el Juez A quo ni por el Ad quem y que habría obligación de hacerlo, que en el mismo error incurriría el Auto de 18 de agosto de 2014 al asumir competencia, que no correspondería a los arts. 58, 60 y siguientes del Código Civil con relación al art. 122 de la CPE, que el objeto de una OTB no podría ser distinto a la que fuera creada.

Al iniciar la demanda no se habría señalado cual era su calidad en la denominada OTB y el Sistema de Riego, que no se habría acreditado personería de las partes, que violaría el art. 687 del Código de Procedimiento Civil, sugiriendo que fuera parte de un proceso viciado de nulidad en violación del art. 11-II de la CPE, en relación a lo dispuesto por el art. 149 de la Ley 2028, al no haberse determinado la personería de OTB Mora Mora y la documentación del Sistema de Riego, que dice la misma debiera tener carácter de Cooperativa, no contarían con estatutos ni reglamentos que regulen y dirijan los procesos de rendición de cuentas, que la misma fuera una organización de control social y en ningún caso podría ejercer actos de con fines de lucro, por lo que no seria admitido la rendición de cuentas, refiriendo a la Ley de Municipalidades, cuestionando la denominación de socios.

Las resoluciones de instancia de admisión de la demanda contravendrían lo establecido por el art. 152 con relación al art. 149 de la Ley de Municipalidades, al considerar que debiera notificarse al gobierno Municipal de Punata a fin de que se pronuncie respecto a lo demandado, además dice de considerado el informe de auditoria, por tanto se habría violado lo dispuesto por el art. 254-7) del Código de Procedimiento Civil con relación a los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, prosiguiendo dice- un proceso ilegal y viciado de nulidad.

En el fondo

Que el Juez Instructor habría dispuesto la entrega de toda la documentación del manejo económico a la demandada, aspecto que no habría ocurrido y fuera entregado a un tercero y habría entrega del informe sin su participación, refiere luego al informe pericial realizado por el Lic. César Fernández que haría referencia a la existencia de libro de Actas, considera esa prueba esencial y decisiva, por lo que se habría incurrido en error de hecho, por lo mismo en la previsión del art. 253-3) del Código de Procedimiento Civil.

Que los falsos demandantes se habrían apersonado al Juzgado de Partido señalando en el proceso que ya habría sido declarado contencioso, sin establecer con claridad las fechas de las cuales debía rendirse cuentas, aclarando las fechas que considera debía realizar, que habría efectuado rendición de cuentas a los directorios existentes y los miembros de la OTB Mora Mora, no existiendo constancia de dineros a su persona, la no existencia de cobros realizado por ella. Que ella de manera mensual rendía cuentas, y por ello considera violado los arts. 13, 14, 15 de la constitución Política del Estado, además del art. 253-3) del Código de Procedimiento Civil.

Hace referencia a actuados del proceso de manera reiterativa, cuestionando la jurisdicción en la que se tramita el proceso, sugiriendo violación al derecho a al defensa.

En punto aparte refiere efectuar fundamentación jurídica, y señala al art. 13 de la Constitución Política del Estado, luego transcribe los arts. 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, para indicar que se estaría citando las leyes violadas y aplicadas erróneamente, especificando en cada caso, tanto en la forma como en el fondo.

Alude al voto disidente, pretendiendo incompetencia, que vulneraría el debido proceso, violando además dice las normas civiles referidas a la personalidad jurídica y confundiendo la finalidad de la OTB Mora Mora que se encontrarían fuera de la ley, que no podrían convalidarse.

Como petitorio sostiene que recurre de casación en la forma y en el fondo a fin de que se case el Auto de Vista  y fallando en lo principal aplicando las leyes conculcadas y/o anule obrados hasta la providencia de fecha 28 de octubre de 2011.

CONSIDERANDO III:                                                        FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En razón de estar planteado el recurso de casación tanto en la forma como en el fondo se pasa a resolver el mismo en el orden propuesto, en ese antecedente se tiene que:

En la forma

En razón de las fundamentaciones expuestas, corresponde aclarar que el proceso civil esta regido por principios procesales que deben considerarse para su validez, tales como el principio de preclusión, también denominado principio de Eventualidad que está basado en la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal, encontrando su fundamento en el orden consecutivo del proceso, es decir, en la especial disposición en que deben desarrollarse los actos procesales. A este efecto recurrimos al Dr. Pedro J. Barsallo que refiere sobre el principio de preclusión que: “En síntesis la vigencia de este principio en el proceso, hace que el mismo reparte el ejercicio de la actividad de las partes y del Tribunal, dentro de las fases y periodos, de manera que determinados actos procesales deben corresponder necesariamente a determinados momentos, fuera de los cuales no pueden ser efectuados y de ejecutarse carecen totalmente de eficacia”. De ello se establece que el proceso consta de una serie de fases o etapas en las cuales han de realizarse determinados actos, por lo que una vez concluida la fase procesal, las partes no pueden realizar dichos actos y de realizarlos carecerán de eficacia, surgiendo así una consecuencia negativa traducida en la pérdida o extinción del poder procesal involucrado, pues se entenderá que el principio de preclusión opera para todas las partes.

Por otro lado, es preciso referir al principio de convalidación, y que las nulidades procesales se subsanan por el consentimiento expreso o tácito, operando la confirmación del acto procesal nulo si no se cuestiona en el plazo fijado por ley, de lo contrario quedará cubierta por el consentimiento tácito de las partes, por ende convalidada, porque, vencido el plazo respectivo, entrará a operar el Principio de preclusión procesal, que naturalmente  impedirá retrogradar el proceso.

Con ese introductorio, en el caso en cuestión toda la argumentación expuesta por la recurrente en la forma, está dirigido a cuestionar aspectos que se produjeron en el proceso sin que haya merecido objeción alguna en el momento procesal oportuno, pues si consideraba la inexistencia de personería de la entidad demandante, estaba en el ineludible deber de observar aquel aspecto con la interposición de las excepciones que autoriza la ley, al no haberlo hecho así en casación no puede cuestionar aspectos consentidos y convalidados, sin tomar en cuenta además que en obrados existe la demostración de personería de la parte actora, con la documental de fs. 355 (reconocimiento de personería jurídica) por la entonces Prefectura del Departamento de Cochabamba, que se entiende fue otorgada conforme prescribía el Art. 7 del Decreto Supremo No. 23858 de 9 de septiembre con relación a lo previsto por el art. 5-I de la Ley 1551 de 20 de abril de 1994 de Participación Popular, a la presentación de “libro de actas, actas de asambleas, acta de posesión que designe a sus representantes y o autoridades, y/o Estatutos o Reglamentos respectivos”. Aspecto que desvirtúa la pretensión de la recurrente que cuestiona la inexistencia de personería así como sus estatutos de la Organización Territorial de Base Mora Mora.

Lo propio ocurre cuando cuestiona su intervención dando un entendimiento distinto al asumido a tiempo de apersonarse al proceso, pretendiendo violación del art. 687 del Código de Procedimiento Civil y trayendo como argumento además la vulneración de la norma constitucional así como de la ley de municipalidades, cuestionando una vez mas la personería de la entidad actora, y de manera impertinente sugerir que se tratara de ente con fines de lucro. Todos esos aspectos no fueron cuestionados en momento alguno por la recurrente, basta con revisar el memorial de fs. 25 a 28 en la que expone lo que considera rendición de cuentas de su parte, consecuentemente cuando ahora pretenda cuestionar aquellos aspectos sin haber sido tema de discusión en el proceso, estamos frente a una discusión sin base legal.

Por otro lado, a fin de desvirtuar la pretendida violación de la ley de Municipalidades en el propósito de que debiera notificarse al Gobierno Municipal de Punata, debemos partir del hecho que en ningún momento ingresó en discusión en la petición de rendición de cuentas recursos que hubiera otorgado el ente municipal, sino mas bien se trata de un aspecto enteramente privado, que no merece mayor cuestionamiento tanto en la jurisdicción en la que se tramitó así como la presunta carencia de notificación al ente municipal de Punata, no existiendo razón lógica que respalde la pretendida violación del art. 254-7) del Código de Procedimiento Civil, en razón a que esta norma no puede ser violada, sino las presuntas transgresiones deben subsumirse a lo determinado por aquella. En lo que respecta a los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial citada por la recurrente, no existe explicación de que se quiso denunciar, pues estas normas son claras en su contenido, la no posibilidad de retrotraer etapas concluidas excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y viole el derecho a la defensa; en el caso en cuestión, jamás hubo tal reclamo en la etapa procesal correspondiente sobre los aspectos que hoy se pretende exista base para anular obrados, por otro lado el pretendido de contravención a lo determinado por los arts. 152 y 149 de la Ley de Municipalidades tampoco tiene sustento, pues el propósito según se entiende de la argumentación es que se pronuncie respecto a lo demandado, sin una concreción de cual fuera la incidencia de ese pronunciamiento de la entidad municipal y cual la pertinencia de su intervención, cuando definido está que la rendición de cuentas solicitada no tiene nada que ver con ingresos que pudiera haberse generado desde el municipio, sino mas bien ingresos propios privados.

En ese contexto cuando de manera genérica se pretende la existencia de violación del art. 254-7) no tiene razón pues como se dijo supra no puede haber violación de la referida norma sino, la pretendida vulneración debe adecuarse a lo determinado por la misma, resultando incongruente el argumento. Sin embargo aun suponiendo que la denuncia fuera por que se adecuara a lo previsto en la norma procesal, no existe sustento para afirmar que existiera la carencia de alguna diligencia o trámite declarados esenciales, que estuviera expresamente penada con nulidad por la ley, resultando infundadas las aseveraciones realizadas por la parte recurrente, debiendo emitirse resolución conforme prevé el art. 271-2) del Código de Procedimiento Civil.

En el fondo

El reclamo de la presunta no entrega de toda la documentación cuando el Juez Instructor habría ordenado ese aspecto, es una situación que debió reclamarse en el momento pertinente, además es un aspecto que si hubiera sido reclamado de manera oportuna, debió plantearse en la forma y no en el fondo; ingresa a confusión la recurrente cuando pretende que  la prueba que dice referir esencial y decisiva para alegar la aplicación de lo previsto por el art.  253-3) del Código de Procedimiento Civil, y desde su perspectiva haber incurrido en error de hecho, siendo menester señalar que doctrinalmente se entiende por error de hecho cuando el juzgador se ha equivocado en la materialidad de la prueba, es decir, el juzgador aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no obra materialmente en proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente en Autos, o en su caso cuando el Juez altera o modifica, cercenando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente; error que tiene que ser manifiesto de modo que sea identificado sin mayor esfuerzo o raciocinio, lo cual implica irreductibilidad y magnitud del yerro.

Aquel aspecto no se configura en el caso de autos, pues si la recurrente consideraba que el libro de actas era esencial para la realización de la auditoria que señala, estaba facultada a pedir al órgano jurisdiccional a fin de su entrega al perito e incluso su adhesión al cuaderno procesal por la fuerza de la ley, situación que no se efectivizó, de manera que si bien la existencia de los mismos se presume, no evidencia el contenido de fondo, siendo errada la idea de que en ello pudiera existir error de hecho en la valoración de la prueba, por lo que se desvirtúa ese argumento, así como el otro argumento que refiere a una etapa procesal ya concluida como es el apersonamiento ante juzgado de partido y la presunta obscuridad o ambigüedad que existiría en la demanda en la fijación de fechas de las que debiera considerarse la rendición de cuentas, situación que no corresponde a un argumento válido a tratar en casación, pues el argumento pareciera ser mas bien para sustentar una excepción de obscuridad y contradicción en la demanda, en ese entendido alegar vulneración de los arts. 13, 14, 15 de la Constitución Política del Estado, además del art. 253-3) del Código de Procedimiento Civil, no tiene sustento alguno.

Así explicada la problemática planteada por la recurrente, la reiteración de argumentos sobre la tramitación del proceso cuestionando la jurisdicción en la que se tramitó no tiene sustento alguno, por cuanto se dice presentar en este punto recurso de casación en el fondo, sin comprender la naturaleza de este tipo de recurso y realizando cuestionamiento a aspectos que le hacen a la forma y no al fondo de la problemática que como respuesta debiera ser por improcedente, sin embargo por las consideraciones hechas y la absolución negativa de su razonamiento, corresponderá emitir resolución conforme prevé el art. 271 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y los Arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de Casación en la forma como en el fondo contra el Auto de Vista de fecha 18 de agosto de 2014 cursante de fs. 707 a 709, formulado por Roxana victoria Fernández Rocha por memorial de fs. 712 a 715 vta. Con costas.

Se regulan los honorarios del Abogado en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.                                                

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Abog. Gonzalo Rojas Segales

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Primero