TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL


Auto Supremo: 83/2015

Sucre: 06 de febrero2015

Expediente:        CB-123-14-S

Partes: Damiana Marín Vda. de Chacónc/ Mabel Montoya Pardo, Tomas

Grover Escobar Linares, Sonia Amurrio de Escobar y presuntos

interesados.

Proceso:Nulidad de documentos y consiguiente reivindicación

Distrito: Cochabamba

VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Mabel Montoya Pardo de fs. 142 a 145, contra el Auto de Vista registrado bajo la partida Nº 20 de 27 de enero de 2014 (fs. 137 a 139 vta.),pronunciado por la Sala CivilPrimera delTribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro el proceso de nulidad de documentos y acción reivindicatoria,seguido por Damiana Marín Vda., de Chacón contra Mabel Montoya Pardo, Tomas Grover Escobar Linares, Sonia Amurrio de Escobar y presuntos interesados, los antecedentes procesales, auto de concesión de fs. 158; y,


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, el Juez de Partido Décimo Segundo en lo Civil de la ciudad de Cochabamba, pronunció la Sentencia registrada bajo la partida Nº 24 de 17 de enero de 2011 (fs. 99 a 106), declarando probada en parte la demanda principal, improbada la excepciones perentorias formuladas por la defensora de oficio, así como el pago de daños y perjuicios, a cuya consecuencia declara nulo y sin valor legal alguno el documento privado de 8 de marzo de 1988 reconocido el 10 de marzo del mismo año y protocolizado por orden judicial mediante testimonio Nº 2553/96 de 22 de junio de 1996, así como el testimonio de escritura pública 1064/1996 de 11 de septiembre de 1996, así como la cancelación de sus inscripciones en Derechos Reales, declarando valido el registro inscrito a nombre de Damiana Marín Vda. de Chacón, disponiendo al mismo tiempo que los demandados restituyan a favor de la actoras el inmueble.

Deducida y concedida la apelación por la co-demandada Mabel Montoya Pardo, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba mediante Auto de Vista registrado bajo la partida Nº 20 de 27 de enero de 2014(fs. 137 a 139 vta.), confirmó la sentencia recurrida, resolución que fue recurrida de casación por la demandada Mabel Montoya Pardo y que es motivo de autos.


CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


La recurrente sin realizar diferencia alguna si deduce recurso de casación en la forma o recurso de casación en el fondo,como tampoco realiza esta distinción a tiempo de enunciar sus agravios, sin embargo y pese a esta deficiencia recursiva, éste Tribunal previa distinción de los mismos se pueden extraer los siguiente agravios, ello, en base al principio pro hómine.

En la forma:

1.- Que la falta de citación con la demanda con las formalidades exigidas por el art. 121 del Código Adjetivo Civil, no permitió objetar la prueba presentada por la parte contraria como refiere el Auto de Vista en su tercer considerando.

2.-Que el Juez de la causa designo defensor de oficio a favor de todos aquellos que nos e apersonaron al proceso excepto para su persona, pese a que no se apersono ni contesto la demanda, dejándolo en total indefensión.

3.- Que habiendo sido demandada con la presente causa en forma inmediata a su libertad a consecuencia del proceso penal, no pudo asumir una defensa por falta de recursos económicos, así como por su ignorancia, más aun si el defensor de oficio nombrado no cumplió su función de hacerle conocer los antecedentes del proceso y asumir una adecuada defensa material en la sustanciación del proceso.

En el fondo:

1.- Que dentro del presente proceso no se aportaron pruebas científicas e idóneas para acreditar que su persona hubiera falsificado la documentación demandada de nulidad, porque si bien ellas fueron argüidas dentro de proceso criminal, para su aplicación en materia civil debían ser ratificadas, motivo por el cual la prueba adjunta al proceso de ninguna manera acredita que hubiera falsificado la misma y menos apoyarse en prueba testifical que ignora los hechos de forma directa.

Acusando en definitiva la violación al debido proceso, la igualdad jurídica de las partes, así como los principios generales del derecho previstos por los arts. 14, 23 y siguientes de la C.P.E. y arts. 90, 91, 121 inc. I, II, 124 inc. IV, 330 del Código de Procedimiento Civil, artículos pertinentes del Nuevo Código de Procedimiento Civil que se hallan en pronta vigencia, así como la Ley 1886 que asegura privilegios para las personas mayores de edad.

Para concluir solicitando anule obrados hasta que se proceda a la citación con la demanda para que pueda asumir su defensa.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

De los agravios que hacen a la forma del recurso:


Con relación al primer agravio referido a la falta de citación con la demanda con las formalidades exigidas por el art. 121 del Código Adjetivo
civil, de la revisión del cuaderno procesal, especialmente de la papeleta de notificación de fojas 56 de obrados, se tiene que Mabel Montoya Pardo, fue citada en forma personal con la demanda principal, quien en constancia de aquel acto, procedió a estampar su firma en la merituada papeleta de citaciones y notificaciones, sin que el hecho de que éste acto de citación se  haya realizado en un domicilio distinto al señalado en la demanda resulte trascendente, pues conforme a la SCP Nº 1223 de 04 de octubre, estableció que: “… La notificación no está dirigida a cumplir con una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (SC 0757/2003-R, de 4 de junio) dado que solo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos…”; deduciéndose de ello, que la ahora recurrente no puede alegar indefensión, por cuanto la citación con la demanda cumplió su finalidad, siendo intrascendente que este acto se haya practicado en su fuente laboral, quien por propia voluntad y desidia opto por no apersonarse al proceso y asumir una defensa y menos observar la prueba pre- constituida adjuntada a la demanda principal por la actora.

Con relación a que el juez hubiera designado Defensor de Oficio a favor de todos aquellos que no se apersonaron al proceso excepto para su persona, pese a que tampoco se apersono y menos contesto a la demanda; al respecto se debe tomar en cuenta que las citaciones efectuadas mediante edictos y mediante cedula o de carácter personal, tiene efectos diferentes, debido a que los demandados que son citados mediante publicación de edictos ante el desconocimiento de su domicilio previa las formalidades previstas por el art. 124 del Código de Procedimiento Civil, a quienes ante su incomparecencia el Juez les designa Defensor de Oficio para que lo represente en el proceso conforme prevé el párrafo IV de la misma norma legal, sin embargo no sucede lo mismo cuando por cédula judicial o en forma personal se procede a la citación de las partes, entendiendo que a través de dicho actuado procesal se ha constatado de que el citado con la demanda ha tomado conocimiento de la acción deducida en su contra, razón por la que su incomparecencia no obliga al juez a designarle un Defensor de Oficio, debiendo estar a las resultas del proceso de conformidad a los establecido por el Art. 68 del Código de Procedimiento Civil.

En el caso de autos, conforme se refirió en el primer punto de los fundamentos, se tiene que la ahora recurrente fue citada en forma personal con  la demanda, (fs. 56), a diferencia de los co demandados Tomas Grover Escobar Linares, Sonia Amurrio de Escobar y presuntos interesados a quienes se los citó mediante edictos, correspondiendo designar defensor de oficio a favor de estos últimos mas no a favor de la recurrente, quiensi bien no se apersonó a la causa instaurada en su contra, empero, aprendió conocimiento de la misma, presumiéndose que por voluntad propia asumió una actitud pasiva respecto al proceso, motivo por el cual no puede reclamar indefensión o la vulneración al debido proceso y menos pretender la nulidad de obrados por la negligencia en que incurrió.

Con relación al tercer agravio referido a que habiendo sido instaurada la presente causa en forma inmediata de haber adquirido su libertad, no contaba con medios económicos para asumir defensa que se vio agravada debido a su  ignorancia y que el defensor de oficio no cumplió su función de hacerle conocer los antecedentes del proceso y asumir una adecuada defensa; en primer lugar diremos que en nuestra legislación no prevé como una causal de nulidad con incidencia en el derecho a la defensa lo alegado por la recurrente, referido a que el inicio del presente proceso fue en forma inmediata a que la misma adquirió su libertad, sino que la interposición de una demanda, se limita a la voluntad de las partes, quienes se ven obligados a recurrir al órgano judicial en busca de una solución a los mismos ante una falta de acuerdo amigable con la otra parte. Del mismo modo la recurrente no puede alegar indefensión debido a la carencia económica que ostentaba así como debido a su ignorancia, quien una vez anoticiada de la existencia de una demanda suscitada en su contra, bien pudo solicitar al juez sentenciador se le otorgue el beneficio de gratuidadprevisto por el art. 79 y siguientes del Adjetivo Civil. En cuanto a la segunda parte de este agravio referido a que el defensor de oficio no hubiera asumida una defensa adecuada a su favor, la misma incurre en contra dicción pues por una parte reclama que no se le designo defensor de oficio y por otra que este hubiera asumido una inadecuada defensa, cuando en realidad como se refirió precedentemente, no correspondía designarse a su favor defensor de oficio por haber sido citada en forma personal con la demanda, motivo por el cual dicho profesional no tenía por qué asumir defensa en su representación.

No siendo evidente lo reclamado por la recurrente corresponde declarar infundado su recurso de casación deducido en la forma.

En el fondo:

Con relación a que dentro del presente proceso no se hubieran aportaron pruebas científicas e idóneas para acreditar que su persona hubiera falsificado la documentación demandada de nulidad, pues si bien ellas hubieran sido  argüidas dentro de proceso criminal, para su aplicación en materia civil debían ser ratificadas, motivo por el cual la prueba adjunta al proceso de ninguna manera acredita que hubiera falsificado la misma y menos apoyarse en prueba testifical que ignora los hechos de forma directa; agravios que tampoco resultan evidentes, debido a que la prueba que ahora la recurrente desconoce, referida a la existencia de un proceso penal seguido en su contra por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y estelionato, por el que se determinó que la firma de Damiana Marín Vda. de Chacón estampada en la minuta de fecha 08 de marzo de 1988 protocolizada el 22 de junio de 1996 fue fraguada, en merito a la cual se condenó a la demandada a ser recluida en una penitenciaria, proceso que cuenta con la calidad de cosa juzgada, prueba emergente de aquel proceso penal que evidentemente fue adjuntada en calidad de pre constituida a la presente demanda, la cual conforme a procedimiento fue admitida y corrida en traslado a la parte demandada (fs. 55), sinque la ahora recurrente la hubiera observado y menos la haya desvirtuada, mereciendo la fe probatoria signada por los arts. 1309 y 1311 del Código Civil, conforme correctamente advirtió el Tribunal Ad quem, que fue corroborada por la prueba testifical de cargo producida, máxime si es atribución privativa de los jueces y tribunales de grado, la apreciación y valoración de la prueba producida de acuerdo al valor que le otorga la Ley y en su caso al criterio prudente y la sana crítica, teniendo presente las que sean esenciales y decisivas al tenor de los arts. 1286 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento Civil; es decir, que es facultad potestativa del Juez conforme a su sana critica valorar las pruebas conducentes a la averiguación de los hechos alegados, valoración de prueba que es incensurable en etapa casacional, por ello, se advierte que no es evidente la vulneración de las normas acusadas de infringidas por la recurrente.

Por las razones expuestas precedentemente, corresponde fallar conforme lo establecen los arts. 271 num2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial No. 025 de 24 de junio 2010, en aplicación de lo previsto por los artículos 271 num2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casacióninterpuesto por Mabel Montoya Pardo de fs. 142 a 145, impugnando el Auto de Vista registrado bajo la partida Nº 20 de fecha 27 de enero de 2014 (fs. 137 a 139 vta.), pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Con costas.

Se regula el honorario del Abogado en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

RELATORA: Mgda. Rita Susana Nava Duran

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Abog. Gonzalo Rojas Segales

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Primero