TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                              S A L A   C I V I L 



Auto Supremo: 82 /2015

Sucre: 06 de febrero 2015

Expediente: PT-38-14-S

Partes: Serapio Cruz Anagua. c/ Beatriz Canaviri Machaca.

Proceso: Divorcio.

Distrito: Potosí.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo, interpuesto por Serapio Cruz Anagua, cursante de fs. 224 a 225, contra el Auto de Vista N° 122/2014 de 09 de octubre de 2014 de fs. 211 a 214 de obrados, emitida por la Sala en Materia de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso ordinario de Divorcio interpuesto por Serapio Cruz Anagua contra Beatriz Canaviri Machaca, la concesión de fs. 227 vta., los antecedentes procesales; y,


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, tramitada la causa, la Juez de Partido cuarto de Familia de la Capital - Potosí, mediante Sentencia Nº 43/2014 de fecha 25 de julio de 2014, cursante de fs. 178 a 180, declaró IMPROBADA la demanda de divorcio planteada de fs. 29 y 30 del infolio, por la causal cuarta señalada en el art. 130 del Código de Familia, por falta de pruebas y méritos.

Como consecuencia, se mantiene VIGENTE el Vínculo matrimonial  que une a los esposos Serapio Cruz Anagua y Beatriz Canaviri Machaca. Se deja sin efecto todas las medidas provisionales.


Deducida la apelación por parte del demandado y remitida ante la instancia competente, la Sala en Materia de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Auto de Vista Nº 122/2014 de 09 de octubre, Confirmo en su plenitud la Sentencia recurrida.


Ante la determinación adoptada por el Ad quem, la parte demandada interpuso recurso de casación en el fondo, conforme consta de fs. 224 a 225 mismo que se pasa a considerar.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


Acusa que se habría realizado una incorrecta aplicación de los arts. 397 del CPC., 1286 del CC., y el art. 237 del CPC., ya que los jueces de instancia no habrían realizado una correcta apreciación y valoración que otorga la ley, de toda la prueba de cargo, y que contrariamente  la Juez  A quo  habría valorado una certificación emitida por los parientes de la demandada  y cuya observación se habría realizado a fs. 63, por lo que las aseveraciones de la Juez A quo en sentencia resultarían incongruentes con lo expresado en las atestaciones de cargo, que en su parte principal demostrarían la existencia de malos tratos contra el actor. En este entendido lo expresado en sentencia no tendría relación  con la prueba producida de cargo que demostraría la existencia de los malos tratos verbales, adjetivos calificativos, injurias, medidas de hecho de desalojo de hogar contra el demandante llegando al extremo de aleccionar al hijo contra su padre.


Acusa que los jueces de instancia no se habrían pronunciado sobre el informe Psico-social, que no habría sido valorado bajo la sana critica, donde se haría referencia a que sus hijos son mayores, tienen sus respectivas parejas y la relación matrimonial entre las partes en el proceso habría sido inestable, al igual que el informe psicológico donde se establecería que la demandada tiene fuertes deseos de rabia, venganza contenida y que además sería una persona dependiente, insegura con baja autoestima.


Por todo lo expuesto solicita  se dicte Auto Supremo  CASANDO el Auto de Vista recurrido todo en cuanto a sido  materia del presente recurso, por consiguiente declare probada la demanda de divorcio.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Planteado como está el recurso de casación en el fondo, la fundamentación expuesta por el recurrente resulta en una exposición general y repetitiva, se tiene que la impugnación centra en torno a la valoración de la prueba efectuada por los jueces de instancia, en este entendido es necesario realizar las siguientes puntualizaciones:

En cuanto a que los jueces de instancia no habrían realizado una correcta apreciación y valoración que otorga la ley, de toda la prueba de cargo, prueba que demostraría la existencia de los malos tratos verbales, adjetivos calificativos, injurias, medidas de hecho de desalojo de hogar contra el demandante llegando al extremo de aleccionar al hijo contra su padre; a esto corresponde  puntualizar que de la revisión de la Sentencia de primera instancia se tiene que el A quo respecto a la prueba de cargo de fs. 1 a 6 sobre su atención en el Hospital Bracamonte, las copias legalizadas del proceso investigativo por maltrato familiar donde existe resolución de rechazo en favor de la demandada, señaló: “…la certificaciones médicas y de la junta vecinal demuestran que el demandante fue golpeado, por lo que resultó con heridas y contusiones, pero estas agresiones no fueron ocasionadas por su esposa (fs. 6, 52, 87), como demuestra la resolución de rechazo del señor fiscal…”, en cuanto a las declaraciones testificales de cargo indica: “…ninguno de los declarantes  ha presenciado malos tratos, refieren por que escucharon de la propia boca del actor, saben de oídas, escucharon discusiones, pero no refieren haber escuchado palabras ofensivas…”,  razonamiento confirmado por el Ad quem que en el Auto de Vista recurrido señalan: “toda vez que casi toda la prueba documental dice en relación con los hechos ocasionados en septiembre de 2013 por el descendiente de los conyugues en demanda y el actor, sin que demuestren agresión alguna por parte de la demandada, las declaraciones testificales son de oídas… las declaraciones confesarías carecen de mayor relevancia en relación a la  causal invocada  en la acción intentada…”.

En este antecedente, de la revisión de las pruebas acusadas de errónea valoración (error de hecho) por el recurrente, se tiene que el actor a tiempo de interponer su demanda centro la fundamentación de su demanda en la agresión sufrida por parte de su hijo, que habría sido inducido por la demandada, acusación contra su cónyuge que no pudo probar en el proceso, y que esta le habría echado con agua y expulsado de su vivienda, hecho que tampoco probo durante la tramitación del proceso. Por otro lado de la revisión a las declaraciones testificales a las que hace referencia la parte recurrente, no se advierte que alguna de las atestaciones indique que haya presenciado u  oído malos tratos de parte de la demandada hacia el actor, asimismo en relación a la confesión provocada a la demandada, esta no arroja elementos que indiquen que haya existido malos tratos hacia el actor, a más de los que el actor refiere en su declaración confesoria, pero que no fueron probados por parte del actor.

Ahora bien, la parte recurrente pretende que este Supremo Tribunal realice una nueva  valoración de la prueba de cargo en base sus argumentos, que por lo expuesto supra resultan errados, aspecto que no es posible, toda vez que es atribución privativa de los jueces y Tribunales de grado, la apreciación y valoración de la prueba producida, de acuerdo al valor que le otorga la ley, y en su caso al criterio prudente y la sana crítica, teniendo presente las que sean esenciales y decisivas al tenor de los arts. 1286 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento de Civil, por lo que no es evidente la infracción que el recurrente acusa.

Respecto a que los jueces de instancia no se habrían pronunciado sobre el informe Psico-social, que no habría sido valorado bajo la sana critica, al igual que el informe psicológico; corresponde señalar que dichos informes hacen alusión a la forma de vida, los antecedentes, el contexto en el que se desarrolló la familia conformada por los cónyuges partes en el proceso y sus hijos, los rasgos de personalidad y el estado emocional de la demandada, aspectos que no resultan trascendentes para cambiar la decisión de fondo en el proceso, pues no prueban las agresiones a que hace referencia el actor para declarar probada su demanda, y que solo fueron tomadas en cuenta por los jueces de instancia en un análisis crítico e integral del conjunto de los elementos de convicción reunidos e introducidos en el proceso.

Por todo lo manifestado, corresponde a este Tribunal resolver conforme señala el art. 271 num. 2)  y el art. 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a la atribución contenida en el art. 42.I num. 1) de la Ley N° 025 del Órgano JudiciaL y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, interpuesto por Serapio Cruz Anagua, cursante de fs. 224 a 225, contra el Auto de Vista N° 122/2014 de 09 de octubre de 2014 de fs. 211 a 214 de obrados. Sin costas por no existir respuesta.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Duran.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Abog. Gonzalo Rojas Segales

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Primero