TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA


                                                               S A L A   C I V I L





Auto Supremo: 81/2015

Sucre: 06 de febrero 2015

Expediente: PT-40-14-S

Partes: Valentín Méndez Calderón, Genuaria Desideria Mamani Quispe. c/

  Víctor Félix Méndez Mamani, Martha Medrano Chambi de Méndez.

Proceso: Nulidad de documento

Distrito: Potosí

                                                                                             

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo cursante de fs. 321 a 324 vta., de obrados, interpuesto por Víctor Félix Méndez Mamani y Martha Medrano Chambi de Méndez contra el Auto de Vista Nº 143/2014 de 19 septiembre de 2014, cursante de fs. 317 a 319., pronunciado por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro el proceso de Nulidad de documento, seguido por Valentín Méndez Calderón y Genuaria Desideria Mamani Quispe contra Víctor Félix Méndez Mamani y Martha Medrano Chambi de Méndez, concesión de fs. 330, los antecedentes procesales; y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, la Juez de Partido Segundo en lo Civil y Comercial  de la Capital - Potosí, mediante Sentencia Nº 018/2014 de 15 de mayo de 2014 de fs. 286 a 289, declaró PROBADA la demanda principal de fs. 40, 41 y 44, de obrados en consecuencia se declara la nulidad de la minuta de transferencia de terreno de 13 de mayo de 1992, el acta de reconocimiento de firmas  y rubricas de 13 de mayo de 1992, y la nulidad del acta de protocolización  Nº 8 de 14 de enero de 1993 a cargo del por entonces notario  público Dr. Mario Hurtado Ibáñez y por el que Valentín Méndez Calderón y Desideria de Méndez transfieren el terreno de 1.600 m2 ubicado en la zona Huayna Mayu de esta ciudad a favor de Víctor Félix Méndez Mamani y Martha de Méndez, asimismo se dispone la cancelación del registro de Derechos Reales, partida  0125, folio 0053, libro 1, propiedades ciudad y Frías de 28 de enero de 1993, matrícula  501101001771. Se declara  IMPROBADA  la excepción de prescripción interpuesta  en el memorial de fs. 54, 55 y 58 de obrados.

Deducida la apelación por los demandados y remitida la misma ante la instancia competente, la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Auto de Vista Nº 143/2014 de 19 septiembre, Confirmó la Sentencia Nº 018/2014 de 15 de mayo.


En conocimiento de la determinación de segunda instancia, los demandados interpusieron recurso de casación en la forma y en el fondo, mismo que se pasa a analizar.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:


Entendiendo que el recurrente en la suma plantea el recurso de casación en la forma y en el fondo, es preciso señalar que en el contenido del mismo no se hace una diferencia de los agravios por los que recurre en la forma, de los agravios por los que recurre en el fondo, sin embargo de la lectura del recurso clasificaremos los  fundamentos de forma, de los de fondo:


1.- Que existiría infracción a las normas procedimentales, ya que se habría señalado claramente la expresión de agravios  como el error  de notificación de fs. 46 donde existiría raspadura y sobrescritura, una doble alteración de citación, otra alteración a fs. 104 donde se habría modificado la hora de notificación, la alteración de numeración de fojas desde 151, alteración de fs. 195 con tres números hasta fs. 197, notificaciones erróneas a fs. 18 otras alteraciones a fs. 178 vta., 180, 181 vta., las diligencias de fs. 192 que también se hallarían alteradas y más alteraciones de fs. 199, 263 y 213, alteraciones que habrían sido anotados en su recurso de apelación y les habría causado indefensión, pero que no habrían sido resueltos por el Tribunal de alzada, sin entrar al fondo de la impugnación.


2.- Que se habría vulnerado principios constitucionales, ya que a fs. 131 se habría solicitado se convoque al juez de mínima cuantía que intervino en el documento objeto de la nulidad, pero a fs. 132 esta solicitud habría sido negada  por no haber sido propuesta antes y contrario a esto la otra parte que tampoco habría propuesto antes fs. 103 se habría aceptado su prueba.


3.- Que el Auto de Vista recurrido carecería de requisitos formales indispensables para la obtención del fin de la defensa lo que habría provocado exagerada indefensión, por lo que incluso habría correspondido declarar la nulidad de oficio ante tantos actos anómalos, vulnerando los art. 105-II, 106 del código procesal civil.


4.- Citando Doctrina establece que la presente acción correspondería a la nulidad como adjetiva absoluta porque el motivo sería el de interés público conforme al art. 90 del CPC., por lo que consideran que el presente recurso se adecuaría al alcance del art. 251 del CPC. Por lo que la acción de nulidad planteada en apelación debió primero pronunciarse la nulidad y contrario a esto el Auto de Vista recurrido  habría omitido los agravios sufridos y no los habría resuelto.


5.- Los hechos reclamados en su oportunidad sobre las notificaciones erróneas pero no resueltos se hallarían dentro los alcances del art. 203 de la CPE, citando al efecto jurisprudencia argumentando que su cumplimiento seria de carácter obligatorio  y en el caso de autos anulando obrados hasta el vicio más antiguo aplicando principios constitucionales de igualdad de oportunidades, el debido proceso.


En el Fondo.-


1.- Que existiría error en el Auto de Vista recurrido y la Sentencia, ya que el certificado de fs. 177 adolecería de errores debido a que la solicitud de fs. 127 diría nómina de jueces de mínima cuantía de 1992 y la certificación obedecería a ese pedido y no a la vigencia en esa gestión, y que el Dr. José Toro Pacheco habría sido nombrado antes de esa gestión por ello su intervención seria valida y no se habría podido aportar certificación sobre la vigencia de su cargo porque habrían sido obstaculizados por la errónea notificación y se les habría negado la orden para lograr un certificación que exhiba su nombramiento, lo que significaría violación del art. 232 del CPC.


2.- Que existiría violación de los art. 397 del CPC., y el art. 1286 del CC., ya que no se habría tomado en cuenta su impugnación de fs. 179, del cual no haría mención en sentencia, en relación al cotejo de firmas realizado por el perito, extremos que habrían sido observados en apelación sobre el que el Ad quem no se habría pronunciado.

Finalmente solicitan se declare anulando obrados hasta el vicio más antiguo, para cuyo fin se ampara en los arts. 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258 y Sgts.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:


Entendiendo que el recurrente plantea el recurso de casación en la forma y en el fondo, nos referiremos de principio en lo que corresponde a la forma e indicaremos que:

En la Forma.-

1.- En cuanto a que existirá infracción a las normas procedimentales, en relación a las alteraciones que se habría señalado y también habrían sido anotados en su recurso de apelación, alteraciones que no habrían sido resueltos por el Tribunal de alzada, causando estado de indefensión; corresponde señalar que de la revisión del Auto de Vista recurrido, dicho agravio no resulta evidente por cuanto el Tribunal de alzada sí se pronunció respecto a la apelación opuesta por los ahora recurrente, manifestando “…el apelante solo ha hecho una ampulosa  relación de antecedentes  cursantes en obrados referente a que no se ha tomado en cuenta su defensa, no se han valorado y apreciado sus pruebas, se alterado, omitido, segado, que existe doble alteración de citación, de numeración de fojas, que no ha existido el debido proceso y otros… sin tener ni tomar en cuenta que la debida fundamentación  de agravios, consiste  en la expresión de los argumentos con los cuales la resolución está siendo atacada, porqué se la considera incorrecta, injusta, no apegada a derecho en que han consistido las equivocaciones del juez…”.

Por otra parte, si bien, la respuesta del Ad quem resulta correcta toda vez que el recurso de apelación no cumple mínimamente con los postulados señalados en el Auto de Vista recurrido, constituyéndose en un recurso insuficiente, impreciso que no se adecua a los requisitos exigidos para su interposición, resulta necesario aclarar al recurrente en relación a los supuestos errores y alteraciones que viciarían de nulidad el proceso, que de la revisión de dichos actuados en el caso de fs. 46 y fs. 104 no se observa que el mismo haya realizado reclamo alguno en ese momento, por el contario  prosiguió con el proceso contestando a la demanda y proponiendo actuados procesales, en relación a la alteración de fs. 151, 178 a

181 vta., son correcciones a las fojas que no resultan trascendentes y en cuanto a las alteraciones de fs. 186, 192, 199, 213 y 263 no se observa error u alteración alguna, ni se entiende en que manera pudo causar indefensión en el recurrente o ser determinantes para la decisión de fondo en el proceso, en este entendido el recurrente se encuentra obligado a fundamentar y precisar cada uno de los actuados que viciarían el proceso, demostrando en forma concreta y precisa, cómo, por qué y en qué forma le causaría indefensión o en que forma serian determinantes en la decisión de fondo del proceso, no siendo suficiente la sola acusación de errores, alteraciones, o sobre-escrituras.

2.- En relación a que a fs. 131 se habría solicitado se convoque al juez de mínima cuantía que intervino en el documento objeto de la nulidad, solicitud que habría sido negada por no haber sido propuesta antes y contrario a esto la otra parte que tampoco habría propuesto antes prueba testifical, a fs. 103 se habría aceptado su prueba; al respecto se debe señalar que de la revisión de obrados se tiene que a fs. 132, mediante decreto de 4 de diciembre de 2013, respecto a la solicitud de convocar a José Toro Pacheco, el juez A quo señaló: “el elemento probatorio expuesto no ha sido propuesto como tal, por lo mismo no corresponde admitirlo, aparte de que la facultad privativa del juez, dispuesta en el art. 378 del CPC., no puede suplir actos no realizados por las partes se rechaza lo impetrado”, esto en virtud a que recurrente tuvo la oportunidad de proponer todas sus pruebas a momento de contestar la demanda y mediante su memorial de proposición de pruebas de fs. 69, conforme lo señala el art. 379 del CPC., descuidando incluso la proposición de dicha prueba en segunda instancia, ya que manera extemporánea solicitaron  al tribunal de alzada mediante memorial de fs. 309, ordene se expida una certificación sobre el nombramiento de José Toro Pacheco, cuando el Ad quem ya había decretado Autos para sorteo como consta a fs. 307; por otra parte en relación a la aceptación de la prueba testifical de cargo cursante a fs. 103, que habría sido aceptada por el A quo y que vulneraria derechos constitucionales de los recurrentes, se tiene que por memorial de proposición de prueba de fs. 74, los demandantes propusieron la prueba testifical de Sixta Rendón Medinaceli, declaración que a fs. 103 vta., es diferida por el A quo disponiendo su notificación, actuado que no genera desigualdad entre partes toda vez que dicha declaración testifical, fue propuesta por la parte demandante en la forma y plazo establecido por Ley (art. 379 y 380 del CPC), no siendo evidente que los demandantes no hayan propuesto antes dicha prueba, como acusan los recurrentes.   

3.- Respecto a que el Auto de Vista recurrido carecería de requisitos formales indispensables lo que habría provocado exagerada indefensión, por lo que incluso habría correspondido declarar la nulidad de oficio ante tantos actos anómalos, vulnerando los art. 105-II, 106 del código procesal civil; a esto se debe señalar que los recurrentes se limitan a indicar que  la Resolución recurrida carecería de requisitos formales sin mencionar cuales son esos requisitos, acusando que incluso debió declararse la nulidad de oficio ante los actos anómalos denunciados; los recurrentes deben tomar en cuenta que no se puede anular por anular de manera indefectible, sino habrá que considerar la trascendencia que reviste el acto considerado nulo, que tenga incidencia en el debido proceso y el derecho a la defensa, considerándose que no hay nulidades absolutas que indefectiblemente deban ser sancionados con nulidad, sino que debe hacerse la consideración y ponderación de los elementos que deban concurrir que afecten de manera directa a los derechos de las partes, que cree un estado de indefensión, por lo que como se expuso en el punto uno, en el caso presente se establece que no existe dicha afectación.

4.- en relación al agravio expuesto en el inciso f) del recurso de casación donde después de realizar una exposición doctrinal  acusan que el Auto de Vista recurrido  habría omitido los agravios sufridos acusados en apelación y no los habría resuelto; es preciso remitirnos al punto uno donde se establece que el Tribunal de alzada sí se pronunció respecto a la apelación opuesta por los ahora recurrentes, no siendo evidente lo acusado en este punto.

En relación al punto 5, inciso g) del recurso de casación los recurrente hacen referencia a Sentencias Constitucionales, haciendo alusión a que su cumplimiento seria de carácter obligatorio, sin especificar agravio alguno y  repitiendo el agravio que mereció respuesta en los anteriores puntos, esto en relación a que el Ad quem no se habría pronunciado sobre el recurso de apelación, por lo que no merece mayor consideración.

Por las razones expuestas, éste Tribunal concluye que son infundados lo agravios de forma deducidos por la parte recurrente.

En el Fondo.-

1. Que existiría error en el Auto de Vista recurrido y la Sentencia, ya que el certificado de fs. 177 adolecería de errores debido a que la solicitud de fs. 127 diría nómina de jueces de mínima cuantía de 1992 y la certificación obedecería a ese pedido y no a la vigencia en esa gestión, no se habría podido aportar certificación sobre la vigencia de su cargo porque habrían sido obstaculizados; a esto resulta preciso señalar que de la revisión de la certificación a fs. 177 a 178 se tiene claramente establecido que el juez de mínima cuantía José Toro Pacheco fue posesionado el 19 de septiembre de 1992, prueba que género en el juez A quo el convencimiento de que José Toro Pacheco habría actuado sin jurisdicción y competencia cuando participo en el reconocimiento de firmas y rubricas en el documento objeto de nulidad, no siendo relevante el hecho de que en la solicitud para dicha certificación, se haya solicitado o no solo el registro de los jueces de mínima cuantía de ese año, y en relación a la obstaculización acusada dicho agravio fue considerado en los punto 1 y 2 de las respuestas a los agravios de forma.

2.- Respecto a que existiría violación de los art. 397 del CPC., y el art. 1286 del CC., ya que no se habría tomado en cuenta su impugnación de fs. 179, del cual no haría mención en sentencia; es preciso señalar que el juez A quo a través de la Sentencia en sus considerandos II, III y IV genera sus conclusiones en relación a la prueba introducida al proceso, el análisis y valoración que resulta de la prueba aportada por ambas partes, por lo que es necesario puntualizar que es atribución privativa de los jueces y Tribunales de grado, la apreciación y valoración de la prueba producida, que supone el análisis crítico e integral del conjunto de los elementos de convicción reunidos e introducidos en el proceso, esto conlleva para el juzgador el deber de valorar los elementos probatorios en conjunto y no en forma aislada, es decir confrontarlos e integrarlos unos con otros, con el propósito de obtener una conclusión afirmativa o negativa sobre la cuestión que se pretende resolver al tenor de los arts. 1286 Del CC, y 397 del CPC, en este sentido el recurrente no puede pretender que la sola impugnación de la prueba pericial de fs. 134 a 173, desvirtúe  dicha prueba que fue integrada y contrastada con todas las pruebas aportadas al proceso y que genero convicción en el juez de primera instancia para declarar probada la demanda.

Por lo anterior manifestado, corresponde a este Tribunal resolver conforme señala arts. 271 num., 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm., 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación de los arts. 271 num., 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo cursante de fs. 321 a 324 vta., de obrados, interpuesto por Víctor Félix Méndez Mamani y Martha Medrano Chambi de Méndez contra el Auto de Vista Nº 143/2014 de 19 septiembre de 2014, cursante de fs. 317 a 319. Sin Costas por no existir respuesta.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán


Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Abog. Gonzalo Rojas Segales

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Primero