TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

     S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 67/2015

Sucre: 30 de enero de 2015

Expediente: CB - 129 - 14 A

Partes: Rogelia Caballero García. c/ Félix Jaldín Quinteros y Emma Vallejos

             Siles.

Proceso: Anulabilidad de documento.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 59 a 60 vta., interpuesto por Rogelia Caballero García contra el Auto de Vista de 5 de septiembre de 2014, cursante de fs. 55 a 56y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario de anulabilidad de documento seguido por Rogelia Caballero García contra Félix Jaldín Quinteros y Emma Vallejos Siles; el Auto de fs. 64; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Rogelia Caballero García, acompañando prueba literal a 18 fs., demanda de fs. 19 a 20, amparada en los arts. 473 y 554 del Código Civil, manifestando que el 6 de mayo de 2012, Emma Vallejos Siles le condujo a la oficina de su abogado señalándole que celebrarían un documento por los dineros que le dio ya que podría negarse, pero al manifestarle que no tenia una idea sobre el precio ni la superficie del terreno heredado de su padre, le señaló que después de averiguar aquello irían a suscribir el documento de venta y por el momento se trataba de suscribir respecto a los dineros que estaba recibiendo de Emma Vallejos Siles, pero el abogado no le entregó ninguna copia ni dio lectura al documento. Al enterarse de aquello su padre le reclamó sobre el terreno de Tipas Kuchu, entonces se quejó a los dirigentes de la comunidad        a quienes la co-demandada les señaló que habían celebrado un documento de venta del terreno y si quería anular debía devolverle el doble del precio. Recién ante el Juez de Conciliación se enteró que le hicieron firmar un documento de venta de terrenos de 6 has de superficie mediante error, engaño, dolo y artificios que vician el consentimiento para la formación del contrato.         

Félix Jaldín Quinteros y Emma Vallejos Siles, de fs. 22 a 25 y fs. 31 a 34 vta., responden y reconvienen señalando que la demandante les ofreció en venta el terreno cuyos documentos se encontraban en trámite en el INRA, pidiéndoles la suma de $us.3.500.- puesto que iría a invertir en otra compra de terreno en la ciudad de Quillacollo, pero tras una conversación acordaron el precio de $us.2.750.- cancelándole por adelantado $us.2.050.- y una vez que el titulo ejecutorial fuera extendido completarían el saldo pendiente perfeccionando la compra. En el año 2012, a consecuencia de que el hermano de la demandante, Elmer Caballero tenía intención de sembrar el terreno bajo pretexto de que no habían firmado aun ningún documento, decidieron cancelar el saldo del precio y perfeccionar la compraventa. En la fecha señalada, 6 de mayo de 2012, se reunieron en la ciudad de Totora para suscribir el documento, sin embargo, la demandante se rehusó a recibir el precio acordado pidiendo se le aumente a $us.3.000.- lo cual aceptaron suscribiendo finalmente el documento de venta. Empero, en febrero de 2013, fueron sorprendidos con una citación al Centro de Conciliación en la que la demandante les comunicó su intención de devolverles el dinero más $us.100.- pero fue rechazada ya que después de haber tenido en su poder el dinero por mas de un año y medio ahora pretende recobrar lo vendido sin reparar que les ha ocasionado daños y perjuicios. No fue obligada a suscribir el documento mediante violencia o dolo sino fue quien les ofertó el terreno voluntariamente y pretende ahora anular el documento después de hacer uso del dinero el cual obtuvieron mediante préstamo que aun vienen cancelando, en suma, de su parte cumplieron el acuerdo mientras que la demandante ha incumplido su obligación señalada en el documento por lo que reconvienen por cumplimiento de la obligación de acuerdo a los arts. 450, 519, 568, 614, 618 del Código Civil, entre otros.

El Juez de Partido Mixto y de Sentencia de Totora, Prov. Carrasco del Departamento de Cochabamba, mediante resolución judicial de 17 de mayo de 2013, de fs. 41 a 42 vta., declinó de conocer la causa por razón de competencia material disponiendo que el proceso sea tramitado ante el Juez Agroambiental de la localidad de Aiquile, debiendo remitirse el cuaderno procesal. 

En grado de apelación, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Cochabamba, mediante Auto de Vista de 5 de septiembre de 2104, de fs. 55 a 56, confirmó el Auto apelado; resolución contra la cual la parte actora recurre de casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del recurso de casación en el fondo se resume lo siguiente:

En el marco del art. 10 del Código de Procedimiento Civil, se está discutiendo la forma en que se realizó el contrato tomándose en cuenta que se trata de una acción personal y no real, ni dicho contrato emerge de un título ejecutorial que lleve a considerar que se trata de una acción real. La presente acción no es una acción reivindicatoria  y por la forma de celebración del contrato se trata de una acción personal de carácter netamente civil, por tanto, de competencia de la jurisdicción ordinaria y no así de la especial (jurisdicción agroambiental), toda vez que la demanda principal trata de anulabilidad de documento admitido por el Juez de Partido Mixto en lo Civil de Totora con competencia plena, en previsión de lo dispuesto por el art. 7 de la norma precitada.

Ha sido aplicado indebidamente el art. 39 num. 8) de la Ley Nº 1715 modificado por el art. 23 de la Ley Nº 3545, toda vez que la propiedad agraria se encuentra sometida al trámite especial de saneamiento simple a pedido de parte ante el INRA y mal puede disponerse que el Juez Agroambiental de Aiquile conozca la presente causa para la entrega de terrenos agrícolas cuando el derecho propietario aun no se encuentra titularizado.

La acción reconvencional de cumplimiento de contrato no es viable en razón de que el contrato está sujeto a condiciones y plazos determinados que podrían cumplirse o no a futuro.

Con esos argumentos, pide que se case el Auto recurrido disponiendo la prosecución de la causa en la justicia ordinaria.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

De acuerdo a la doctrina, una acción es personal (actio in personam) cuando reclamamos frente a quien está obligado con nosotros como consecuencia de un contrato o de un delito, por ejemplo una deuda, si el deudor no paga el acreedor inicia un proceso ejecutivo. Una acción es real (actio in rem) cuando decimos que un objeto es de nuestra propiedad o que un derecho nos compete. Las acciones personales sirven para proteger un derecho de obligación, y las acciones reales para proteger un derecho real. Así, por la acción real pedimos como nuestra una cosa corporal o vindicamos un derecho real que nos compete sobre una cosa ajena; y por la acción personal vindicamos el derecho que tenemos a la cosa, esto es de las obligaciones, bien sean estos nacidos de un hecho lícito en que hayamos prestado nuestro consentimiento o en que la ley lo presuma, bien de un hecho ilícito, es decir, de delito o culpa, concluyendo que la división de acciones en reales, personales y mixtas se limita solamente a la vindicación de los derechos civiles que han sido violados.

No obstante de lo señalado, el art. 17 de la Ley Nº 3545 de 28 de noviembre de 2006, Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, sustituyó la redacción del art. 30 de la Ley Nº 1715, de la siguiente manera: “La judicatura agraria es el órgano de administración de justicia agraria; tiene jurisdicción y competencia para la resolución de los conflictos emergentes de la posesión, derecho de propiedad y actividad agraria…”, de su parte, el art. 23 de la Ley Nº 3545 sustituyó los numerales 7 y 8 del parágrafo I del art. 39 de la Ley 1715, estableciendo: “art. 39. Los jueces agrarios tienen competencia para: 8. “Conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria. Consiguientemente, a partir de la publicación de la Ley Nº 3545 modificatoria de la Ley Nº 1715, se ha ampliado la competencia de la jurisdicción agraria a otras acciones personales y mixtas, además de las reales, que provinieren de la propiedad, posesión y actividad agraria.

El art. 178, parágrafo I de la Constitución Política del Estado señala: “La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales…”.

El art. 11 de la Ley del Órgano Judicial, Ley Nº 025, expresa que la jurisdicción es la potestad que tiene el Estado Plurinacional de administrar justicia, que es ejercida por las autoridades jurisdiccionales del Órgano Judicial. El art. 12 de la citada norma, señala que la competencia es la facultad que tiene un magistrado, vocal, juez o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto. De dichos razonamientos, se tiene que la competencia es improrrogable e indelegable.

El art. 14-I de la indicada norma, dispone que los conflictos de jurisdicción entre la ordinaria, agroambiental, especializada e indígena originario campesino, se resuelvan por el Tribunal Constitucional Plurinacional, extremo que sin embargo, no acontece en el caso de Autos pues no está en discusión la jurisdicción del terreno objeto de la Litis, pues, se tiene pleno reconocimiento y los antecedentes del proceso así lo confirman, que el terreno es agrícola correspondiéndole a la jurisdicción agraria su tratamiento legal.

De los antecedentes señalados precedentemente, se advierte que mediante la presente demanda ordinaria se pretende la anulabilidad del documento de compraventa de terreno agrícola celebrado el 6 de mayo de 2012, reconocido judicialmente, no obstante, conforme a las disposiciones de la Ley Nº 3545 modificatoria de la Ley Nº 1715, precedentemente indicadas, se advierte suficiente claridad al disponer la competencia de la judicatura agraria en asuntos relativos a acciones reales, personales y mixtas emergentes de la propiedad y posesión agrarias, más aun, cuando en virtud del art. 13 de la Ley del Órgano Judicial permite la prórroga de la competencia solamente por el territorio pero no por materia o asunto, consecuentemente, tanto la jurisdicción como la competencia deben ser reguladas de oficio por las autoridades competentes. En consecuencia, la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, Ley Nº 3545, que modificó la Ley Nº 1715, conforme al mandato constitucional se constituye en una norma especial y de preferente aplicación en asuntos derivados de la propiedad, posesión y actividad agrarias en el marco de las acciones reales, personales y mixtas cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción especializada agraria regulada específicamente por dicha ley, concluyéndose por ello que en el caso de Autos, los efectos y términos en que se demandan deben ser tratados en la esfera de la jurisdicción agraria, por tanto, bajo la norma especializada, y concretamente bajo las previsiones contenidas en los arts. 17 y 23 de la Ley Nº 3545 que sustituyeron los arts. 30 y 39-I de la Ley 1715.

Por lo expuesto, corresponde aplicar en la presente resolución el art. 271 num. 2) en relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil. 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 41 parágrafo I numeral 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y  273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por Rogelia Caballero García contra el Auto de Vista de 5 de septiembre de 2014, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Sin costas.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Abog. Gonzalo Rojas Segales

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Primero