TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                        S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 60/2015

Sucre: 30 de enero 2015

Expediente:        SC-172-14-S

Partes:Rubén Darío Méndez Oliva y Betty Flores de Méndez. c/ Darío Severino

Méndez Cuellar, María Luisa Méndez Oliva, Carlos Hugo Méndez Oliva,

Martha Teresa Méndez Oliva y        Blanca  DennyMéndez Oliva, Presuntos

Propietarios.

Proceso:Usucapión.                                                        

Distrito:Santa Cruz.


VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 372 a 375 vta., interpuesto por Betty Flores de Méndez y Rubén Darío Méndez Oliva contra el Auto de Vista Nº413 de 10 de octubre de 2014 de fs. 369 y vta, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso deUsucapión, seguido por Rubén Darío Méndez Oliva y Betty Flores de Méndez contra Darío Severino Méndez Cuellar, María Luisa Méndez Oliva, Carlos Hugo Méndez Oliva, Martha Teresa Méndez Oliva, Blanca Denny Méndez Oliva y Presuntos propietarios, respuesta de fs. 379 y vta.; concesión de fs.380, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:                                                                ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Mixto y de Sentencia de San Ignacio de Velasco del Departamento de Santa Cruz, pronunció Sentencia cursante de fs. 325 a 326 vta., declarando: PROBADA la demanda principal de fs.  8 y vta y fs. 9, declarando únicos propietarios del bien inmueble de terreno urbano ubicado en la zona central de la localidad de San José de Chiquitos de la Provincia Chiquitos, Manzano 03 lote s/n, calle Ovidio Barberí casi esquina de la calle Monseñor Carlos Guericke, bien que cuenta con una superficie de 1162.78 metros 2 a los señores Rubén Darío Méndez Oliva y Betty Flores de Méndez.

Apelada la referida sentencia por Darío Severiano Méndez Cuellar, Martha Teresa Méndez de Cronembol, María Luisa Méndez Oliva Blanca Denny Méndez Oliva y Carlos Hugo Méndez Oliva por memorial de fs. 337 a 341 vta.,  es resuelta por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que emitió el Auto de Vista cursante de fs. 369 y vta. por el que anula obrados hasta fs. 195 inclusive.

Resolución que dio lugar al recurso de Casación en la forma, interpuesto por parte de Betty Flores de Méndez y Rubén Dario Méndez Oliva, que se analiza.

CONSIDERANDO II:                                                                        HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Que fuera evidente la violación de sus derechos a la defensa y debido proceso consagrados en el art. 115 de la Constitución Política del Estado que darían lugar a la nulidad de obrados. Que acusan violación del art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, 236 y 251 del Código de Procedimiento Civil, con relación a los arts. 105, 106 y 107 del Nuevo Código Procesal civil, que en consecuencia el recurso se encontraría en el marco de lo dispuesto por el art. 254-4) del Código de Procedimiento Civil, por considerar que se dictó el Auto de Vista en forma  ultra petita:

1.- Indebida Apreciación del instituto de nulidades procesales. Se habría dictado el Auto de Vista sin relación a los principios de celeridad, eficacia y eficiencia, aplicando de manera incorrecta el art. 17 de la Ley 025, sin considerar la jurisprudencia constitucional y ordinaria con respecto a la nulidad procesal. En el caso se tuviera acreditado el incumplimiento, y no habría correcta valoración de los actuados procesales que justifique la nulidad de obrados.

2.- Error al disponer la nulidad procesal de obrados por falta de citación edictal a los demandados “presuntos propietarios”. El Auto de Vista realizaría errada apreciación de los antecedentes del expediente, no consideraría los presupuestos procesales para declarar la nulidad de obrados y no expondría cual sería el agravio o perjuicio ocasionado a los apelantes con la supuesta inexistencia de citación mediante edictos de prensa a los “presuntos propietarios”, no señalar que norma procesal civil dispondría la citación obligatoria a personas desconocidas o presuntos propietarios, no manifestaría el presunto perjuicio cierto e irreparable para los presuntos propietarios. A mayor abundamiento fuera convalidada por los actores del proceso y no conllevaría perjuicio a tercera persona que acredite su interés legítimo en el proceso al tener conocimiento de los edictos de prensa, por lo que la disposición de anular obrados porque no se citó a los presuntos  propietarios carecería de respaldo legal violando los arts. 251 del CPC, 16, 17 de la Ley del Órgano Judicial y 105, 106 y 107 del Nuevo Código Procesal Civil.

3.- Error al disponer la nulidad procesal de obrados por falta de citación a la H. Alcaldía Municipal de San José de Chiquitos. La disposición de disponer la nulidad de obrados por haberse obviado la notificación al H. Gobierno Municipal de San José de Chiquitos, nuevamente se alejaría de los presupuestos procesales, pues no tomaría en cuenta la contestación al recurso de apelación, no valoraría la Ley 2028 abrogada ahora por ley No. 482 de 09 de enero de 2014, no habrían considerado las certificaciones emitidas, la notificación con el Auto de relación procesal, notificación con la Sentencia, que fueran actuaciones válidas que evidencian que la entidad municipal tuvo conocimiento de la acción de usucapión y no oponerse, consecuentemente sin justificativo la nulidad dispuesta.

4.- Casación en la forma por falta de pronunciamiento en las pretensiones deducidas por los demandantes. Los vocales que suscriben la resolución recurrida negarían reconocer su competencia estatuida por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil y de manera incongruente no mencionarían los argumentos expresados en memorial de contestación a la apelación, únicamente referirían a los agravios expresados por los apelantes y adoptarían como ciertos los mismos, que supondría vulneración al principio de congruencia, considerando infringida los arts. 219, 227 y 236 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo expuesto pide se dicte Auto Supremo anulando obrados hasta el vicio más antiguo que fuera hasta fs. 368 a fin de que el Tribunal de Apelación pronuncie resolución  acorde a los arts. 219, 227 y 236 del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO III:                                                        FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

1.-El Auto de Vista dictado en la presente causa, anuló obrados bajo dos consideraciones, el primero referido a que la demanda estuviera dirigida contra presuntos propietarios a los que no se habría notificado, por lo mismo considerar que hubo vulneración al debido proceso y como segundo argumento la carencia de notificación a la H. alcaldía Municipal, sin mayor fundamentación que referir aquellos aspectos; habiendo sido cuestionado ese actuar por los actores que en recurso de casación consideran que el Tribunal Ad quem adecuó su actuación a lo previsto por el art. 254-4) del Código de Procedimiento Civil, cuando acusa de no haber observado el principio de congruencia como el debido proceso, además de considerar que la presunta omisión de cumplimiento del art. 131 de la Ley de Municipalidades no tuviera sustento legal.

2.-Bajo ese antecedente, cuando de una nulidad procesal se trata, el juzgador deberá verificar esencialmente la afectación al debido proceso que vulnere los derechos de las partes y así subsanar con la decisión a tomar los derechos afectados, velando por el cumplimiento de los principios procesales que rigen la materia. Para el caso,tomando en cuenta el principio de trascendencia, considerando las tres condiciones que necesitan para que se configure el descritoprincipio: a) El perjuicio sufrido; referido a que la fundamentación de la nulidad debe precisar cuál es el vicio o incumplimiento de la formalidad que causa agravio, no siendo correcto una invocación genérica el aseverar de manera escueta que se afectó el derecho a la defensa sin explicar en qué consiste esa afectación. b) Acreditación del perjuicio, Se debe demostrar el perjuicio, es decir, el perjuicio alegado debe ser cierto, concreto y real, considerando que las normas procesales sirven para asegurar la defensa en juicio y no para dilatar la tramitación de los procesos. c) Interés jurídico que se intenta subsanar, que implica la necesidad de acreditar por qué se quiere se subsane el acto procesal afectado presuntamente con la nulidad.

3.-A lo referido, en el caso de autos, corresponde señalar que el criterio del Ad quem es que al haberse demandado a presuntos propietarios y no haber concretado su citación afectaría al debido proceso, aparentemente es un razonamiento que tuviera asidero si los únicos demandados fueran aquellos (presuntos propietarios), sin embargo de la revisión de obrados, se establece que en primer término se presentó demanda de fs. 8 a 9, en la que evidentemente se demandó contra presuntos propietarios, y luego de haberse declarado probada la excepción previa de obscuridad, la demanda fue subsanada de fs. 174 a175 de obrados en la cual si bien se señaló una vez mas a presuntos propietarios y se dispuso la citación mediante la publicación de Edictos, se concretó además que la demanda se la dirigía contra Martha Teresa Méndez de Cronembold, María Luisa  Méndez Oliva, Carlos Hugo Méndez Oliva, Blanca Denny Méndez de Moreno y Darío Severiano Méndez Cuellar, habiendo sido admitida la demanda conforme se verifica a fs. 176 en contra de los nombrados, tramitándose la causa con la intervención definida de las partes, consecuentemente cuando el Ad quem considera incumplida la citación a “presuntos propietarios” que afectaría al debido procesosin respaldar de manera válida aquel aspecto, no tiene sustento legal sólido, en consideración a que los demandados que se apersonaron, sostienen que ellos son los que tuvieran interés en el predio en cuestión, desvirtuando así que terceros “presuntos propietarios” tuvieran mejor derecho que ellos, resultando intrascendente que se disponga de todas maneras la citación a presuntos propietarios, pues de considerar que ello fuera eminente estaríamos frente al hecho de que la intervención de los demandados que se apersonaron no tuviera razón legal, yla duda de establecer la existencia de “presuntos propietarios” con mejor derecho.

Bajo esas consideraciones no resulta trascendente el no haberse citado a presuntos propietarios a fin de que asuman defensa en el caso, mas aun si no obstante de no haber sido citados con la demanda como considera el Auto de Vista, fueron notificados con la Sentencia cual se evidencia por la prueba cursante de fs. 347 a 349, y en conocimiento de la misma sin duda hubieran comparecido al proceso para ellos pedir la nulidad de obrados por no haber sido citados con la demanda y ser sometidos a indefensión, aspecto que no ocurrió, consecuentemente se presume la inexistencia de esos “presuntos propietarios”, que sin duda no ameritan retrotraer el proceso a fin de cumplir la formalidad de su “citación”.

4.-El otro punto de controversia para la presentación del recurso de casación está referido al hecho de que el Auto de Vista considera que se incumplió lo determinado por el art. 131 de la Ley de Municipalidades cuando señala que “se obvió la notificación a la H. Alcaldía Municipal” conforme a la norma señalada, respecto a ese argumento, la norma aludida No. 2028 de 28 de octubre de 1999 en relación a los procesos de usucapión establece que: “En todo proceso de usucapión sobre bienes susceptibles de aplicación de dicha figura, deberá citarse al Gobierno Municipal de la jurisdicción respectiva que, en función de los intereses municipales podrá constituirse en parte directamente interesada, sin perjuicio de la citación al demandado, bajo sanción de nulidad…”, analizando el precepto legal, se debe precisar que en toda demanda de usucapión debe citarse al Gobierno Municipal de la Jurisdicción respectiva, para que en función de los intereses municipales pueda constituirse en parte interesada, bajo sanción de nulidad, sin embargo de lo anterior, habrá casos en que no exista citación, sin embargo otros actuados que evidencien que la entidad municipal tuvo efectivo conocimiento de la existencia de la demanda de usucapión, como en el caso de autos en los que la propia Alcaldía Municipal certifica sobre la existencia del bien inmueble y sus características dando lugar a la orden del Juez de la causa para aquel cometido. Por otro lado subsanada la demanda efecto de haberse declarado en primer término la obscuridad y contradicción, al haber dictado Auto de relación procesal se notificó a la entidad municipal con los actuados pertinentes conforme se verifica por diligencia de fs. 197 (en las que se incluyó la demanda inicial así como el modificado y sus correspondientes proveídos), de lo que se establece que el Gobierno Municipal de San José de Chiquitos tuvo conocimiento de la demanda de usucapión, no habiendo intervenido en el proceso ante la consideración que el predio en cuestión se trata de propiedad que no afectaa los intereses municipales, consecuentemente cuando el Tribunal de apelación sin justificación sustentableobserva la no aplicación del art. 131 de la Ley de Municipalidades, resulta una exigencia absolutamente formalista, al no argumentarse cual es la trascendencia que la nulidad de obrados importaría en el proceso, bajo esa consideración se vulnera los principios de eficacia y eficiencia que deben garantizar las resoluciones judiciales, pues ante la evidencia de haber puesto en conocimiento de la Alcaldía Municipal de San José de Chiquitos de la existencia de la demanda y no haber comparecido y asumido defensa en el proceso, se entiende que el inmueble objeto de litigio no pertenece al referido Gobierno Municipal, consecuentemente no resulta necesario ni obligatorio realizar “citación” expresa a fin de que tenga conocimiento de la existencia de la acción de usucapión, no siendo justificado la nulidad de obrados para aquel cometido. Consecuentemente lo reclamado por los recurrentes se halla sustentado.

Por lo analizado se evidencia la equivocación con la que el Tribunal de apelación actuó al anular obrados, siendo patente la infracción denunciada por los recurrentes de los arts. 236 y 227 del Código de Procedimiento Civil.

Consecuentemente corresponde dar aplicación a lo previsto por el art. 271-3) y 275  del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art.I 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y los Arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 413, cursante a fs. 359 y vta., y dispone que previo sorteo y sin espera de turno pronuncie nuevo Auto de Vista con la pertinencia de los arts. 236 y 227 del Código de Procedimiento Civil.

Sin multa por ser excusable el error.

En cumplimiento a lo dispuesto por el parágrafo IV del Art. 17 de la Ley No. 025, se notifique con la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.                                                

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Abog. Gonzalo Rojas Segales

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Primero