TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

  S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 53/2015

Sucre: 29 de enero  2015

Expediente: LP -141 14 S

Partes: Waldir Marcelo Miranda Lozano. c/ Jannet Ángela Molina Ortiz.

Proceso: División y partición de bienes gananciales.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 60 a 62 y vta., interpuesto por Waldir Marcelo Miranda Lozano representado por  Enrique Miranda Pinto contra el Auto de VistaResolución Nº 246/2014 de 21 de agosto de 2014 de fs. 56 a 57, pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el fenecido proceso de divorcio seguido por Jannet Ángela Molina Ortiz contra Waldir Marcelo Miranda Lozano, incidentado por este último en ejecución de sentencia sobre división y partición de bienes gananciales; la respuesta al recurso de fs. 64 a 65; el Auto de concesión de fs. 66; los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


I.1.-  Concluido el proceso de divorcio seguido por Jannet Molina Ortiz contra Waldir Miranda Lozano con Sentencia de fecha 22 de junio de 2011 donde se declara disuelto el vínculo matrimonial, la misma que se declaró su ejecutoria mediante Auto de 04 de agosto de 2011 (fs. 126); a continuación de dicho proceso y en ejecución de Sentencia del mismo, el hoy recurrente en fecha 16 de mayo de 2013 presentó ante el mismo Juez que tramitó el proceso de divorcio, demanda de división y partición de bienes comunes y gananciales habidos en matrimonio.

I.2.- Tramitado el incidente de división y partición de bienes, el Juez Sexto de Partido de Familia de la ciudad de La Paz mediante Resolución Nº 28/14 de 20 de enero de 2014, declaró probada en parte la demanda declarando como bienes gananciales únicamente el inmueble ubicado en la Urb. Cóndores de Lakota, Manzana “M”, lote Nº 9 de 435 mts2., Zona Alto Achumani, registrado bajo el Folio Nº 2010990107536; con relación a la solicitud de división de otros bienes muebles sujetos a registro y bienes muebles, no dispuso nada al no haberse justificado su existencia.

I.3.- Apelado el indicado Auto por el demandante Waldir Marcelo Miranda Lozano mediante apoderado, la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 246/2014 de 21 de agosto de 2014 de fs. 56 a 57, confirmó la resolución apelada; en contra de esta Resolución de segunda instancia, Waldir Marcelo Miranda Lozano representado por Enrique Miranda Pinto interpuso recurso de casación en el fondo. 

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


Del contenido del recurso de casación, en lo esencial se resume lo siguiente:

El apoderado del recurrente indica que en ejecución de sentencia de divorcio, presentó demanda de división y partición de bienes comunes y gananciales y que el Juez A-quo no mencionó a la actividad comercial común consistente en una saunapiscina denominada Agua Center, aspecto que habría reclamado en apelación y que el Ad-quem habría incurrido en contradicción al indicar que la licencia de funcionamiento y el NIT se otorgó a favor Jannet Ángela Molina Ortiz (ex esposa), sin embargo concluyo indicado que esta situación no acreditaría el derecho propietario del negocio; en base a esos argumentos acusa error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba.

Por otra parte indica que el Auto de Vista sería contradictorio respecto al incumplimiento de los plazos en el trámite de división y partición; por una parte el Tribunal habría reconocido que dicho trámite tiene una duración de 8 a 15 días, sin embargo al haberse ampliado por más de un año, habría indicado que en materia familiar los plazos probatorios merecen mayor consideración y que esa situación no da lugar a la nulidad de obrados.

En base a esos antecedentes en su petitorio solicita se admita y declare la procedencia de su recurso.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En principio corresponde precisar que los medios de impugnación previstos en el Código de Procedimiento Civil responden a un sistema recursivo cuya regulación es de orden público, no pudiendo las partes litigantes ni los juzgadores alterar lo normado por ley.

Si bien el art. 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; sin embargo el ejercicio de ese derecho no debe concebirse como una potestad absoluta o ilimitada que atribuya al litigante la posibilidad de impugnar cuanta resolución considere ser gravosa a sus intereses o hacerlo a través de cualquier medio de impugnación o en cualquier etapa, tiempo y forma; por el contrario ese derecho reconocido a nivel constitucional debe ser ejercido conforme a las previsiones, exigencias y condiciones normadas por la ley procesal.

En ese sentido el Código de Procedimiento Civil en su art. 213 establece como regla general lo siguiente: I. Las resoluciones judiciales serán recurribles mediante impugnación de parte perjudicada”. II. “Sólo cuando la ley declare irrecurrible una resolución será permitido negarse al examen del recurso o someterlo a conocimiento del Juez que correspondiere”.

Una de esas limitantes que impone la indicada norma procesal, la encontramos en el art. 518 del mismo Código Adjetivo Civil que señala: “Las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia podrán ser apeladas sólo en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior”; disposición legal que hace referencia de manera genérica a “resoluciones judiciales”, debiendo entenderse que la misma comprende a todas las decisiones del Juez emitidas en etapa de ejecución de sentencia.

Adviértase que la indicada norma legal es imperativamente restrictiva, pues de un lado, define expresamente la vía de impugnación a una resolución emitida en ejecución de sentencia, la misma que únicamente puede formularse bajo la modalidad de apelación en el efecto devolutivo, y de otro lado, niega toda posibilidad de que la decisión adoptada por el Tribunal de alzada pueda ser impugnada por recurso ordinario o extraordinario alguno ante la jurisdicción ordinaria, salvo las vías tutelares ante la jurisdicción constitucional en el supuesto caso de haberse vulnerado los derechos y garantías de alguna de las partes que interviene en el proceso; la frase “sin recurso ulterior” constituye una negación retunda y absoluta de cualquier posibilidad de impugnar la resolución adoptada por el Tribunal de alzada en la fase de ejecución de sentencia, dicha negativa responde a las normas previstas por los arts. 250 y 255 del Código de Procedimiento Civil, así como a la finalidad misma del recurso de casación.

En el caso presente, el recurrente haciendo referencia al fenecido proceso de divorcio seguido en contra de su persona por su esposa Jannet Ángela Molina Ortiz, cuya sentencia ejecutoriada cursa en calidad de prueba en el presente trámite de fs. 6 a 8 y vta., más su Auto de ejecutoria de fs. 10, (fs. 118 a 119 y vta. y 126 del proceso principal de divorcio) y, una vez concluido dicho proceso de divorcio y como continuación y en ejecución de sentencia del mismo, el recurrente solicita a título de demanda ante el mismo Juzgado de Partido en Materia Familiar que tramito el proceso de divorcio, la división y partición de bienes gananciales y como consecuencia de ello el Juez A-quo emitido la Resolución N° 28/14 de 20 de enero, la misma que al ser apelada, el recurso fue concedido en el efecto devolutivo conforme dispone el art. 225 num. 5) con relación al 518 del Código de  Procedimiento Civil, habiendo merecido la emisión del Auto de Vista N° 246/2014 hoy recurrido.

Como se podrá advertir, los fallos que fueron impugnados se tratan de resoluciones dictadas en ejecución de sentencia del proceso de divorcio, toda vez que la división y partición de bienes gananciales es una cuestión accesoria a la demanda de divorcio que puede ser realizada en ejecución de sentencia, aspecto que además se encuentra reconocido de manera expresa por ambas partes litigantes en sentido de que dicho trámite se lo realizó en ejecución de sentencia; consiguientemente, como se tiene señalado, el Auto de Vista recurrido que resuelve una apelación dictada en ejecución de sentencia, no admite recurso de casación por prohibición expresa del art. 518 del Código de Procedimiento Civil, por lo que no apertura la competencia de este Tribunal Supremo de Justicia para conocer el fondo del recurso de casación, deviniendo el mismo en improcedente, aspecto que no fue advertido por el Ad-quem, habiendo concedido un recurso que no corresponde.      

Por las consideraciones descritas, corresponde emitir Resolución en la forma prevista por el art. 271 num. 1) con relación al art. 272 num. 1) del Código de Procedimiento Civil. 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42  parágrafo I, num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 núm. 1) y 272 num. 1) del Código de Procedimiento Civil, declara, IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo interpuesto por Waldir Marcelo Miranda Lozano representado por Enrique Miranda Pinto contra el Auto de VistaResolución Nº 246/2014 de 21 de agosto de 2014 de fs. 56 a 57, pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas.

Se regula honorarios en la suma de Bs. 700 (Setecientos 00/100 Bolivianos).

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Abog. Gonzalo Rojas Segales

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Primero