TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                               SALA CIVIL


Auto Supremo: 48/2015.

Sucre: 28 de enero 2015.

Expediente: LP - 155 - 14 - S

Partes:Marco Antonio Jordán Mendoza.c/ Nadesda Adela Romero Miranda.

Proceso:Divorcio.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 83 y 84 vta., interpuesto por Marco Antonio Jordán Mendoza, contra el Auto de Vista 158/2014 de fecha 29 de abril de 2014,  de fs. 76 a 77 y vta., y Auto de 29 de Julio de 2014 de fs. 80, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de divorcio, instaurado por el recurrente Marco Antonio Jordán Mendoza contra Nadesda Adela Romero Miranda; la respuesta al recurso de fs.88 y vta.; el Auto de concesión de fs. 89; los antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Marco Antonio Jordán Mendoza, a fs. 9 y vta., adjuntando literales de fs. 1 a 8, interpone demanda ordinaria de divorcio, señalando que en fecha 18 de diciembre de 1994, junto con la demandada Nadesda Adela Romero Miranda, contrajeron matrimonio civil, de cuya unión nacieron: Sara Gabriela, Nadesda Graciela y Valeria Jordán Romero, evidenciándose por los certificados de matrimonio y nacimiento respectivamente. Señala el demandante que al contraer matrimonio lo hizo con el mayor deseo de formar un hogar lleno de amor y una familia estable, con mucha comprensión y estabilidad; sin embargo, también refiere, que debido a ciertas circunstancias que hicieron imposible la vida en común decidieron separarse el 10 de octubre de 2010, viviendo desde la referida fecha en domicilios diferentes. Habiendo transcurrido dos años de forma continua, consentida, voluntaria y al no existir ánimo de reconciliación y al amparo de lo establecido en el artículo 131 del Código de Familia, interpone demanda de divorcio contra Nadesda Adela Romero Miranda, argumentando haber suscrito entre ambos de forma voluntaria un Acuerdo Transaccional, adjuntado a la demanda, para aprobación y  posterior homologación en sentencia, en observancia a lo establecido en los arts. 519, 945 y 949 del Código Civil.

Nadesda Adela Romero Miranda, de fs. 13 a 13 vta., responde y reconviene afirmativamente pidiendo se declare probada su reconvención, solicitando aprobación y homologación en sentencia del acuerdo transaccional reconocido.

El Juez Cuarto de Partidode Familia de la ciudad de La Paz, pronuncia Sentencia mediante Resolución Nº 550/2013 de 22 de julio de 2013, corriente de fs. 43 a 44 vta., declarando PROBADA tanto la demanda principal de fs. 9, así como la acción Reconvencional de fs. 13, por haberse justificado plenamente la causal invocada en el art. 131 del Código de Familia, en consecuencia DISUELTO el vínculo matrimonial  que unía a los esposos: MARCO ANTONIO JORDAN MENDOZA Y NADESDA ADELA ROMERO MIRANDA, debiendo en ejecución de sentencia procederse a la cancelación de la partida matrimonial por ante el Servicio de Registro Cívico, conforme lo dispone el art. 398 del Código de Familia y con referencia a las medidas provisionales se homologa el acuerdo transaccional de fs. 6-8.

En grado de apelación de la parte demandada, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante AUTO DE VISTA Nº158/ 2014 de fs. 76 a77 y vta., confirma la Sentencia, y se aclara con referencia a la homologación sobre las medidas provisionales; con relación a la división y partición de bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio, debiendo éstos ser determinados en ejecución de Sentencia donde deberá procederse a la división y partición de dichos bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio; resolución contra la cual la parte demandante recurre de casación en el fondo. 

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del recurso de casación, en lo esencial se resume lo siguiente:

El recurrente acusa la vulneración e interpretación errónea de los arts. 519, 945 y 949 del Código Civil, indicando que el acuerdo transaccional fue suscrito de forma voluntaria entre ambos cónyuges sin que exista intención de engaño y que maliciosamente la cónyuge en su apelación se refiere a un solo bien, sin mencionar los otros bienes que fueron sujetos de división y partición.

El Tribunal de segunda instancia no realizó una lectura íntegra del punto 3.4 de la cláusula tercera del acuerdo transaccional.

Dicho acuerdo fue suscrito de forma voluntaria bajo el marco del art. 519 del Código Civil, donde se determinó la división y partición de bienes adquiridos dentro la vigencia del matrimonio y que precisamente por ello la cónyuge aseveró su conformidad reiterando su solicitud mediante memorial de fs. 19.

En base a estos antecedentes, el demandante a través del presente recurso solicita CASAR PARCIALMENTE EL AUTO DE VISTA y fallar en el fondo con relación al Acuerdo Transaccional, dejarlo firme y subsistente en todas sus partes, confirmando su homologación conforme lo establecido en la Sentencia de primera instancia Nº 550/2013 cursante de fojas 43 a 44 vta., de obrados.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Del contenido del Recurso de Casación, se establece que el reclamo del recurrente se dirige al hecho de que el ad quem no respetó el acuerdo transaccional previo acordado entre ambos cónyuges. Acusando para el efecto la vulneración de los arts. 519, 945 y 949 del Código Civil.

Dentro de ese contexto corresponde considerar si es correcta o no la decisión asumida por el ad quem de modificar la Sentencia  en lo relativo a la división y partición de bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio y sean determinados en ejecución de sentencia.Dando lugar a que el demandante sostenga que el Tribunal de segunda instancia se hubiere equivocado, puesto que  se pretende que bienes adquiridos durante el matrimonio sean resueltos en ejecución de sentencia, cuando éstos ya fueron resueltos en el acuerdo transaccionaldebidamente homologados enSentencia de primera instancia.

Así expuesto el presente recurso de casación en el fondo, una vez analizados los antecedentes del proceso y con referencia a que el Auto de Vista recurrido hubiere violado, interpretado erróneamente o aplicado indebidamente la ley, como lo expresa el recurrente y que hubiere violado los artículos 519, 945 y 949 del Código Civil, se establece que la transacción al ser considerada un contrato, tiene que concurrir para su formación y validez los requisitos establecidos en el art. 452 del Código Civil y en tanto cumpla con los mismos tiene eficacia y surte efectos conforme lo establece el art. 519 del mismo cuerpo legal. El Código Civil en su art. 945.I establece que “la transacción es un contrato por el cual mediante concesiones recíprocas  se dirimen derechos de cualquier clase ya para que se cumplan o reconozcan, ya para poner término a litigios comenzados o por comenzar, siempre que no esté prohibida por ley”quedando claro que es un contrato necesariamente escrito, que se hace por documento público o privado conforme manda el art. 492 del Código Civil, normas legales que se operativizan en los arts. 314 y 315 del Código de Procedimiento Civil, y que establecen que todo litigio podrá terminar por transacción de las partes, presentando el convenio al Juez o Tribunal, quién se limitará a examinar si se han cumplido los requisitos exigidos por la ley para su validez y en su caso homologarla.

Sin embargo este Tribunal debe hacer también las consideraciones desde el ámbito del Código de Familia, por ser una normativa especial y que atañe a este caso particular, máxime si el Juez Ad Quem basó su criterio en los  arts. 101 y 102 del Código Familiar, que dice así art. 101 “ El matrimonio constituye entre los cónyuges desde el momento de su celebración, una comunidad de gananciales que hace partibles por igual a tiempo de disolverse, las ganancias o beneficios obtenidos durante su vigencia, salvo separación judicial de bienes en los casos expresamente permitidos. La comunidad se constituye aunque uno de los cónyuges tenga más bienes que el otro o sólo tenga bienes uno de ellos y el otro no”Por otra parte el 102 dice “La comunidad de gananciales se regula por la ley, no pudiendo renunciarse ni modificarse por convenios particulares, bajo pena de nulidad” habida cuenta la igualdad jurídica de los esposos y el régimen legal de la sociedad conyugal irrenunciable e inmodificable, puede resumirse de acuerdo a Valencia Zea, así: “ La nueva sociedad conyugal tiene dos jefes  y dos administradores, que son los cónyuges  y la administración recae sobre sus bienes “de forma tal que una vez establecido el vínculo matrimonial ninguno de los cónyuges puede establecer reglas o formas distintas de administración de los bienes, sino las establecidas por normativa especial de orden público tal cual lo establece el art. 5 del Código de Familia“Las normas del derecho de familia son de orden público y no pueden renunciarse por voluntad de los particulares, bajo pena de nulidad, salvo los casos expresamente permitidos por ley” entendiéndose por norma de orden público aquella que tiene relación con la protección  y el aseguramiento del interés general inmediatamente y el interés particular mediatamente, el matrimonio es una institución de orden social cuyas normas legales que rigen tanto su celebración como su disolución no pueden ser convenidas particularmente bajo sanción de nulidad. Vale decir que la comunidad de gananciales se opera a partir del momento de la celebración del matrimonio ante el Oficial de Registro Civil, no importando que uno de los esposos trabaje y el otro no, que ejerza actividad lucrativa y el otro no, de forma que también a posteriori no interesaría cuál de los cónyuges habría llevado más aporte o capital y de igual forma subsiste con referencia al pasivo, vale decir con las deudas, pero no por esto deja de existir la comunidad de gananciales. Ante todo presupone esencialmente la existencia de una masa común que pertenece proindiviso a los cónyuges y que está destinada a distribuirse entre ellos cuando la sociedad se disuelve. Un acuerdo entre cónyuges es atentatorio al régimen de gananciales cuando supone o conlleva renuncia o modificación al régimen impuesto por ley. En el caso particular ambos cónyuges acordaron libremente disponer patrimonialmente del derecho que a cada uno le correspondía como consecuencia  precisamente del régimen de comunidad impuesto por ley tal como lo establece el art. 390 del Código Familiar en su última parte “Se salvan las convenciones entre Cónyuges””Por lo que este acuerdo transaccional en nada contradice a lo establecido en los arts. 101 y 102 del Código de Familia, ya que supone que el mismose efectivizó una vez que ambos reconocieron su derecho ganancialicio en la comunidad conyugal y que a fin de proceder a la liquidación de esa comunidad de gananciales realizaron acuerdos de tipo patrimonial del derecho que a cada uno le correspondía dentro de la autonomía de voluntad, por acuerdo mutuo, es decir que ese acuerdo supone haber reconocido la existencia de una serie de bienes que formaban parte de la comunidad y en consecuencia al derecho ganancialicio que a cada uno le correspondía sobre los mismos y a fin de liquidar esa comunidad las partes están en la libertad de disponer libremente del patrimonio que les corresponde, incluso para favorecer al otro cónyuge, a otros miembros de la familia o a terceros, lo que de ninguna manera supone renuncia o modificación del régimen de ganancialidad impuesto por ley, porque el acuerdo de distribución de bienes supone haber reconocido la vigencia plena del régimen de comunidad de gananciales impuesto por ley así como el carácter gananialicio de todos los bienes que forman dicha comunidad, por lo que no existe renuncia ni modificación al régimen legalmente impuesto, sino que con base al reconocimiento pleno de los efectos generados por ese régimen, las partes deciden luego, de manera libre, arribar a un acuerdo que supone disposición patrimonial de aquello que les correspondió como consecuencia precisamente del régimen de comunidad de gananciales. Convenio que además fue ratificado por la esposa demandada en la reconvención al otrosí primero cursante a fojas 13 y vuelta, así como en memorial de solicitud de aprobación de acuerdo transaccional sobre medidas provisionales de 22 de febrero del 2013 cursante a fojas 19, donde la demandada expresa y solicita claramente al Juez que acepte y apruebe el mencionado acuerdo transaccional en toda forma de derecho y en los términos de su redacción para su posterior homologación en Sentencia. Además que en período de prueba la misma no habría aportado ninguna prueba contradictoria, dando lugar  al Juez declarar probadas la Demanda y la Reconvención fundamentando sobre  lo pedido, en base al artículo 131 del Código de Familia, así como ratificando también los términos sustentados en la Reconvención. Referidos ambos a la desvinculación por la separación libremente consentida y continuada por más de dos años y la aprobación del acuerdo transaccional previo, homologándolo. Puesto que en el mismo se estarían otorgando ambos cónyuges concesiones reciprocas sin que sean para nada atentatorias al régimen de comunidad de bienes. Por lo que los argumentos vertidos por el impugnante son de aplicabilidad para este caso.

Ante esta situación, la decisión del Ad quem de modificar la Sentencia respecto a la división y partición de bienes, restando validez a una parte del documento transaccional, no es conforme a derecho, ni comprendió en su verdadera dimensión lo establecido en dichas normas legales, misma que corresponde ser enmendada por este Tribunal Supremo.

Consiguientemente, por lo precedentemente expuestocorresponde resolver el recurso de casación  en el fondode acuerdo a lo previsto por  los arts. 271 num. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 41 y 42.I  num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, CASAPARCIALMENTE el Auto de Vista Nº 158/2014, de fs. 76 a77 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz,referente a lo determinado sobre División y Partición de Bienes y deliberando en el fondo mantener vigente en todas sus partes la SENTENCIA Nº 550/2013 de 22 de julio del 2013, de fs. 43 a 44 y vta.

Siendo excusable el error, no se impone multa.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Abog. Gonzalo Rojas Segales

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Primero