TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                                                                  S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 40/2015                                                                

Sucre: 21 de enero 2015                                        

Expediente:         CH 62 14 S                                                                Partes: Ivonne Elizabeth Francisca Rosa Vda. de Pizarro. c/ Olga Orías Torres y

            Marcelo Daniel Ressini Orías.                                         

Proceso: Nulidad de partida de nacimiento y de declaratoria de herederos.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 256 a 257 y vta., interpuesto por Olga Orías Torres por sí y en representación de Marcelo Daniel Ressini Orías contra el Auto de Vista S.C.C.FAM 2ª Nº 193/2014 de 02 de septiembre de 2014 de fs. 250 a 252 pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso ordinario de nulidad de partida de nacimiento y de declaratoria de herederos seguido por Ivonne Elizabeth Francisca Rosa Vda. de Pizarro representada por Silvia Graciela Padilla Lowenthal y Freddy Félix Padilla Ledezma contra los recurrentes; la respuesta al recurso de fs. 261 a 265; el Auto de concesión de fs. 266; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

I.1.- Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez 1º de Partido de Familia de la ciudad de Sucre, dictó la Sentencia Nº 074/2013 de 28 de agosto declarando probada la demanda principal e improbada la reconvencional, resolución que fue anulada por Auto de Vista Nº SCCFI-515/2013 de 25 de octubre de 2013 por perdida de competencia incurrido por el A-quo, y como consecuencia de ello la Juez 2º de Partido de Familia de la Capital, dictó la Sentencia Nº 25/2014 de 18 de febrero de 2014 de fs. 208 vta., a 212, por la que declaró probada la demanda principal de fs. 35-38 vta., y las excepciones perentorias de imposibilidad de alegar posesión de estado y nulidad de la partida de nacimiento; improbada la demanda reconvencional de posesión de estado de fs. 43-44, y como consecuencia dispuso la nulidad de la partida de nacimiento inscrita el 09 de diciembre de 1996 en la O.R.C. Nº DD4 del Libro E-1-9-96 Nº 127, folio Nº 127; también dispuso la nulidad de la declaratoria de herederos resuelta por el Juez Instructor 6º en lo Civil de la Capital el 19 de febrero de 2004 y la inscripción de la misma en Derechos Reales, disponiendo la cancelación de la inscripción de la indicada partida de nacimiento así como la declaratoria de herederos, mediante provisión ejecutoria encomendando su cumplimiento al Servicio de Registro Cívico y al Registrador de Derechos Reales respectivamente, luego de ejecutoriada la sentencia.    

I.2.- Apelada la Sentencia Nº 25/2014 por la demandada Olga Orías Torres, la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Auto de Vista S.C.C.FAM 2ª Nº 193/2014 de 02 de septiembre de 2014 de fs. 250 a 252 confirmó totalmente la Sentencia; en contra de esta resolución de segunda instancia, la demandada por sí y en representación de Marcelo Daniel Ressini Orías, interpuso recurso de casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del recurso de casación, se resume lo siguiente:

La recurrente acusa incorrecta aplicación del art. 1534 del Código Civil indicando que en el fondo no se discute si la partida de nacimiento está o no asentada por que la actora al demandar la partida de nacimiento dentro del matrimonio habido entre Luis Antonio Ortíz Romero y Olga Orías Torres también se habría vulnerado, violado e interpretado y aplicado erróneamente el art. 204 segunda parte del Código de Familia porque no se habría tomado en cuenta que el reconocimiento de Marcelo Daniel Ressini Orias fue el primero de febrero de 1980 y desde esa fecha ya habría transcurrido 34 años superando el plazo de los cinco años establecido en dicho artículo y que la actora tenía conocimiento de ese hecho porque Marcelo Daniel siempre compartió el inmueble y se lo tomó como un familiar, citando para el efecto jurisprudencia ordinaria.

Por otra parte manifiesta que al haber planteado la Posesión de Estado, se habría violado el art. 182 del Código de Familia ya que en la relación entre Julio Marcelo Ressini y su persona Olga Orías Torres, Marcelo Daniel Ressini Orías durante más de 30 años habría sido tratado como hijo reconocido tanto por la demandante como por toda su familia por haber convivido juntos, habiendo recibido de parte del primero el trato de padre, quien habría confesado ante la sociedad y en diversos actos ser el padre asistiendo en todas sus necesidades y proveyendo su educación, por ello indica que la posesión de estado tendría más valor que los documentos, aspecto que no habría sido tomado en cuenta por el Juez de la causa ni por el Ad quem, acusando la violación de los arts. 182 y 205 del Código de Familia.

En base a esos antecedentes en su petitorio solicita que se CASE el Auto de Vista y se declare improbada la demanda principal y probada la reconvencional.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El art. 252 del Código de Procedimiento Civil y art. 106.I del Código Procesal Civil permiten revisar de oficio el proceso para establecer si el mismo se ha desarrollado de acuerdo a normativa legal vigente y no se atente al orden público.

Con esa facultad revisora que otorga la ley, debemos empezar indicando que el proceso es entendido como una relación jurídica unitaria recíproca entre los sujetos del derecho y el sujeto del deber, es decir las partes entre sí y éstas con relación al órgano judicial y viceversa, cuya finalidad es la solución del conflicto; consta de los siguientes tres presupuestos procesales indispensables; a) la capacidad de las partes, b) la legitimación de las mismas y, c) la investidura del juez dotado de jurisdicción y competencia; la falta de concurrencia de cualquiera de estos presupuestos, obsta definitivamente encaminar la acción y el nacimiento del proceso, no existiendo deber del Juez para actuar en el mismo, ni mucho menos examinar el derecho discutido y dictar Sentencia de mérito en razón de adolecer la causa de los presupuestos procesales para su validez, debiendo únicamente fundar la razón de su imposibilidad.

Eduardo J. Couture en su Obra “Fundamentos del Derechos Procesal Civil”, define a los presupuestos procesales, “como aquellos antecedentes necesarios para que el juicio tenga existencia jurídica y validez formal”; son anteriores al proceso y por tanto su existencia deben ser verificados antes de la admisión de la demanda, sin los cuales el Juez no puede acoger la demanda o la defensa; representan una especie de mínimum necesario para que el proceso tenga existencia jurídica y validez formal.

El autor señala además que no está en las facultades del magistrado atribuirse una competencia que la ley no le otorga;  dotar a los litigantes de una capacidad que la ley no les reconoce; atribuirles cualidades que no les competen; acoger pretensiones inadmisibles o dictar sentencias favorables cuando aquellos a quienes benefician no han satisfecho las condiciones requeridas para su emisión; por todo ello indica que los presupuestos procesales se hallan fuera de la voluntad de las partes, su inexistencia no es convalidable, no requieren de alegación ni de interposición de excepciones de parte interesada y pueden hacerse valer de oficio por el Juez.   

Según el criterio asumido por este autor, un juicio seguido ante quien no es Juez, no es propiamente un juicio defectuoso, sino que es un juicio inexistente; de igual modo un juicio seguido por personas incapaces tampoco es un juicio, sino una serie de hechos privados de eficacia jurídica, porque los incapaces no son hábiles para accionar y comparecer en juicio y lo que ellos hagan no será acción ni proceso.

El criterio anteriormente señalado, se complementa con la posición asumida por Enrique Lino Palacio quien, en su Obra “Derecho Procesal Civil” indica: “No todas las personas que tienen capacidad para ser partes o peticionarios se hallan dotados de la aptitud necesaria para realizar, por sí mismas, actos procesales válidos. La actitud junto a la capacidad jurídico procesal integra uno de los requisitos intrínsecos de admisibilidad de la pretensión o de la petición extra-contenciosa, la misma que la denomina capacidad de obrar procesal, o, simplemente capacidad procesal”; vincula este aspecto de manera sustancial con la capacidad para ser parte en el proceso como conceptos equivalentes, calificándola a esta última (capacidad para ser parte en el proceso) como la proyección en el orden procesal de la capacidad de derecho genéricamente considerada, definiéndola como, “la idoneidad reconocida por el ordenamiento jurídico para ser titular de derechos y deberes procesales”. 

El indicado autor realiza una clara diferenciación entre la capacidad procesal y la legitimación procesal señalando lo siguiente: “Mientras la primera (capacidad procesal) habilita para actuar en un número indeterminado de procesos, con prescindencia de las concretas relaciones o estados jurídicos que en ellos se controvierten; la segunda (legitimación procesal), se refiere a la idoneidad especialmente atribuida para pretender o para contradecir con respecto a la específica materia sobre que versa el proceso. La legitimación por consiguiente, puede corresponder a un incapaz procesal, pues la incapacidad sólo implica la ineptitud legal de ejecutar personalmente (o a través de un representante reconvencional) actos procesales válidos, pero en modo alguno afecta la calidad de parte que reviste el incapaz ni su eventual titularidad de la relación jurídica sustancial controvertida en el proceso…”.

De las citas doctrinales se puede concluir, que los presupuestos del proceso señalados anteriormente, son aspectos que preceden al proceso y están referidos a la existencia misma del proceso, pues si faltan algunos de ellos, no existe jurídicamente proceso como tal y en caso de haberse sustanciado con la inconcurrencia de los mismos, simplemente se habrá llevado a cabo un procedimiento mecánico viciado de nulidad, por ello los presupuestos del proceso al ser de orden público que ataña a la esencia misma del proceso, no pueden ser convalidados por la voluntad de las partes.

En el caso presente, la demanda recae sobre nulidad de partida de nacimiento emergente de reconocimiento voluntario de hijo realizado a favor de Marcelo Daniel Ressini Orias y nulidad de declaratoria de heredero del mismo; demanda que es interpuesta por la prima hermana del que hizo el reconocimiento, es decir de Julio Marcelo Ressini, quien habría fallecido el 05 de febrero del 2004 según la documental de declaratoria de heredero que cursa de fs. 158-159; la actora sustenta su demanda en el primer y tercer párrafo del art. 200 del Código de Familia y en el art. 551 del Código Civil, cuestionando el reconocimiento de hijo por existencia de doble partida que tendría Marcelo Daniel; la primera proveniente de la filiación de matrimonio entre los esposos Luis Ortíz Romero y Olga Orias Torres y la segunda por reconocimiento de hijo realizado por esta última (madre) juntamente con Julio Marcelo Ressini, manifestando a lo largo del proceso que su demanda no se trata de una impugnación dentro de los alcances del art. 204 del Código de Familia; por otra parte la actora pretende justificar su legitimación activa para pedir la nulidad de la segunda partida de nacimiento amparándose básicamente en su vocación hereditaria en calidad de prima hermana que tendría con relación a Julio Marcelo Ressini quien hizo el reconocimiento de hijo, afirmando existir bienes inmuebles dejados por esta persona y que la misma no habría tenido otros parientes más próximos con relación a su persona.

Siendo la vocación hereditaria el único argumento de la actora para tratar de justificar su legitimación activa en la intervención en la presente causa, corresponde remitirse a las reglas del derecho sucesorio y al Código de Familia para establecer el grado de parentesco y la vocación hereditaria de la actora con relación a la persona que hizo el reconocimiento de hijo y de ello dependerá si tiene o no legitimación para intervenir en la presente causa.

La actora señala en su demanda de manera expresa ser prima hermana del ex tinto Julio Marcelo Ressini; al respecto el art. 11 segundo párrafo del Código de Familia de manera expresa determina que los primos hermanos se encuentran en cuarto grado de parentesco en línea colateral, toda vez que en el cómputo no se toma en cuenta el tronco común de quien descienden las personas; norma legal que corresponde ser aplicada al caso de autos por tener directa relación con el art. 1088 del Código Civil respecto al parentesco y su cómputo; de tal modo que la actora se encuentra en el orden de parentesco anteriormente señalado y no así en el tercer grado como afirma en su demanda, no requiriéndose al respecto de mayor análisis, más aún si se toma en cuenta que es la propia actora quien indica ser prima hermana del que hizo el reconocimiento, afirmación que constituye confesión espontánea a la luz del art. 404.II del Cód. Pdto. Civ. respecto al grado de parentesco que se analiza.  

Ahora bien, en cuanto a la sucesión hereditaria, el Código Civil establece un orden de acuerdo al grado de parentesco y por lo tanto convoca a los parientes más próximos a entrar en la sucesión de la persona fallecida; en el caso de la sucesión de los parientes colaterales denominados también simplemente legales, éstos ingresan a la sucesión hereditaria a falta de herederos forzosos y siempre que la persona en vida no hubiera dejado testamento.

En el caso específico que nos ocupa, es el art. 1110 parágrafo I del Código Civil que bajo la denominación de “sucesión de otros colaterales”, el que establece lo siguiente: “Si una persona muere sin dejar descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge o conviviente, ni hermanos o sus descendientes hasta el cuarto grado de parentesco con el de cujus, la sucesión se abre en favor de los otros parientes colaterales más próximos, hasta el tercer grado”; (el subrayado y resaltado no corresponde al texto original).

La norma transcrita de manera categórica reconoce vocación hereditaria a los parientes colaterales solo hasta 3º grado; en el caso presente y como se tiene señalado, la actora se encuentra en cuarto grado de parentesco en línea colateral con relación a la persona que hizo el reconocimiento de hijo; consiguientemente al haber sustentado su legitimación activa bajo el argumento de tener vocación hereditaria con relación a la indicada persona, la misma resulta no ser evidente, ya que la ley no le reconoce esa vocación hereditaria; consiguientemente, bajo ese argumento, se califica como falta de legitimación procesal como presupuesto del proceso para intervenir en la presente causa, aspecto que no fue advertido por el Juez A-quo ni por el Ad-quem, permitiendo la sustanciación de la causa sin la concurrencia de uno de los elementales presupuestos del proceso, lo cual vicia de nulidad todo lo obrado por las razones expuestas anteriormente; ante esa situación este máximo Tribunal se ve en la necesidad de anular todo lo obrado sin reposición, decisión que se asume al amparo del art. 252 del Cód. Pdto. Civ., aspecto que debe tener presente la parte recurrente.

Por todas las consideraciones realizadas, corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 271 num. 3) del Cód. Pdto. Civ. 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42 parágrafo I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el Art. 271 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, ANULA todo lo obrado (hasta fs.39) sin reposición y dispone el archivo de obrados por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

No se impone multa por considerar excusable el error incurrido por los jueces de instancia.

En aplicación del art. 17-IV de la Ley Nº 025, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley. 

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Abog. Gonzalo Rojas Segales

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Primero