TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                              S A L A   C I V I L 



Auto Supremo: 36/2015

Sucre: 21 de enero 2015

Expediente: T-40-14-S

Partes: Julio Manuel Carballo Soliz. c/ María del Carmen Lema Rodríguez

            José Luis Ayllon Gumiel.

Proceso: Cumplimiento de Contrato con Arras.

Distrito: Tarija.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo, interpuesto por María del Carmen Lema Rodríguez, cursante de fs. 205 a 211 vta., contra el Auto de Vista N° 74/2014 de 28 de agosto, de fs. 197 a 201 de obrados, emitida por la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Publica del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso ordinario Cumplimiento de Contrato con Arras interpuesto por Julio Manuel Carballo Soliz contra María del Carmen Lema Rodríguez y José Luis Ayllon Gumiel, la concesión de fs. 222, los antecedentes procesales, Y;


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, tramitada la causa, el Juez Quinto de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital Tarija, mediante Sentencia Nº 03/2013 de 18 de febrero, cursante de fs. 157 a 158 vta., declaró CON LUGAR en forma parcial la demanda de 11/13, y complementos de fs. 17, en su mérito, se dispone:


1.- Que la señora María del Carmen Lema Rodríguez de Arce extienda la minuta traslativa  de dominio correspondiente al camión marca volvo, modelo 1980,  color azul, con placa Nº 644UPB, chasis Nº F126X2009914, motor Nº TD120F80648054, en el plazo de diez días de ejecutoriada la presente resolución, bajo apercibimiento de darse cumplimiento al art. 34 de la ley 1760. Asimismo entregue toda la documentación que tenga a su poder en el mismo plazo. Con costas.


2.- Improbada con relación al pago de arras penitenciales (daños y Perjuicios) sobre el monto de $us. 3.500.


3.- Improbada la demanda con relación a José Luis Ayllon Gumiel.


4.- Improbada la excepción de Falta de acción y derecho.


5.- Procédase a las notificaciones con orden aclarándose que tienen 10 días  para interponer recurso de apelación.


Deducida la apelación por ambas partes y remitida la misma ante la instancia competente, la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Publica del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Auto de Vista N° 74/2014 de 28 de agosto Confirmó totalmente la Sentencia Apelada de fs. 157 a 158 vta.


Ante la determinación adoptada por el Ad quem, la Demandada interpuso recurso de casación en el fondo, conforme consta de fs. 205 a 211 vta., mismo que se pasa a considerar.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


1.- Acusa error de derecho en la apreciación de la prueba de fs. 2 a 2 vta., 23, 37, 91, 100 y de fs. 112 a 113, ya que el Ad quem confirmaría la Sentencia apelada por el supuesto cumplimiento de la obligación contractual asumida en el contrato de fs. 2 a 2 vta., ya que sin alterar el contenido del contrato se tiene que el saldo de $us. 3.150.- debió ser depositado en la cuenta corriente Nº 41205901, Credi-fondo del Banco de Crédito a su nombre hasta el 17 de junio de 2005, dicho pago de acuerdo al documento de fs. 23 habría sido depositado el 29 de junio de 2005, once días después de vencido el plazo, siendo además que de fs. 112 a 113 se acreditaría que no se habría concretizado la operación de pago el 17 de junio de 2005 debido a un error del demandante, en este entendido el error consistiría en dar por cumplida la obligación asumida por el demandante, por lo que existiría apreciación errónea de los documentos antes referidos. Por esto lo señalado por el Ad quem sobre el supuesto cumplimiento de la obligación asumida por el demandante no resultaría evidente.


2.- Que existiría error de derecho en la apreciación de la prueba documental de fs. 16, ya que el art. 121 del Código de Tránsito prescribe que  el documento que acredita el derecho de propiedad de un vehículo y tiene valor probatorio de instrumento público, en este sentido a fs. 16 cursaría el carnet de propiedad del vehículo a nombre de José Luis Ayllon Gumiel en consecuencia el único que podría transferir el camión seria José Luis Ayllon Gumiel, apreciación de dicha prueba que le causaría daño ya que su persona tendría que cumplir con fallos que resultarían  de cumplimiento imposible.

Por lo expuesto, solicita al Tribunal Supremo de Justicia dictar resolución de conformidad al art. 271 num. 4) en relación con el art. 274 del CPC casando la Sentencia y el Auto de Vista recurrido por que habría incurrido en erro de derecho en la apreciación de la prueba y deliberando en el fondo declare Improbada la demanda de Cumplimiento de Obligación.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


Con relación a los puntos impugnados que en su argumentación resultan repetitivos, a fin de poner en contexto lo referido por la recurrente, a efectos de resolver el recurso planteado, es necesario realizar las siguientes puntualizaciones.

1.- En cuanto a que existiría error de derecho en la apreciación de la prueba de fs. 2 a 2 vta., 23, 37, 91, 100 y de fs. 112 a 113, ya que sin alterar el contenido del contrato se tendría que el saldo de $us. 3.150.- debió ser depositado en la cuenta corriente Nº 412059-01, de Credi-fondo a nombre de la recurrente hasta el 17 de junio de 2005, dicho pago habría sido depositado el 29 de junio de 2005, once días después de vencido el plazo, situación que acreditaría el incumplimiento del demandante; al respecto resulta preciso señalar que de la revisión del Auto de Vista recurrido el tribunal de alzada en el considerando II  punto uno subtitulado, del recurso de apelación de María del Carmen Lema Rodríguez de la resolución recurrida conforme al art. 520 del CC, fundamento: “En la Interpretación de los contratos se debe averiguar cuál ha sido la común intención de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras, se debe apreciar cual ha sido el comportamiento  total de estos y las circunstancias del contrato. Los contratos a título oneroso  se deben interpretar en el sentido  que importe la armonización equitativa de las prestaciones…”.

En este entendido se debe tomar en cuenta que el contrato en una definición simple es un acuerdo de voluntades entre partes, donde ambas se obligan a momento de celebrar el contrato, sin embargo cuando el acuerdo arribado por las partes desaparece o surgen malos entendidos en su cumplimiento, surge  la necesidad de interpretación de dicho contrato, ahora bien dicha interpretación no debe tomar un carácter restrictivo y limitarse al sentido literal de las palabras enmarcadas en el contrato, sino que debe ser amplia en función a la actitud total de las partes contratantes, tal como lo establece el art. 510 del Código Civil que dice: “I. En la interpretación de los contratos se debe averiguar cuál ha sido la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras. II. En la determinación de la intención común de los contratantes se debe apreciar el comportamiento total de éstos y las circunstancias del contrato.”.

Si bien, la intención inicial de las partes a momento de suscribir el contrato suele ser clara, la aparición de circunstancias jurídicas, económicas o ajenas a la voluntad de las partes que puedan provocar discordancia entre estas, exigen la interpretación del contrato para adaptarla a esas nuevas circunstancias, en esta lógica Luis Díez Picazo en su obra Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial I, pág., 504-505, dice: “La fuerza interpretativa de este medio depende de la relevancia de los actos de las partes, en el sentido de que deben tratarse de actuaciones de las partes directamente conectadas con la celebración, ejecución y cumplimiento del contrato.”.

En el caso de autos es preciso recurrir a los principios de buena fe y verdad material, para interpretar el contrato de 4 de mayo de 2005 cursante a fs. 2, toda vez que los contrato deben ser interpretados según la buena fe de las partes, desde la suscripción del mismo hasta su cumplimiento, buena fe que resalta el comportamiento ético social que reclama nuestro ordenamiento jurídico y se consagra en el art. 8 de la CPE, asimismo el principio de verdad material, obliga a que el juzgador no se conduzca  con un criterio restrictivo y literal de lo que dice el contrato, lo cual implica que este debe analizar y desentrañar los hechos en relación a la conducta de las partes en el cumplimiento de las obligaciones generadas con la suscripción del contrato para establecer la verdad real de los hechos.

En este entendido de la revisión de obrados y las pruebas que la recurrente acusa de errónea valoración se tiene que el contrato de compra venta de un camión marca volvo, por el que mediante poder María Lema Rodríguez transfiere el camión a Julio Manuel Carballo Soliz por la suma de $us. 16.150.- monto a ser cancelado con la entrega de una camioneta Mitsubishi con placa Nº 874HTT, valuada en $us. 8.000, la entrega de $us. 5.000.-  en efectivo quedando un saldo de $us. 3.150 a ser cancelados en un plazo de 45 días, habiendo sido  suscrito el contrato en fecha 5 de mayo de 2005, el plazo vencía el 18 de junio del mismo año.

Ahora bien, a fs. 38 se tiene una solicitud de parte del actor al Banco de Crédito S.A.,  solicitando el traspaso de fondos por $us. 3.150.- a la cuenta de  María del Carmen Lema Rodríguez, fecha de depósito que fue confirmada por los informes cursantes a fs. 100 y 112 a 113, con la aclaración de que existió una demora de 12 días en concretarse la operación debido a un error en el número de cuenta de la demandada, por lo que el monto debitado se mantuvo en una cuenta puente y no regresó a poder del actor, lo que demuestra que la verdad real de los hechos es que el deposito se efectuó en fecha 17 de junio del 2005.

Pruebas que además dan a entender la buena fe con que el actor actuó desde la firma del contrato donde entregó la camioneta Mitsubishi valuada en $us. 8.000 y $us. 5.000.- en efectivo, montos que hacen al 80.50 % del total de la obligación asumida, por lo que el retraso causado por un error involuntario ya que dicho monto depositado jamás volvió a poder del actor, concretándose la operación 12 días después en favor de la demandada, no resulta trascendente con el cumplimiento del pago. En este sentido, de todas estas actuaciones, se tiene que el comprador ahora demandante, siempre tuvo la intención de cumplir con la obligación asumida de su parte en el contrato de fs. 2, lo que demuestra su buena fe en la celebración, ejecución y cumplimiento del contrato.

Por otra parte, en cuanto a la prueba de fs. 23 que señala el movimiento de cuenta de la demandada, en los meses abril, mayo, junio y parte de julio, se tiene que la misma, data del año 2005, fecha desde que la demandada no denuncio en ese momento su rechazo al depósito del saldo efectuado por parte del actor, lo que da a entender que  a la fecha de la demanda que data de diciembre de 2009, la misma se favoreció con dicho depósito, por lo que no resulta moral que años después no pretenda cumplir con la obligación asumida de extender  la minuta de transferencia en favor del actor, conducta que incluso iría contra los principios y valores ético morales consagrados en el art. 8 de la CPE, razones por las que los jueces de instancia concluyeron que el demandante cumplió con su obligación, no resultando evidente el error de derecho en la valoración de la prueba señalada por la recurrente. 

2.- Respecto a que existiría error de derecho en la apreciación de la prueba documental de fs. 16, documento que acreditaría el derecho de propiedad del vehículo en cuestión a nombre de José Luis Ayllon Gumiel y no a nombre de la recurrente, por lo que esta tendría que cumplir con fallos que resultarían de cumplimiento imposible; a esto corresponde señalar que de la revisión del Auto de Vista, recurrido el Tribunal de Alzada en su considerando II punto 2, fundamentó: “… por el carnet de propiedad de fs. 16, el camión transferido se encuentra registrado a nombre de José Luis Ayllon, por la minuta de fs. 4 a 4 vta., JOSÉ LUIS AYLLON GUMIEL, en su calidad de propietario del camión… transfiere a favor de MARIA DEL CARMEN LEMA RODRIGUEZ, de ahí que en la parte resolutiva de la Sentencia se dispone que la co-demandada… extienda la minuta traslativa…”.

Razonamiento que resulta correcto ya que de la contestación del codemandado a través de su apoderada Virginia Blanca Cazón Figueroa de Ayllon y la minuta de fs. 4 y vta., se tiene demostrado que la propietaria actual del vehículo en cuestión es María del Carmen Lema Rodríguez, quien desde el momento de la suscripción del contrato con Julio Manuel Carballo actuó como titular del Vehículo objeto de la Litis, en este entendido es preciso puntualizar que la realidad social boliviana en el tráfico comercial de compra y venta de vehículos motorizados, acepta las transferencias basadas en el uso de Mandato, donde la parte adquirente del vehículo muchas veces adquiere el motorizado solicitando además un Mandato (Poder Notariado), que por  distintas circunstancias les permita usar, gozar y disponer de dicho bien mueble sujeto a registro, conducta  aceptada socialmente y reproducida por una gran mayoría de la población boliviana dentro el tráfico comercial vehicular.

En esta lógica, dado el nuevo contexto en que se desenvuelve el ordenamiento jurídico boliviano donde prevalece el modelo Social Constitucional de Estado, que rompe con el anterior modelo de Estado liberal cuya característica era el individualismo que traía consigo una justicia basada en el ritualismo de la letra muerta de la ley; pregona la protección de derechos fundamentales de las personas en relación al bienestar social, construyendo una visión social de impartir justicia de modo que se garanticen los derechos fundamentales de todos los individuos que componen el Estado Plurinacional de Bolivia, centrando su atención en la población como elemento principal de su organización y no en el individuo, por lo que no se puede pretender desconocer una conducta socialmente aceptada y practicada por gran parte del pueblo boliviano, que además constituye una práctica jurídica corriente en las trasferencias de bienes muebles sujetos a registro.

En este contexto el derecho no puede ir contra la realidad social, por lo que  la pretensión por parte de la actora de acusar error de derecho en la valoración de la prueba cursante a fs. 16 y desconocer su derecho propietario sobre el vehículo en cuestión, no es evidente, dada la prueba cursante a fs. 4 y vta., que acredita la transferencia efectuada en favor de la recurrente y el poder de fs. 3 y vta., donde el anterior dueño José Luis Ayllon otorga a la recurrente la facultad de usar, gozar y disponer del motorizado, de lo que se concluye que la misma actuó en todo momento como propietaria del vehículo en cuestión.

Por lo anterior manifestado, corresponde a este Tribunal resolver conforme señala los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, interpuesto por María del Carmen Lema Rodríguez, cursante de fs. 205 a 211 vta., contra el Auto de Vista N° 74/2014 de 28 de agosto, de fs. 197 a 201. Con costas.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Abog. Gonzalo Rojas Segales

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Primero