TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 35/2015                                                                

Sucre: 21 de enero 2015                                                                         Expediente:        O - 59 14 S.                                                        

Partes: Alejandro Choque Cahuana.  c/ Filonila Lutino Nina.                

Proceso: Divorcio.                                                        

Distrito: Oruro.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 153 a 154 vta., interpuesto por Filonila Lutino Nina contra el Auto de Vista Nº 148/2014 de 14 de agosto de 2014, de fs. 147 a 151 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en el proceso ordinario de divorcio seguido por Alejandro Choque Cahuana contra Filonila Lutino Nina; la respuesta al recurso de fs. 157 a 158 vta.; el Auto de concesión de fs. 159; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:                                                         ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Alejandro Choque Cahuana, adjunto literal a cinco fojas, demanda de fs. 7 a 8, amparado en la causal cuarta del art. 130 del Código de Familia, manifestando que contrajo matrimonio con Filonila Lutino Nina el 1 de febrero de 1973, dentro del cual procrearon tres hijos hoy mayores de edad. Con el correr del tiempo se acentuaron las diferencias personales entre ambos soportando de su parte ofensas y odio, malos tratos de palabra y obra reiteradamente provenientes de su esposa quien viene pregonando que su esposo sufre una enfermedad incurable y que va morir. A fin de evitar la reiteración de estos hechos vio por conveniente separarse y a la fecha cada cual tiene su propio domicilio por lo que ya no existen motivos para continuar dicha relación conyugal pidiendo declarar probada la demanda y consiguiente cancelación de la partida matrimonial.

Filonila Lutino Nina, de fs. 18 a 21 vta., contesta y reconviene señalando que dichas diferencias personales fueron provocadas por el cambio de carácter de su esposo y salidas misteriosas del hogar, que fue tolerante, sin embargo, ha podido comprobar que mantiene una relación extramatrimonial en la que probablemente ya haya tenido un hijo, que en todo caso el demandante debía ser sincero si pretendía rehacer su vida sin ocultar la verdad induciendo a que ella sea descubierta por otros medios, mentía constantemente lo cual le reclamó pero eso no puede ser alegado como malos tratos que no son ciertos, que ese fue el motivo para que la relación se torne intolerable perdiéndose la comunicación y comprensión, que en reiteradas veces su esposo la agredió físicamente profiriéndole insultos en contra de su dignidad de mujer y que ella solo atinó a proteger su integridad física. Sobre el testimonio de la demanda de violencia intrafamiliar adjunto, señala que este documento fue logrado por el actor hábilmente para justificar la presente acción, empero, esa prueba no es contundente pues por las certificaciones médico-legales se demuestra que ha sufrido incapacidad física tras haber sido agredida, sin embargo, estos hechos no provocaron que demandara divorcio ya que solo exigió respeto de su esposo. Con dichos antecedentes solicita se le asigne un monto de asistencia familiar por la situación en la que se encuentra y su edad. Reconviene por las causales insertas en los num. 1) y 4) del art. 130 del Código de Familia, esto es por adulterio y malos tratos de palabra y de obra.

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez de Partido Tercero de Familia, mediante Sentencia Nº 04/2014 de 2 de enero de 2014, de fs. 117 a 119 vta., declaró probada la demanda principal, probada en parte la demanda reconvencional por la causal establecida en el inc. 4) del art. 130 del Código de Familia, sin lugar e improbada la demanda reconvencional por la causal 1) del art. 130 del Código de Familia, disponiendo disuelto el vínculo conyugal que une a los esposos Alejandro Choque Cahuana y Filonila Lutino Nina por culpa de ambos, consiguientemente la esposa sin derecho a ser asistida. En ejecución de sentencia, la cancelación de la partida matrimonial y la división y partición de los bienes gananciales.  

En grado de apelación, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Auto de Vista Nº 148 de 14 de agosto de 2014, confirmó la Sentencia; resolución contra la cual la parte demandada recurre de casación en el fondo.    

CONSIDERANDO II:                                                                

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del recurso, se resume lo siguiente:

  1. Alude a que la Sentencia declaró la desvinculación conyugal por la causal establecida en el num. 4) del art. 130 del Código de Familia (malos tratos o de obra), y que fue confirmada por el Auto de Vista, pero declaró improbada la demanda reconvencional por la causal 1) del art. 130 de la indicada norma (adulterio).
  2. Dice que el Auto de Vista (considerando II.2.b) respecto a la declaración testifical de descargo, señaló que por ésta no se concluye que el demandante sostenga una relación con otra persona distinta a su cónyuge, pero sin embargo, es demostrable la relación amorosa o enamoramiento entre dos personas de diferentes estados civiles que se exhiben en público, lo que significa maltrato moral contra la esposa y ofensa al hogar, y es un hecho que el demandante mantiene una relación adulterina con F.V.Y. con la que convive, situación que fue acreditada mediante la declaración testifical uniforme que lleva a la convicción de un relación extraconyugal, habiéndose interpretado erróneamente el art. 476 del Código de Procedimiento Civil, porque no fueron apreciadas correctamente las declaraciones testificales, y por ende, errónea aplicación del art. 1286 del Código Civil.
  3. Indica que el Auto de Vista incurre en aplicación errónea del art. 130-1) del Código de Familia (adulterio) toda vez que éste fue demostrado con declaraciones testificales de María Teresa Veizan Vargas y Liliam Lizzeth Goitia Herrera, quienes manifestaron fehacientemente que saben y conocen sobre las relaciones íntimas del actor con otra persona, por lo que la resolución recurrida debió declarar en conformidad con el art. 237-3) del procedimiento civil, revocando parcialmente la sentencia y probada la demanda reconvencional.
  4. Además, indica, el Auto de Vista incurre en aplicación errónea de los arts. 143 y 21 del Código de Familia, al señalar que las partes son profesionales maestros y perciben ingresos declarando sin derecho a la asistencia. A lo largo del proceso ha demostrado que el actor posee una economía bien saneada contrariamente a la suya pues aun sus hijos dependen de ella porque cursan estudios superiores, y si bien es maestra de profesión pero el beneficio a ser asistida se justifica en que no es culpable ni provocó causa alguna para que se interponga la presente acción.      

CONSIDERANDO III:                                                        

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En el primer punto de agravio, señala la recurrente que las declaraciones testificales de descargo de Ma. Teresa Veizan Vargas y de Liliam Lizzeth Goitia Herrera llevan al convencimiento de relaciones íntimas adulterinas y extramatrimoniales del actor con otra persona, interpretándose erróneamente el art. 476 del Código de Procedimiento Civil, y errónea aplicación del art. 1286 del Código Civil, porque no se apreciaron correctamente las declaraciones testificales. De la revisión de los datos que informan al proceso se tiene que en Sentencia se estableció como hecho no probado la causal contenida en el inc. 1) del art. 130 del Código de Familia, con el argumento de que el acceso carnal con mujer que no sea legitima no fue acreditado con prueba idónea así como no se probó que el esposo se encuentre viviendo con otra persona; de su parte, el Tribunal de Alzada ha establecido que el adulterio debe ser demostrado a través de hechos que de modo indubitable conduzcan al convencimiento de la existencia de relaciones ilegítimas, en consecuencia, las declaraciones testificales de descargo no llevan a concluir que el demandante tenga una vida en común con otra persona distinta a su cónyuge o una íntima vinculación.

En esa línea, cuando la recurrente acusa de interpretación y aplicación errónea de las disposiciones legales que señala, la apreciación de la prueba es atribución de los Jueces de grado incensurable en casación, a menos que se demuestre error de hecho y de derecho. Es decir, en el caso de Autos se acusa la interpretación y aplicación indebida de las disposiciones legales señaladas, pero para ello se debe precisar que en la apreciación de la prueba testifical de descargo, se ha incurrido en error de hecho o de derecho, errores a los cuales no se ha referido la recurrente más aun cuando para demostrar las relaciones íntimas adulterinas y extramatrimoniales del actor con otra persona, de conformidad a lo que afirma la demandada reconvencionista, ahora recurrente, debe ser ineludiblemente acreditado mediante prueba plena la existencia de tales relaciones. Las atestaciones de las prenombradas personas no es prueba suficiente para acreditar esas relaciones íntimas adulterinas y extramatrimoniales toda vez que causal inserta en el num. 1 del art. 130 del Código de Familia, se refiere a la relación de adulterio, de ahí que de conformidad al art. 476 del Procedimiento Civil en concordancia con el 1286 del Código Sustantivo, se establece la facultad de apreciación según las reglas de la sana crítica en virtud de las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones de los testigos.

En el otro punto de agravio, se acusa de que el Auto de Vista incurre en aplicación errónea de los arts. 143 y 21 del Código de Familia, al señalar que las partes son profesionales maestros y perciben ingresos declarando sin derecho a la asistencia. A lo largo del proceso ha demostrado que el actor posee una economía bien saneada contrariamente a la suya, si bien es maestra de profesión pero el beneficio a ser asistida se justifica en que no es culpable ni provocó causa alguna para el divorcio.

En base al testimonio de fs. 3 a 5, franqueado por el Juzgado de Instrucción Primero de Familia de Oruro, dentro del proceso de violencia familiar seguido por el actor contra la recurrente, así como a los certificados e informes médico-legales de fs. 92, 94 y 96 a 97, presentados por la recurrente, así como las atestaciones de cargo y de descargo, el A quo mediante su Sentencia declaró probada la demanda principal por la causal establecida en el num. 4) del art. 130 del Código de Familia, probada en parte la demanda reconvencional por la causal establecida en el inc. 4) del art. 130 del Código de Familia, disponiendo la disolución del vínculo conyugal por culpa de ambos esposos, consiguientemente la esposa sin derecho a ser asistida; corroborado por el Tribunal Ad quem que confirmó dicho fallo con el fundamento de que la recurrente no demostró las necesidades y condiciones para ser asistida.

En sus fundamentos, la asistencia familiar es la obligación que surge como efecto de la relación de parentesco o el vínculo jurídico del matrimonio, de prestar ayuda económica o en especie por no poder satisfacer por sí mismos sus necesidades más inmediatas y elementales para sobrevivir dignamente. Está inspirada en la típica manifestación de solidaridad entre los parientes y los cónyuges, convertida en la ayuda y cooperación que deben prestarse las personas unidas por vínculos familiares o jurídicos. Sin embargo, el derecho a la asistencia familiar se funda principalmente en el estado de necesidad que supone, para su procedencia, que el beneficiario se encuentre en situación de necesidad por no contar con los medios económicos necesarios para su subsistencia dada su condición de minoridad, incapacidad física o mental que le impidan realizar actividades para procurarse los medios de subsistencia. El primer párrafo del art. 21 del Código de Familia, dispone que la asistencia se fijará en proporción a la necesidad de quien la pide, concordante con ello, el art. 14 del mencionado Código, establece los ítems que debe cubrir la asistencia familiar, no obstante, conforme el art. 21, dicha obligación se halla limitada a dichas necesidades de los beneficiarios así como a la capacidad económica de los que resultaren obligados.

El último párrafo del art. 143 del Código de Familia, señala: “Si el divorcio se declara por culpa de ambos cónyuges, no hay lugar a la asistencia”; mediante la prueba acreditada tanto por el actor como por la recurrente, se tiene que aquellos malos tratos de palabra o de obra alegados por ambos, no han sido desvirtuados por ninguno en el desarrollo del proceso.

Ahora bien, mediante la certificación de fs. 45, se acredita la condición de profesora normalista de la recurrente, especificando la categoría, el ítem y el líquido pagable referido al salario mensual que percibe, y por otro lado, a través del certificado de fs. 49, se acredita la actividad comercial de la recurrente en el Sistema de Unidad de Mercados correspondiente al Municipio de la ciudad de Oruro, de lo que se concluye que no está demostrado aquel estado de necesidad como primer requisito para la petición de asistencia familiar, más aun cuando la culpabilidad para la desvinculación matrimonial se ha atribuido a ambos cónyuges por la causal establecida en la causal contenida en el numeral 4) del art. 130 del Código de Familia.

Por los motivos expuestos precedentemente, corresponde fallar en aplicación de lo dispuesto en el art. 271 num. 2) en relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 41 y 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de lo previsto por los arts., del Código Adjetivo de la materia, en aplicación de los arts. 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por Filonila Lutino Nina contra el Auto de Vista Nº 148/2014 de 14 de agosto de 2014, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en el proceso ordinario de divorcio seguido por Alejandro Choque Cahuana contra la recurrente. Con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.000,oo.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Abog. Gonzalo Rojas Segales

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Primero