TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 10/2015

Sucre: 13 de enero 2015

Expediente: LP-136-14-S

Partes: Santiago, Pascual, Teodoro, de apellidos Mayta Acho, yMarcelina Leuca

Vda. de Mayta. c/        Víctor, Ángel, Miguel Ángel, Marcelino, de apellidos

Mamani Maquera yMartha Mamani de Apaza.

Proceso: Cumplimiento de obligación.

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 414 a 420, interpuesto por Víctor, Ángel, Miguel Ángel, Mamani Maquera y Martha Mamani de Apaza, contra el Auto de Vista Nº 207/2014 de 22 mayo de 2014 de fs. 408 a 409 y vta., pronunciado por la Sala Civil Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso sobre Cumplimiento de obligación, seguido por Santiago, Pascual, Teodoro Mayta Acho y Marcelina Leuca Vda. de Mayta contra Víctor, Ángel, Miguel Ángel, Marcelino Mamani Maquera y Martha Mamani de Apaza, la respuesta al recurso de fs. 452 a 453, la concesión del recurso de fs. 454, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:                

El Juez de Partido Sexto en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Pazdicta la Sentencia Nº 133/2013 de 25 de noviembre de 2013,cursante de fs. 348 a 352 de obrados, declarandoPROBADA la demanda de fs. 76-79, subsanada a fs. 142, interpuesto por SantiagoMayta Acho, PascualMayta Acho, Teodoro Mayta Acho y Marcelina Leuca Vda. de Mayta, debiendo en consecuencia los demandadosVíctor Mamani Maquera, Martha Mamani de Apaza, Ángel Mamani Maquera, Miguel Ángel Mamani Maquera, y Marcelino Mamani Maquera efectuar la transferencia a favor de los demandantes de 10 lotes de terreno de 300 Mts2 en aplicación del acuerdo transaccional y 12 lotes de terreno de 300 Mts2 como resultado tanto de la aplicación de la literal c) del referido acuerdo transaccional, como de lo expresamente pedido en la demanda. A cuyo efecto los demandados deberán suscribir las minutas y protocolos correspondientes ante cualquier Notario de Fe Pública, dentro de tercero día de ejecutoriada la presente sentencia, bajo alternativa de ser suscritas las mismas por el Juez de la causa. Con costas.

Resolución de primera instancia que es recurrida de apelación por Víctor Mamani Maquera, Martha Mamani de Apaza, Ángel Mamani Maquera, y Miguel Ángel Mamani Maquerapor escrito de fs. 359 a 360 y vta, que merece el Auto de Vista Nº 207/2014 de 22 mayo de 2014, cursante de fs. 408 a 409 y vta., que Confirma a) la Resolución Nº 49/2012 de 15 de noviembre de 2012 de fs. 178-178 vta., b) el Auto de 7 de junio de 2013 de fs. 321-321 vta., y c) la Sentencia Nº 133/2013 de 25 de noviembre de 2013 de fs. 348-352 de obrados. Resolución de Alzada que es recurrida de casación en la forma y en el fondo por Víctor Mamani Maquera, Martha Mamani de Apaza, Ángel Mamani Maquera, y Miguel Ángel Mamani Maquera, que merece el presente análisis.


CONSIDERANDO II:                                                                DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


De forma resumida se pasa a detallar los fundamentos de agravio que expone la parte recurrente:

En el fondo:

Refiere que de la revisión y análisis de la “Sentencia y Auto de Vista recurridos”, se evidencia que no se ha dado cumplimiento a las normas sustantivas civiles, al momento de valorar el acuerdo transaccional, puesto que la misma no cuenta con los requisitos formales de un contrato de la causa lícita; así como se evidencia la desproporción y diferencia entre la prestación de la parte y la contraprestación de la otra, existiendo lesión por haberse explotado la ligereza y la ignorancia de los obligados, así como no se ha observado los requisitos de validez de un contrato, inobservando el contenido de los arts. 1287, 1309, 1311, 1312 del Código Civil, extremos que evidencian que tanto el Juez como el Tribunal de Alzada no ha “valorado” y de esta manera ha conculcado sus derechos y garantías constitucionales del debido proceso en sus vertientes de igualdad y seguridad jurídica, de legalidad de impugnación en los procesos ordinario por lo que corresponde casar la sentencia y Auto de Vista recurrido.

En la forma:

1. Violaciones a las formas esenciales del proceso:

En éste punto la parte recurrente denuncia los siguientes agravios:

a) Que la demanda ordinaria de cumplimiento de obligación ha sido interpuesta por los ciudadanos Santiago, Pascual, Teodoro Mayta Acho y Marcelina Lauca Vda. de Mayta, quienes adjuntan el Testimonio de declaratoria de herederos que solamente declara como heredera a Marcelina Lauca Vda. de Mayta y no así a los supuestos demandantes Santiago Mayta Acho, Pascual Mayta Acho y Teodoro Mayta Acho, extremo no observado por el Juez al momento de admisión de la demanda, el acuerdo transaccional que han suscrito Tomás Mamani Larico y Santiago Mayta Acho, y herederos sin la participación de los nombrados, puesto que los mismos no han presentado su declaratoria de herederos al fallecimiento de Leoncio MaytaQuenallata y Justa Acho de Mayta, este extremo inobserva lo previsto por el art. 340 inc. 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, “normas sustantivas y adjetivas civiles” que han sido inobservadas, que conlleva a que se disponga la anulación de oficio conforme a lo previsto por los arts. 252, 254 inc. 4) y 7), 274 del Código de Procedimiento Civil.

b) Que la acción ordinaria interpuesta, no hace referencia de los hechos en que se han fundado los que no han sido expuestos con claridad y precisión, requisitos de forma de la demanda que se encuentra prevista por el art. 327 inc. 6) del Código de Procedimiento Civil, formalidad legal que no cumple la demanda interpuesta por lo que daría lugar a la demanda defectuosa prevista por el art. 333 del adjetivo civil, y que interesa al orden público, lo que conlleva la anulación de oficio, conforme a lo previsto por los arts. 252, 254 inc. 4) y 7) del Código de Procedimiento Civil.

c) Quesin cumplir con las observaciones realizadas por decreto de fs. 81, los demandantes adjuntan pruebas documentales consistentes en fotocopias simples cursantes a fs. 110 a 113, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, evidenciándose que no se encuentran debidamente legalizadas conforme a lo previsto por el art. 1311, 1312 del Código Civil, los mismos que no cumplen con lo observado, empero soslayando este extremo el Juez admite la causa en inobservancia del art. 330 del Código de Procedimiento Civil, normas procesales que interesan al orden público lo que conlleva a la anulación de oficio conforme a lo previsto por los arts. 90, 252, 254 inc. 1) y 7) del Código de Procedimiento Civil.

d) Que la parte demandante ha ofrecido sus pruebas al séptimo día de su legal notificación con el auto de apertura de término de prueba que evidencia el incumplimiento del art. 379 del Código de Procedimiento Civil, teniendo presente lo previsto por el art. 139, 140 del precitado adjetivo civil, los plazos legales para la realización de los actos procesales son perentorios e improrrogables, los mismos que comenzaran a correr desde el día hábil siguiente a la citación o notificación con la resolución judicial respectiva, por estos hechos jurídicos se demuestra que los demandantes han propuesto sus pruebas de cargo fuera del término previsto por la norma adjetiva civil que determina el plazo de cinco días, habiéndose notificado a los demandantes el 15 de abril de 2013, debían proponer pruebas hasta el día 22 de abril del 2013, que conlleva la anulación de oficio conforme a lo previsto por los arts. 90, 251 parágrafo I, 252, 254 inc. 1) y 7) del Código de Procedimiento Civil.

e) Que por memorial de fs. 159, el demandado Víctor Mamani Maquera interpone excepción previa de Litis pendencia, habiendo merecido la resolución Nº 49/2012 por el que se declara improbada la excepción previa, por lo que mediante memorial de fs. 205 de obrados el referido demandado interpone recurso de reposición bajo alternativa de apelación al amparo de lo previsto por los arts. 215, 216, 217 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo efecto el Juez emite el Auto de fs. 209, por el cual en previsión del art. 24 num. 1) de la Ley 1760, se reserva la fundamentación de la misma ante una eventual apelación de la Sentencia. Sin embargo acusa que las normas aplicadas por el Juez de la causa al dictar el Auto de fs. 209, no son de aplicación al recurso de reposición bajo alternativa de apelación, por ser una institución jurídica que no es aplicable al recurso de apelación en el efecto diferido, como lo interpreto el Juez de la causa; acto jurídico que evidencia que el Juez de la causa ha contravenido a lo dispuesto por ley, sin pronunciarse sobre la pretensión deducida, que conlleva la anulación de oficio conforme a lo previsto por los arts. 90, 251, 252, 254 num. 1), 4) y 7) del Código de Procedimiento Civil.

f) Que mediante memorial de fs.258 a 259, al amparo de lo previsto por arts. 149 y 152 dedujeron incidente de nulidad de obrados que fue resuelto por Auto de fs. 321 de obrados, por el cual se rechaza el incidente planteado, por esta razón la demandada Martha Mamani de Apaza interpone recurso de apelación contra dicha resolución, habiendo el Juez de la causa mediante Auto de fs. 324 resuelto en aplicación del art. 24 num. 2) de la Ley 1760 la reserva de la fundamentación de la misma ante una eventual apelación de la Sentencia, Auto que conculca derechos y garantías constitucionales y aplica un procedimiento, que no es referente al recurso de apelación diferida como interpreta el Juez de la causa, acto jurídico que evidencia que el Juez de la causa ha restringido su derecho a la apelación, estableciendo un procedimiento que no ha sido pretendido por sus personas, soslayando pronunciarse sobre éste derecho y garantía constitucional, lo que conlleva la anulación de oficio.

g) Que el Juez de la causa advertido de los defectos procesales admite y recibe las pruebas testificales de cargo conforme se evidencia de fs. 298 y 300 de obrados, atestaciones que no han sido ofrecidas en el término establecido por ley, y al ser producida se ha inobservado lo previsto por el art. 459 del Código de Procedimiento Civil, cuando la testigo María Coronado manifiesta que tiene interés en el proceso y es acreedor del Sr. Santiago Mayta Acho, así también al testigo Julio Flores Callizaya no se ha realizado las preguntas necesarias, y al no haberse observado el cumplimiento de los arts. 459 inc. 2), 3), 4), 5), 471 del Código de Procedimiento Civil, la proposición de las pruebas testificales son ilícitamente producidas, actos que conllevan la anulación de oficio.

h) Que la confesión provocada de sus personasque cursa a fs. 283, se ha realizado en inobservancia de lo previsto por los arts.403-406, 408-410 y 412del Código de Procedimiento Civil, así también se debe considerar que habiendo los demandantes ofrecidos sus pruebas fuera del término previsto por el art. 379 del adjetivo civil, estas no merecen la fe probatoria en juicio, al ser recibidas ilícitamente conllevan la anulación de oficio.

i) Que la inspección ocular realizada que cursa a fs. 302, es un acto procesal efectuado indebida e ilegalmente, puesto que se ha inobservado lo previsto por el art. 427, 428 del Código de procedimiento Civil con relación a lo previsto por el art. 1334 del Código Civil, por lo que no merece la fe probatoria en juicio, al haber ofrecido y propuesto las pruebas de cargo, fuera del término previsto por el art. 379 del Código de procedimiento Civil que conlleva la anulación de oficio.

j)  Que el Juez de la causasin que se hayan cumplido las normas procesales civiles dicta la Sentencia Nº 133/2013, resolución que no cumple con el art. 192 inc. 1), 2), 3), 4), 7) y 193 del Código de procedimiento Civil. Por lo que la sentencia y el Auto de Vista recurrido, conculcan derechos y garantías constitucionales como el debido proceso en sus elementos de igualdad, y seguridad jurídica de legalidad, del derecho de ser oído en forma imparcial, a ser juzgada sustentando en principios de probidad, equidad y respeto a los derechos y a los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, honestidad, legalidad, eficacia y eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de la partes ante el juez, principios procesales que no han sido observados y cumplidos en el presente proceso, lo que conlleva a la anulación de oficio.

k) Que la uniforme línea jurisprudencial establecida a través de Sentencias Constitucionales y Autos Supremos han fundado jurisprudencia con relación a la obligación de observar el cumplimiento de las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, como lo establecen los Autos Supremos Nº 28/2012 de 29 de febrero, y Nº 012/2012 de 16 de febrero éste último que trascribe.

l)  Conformea lo previsto por el art. 17-IV de la Ley del Órgano Judicial, los Autos Supremos son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, por lo que habiéndose evidenciado que el presente proceso civil ha sido sustanciado con inobservancia de presupuestos procesales que interesan al orden público y que conlleva la anulación de oficio, corresponde en aplicación de los arts. 90, 251, 252, 254 inc. 1), 4), 7), 192, 193 del Código de Procedimiento Civil disponer la nulidad del presente proceso hasta el vicio procesal más antiguo.

Por lo expuesto, al amparo de lo previsto por los arts. 236, 237 inc. 4), 250, 251 parágrafo I, 252, 252 inc. 1), 2), 3), 254 inc. 1), 4), 7), 255 num.1), 271 inc. 1) 257, 258 num. 1), 2) del Código de Procedimiento Civil, interponemos recurso de casación en el fondo y en la forma contra el Auto de Vista recurrido y solicita que se dicte  Auto Supremo ”Casando en el fondo y la forma”, disponiendo la anulación de obrados hasta el vicio procesal más antiguo.

CONSIDERANDO III:                                                                FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Habiendo sido interpuesto el recurso de casación tanto en el fondo como en la forma, corresponde en principio referirnos al recurso de casación en la forma, porque de ser evidentes los agravios denunciados yano sería necesario ingresar al recurso de fondo.

En la forma:

1. Sobre violación de las formas esenciales del proceso:

1.1. En esta parte por su estrecha relación corresponde absolver de manera conjunta los incisos a), b), c) y d) del recurso de casación en la forma.

Respecto a los presuntos vicios procedimentales denunciados, corresponde referir que en el proceso civil rige el principio dispositivo, en mérito al cual las partes son las únicas que pueden incoar la actividad jurisdiccional, es decirque las partes son absolutamente libres para disponer de sus intereses privados y reclamarlos o no judicialmente, en la medida que éstos consideren oportuno, éste principio constriñe también a los Tribunales de instancia que al dictar una resolución no pueden ir más allá de lo pedido por las partes, por lo que en el marco de la leyes deber de las partes objetar e impugnar de las resoluciones que consideren agraviantes a sus derechos y garantías.

Ahora bien, en relación al cuestionamiento de la legitimación procesal de los demandantes. De la revisión de obrados se tiene que la parte actora demanda el “cumplimiento de la obligación emergente del acuerdo transaccional de fecha 28 de septiembre de 2004”, de dicho acuerdo transaccional debidamente reconocidoque cursa de fs. 1 a 6 de obrados, se evidencia que son los ahora demandados quienes reconocen el derechos sucesorios de los “hijos” de los finados Leoncio MaytaQuenallata y Justa Acho de Mayta, hijos que resultan siendo precisamente los intervinientes y suscribientes de dicho contrato, es decir los señores:Santiago Mayta Acho, Pascual Mayta Acho, Teodoro Mayta Acho y Bonifacio Mayta Acho, por lo que la demanda interpuesta a título personal por los tres primeros y ante el fallecimiento del últimoen su representación por su causahabiente Marcelina Leuca Vda. de Mayta, conforme se evidencia del testimonio judicial de fs. 70 a 74 vta, la legitimación activa de los demandantes se encuentra debidamente reconocida y legalmente acreditada, máxime si éste extremo no ha sido desvirtuado con prueba alguna por la parte demandada.Sin embargo, una vez que hubotomado conocimiento de la demanda y decreto de admisiónla parte demandada, conforme se evidencia de las citaciones de fs. 147, 153, y 185 a 187, no cuestiona la misma por falta o incumplimiento de requisitos de forma, tampoco interpone dentro del término de ley la excepción previa de incapacidad o impersonería de la parteactora conforme facultael art. 336-2) del Código de Procedimiento Civil.

Asimismo, por memorial de fs. 142 la parte actora adjuntando prueba literal refiere que subsana las observaciones que se le hubo realizadoy solicita la admisión de la demanda, ante dicha solicitud el Juez de la causa al considerar cumplida la providencia de fs. 81, por decreto de fs. 143admite la demanda y corre en traslado a la parte demandada, quien habiendo tomada conocimiento de dichos actuados responde a la demanda, empero sin realizar ninguna observación a la prueba literal adjunta, habiendo perdido por ello su derecho de reclamación posterior de acuerdo a lo previsto por el art. 346 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, ya que su silencio fue considerado legalmente como reconocimiento a la verdad de los hechos a que se refieren dichos documentos; es más como prevé la última parte del parágrafo I del art. 1311 del Código Civil, que manda imperativamente "o si la parte a quien se opongan no las desconoce expresamente". En consecuencia, en atención a la norma antes descrita, no existe causal legal para determinar nulidad por dicha observación.

De otro lado, del formulario de notificaciones de fs. 210, se evidencia que en fecha 15 de abril de 2013 se pone en conocimiento de la parte demandada el Auto que establece la relación jurídica procesal yapertura el término probatorio, en cuyo antecedente la parte actora por escrito de fs. 214 y vta.propone sus pruebas, proposición que es admitida por providencia de fecha 25 de abril de 2013 donde en previsión del art. 382 del Código de Procedimiento Civil se ordena poner en conocimiento de la parte contrario el escrito de proposición, cumplida la misma, conforme se evidencia de las diligencias de notificaciones que cursan de fs. 253 a 254, no es objetada por la parte ahora recurrente.

En consecuencia al no haber impugnado la parte demandada las resoluciones precedentemente señaladas en el término establecido por ley y con los recursos que la ley le franquea, dicha omisión conforme al principio dispositivo no puede ser suplido de oficio por los Tribunales de instancia, por lo que su derecho por negligencia propia y conforme al principio de convalidaciónha precluido.

1.2.En esta parte corresponde absolver de manera conjunta los incisos e)y f) del recurso de casación en la forma.

La parte recurrente acusa que se le ha concedido el recurso de apelación en el efecto diferido cuando no correspondía aplicar dicho procedimiento.De la revisión de antecedentes del presente caso de autos se evidencia que por Auto Interlocutorio Nº 49/2012, se declara Improbada la excepción de litispendencia opuesta por el demandado Víctor Mamani Maquera disponiéndose la prosecución de la presente causa, contra esta resolución el referido demandado interpone recurso de reposición con alternativa de apelación, la misma que es resuelta por auto de fs. 209, donde se declara sin lugar a la reposición y encontrándose interpuesto en recurso de apelación en forma alternativa conforme a las previsiones del art. 24 numeral 1) de la ley 1760 se reserva la fundamentación de la misma ante una eventual apelación de la Sentencia definitiva.

Asimismo, por Auto de fecha 7 de junio de 2013, se rechaza el incidente de nulidad planteado por los demandados Víctor Mamani y Martha Mamani de Apazacon multa de Bs. 500 disponiéndose la prosecución de la presente causa, contra esta resolución lademandada Martha Mamani de Apaza interpone recurso de apelación, la misma que es resuelta por Auto de fs. 324, donde se dispone que al encontrarse interpuesto el recurso de apelación, conforme a las previsiones del art. 24 numeral 2) de la ley 1760 se reserva la fundamentación de la misma ante una eventual apelación de la Sentencia definitiva.

Respecto a la apelación diferidaprecedentemente detallada, el art. 24 de la ley Nº 1760 preceptúa que “La apelación en el efecto diferido procederá contra las siguientes resoluciones: 1.Autos interlocutorios que resolvieren excepciones previas; 2.Autos que resolvieren incidentes; 3. Resoluciones que no cortaren el procedimiento ulterior”, asimismoel art. 25 de la citada norma legal establece: “La apelación en el efecto diferido se limitará a su simple interposición, en cuyo caso y sin perjuicio del cumplimiento de la resolución impugnada y la prosecución del proceso, se reservará la fundamentación en forma conjunta con la de una eventual apelación de la sentencia definitiva” (el subrayado y las negrillas son nuestras).

De la relación efectuada y del marco normativo señalado se concluye que el A quo ha dado cabal cumplimiento a la normativa procesal reservada para la apelación en el efecto diferido; sin embargo una vez dictada la sentencia, la apelación que había sido diferida no ha sido activada, menos fundamentada por los ahora recurrentes en su recurso de alzada, dejando precluir su derecho por desidia propia, de consiguiente no se ha infringido norma procesal alguna que interese al orden público, menos existe agravio evidente.

1.3. En esta parte, por estar relacionados corresponde absolver los incisos g), h) e i) del recurso de casación en la forma.

Los recurrentes cuestionan la proposición y la producción de la prueba de cargo. Por lo que remitiéndonos al subpunto 1.1. del presente considerando, debemos referir que la prueba de cargo se encuentra válidamente ofrecida porque no ha sido objetada en su oportunidad por la parte demandada, por lo que como se ha referido su derecho haprecluído.

En relación a la infracción del art. 459 incs. 2), 3), 4), 5), y 471 del Código de Procedimiento Civil, debemos manifestar que conforme se evidencia de las actas de declaración testifical de fs. 298 y vta y de fs. 300, el Juez de primera instancia ha hecho constar en las mismas el nombre, edad, estado, oficio u ocupación habitual y domicilio de los testigos, asimismo deja constancia que “conforme al art. 459 del Código de Procedimiento Civil el testigo se encuentra sin impedimento o prohibición establecida por ley”, de donde se deduce que el A quo ha cumplidobásicamente con el art. 459 del adjetivo civil; sin embargo, de la revisión del referido acta se conoce que la parte demanda estuvo ausente en dicho actuado procesal, por lo que con su inasistencia por desidia propia se ha privado de formular las preguntas o aclaraciones pertinentes, convalidado de esta manera con su inercia todo defecto de forma en la producción de la prueba testifical de cargo.

Respecto a la confesión provocada así como de la inspección ocular, corresponde remitirnos a lo precedentemente analizado, en consecuencia dichos medios de prueba se encuentran válidamente propuestos y legalmente producidos por lo que tienen la eficacia jurídica establecida por ley.En consecuencia en este contenido no existe agravio evidente.

1.4. En este partenos referiremos al inciso j) del recurso de casación en la forma.

En éste acápite los recurrentes cuestionan las determinaciones asumidas por el A quo en la resolución de primera instancia, pretendiendo que este Tribunal revise dichas determinaciones asumidas; ante dicho petitorio corresponde precisar que las determinaciones asumidas en la sentencia son impugnadas a través del recurso de apelación ante el Tribunal de Alzada siendo este quien se encarga de resolver los agravios denunciados en apelación; en tanto que en relación a las determinaciones asumidas en el Auto de Vista y en los casos expresamente previstos por ley, se interpone el recurso de “casación o de nulidad” que toca resolver al Tribunal Supremo; incoherencia que impide ingresar a analizar los agravios denunciados en esta parte por su manifiesta improcedencia.

1.5. En este punto corresponde absolver de manera conjunta los incisos k) y l) del recurso de casación en la forma.

El recurrente fundamenta su agravio en sentido de que este Tribunal Supremo ha sentadola línea jurisprudencial a través de “Sentencias Constitucionales y Autos Supremos”en los que se estableceríala obligación de observar el cumplimiento de las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio.

Respecto a ello, el Auto SupremoNº 012/2012 de 16 de febrero, ha razonado en sentido de que “Al tratar sobre las nulidades procesales debemos tener en cuenta que no se trata de un tema de defensa de meras formalidades, pues, las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías de que el proceso se desarrollará en orden y en resguardo de los derechos de las partes”. Asimismo en el Auto Supremo Nº 28/2012 de 29 de febrero,haciendo referencia a la SC Nº 731/2010-R, se ha desarrollado sobre los principios: de especificidad o legalidad, de finalidad del acto, de trascendencia, y de convalidación, principios aplicables en materiade nulidades procesales.

En ese antecedente la línea Jurisprudencial sentada por este Tribunal Supremo en sus diferentes Autos Supremos sobre materia de nulidades, y específicamente a través del razonamiento asumido en el Auto Supremo Nº 78/2014 de fecha 17 de marzo, ha concretado en sentido de que el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio a través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva, en esa orientación los arts. 105 al 109 de la Ley Nº 439 (Nuevo Código Procesal Civil), establecen las nulidades procesales con criterio aún más restringido, especificando de esta manera que la nulidad procesal es una excepción de última ratio que se encuentra a su vez limitada por los principios de especificidad, trascendencia, finalidad del acto, convalidación,  preclusión, etc., los cuales no pueden ser desconocidos, y que frente a esa situación, lo que se debe procurar es siempre resolver de manera preferente sobre el fondo del asunto controvertido, en tanto que la nulidad procesal solo puede ser decretada cuando no existe ninguna otra posibilidad de salvar el proceso, buscando de esta manera la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes referidas, pretendiendo de esta manera revertir el antiguo sistema formalista, dejando a un lado las viejas prácticas con la que se han venido tramitando los procesos judiciales por más de tres décadas con predominio de nulidades que solo ocasionó retardación de justicia a lo largo del tiempo en desmedro del mundo litigante y de la propia administración de justicia, lo cual se pretende revertir definitivamente.

De donde en conclusión podemos manifestar que el agravio denunciado por el ahora recurrente sobre la nulidad pretendida no se halla enmarcada en la línea Jurisprudencial sentada por este Tribunal Supremo, porque dicha línea concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio a través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva, lo que hace inconsistente el agravio denunciado.

En consecuencia corresponde a este Tribunal fallar en esta parte, de conformidad a los arts. 271 núm.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

En el fondo:

De forma genérica el ahora recurrente acusa el “incumplimiento de las normas sustantivas civiles” al momento de “valorar el acuerdo transaccional”.

Sin embargo de principio corresponde precisar que dicha denuncia no se halla sustentada en las causales y requisitos de procedencia establecidos por los arts. 253 y 258-2) del Código de Procedimiento Civil, porque si bien de manera genérica y escueta recurre de casación en el fondo, empero no define la causal por la cual interpuso el recurso, por lo que no cumple con la carga de fundamentar y motivar adecuadamente y de poner de manifiesto los presupuestos legales previstos por el arts. 253 del Código de Procedimiento Civil, tampoco cumple con el mandato que impone el art. 258 numeral 2) del adjetivo civil, porque no cita en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, ni mucho menos especifica en qué consiste esa violación, falsedad o error, y cuál es la aplicación que pretende, incumpliendo también de esta manera los requisitos de contenido que debe tener este tipo de recursos, y en su petitorio final de manera incoherente termina solicitando que éste Tribunal dicte resolución “casandoen el fondo y la forma, disponiendo la anulación de obrados hasta el vicio procesal más antiguo”.

Por otro lado, de la revisión de los agravios que fueron fundamento del recurso de apelación se conoce que recién en casación se hace referencia al “incumplimiento de las normas sustantivas civiles al momento de valorar el acuerdo transaccional”, en ese antecedente corresponde puntualizar que cuando un litigante ha sufrido agravios mediante la sentencia y no apela de la misma, o al hacerlo contraviniere las exigencias legales de fundamentación de dichos agravios, o no incluye en su recurso todos los agravios, pierde el derecho a recurrir en casación, porque no es aceptable el mismo por el principio del "per saltum" (pasar por alto), puesto que para estar a derecho debe éste agotar legal y correctamente toda la segunda instancia y de esa forma recurrir al medio extraordinario de impugnación que es considerado como de puro derecho (nulidad o casación).

En consecuencia, la competencia del Tribunal de casación no puede aperturarse sin que exista pronunciamiento expreso por parte del Tribunal de alzada sobre los puntos reclamados recién en el recurso de casación, razones por las cuales el recurso deviene en improcedente. 

En consecuencia corresponde a éste Tribunal fallar de conformidad a los arts. 271 num.1) y 272 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los Arts. 271 núm. 2) y 273del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADOel recurso de casación en la forma,y conforme a los arts. 271 num.1) y 272 num. 2)del mismo cuerpo legal, declara IMPROCEDENTE, el recurso de casación en el fondo, ambos defs. 414 a 420, interpuesto por Víctor, Ángel, Miguel Ángel, Marcelino, todos de apellidos Mamani Maquera y Martha Mamani de Apaza, contra el Auto de Vista Nº 207/2014 de 22 mayo de 2014 de fs. 408 a 409 y vta., pronunciado por la Sala Civil Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.


Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Primero