TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

   S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 7/ 2015

Sucre: 12 de enero  2015

Expediente: LP -131 14 S

Partes: Empresa LA PAPELERA S.A. representada por Emilio Von Bergen.                                                      


            c/ Empresa AGFA GEVAERT Ltda. y AGFA GEVAERT N.V.,             


             representadas por Ariel Morales Vásquez.

Proceso: Pago de compensación económica por representación comercial,  utilidades impagas por ventas futuras, pago por adquisición de equipos, repuestos, insumos, inversiones en personal y capacitación, más resarcimiento de daños y perjuicios y otros.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 1427 a 1462, reiterado de fs. 1470 a 1504, interpuesto por las Empresas AGFA GEVAERT N.V. y AGFA GEVAERT Ltda., ambas representadas por Ariel Morales Vásquez, y el recurso de casación parcial en el fondo de fs. 1509 a 1518 y vta., interpuesto por la Empresa LA PAPELERA S.A. representada por Emilio Von Bergen; ambos contra el Auto de VistaResolución Nº 156/2014 de 29 de abril de 2014 de fs. 1404 a 1419 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de: “Pago de compensación económica por representación comercial, utilidades impagas por ventas futuras, pago por adquisición de equipos, repuestos, insumos, inversiones en personal y capacitación, más resarcimiento de daños y perjuicios y otros”, seguido por la Empresa LA PAPELERA S.A. contra la Empresa AGFA GEVAERT Ltda., de Chile y AGFA GEVAERT N.V. de Bélgica; la respuesta de fs. 1521 a 1569 al primer recurso y la de fs. 1572 a 1575 y vta., al segundo recurso; el Auto de concesión de fs. 1576; los antecedentes del proceso, y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

I.1.- Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez Séptimo en Materia Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia-Resolución Nº 223/2012 de 06 de diciembre de 2012 de fs. 1202 a 1212 y vta., por la que declaró probada la demanda de fs. 44 a 52, modificada de fs. 53 a 59 y ampliada de fs. 274 a 275, disponiendo el pago total de la suma de U$ 6.762.753,93 por los diferentes conceptos demandados cuyo detalle se encuentra descrito de manera amplia en la parte dispositiva de la Sentencia, aclarada a fs. 1216 por el Auto de 21 de enero de 2012; suma de dinero a ser pagada por las Empresas AGFA EVAERT Ltda. y AGFA EVAERT N.V. a favor de LA PAPELERA S.A., más el interés legal del 6% anual sobre el monto indicado a sumarse anualmente a partir del 24 de marzo de 2005 (fecha de citación con la demanda) hasta el día del pago según el Auto aclaratorio de referencia. Por otra parte declaró improbada la excepción perentoria de falta de acción y derecho interpuesta por la Empresa AGFA GEVAERT. 

I.2.- Apelada la indicada Sentencia por las Empresas demandadas, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en cumplimento al A.S. Nº 48/2014 de 20 de febrero anulatorio del A.V. 249/2013 de 30 de julio, emitió el nuevo Auto de Vista-Resolución Nº 156/2014 de 29 de abril de 2014 de fs. 1404 a 1419 y vta., complementado por Auto de fs. 1424, por el que confirmó en parte la Sentencia y su Auto aclaratorio de fs. 1216, y revocó con respecto al daño a la imagen y reputación comercial de la Empresa LA PAPELERA S.A. por considerar que no fueron probados esos extremos; por otra parte confirmó la Resolución Nº 435/2008 de fs. 743 a 747 y vta., que fue apelada en el efecto diferido; en contra del indicado Auto de Vista y su Auto complementario, ambas partes litigantes recurrieron de casación a través de sus apoderados; las Empresas AGFA GEVAERT NV y AGFA GEVAERT LTDA., interpusieron recurso de casación en la forma y en el fondo, en tanto que LA PAPELERA S.A. interpuso recurso de casación parcial en el fondo. 

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


De los ampulosos recursos de casación, en lo esencial se resume lo siguiente:

II.1.- Recurso de las Empresas AGFA GEVAERT N.V. y AGFA GEVAERT LTDA.

  1. En la forma:

Denuncian la falta de resolución y pronunciamiento al recurso de apelación en efecto diferido de fs. 752-754 deducido contra el Auto Nº 435/2008 de fs. 743-747 respecto a la excepción de incompetencia e incumplimiento del A.S. Nº 48/2014, indicando que los Jueces bolivianos carecerían de competencia para conocer el presente proceso, quienes para asumir competencia se habrían basado en un Anexo de contrato firmado en fecha anterior al Contrato principal de 16 de octubre de 1967; según su criterio el asunto sería de competencia del Tribunal donde se halle las sedes sociales de la Empresa AGFA (Bélgica o Alemania).

Manifiestan que el Ad quem habría incurrido en extra petita al considerar que se trata de una demanda mixta con co-existencia de acciones personales y reales; que existe interpretación errónea por omisión del art. 13 de la Ley 025; ausencia de pronunciamiento de las excepciones de fs. 224 a 230 reiteradas de fs. 336-342 y solo se habría resuelto las excepciones de la Sociedad Belga AGFA GEVAERT N.V. y no así de la Sociedad Chilena AGFA GEVAERT Ltda., no obstante el intento de saneamiento procesal dispuesto a fs. 778 vta.

En base a esos antecedentes en su recurso de casación en la forma, solicita de manera reiterada que este Tribunal Supremo deliberando en el fondo ANULE obrados y declare PROBADA la excepción de incompetencia.

  1. En el fondo:

1.- Acusan aplicación indebida del art. 1567 del actual Código Civil manifestando que el Juez de la causa ni el Ad-quem tomaron en cuenta que el Contrato base de la demanda fue suscrito el 16 de octubre de 1967 y entró en vigencia el 01 de julio del mismo año, correspondiendo por ello la aplicación del Código Civil Santa Cruz; sin embargo se habría resuelto la causa con el Código Civil actual aplicando retroactivamente a actos jurídicos regulados en la legislación anterior, aspecto que atentaría contra el orden público, las garantías constitucionales y el debido proceso, manifestando al mismo tiempo que se habría actuado en extra petita incurriendo en incongruencia objetiva y que debería disponerse de oficio la nulidad de obrados.

2.- Refieren inexistencia de hecho generador de daño al no existir terminación ni incumplimiento de ningunos de los contratos; el fax de 01 de febrero de 2000 (fs. 19)  no daría por resuelto el contrato y no habría sido enviado por ninguna de las sociedades contratantes (AGFA GEVAERT AG Alemania, AGFA GEVAERT N.V Bélgica, ni por AGFA GEVAERT Argentina), esta última además habría suscrito en 1995 un acuerdo de distribución no exclusiva; dicho fax habría sido enviado por AGFA GEVAERT LTDA. de Chile que resultaría ser un tercero que no forma parte del contrato de 1967 y fue dirigido a PAPELX que no sería demandante en la presente causa, acusando a ambas instancias de haber incurrido en errónea interpretación de los arts. 344, 984 del Código Civil.

3.- Denuncian que se habría establecido pago indemnizatorio con carácter retroactivo por compensación económica no prevista en el contrato de representación de 1967 incurriendo en errónea interpretación de los arts. 450 y 519 del Código Civil concordante con el art. 803 del Código de Comercio y que existiría en el contrato  (cláusulas 4, 5 y 7) reconocimiento a favor de La Papelera S.A. de un margen de distribución de 20% y eventuales comisiones por la reventa de los productos.

4.- Acusan incorrecta interpretación de los arts. 344, 984 y 994 del Código Civil por la condenación de daños y perjuicios bajo el denominativo de “pago indemnizatorio por compensación económica” con carácter retroactivo, sin que concurran los elementos de dolo o culpa ni hecho ilícito, creando nuevas figuras jurídicas alejadas de la regulación de daños y perjuicios; que la sociedad actora habría obtenido sus ingresos por el margen de precio de adquisición y precio de las reventas; que no se habría demostrado daño emergente ni lucro cesante que amerite responder por los daños y perjuicios; la condena judicial por este concepto se acomodaría más a materia laboral por que el actor pretendería una compensación por el tiempo que el contrato fue cumplido.

5.- Refiere interpretación errónea del art. 346 del Código Civil, ya que no existiría relación de causalidad entre el supuesto hecho y el daño provocado (ausencia de consecuencia directa e inmediata entre ambos elementos), llegándose a determinar una cifra utilizando porcentajes del Arancel Mínimo del Colegio de Abogados (fs. 1207) con absoluta ausencia de fundamentación.

6.- Continúan acusando de interpretación errónea de los arts. 450 y 519 del Código Civil indicando haber sido condenados al pago de indemnización por el valor del producto en inventario (stok) cuando para el caso de disolución o conclusión del contrato se tenía acordado en el mismo que La Papelera estaba facultada a devolver los productos o alternativamente quedarse con los mismos para continuar con su reventa, habiendo elegido la segunda posibilidad.

7.- Acusan de errada interpretación de los alcances del contrato de 1967 manifestando que el Acuerdo de Distribución adicional suscrito en Buenos Aires el 15 de agosto de 1995 (fs. 221-223) limitó la exclusividad de las ventas de la integridad de los productos, materiales y equipos y a partir de esa fecha La Papelera ya no era distribuidor exclusivo de ningún producto ni insumo AGFA; sin embargo el Juez como los Vocales habrían indicado que esa limitación de exclusividad tan solo comprendía a la distribución de equipos electrónicos para impresión, omitiendo valorar las pruebas de fs. 966-968, 1141-1144, 1268-1272.

8.- Reiteran que el Fax (fs. 19) fue enviado por la Sociedad Chilena AGFA GEVAERT LTDA., sin ser parte del contrato ni de los acuerdos existentes, y que el mismo no dio por finalizada la relación contractual, no limitó, ni prohibió y menos violentó ninguna relación comercial con La Papelera S.A. y PAPELX, aspecto que se encontraría demostrado con las declaraciones testificales de fs. 1141, 1142, 1144 las que no habrían sido tomadas en cuenta, por el contrario los Jueces de ambas instancias entendieron que el referido Fax dio por resuelto el contrato y se instituyó a la Empresa ABC Color como único representante en Bolivia.

9.- Refieren que se realizó una incorrecta valoración de la confesión judicial de fs. 967 incurriendo en error de hecho respecto a la conclusión del contrato y la exclusividad de la distribución de los productos por La Papelera.

10.- Del mismo modo indican que se incurrió en error de hecho en la valoración de la prueba testifical (Raúl Bascopé) ya que ninguno de los testigos de cargo estuvo trabajando en La Papelera hasta el año 2000 cuando llegó el Fax de Chile.

11.- Que, las declaraciones testificales (fs. 1141, 1144-1145) habrían hecho referencia a cuantificación de montos erróneos respecto a las compras y porcentajes de utilidades efectuadas por La Papelera, incurriendo el Juez A quo y el Tribunal en error de hecho en la valoración de dichas pruebas.

12.- Por otra parte acusan error de hecho en la valoración de las pruebas periciales de cargo y ausencia total de valoración de las periciales de descargo (fs. 1110-1105, 1106-1112, 1114-1119), ya que los peritos habrían afirmado que no existe documentación de registros contables, información financiera, impositiva ni aduanera que demuestre y sustente la certidumbre de la demanda. 

13.- Reiteran que no existe ninguna documentación contable, estado financiero, impuestos que acredite los niveles de compras, ventas y utilidades de La Papelera que sustente lo aseverado en la demanda, acusando al Ad quem de interpretación errónea del art. 1283 y 1330 del Código Civil.

14.- Indican que los montos calculados fueron aplicados de manera ultra petita careciendo de sustente lógico, aspecto que habría sido reclamado en apelación y que el Ad quem no se pronunció expresamente, disponiendo al margen de las ganancias percibidas por La Papelera el pago de utilidad adicional a la ya percibida en base al cálculo de los importes de la cuenta de gastos de comercialización de los estados de resultados de La Papelera de las gestiones 1997 a 1999 de la unidad de gráficos, sin especificar cuál de las dos sociedades demandadas tendría que cancelar esos montos.

15.- Califican de ilegal la condena de pagar a favor de PAPELEX, ya que ésta no sería parte del proceso ni fue apersonada por encontrarse disuelta y liquidada, calificando de extra petita la determinación, aspecto que daría lugar a la nulidad absoluta de los actuados.

16.- Continúan acusando la violación del art. 190 del Código de Procedimiento Civil calificando nuevamente a la sentencia de extra petita, incongruente y falta de fundamentación, ausencia de análisis y valoración de las pruebas, reiterando que se habría aplicado de manera retroactiva el Código Civil actual, ordenando el pago de U$. 48.125 a PAPELEX sin ser parte del proceso, condenando a doble pago por interese legales más daños y perjuicios sin especificar cuál de las dos sociedades demandadas tendrían que pagar esos montos.

17.- Concluyen acusando de incongruente a la Sentencia y su Auto complementario respecto a la determinación de pago de intereses legales, aspecto que jamás habría sido solicitado en la demanda, como también reiteran que al ser dos las sociedades demandadas que fueron citadas en distintas fechas, los fallos no especificarían de cuál de las fechas de citación se tendría que computar el pago de los intereses, omitiendo el Ad quem pronunciarse al respecto y salvando para ejecución de sentencia.

En base a esos argumentos en su petitorio respecto a su recurso de casación en el fondo, concluyen solicitando que se dé aplicación al art. 271 inc. 4) del Código de Procedimiento Civil y se CASE la Sentencia y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda de fs. 44 a 54, modificada de fs. 53 a 59 y ampliada de fs. 274 a 275.

II.2.- Recurso de la Empresa LA PAPELERA S.A.

Manifiesta que el Tribunal de apelación incurrió en error de hecho en la valoración de las pruebas al revocar la sentencia respecto al pago de daño a la imagen y reputación comercial fijada en la suma de U$. 1.150.000.- a su favor, revocación que habría sido dispuesta bajo el fundamento de que no se encontraría demostrado este aspecto, alejándose del reclamo del apelante adversario que se encontraría en el sentido de alegar de que no fue demandado este concepto; indica que el daño a la imagen empresarial se encontraría demostrado por las atestaciones de fs. 1018 al 1024 y prueba literal Nº 5 según acta de fs. 915, habiendo La Papelera perdido su enorme cartera de clientes captados por muchos años que consumían equipos y productos AGFA, despido de personal y otros aspectos, lo cual constituiría daño a la reputación comercial quitándole seriedad y solidez a la Empresa.

Que, el hecho culposo que causó el daño empresarial sería la decisión de rompimiento unilateral del contrato por parte de AGFA GEVAERT Ltda., de Chile sin la debida comunicación anticipada, nombrando como nuevo representante exclusivo en Bolivia a la Empresa ABC Color y el monto resarcitorio habría sido aplicado tomando como base el parámetro de las propias cifras proporcionadas por las declaraciones de los ejecutivos de AGFA GEVAERT de fs. 1141-1146.

Que, el daño a la imagen empresarial fijado como punto Nº 8 en el Auto de relación procesal, se encontraría probado con la abundante prueba (documental, testifical, inspección ocular, pericial) y el monto fijado en sentencia por este concepto guardaría la racionalidad con el monto de los volúmenes de compras anuales en nuestro país por las importaciones de los productos conforme a las cifras proporcionadas por los máximos ejecutivos de AGFA GAVAERT.

Por otra parte acusa al Ad-quem de incurrir en incongruencia y contradicción entre la parte considerativa y dispositiva respecto a la determinación de los intereses legales, difiriendo su consideración y tratamiento para ejecución de sentencia, acusando al mismo tiempo la violación del art. 236 del Código de Procedimiento Civil ya que el Tribunal no se habría circunscrito a la apelación del adversario, correspondiendo según su criterio ser rechazado de plano dicho recurso por su manifiesta incoherencia.

En base a esos antecedentes en su petitorio solicita se CASE PARCIALMENTE el Auto de Vista recurrido y se confirme en su totalidad la Sentencia manteniendo firme la misma y su Auto complementario de fs. 1216.   

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

III.1.- Recurso de las Empresas AGFA GEVAERT N.V. y AGFA GEVAERT Ltda.

No obstante de existir reclamo reiterado de la parte actora en sentido de que se declare improcedente el presente recurso por los motivos que expone en su contestación; en observancia de la garantía del principio de impugnación previsto en el art. 180.II de la Constitucional Política del Estado, principio de pro actione y la jurisprudencia constitucional establecida en la SCP 2210/2012; se ingresa a considerar dichos recursos en el orden en que fueron interpuestos procurando dar respuesta de manera puntual a los reclamos. 

  1. Recurso en la forma:

Denuncian la falta de resolución y pronunciamiento del recurso de apelación en el efecto diferido de fs. 752-754 y vta., deducido contra el Auto Nº 435/2008 de fs. 743-747 respecto a la excepción de incompetencia e incumplimiento del A.S. Nº 48/2014; revisado el contenido del Auto de Vista se advierte que el Ad quem resolvió dicho reclamo realizando la respectiva fundamentación específica de manera amplia conforme se evidencia en el Tercer Considerando numeral 2 (fs. 1406-1407 y vta.) del Auto de Vista recurrido, señalando entre otros aspectos que el Juez A-quo para declarar improbada dicha excepción, se basó en documentos (anexos) presentados tanto por la parte demandante como por los demandados, los mismos que formarían parte integrante e indivisible del Contrato de distribución del 1967.

Por otra parte, en la fundamentación del recurso de apelación diferida, el apelante indica que el Juez de primera instancia habría realizado una aplicación forzada del art. 10 del Código de Procedimiento Civil; hace referencia a la prórroga de competencia territorial previsto en el art. 28 de la Ley Nº 1455 de Organización Judicial; infracción del art. 318 del Código Bustamante de Derecho Internacional Privado y del art. 15 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial; estos aspectos están referidos exclusivamente a la competencia territorial; al respecto el Ad-quem también ha emitido un pronunciamiento específico para cada uno de esos reclamos; no siendo evidente lo manifestado por el recurrente de que dichos reclamos no habrían sido resueltos o que no habrían merecido pronunciamiento a su apelación diferida con relación a la competencia territorial; otra cosa distinta es establecer si esa consideración y decisión asumida por el Ad-quem es la correcta o no, pero esta situación por ser una cuestión que atañe al fondo de lo resuelto de la problemática como es la incompetencia territorial cuestionada, no puede ser reclamado en recurso de casación en la forma sino únicamente en el fondo.

No obstante lo señalado, debemos indicar que el contrato denominado por las partes litigantes como “Representación Comercial”, si bien inicialmente fue suscrito en octubre de 1967, es decir en vigencia de la anterior legislación civil y comercial; sin embargo dicho contrato fue modificado sustancialmente en agosto de 1995 cuyo documento cursa de fs. 221 a 223, constituyéndose éste en un verdadero contrato modificatorio y no se trata simplemente de un adendum, toda vez que se cambia sustancialmente las relaciones comerciales que se venía llevando a cabo, quedando de esta manera acogido bajo la legislación vigente; en ese entendido y conforme establece el art. 804 del Código de Comercio, los contratos celebrados en el exterior cuya ejecución deban realizarse en nuestro país, se rigen por las leyes bolivianas. 

El referido Contrato, por su contenido y naturaleza (colaboración o cooperación comercial) se asemeja a un Contrato de Agencia previsto en el art. 1248 y siguientes del Código de Comercio; este tipo de contratos que hubieren sido celebrados en el exterior cuya ejecución deban efectuarse en territorio nacional como acontece en el caso de Autos, también se encuentran sujetos a las leyes bolivianas para todos sus efectos por expresa disposición del art. 1251 del mismo cuerpo normativo; de donde se concluye que para el conocimiento de la presente causa, son competentes en razón del territorio, los Jueces bolivianos, habiendo los de instancia actuado conforme a ley en cuanto a la competencia territorial se refiere.

Con relación a la ausencia de pronunciamiento y resolución de las excepciones previas de fs. 224 a 230, reiteradas de fs. 336 a 342 de la Empresa AGFA GEVAERT Ltda. de Chile; si bien aparentemente el Ad-quem no habría emitido un pronunciamiento de manera amplia, sin embargo dejó claramente establecido de porque no ingresó a analizar ese aspecto, manifestando que tal imposibilidad se debe a la falta de reclamo oportuno de parte de la indicada Empresa, consiguientemente no se advierte incumplimiento al anterior A.S. Nº 48/2014 al que se hace referencia en el recurso; otra cosa distinta es determinar si esa decisión es la correcta o no, pero esta situación como se tiene indicado no puede ser reclamado en la forma por corresponder a un aspecto de fondo.    

Debe tenerse presente que las sociedades AGFA GEVAERT Ltda. de Chile y AGFA GEVAERT N.V. de Bélgica, a través de su apoderado único, interpusieron por separado y en tiempos distintos entre otras, la excepción previa de incompetencia en razón del territorio; la primera lo hizo mediante memorial de fs. 214 a 218 vta., ratificada de fs. 336 a 342; en tanto que la segunda lo hizo por memorial de fs. 360-365, resolviéndose las excepciones de esta última Empresa mediante Resolución Nº 435/2008 de fs. 743-747, y si bien la Sociedad Chilena interpuso dichas excepciones previas, las que inicialmente fueron admitidas y corrido en traslado, sin embargo ante la observación realizada por la parte actora a la representación del apoderado, mediante resolución de fs. 235 se dejó sin efecto esa admisión al igual que la contestación a la demanda, manteniéndose esa situación mediante las resoluciones de fs. 335 y 342 vta.

Frente a esa situación, le correspondía a la Sociedad AGFA GEVAERT Ltda. de Chile a través de su apoderado, cumplir oportunamente con las observaciones realizadas y solicitar la admisión legal de sus excepciones para que se imprima el procedimiento de rigor y se resuelvan las mismas antes de cualquier otro actuado principal conforme lo disponen los arts. 338 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y no esperar que se sustancie el proceso principal, se emita la sentencia y al conocer que la misma es desfavorable a sus intereses, recién reclamar de sus excepciones previas; sin embargo de la revisión de los antecedentes del proceso se establece que posterior a la emisión de las resoluciones de fs. 335 y 342 vta., no existe solicitud de la parte interesada ni actuado procesal que tenga por finalidad reencaminar la admisión y menos la tramitación de dichas excepciones, lo que en los hechos implica que no fueron legalmente admitidas las mismas y ante esa situación mal se puede reclamar de la falta de su resolución y pretender anular el proceso por esa situación. 

En materia de nulidades procesales rigen determinados principios, tales como el de especificidad o legalidad, transcendencia, convalidación, preclusión, entre otros; los cuales se encuentran previstos en los arts. 16 y 17 de la Ley Nº 025 y arts. 105 al 109 de la nueva Ley Nº 439 del Código Procesal Civil, los mismos que limitan las nulidades procesales y que definitivamente no pueden pasar desapercibidos, debiendo en todo caso ser tomados en cuenta dichos principios, aspecto que deben tener presente los recurrentes.   

En el caso presente, la otra Empresa AGFA GEVAERT N.V. de Bélgica interpuso las mismas excepciones previas que hoy reclama la Sociedad Chilena, con idéntico fundamento y que en los hechos se trata de una reproducción total del memorial de excepciones previas de la Sociedad Chilena ya que el abogado y apoderado a la vez se concentra en la misma persona, y al haberse ya emitido la Resolución Nº 435/2008 (fs. 747-747) que resuelve las excepciones previas de la primera nombrada Empresa (AGFA GEVAERT N.V. de Bélgica) donde también se encuentra la excepción de incompetencia, en el fondo ya existe un pronunciamiento expreso en cuanto a esas excepciones, siendo precisamente eso lo que en definitiva pretende la Sociedad Chilena, y ese aspecto ya lo tiene absuelto en dicha Resolución; frente a esa situación el reclamo formulado por el apoderado de la Empresa AGFA GEVAERT Ltda. de Chile, resulta totalmente intrascendente, no correspondiendo la nulidad por esa situación.

Al margen de ello, la Sociedad AGFA GEVAERT Ltda. de Chile a través de su apoderado, al haber directamente fundamentado recurso de apelación diferido junto al recurso de la Empresa AGFA GEVAERT N.V. contra la Resolución Nº435/2008, automáticamente a asumido dicha resolución, convalidado cualquier omisión o defecto procesal respecto a sus excepciones previas y precluyendo su derecho de reclamar de esa situación en las demás instancias.

Por las consideraciones realizadas el recurso de casación en la forma deviene en infundado, más aún si se toma en cuenta que el recurrente en su petitorio solicita por una parte que se anule obrados sin identificar hasta que pieza procesal y por otro lado pide que se declare probada la excepción de incompetencia, petición que resulta incoherente y hasta contradictoria.

B).- Recurso en el fondo: 

Al encontrarse expuestos los argumentos del recurso en varios puntos (17 en total), con el fin de dar respuesta se realizará su consideración conforme al orden en que se encuentran descritos en calidad de resumen en el Considerando II.1 inciso b) de la presente resolución y los argumentos que se encuentran reiterados a lo largo de los distintos puntos, serán considerados en su conjunto con el fin de no incurrir en reiteraciones innecesarias.

En el PUNTO 1 del recurso se denuncia la aplicación retroactiva del Código Civil vigente con relación a los actos celebrados bajo la legislación civil abrogada; previo a ingresar a la consideración de este punto, se hace necesario referirse a la naturaleza del contrato base de la presente demanda; en ese entendido diremos que el Contrato de fecha 16 de octubre de 1967, modificado el 15 de agosto de 1995, cuyos documentos cursan de fs. 134 a 142 y 221 a 223, al que las partes litigantes lo denominan “Contrato de Representación Comercial”, es de naturaleza especial, por lo mismo resulta siendo atípico en nuestra legislación. Sin embargo la moderna doctrina ha desarrollado criterio al respecto denominándolos como “Contratos de Distribución”; siendo éstos donde intervienen en su celebración por una parte los fabricantes, mayoristas o importadores y por otra, los distribuidores, donde los primeros encargan a estos últimos comercializar o revender determinadas mercaderías o servicios en una zona o país determinado, con carácter generalmente de exclusividad, aunque puede existir la modalidad selectiva o intensiva dependiendo del tipo de producto, sus características y uso de los mismos.

Esta forma o modalidades contractuales son de naturaleza compleja que nacieron en el mundo de los negocio mercantiles, impuestos por la necesidad del comercio y sirven para operativizar la distribución de los productos o servicios; este tipo de contratos se celebran entre comerciantes o empresarios y es de carácter intuito persona, con ausencia absoluta de subordinación en la operación del negocio; el distribuidor comercializa la mercadería de manera completamente independiente a su nombre y en interés propio y bajo su exclusivo riesgo y no así en representación del productor o fabricante, de ninguna manera el distribuidor puede catalogarse como empleado o dependiente, ya que éste tiene una organización empresarial propia con clientes propios; solo está regido por ciertas condiciones contractuales sobre la forma en que debe ejecutarse el encargo o la comercialización de los productos, sin que esas limitaciones las quite su autonomía o cambie su naturaleza; siendo éstas las características principales de este tipo de relaciones contractuales modernas en el campo de los negocios comerciales. 

Dentro de los contratos de distribución en general, se distinguen las figuras de la distribución propiamente dicha, la concesión, la agencia y hasta incluso ingresan los contratos de franquicia como sostienen algunos autores; en nuestro medio el denominado “Contrato de Representación Comercial” base de la demanda, por su contenido, más se asemeja al Contrato de Agencia que se encuentra normado en el art. 1248 y siguientes del Código de Comercio, los cuales en caso de ser celebrados en el exterior cuyos resultados deban ser ejecutados en nuestro país, por disposición expresa de la indicada norma legal y del art. 1251 del mismo cuerpo normativo, se encuentran sujetos a las leyes bolivianas para todos sus efectos, como se tiene señalado anteriormente.  

Realizadas las consideraciones que anteceden, debemos indicar que si bien el art. 1567 del actual Código Civil establece que, “Los contratos y actos jurídicos en general celebrados de acuerdo a las disposiciones del Código Civil y demás leyes anteriores a la vigencia de éste Código, se regirán por ellas”, sin embargo el indicado Contrato base de la presente demanda, si bien fue suscrito el 16 de octubre de 1967, es decir en vigencia del Código Civil Santa Cruz, a través del cual La PAPELERA S.A. venía ejerciendo la representación comercial de la Empresa AGFA GEVAERT en Bolivia con carácter exclusivo; sin embargo no es menos evidente que dicho Contrato posteriormente fue modificado con la suscripción del Contrato de fecha 15 de agosto de 1995 y protocolizado el 24 de agosto de 2004 que cursa de 221 a 223 a través del cual las partes contratantes de común acuerdo decidieron modificar las características esenciales de las relaciones comerciales modificando la exclusividad comercial y ratificando el resto del contenido íntegro pactado en el primer contrato conforme se evidencia del contenido del contrato modificatorio de referencia.

El indicado contrato modificatorio, no se constituye simplemente en un Adendum o complementario al primero, por el contrario representa una renovación total en términos de tiempo y de las formas intrínsecas del negocio; esto implica jurídicamente una migración contractual de la anterior legislación a la actual quedando de esta manera dicho contrato regido bajo las disposiciones de la legislación vigente; consiguientemente para efectos de su cumplimiento, resolución y la jurisdicción aplicable en la solución de controversias, son aplicables las disposiciones legales del actual Código Civil y su Procedimiento, Código de Comercio y demás leyes en vigencia que tengan relación con la problemática.

Existiendo contratos suscritos en forma sucesiva, éstos no pueden ser analizados de forma aislada pretendiendo simplemente hacer prevalecer el tiempo en que fue suscrito el primer contrato sin tomar en cuenta la temporalidad de las suscripción del contrato modificatorio que fue en la legislación vigente, y si bien el Juez A-quo aparentemente aplicó ambas legislaciones, la abrogada para el primer contrato y la vigente para el segundo, pero ello cual fuere el fundamento utilizado, no cambia la decisión de resolver el conflicto en sí, ya sea aplicando la legislación anterior o la vigente igual se tenía que llegar a dar una resolución a la problemática suscitada, y en todo caso, si la Resolución de la controversia en aplicación de una u otra norma es cuestionada sobre la base de la norma en cuyo criterio se definió la controversia, ese aspecto amerita un cuestionamiento específico referido a la errónea aplicación de la ley. 

El PUNTO 2 del recurso está referido al reclamo de inexistencia de hecho generador de daño bajo el argumento de que no existe terminación de ninguno de los contratos; este punto tiene relación con los Puntos 4, 5 y 8 del recurso donde se utiliza el mismo argumento, por lo que serán considerados de manera conjunta.

El origen del hecho generador del daño culposo se encuentra en la comunicación escrita vía Fax que cursa a fs. 19, ratificada en calidad de prueba por la parte demandada mediante memorial de fs. 902; dicho Fax fue enviado por AGFA GEVAERT Ltda. de Chile y recibido en Bolivia por La PAPELERA S.A. el 01 de febrero del 2000, a través del cual de manera voluntaria, repentina y unilateral se decide nombrar como único representante exclusivo en Bolivia a la Empresa ABC Color, relegándole a la Empresa que venía ejerciendo esa actividad al asignarle simplemente la calidad de sub-distribuidor bajo dependencia directa de ABC Color de quien quedó obligada a adquirir los productos; esta determinación en los hechos implica dejar sin efecto el Contrato de Representación que fue suscrito en 1967, modificado en agosto de 1995, no obstante que para esa situación se tenía establecido de manera expresa en el propio contrato en su cláusula 12, que debería ser previa comunicación por escrito con una anticipación de tres meses para que la Empresa representante tome sus previsiones del caso, aspecto que no aconteció en el caso de autos, he ahí la actuación culposa de parte de la Empresa AGFA GEVAERT por haber incumplido el contrato, aspecto que indudablemente genera responsabilidades que deben ser resarcidas económicamente.   

Si bien en la modificación introducida al contrato, se suprimió la representación exclusiva que venía ejerciendo La Papelera S.A., pero esa situación fue específicamente para los equipos electrónicos de pre-impresión como se señala de manera expresa en el contrato que cursa de fs. 221 a 223, y no así para el resto de los productos que se encuentran descritos en los anexos del contrato inicial. Aun en el supuesto caso de que La Papelera o Papelex S.A. como se quiera denominar, no habría tenido la calidad de distribuir exclusivo como se indica en el recurso; el solo hecho de haber nombrado a la Empresa ABC Color como único distribuidor en Bolivia, solo ésta única Empresa quedó autorizada para comercializar los productos AGFA de manera exclusiva en nuestro país, excluyendo por completo a las demás y quitando toda posibilidad de realizar la misma actividad o negocio en las mismas condiciones de competitividad en el mercado, ni siquiera podrían hacerlo de manera alterna.

El hecho descrito, indudablemente que ha generado a LA PAPELERA S.A. (accionista mayor de PAPELEX S.A.) dos tipos de daños, DAÑO PATRIMONIAL y DAÑO EX-PATRIMONIAL que deben ser resarcidos económicamente; ambos son de carácter contractual por que emergen del incumplimiento del contrato, siendo incorrecta la calificación del daño moral como responsabilidad extra contractual realizada por los Jueces de instancia, pero esa situación en el fondo no genera ningún efecto en la responsabilidad que tenga que establecerse por este concepto.

El resarcimiento del DAÑO PATRIMONIAL conforme a las previsiones de los arts. 344, 345 y 346 del Código Civil comprende el daño emergente y el lucro cesante, los mismos que vienen a constituir los llamados comúnmente “daños y perjuicios” que se responden a título de culpa o dolo (responsabilidad subjetiva), o simplemente por responsabilidad objetiva (riesgo creado); en el caso presente, concurre el elemento culpa por la decisión unilateral y abrupta de parte de la Empresa EGFA GEVAERT Ltda., de Chile de concluir con el contrato o cambiar substancialmente las condiciones del mismo, sin observar el pre-aviso establecido. 

Si bien la Empresa actora aparentemente demandó el pago por diferentes conceptos, pero en el fondo la mayor parte recaen sobre los mismos conceptos, aunque en la demanda se los asigna distintos denominativos, los mismos que para efectos de establecer la responsabilidad de carácter patrimonial por incumplimiento de obligaciones emergentes de contratos, corresponde simplemente circunscribirse a las previsiones de las normas legales de referencia, ya que son éstas las que delimitan los alcances de la responsabilidad de carácter patrimonial, no pudiendo excederse de ese límite.

En el caso específico, ingresan dentro de la categoría de daño emergente, los siguientes conceptos: a) Stok de los productos que quedaron en almacenes que no pudieron ser comercializados, dentro de cuyo concepto se encuentran comprendidos el pago por adquisición de equipos, repuestos, insumos que fueron demandados de manera separada por la parte actora; b) Inversiones por capacitación a recursos humanos  y, c) Pago de beneficios laborales por despidos al personal. En cambio se califican como lucro cesante, las utilidades que dejó de percibir por la disolución unilateral y abrupta del contrato.  

En cambio, el DAÑO O RESPONSABILIDAD EXTRA PATRIMONIAL en el caso específico que nos ocupa, emergen del daño causado a la imagen empresarial, a su posicionamiento o status empresarial de La Papelera S.A. ganada por muchos años; pues una repentina suspensión en los negocios de la venta de los productos AGFA y su consiguiente asignación a otro titular, indudablemente que causa un gran impacto en la sociedad y en particular a los usuarios consumidores de los productos, ocasionando a la Empresa desmedro y desprestigio ante posiciones subjetivas creadas de parte de la población de posibles irregularidades cometidas, falta de seriedad, solvencia y liquidez en los negocios, aspectos que difícilmente pueden ser revertidos.

El derecho a la imagen es un autónomo de los otros derechos patrimoniales y personalísimos y ocupa un puesto más alto en la escala de los valores de la personalidad, por ello no tiene por qué guardar proporción con el daño material pues no se trata de un daño accesorio a éste; determinar el valor y la cuantificación indemnizatoria resulta un problema extremadamente delicado, cuya determinación no solo debe realizarse mediante el empleo de las pruebas directas, por el contrario la certeza de su existencia y la medida de su reparación son fundamentalmente fruto de una razonable probabilidad con apoyo de las pruebas de presunciones, debiendo ponderarse entre otros aspectos, la gravedad del hecho, la naturaleza de la ofensa, el prestigio de la víctima, la finalidad perseguida, etc.; por ello la cuantificación pasa a depender preponderantemente del arbitrio judicial, el mismo que debe asentarse en un criterio de prudencia, razonabilidad y equidad, sin que la indemnización permita enriquecer de manera desmedida al reclamante, ni tampoco debe ser ínfima; pues de ser así como señala Sifuentes, se convierte en lucrativa y se fomenta la industria del escándalo; el carácter reparador recae en la idea central de que la suma a concederse debe resarcir de alguna manera el daño ocasionado, pero sin crear una fuente de indebido lucro.    

En base a las consideraciones realizadas, la cuantificación del DAÑO PATRIMONIAL y DAÑO EXTRA PATRIMONIAL serán detallados con mayor precisión y de ser posible, cuantificados al final de la consideración del presente recurso.

El PUNTO 3 del recurso cuestiona el pago indemnizatorio por compensación económica con carácter retroactivo; este numeral tiene relación con los Puntos 4, 6 y 14 del recurso; el Juez A-quo determinó montos diferenciados por la representación comercial en sus dos modalidades (exclusiva y no exclusiva) que ejerció LA PAPELERA S.A., tomando como parámetro el 5% del total de las ventas de los productos AGFA realizados a Bolivia por las empresas AGFA GEVAERT, asemejando además a las reglas del mandato; al margen de ello dispuso el pago con carácter retroactivo desde la vigencia del primer contrato (1º de julio de 1967), aspecto que no resulta correcto; ya que no toma en cuenta las declaraciones de los máximos ejecutivos de AGFA GEVAERT de fs. 1141-1145, quienes indicaron que se tenía reconocido a favor de LA PAPELERA un margen de ganancia del 20% por las re-ventas a ser realizadas en nuestro país, ganancia que se entiende que ha venido normalmente percibiendo la parte demandante por todo el tiempo desde la vigencia del primer contrato hasta el momento que le pasaron la comunicación mediante Fax (fs. 19), es decir desde 1º de julio de 1967 al 01 de febrero del 2000, porque de lo contrario LA PAPELERA no habría permanecido con el negocio por muchos años sin percibir ganancia.

Respecto a este punto, se considera justo el reclamo de las Empresas demandadas toda vez que no existe razón ni norma legal que la sustente para que se imponga un pago indemnizatorio con carácter retroactivo por todo el tiempo transcurrido, cuya cuantificación sobrepasa los cinco millones de dólares, como si se tratara de una indemnización en tema estrictamente laboral bajo dependencia, aspecto que no es el caso presente como se tiene señalado anteriormente, siendo más bien una actividad emprendida dentro del campo esencialmente comercial, donde La Papelera adquiría y revendía los productos por su propia cuenta y riesgo de manera independiente conforme se desprende de las Cláusulas 2, 4 y 5 del Contrato, correspondiendo por tal razón enmendar este aspecto, cuya determinación en cuanto al monto será precisado más adelante.

Con relación a los Puntos 4 y 5 del recurso; estos aspectos ya fueron tratados al momento de realizar la consideración de los Puntos 2 y 3 del recurso, por lo que nos remitimos a dicha consideración realizada.

Con relación al Punto 6 del recurso; gran parte de este reclamo también ya se encuentra absuelto en las consideraciones realizadas de los Puntos 2 y 3, correspondiendo referirse simplemente a la alternativa de la devolución o no del stok de productos que refiere el recurrente; si bien del contenido de las Cláusulas 5 y 14 del Contrato se da a entender que para el caso de terminación del Contrato, La Papelera S.A. se encontraba facultada a poner los productos a disposición de la Empresa contratante o de un tercero indicado por ésta, pero esa entrega debió operar contra pago del costo de los mismos como señal el contrato, aspecto no ocurrido en el caso que se analiza; al ser AGFA GEVAERRT Ltda. quien decidió de manera unilateral poner fin a la forma de relación comercial que se venía llevando a cabo, debió ser esta misma Empresa al momento de realizar esa comunicación (fax fs. 19), quien debió determinar el destino de los productos que ya se encontraban adquiridos en los almacenes de LA PAPELERA o de PAPELEX S.A., y de los que se encontraban en curso de adquisición, aspecto que guarda silencio absoluto en dicha comunicación.

Respecto al Punto 7 del recurso; de igual modo este punto ya se encuentra absuelto en la consideración realizada de los Puntos 1 y 2 del recurso; sin embargo se debe reiterar que la supresión de la exclusividad incorporado en el contrato modificatorio del 15 de agosto de 1995 suscrito en Buenos Aires-Argentina, solo se encuentra establecido para equipos electrónicos de pre-impresión conforme se evidencia por el Testimonio de Contrato Nº 159/2004 que cursa de fs. 221 a 223 y vta., ante la previsión expresa plasmada en documento público, no pueden las declaraciones testificales (fs. 1141-1144) surtir un efecto contrario u oponerse a dicho documento conforme lo establece el art. 1328 num. 2) del Código Civil.

Por otro lado, es preciso aclarar que el hecho de que el contrato de distribución entre la PAPELERA S.A. y la parte demandada a partir del año 1995 hubiese sido con carácter de no exclusividad, NO incide en la comunicación realizada en febrero del año 2000 por la que se comunica la decisión de incluir a la Empresa ABC Color como “único representante en Bolivia”; ya que ésta comunicación tiene sus propias connotaciones, a través de la misma se generó un cambio abrupto en la relación contractual que mantenía con la parte actora, a quien se le pretende atribuir la condición de sub-distribuidor dependiente de aquella otra Empresa, lo que determino un cambio en su condición contractual que tenia de distribuidor aunque con carácter de no exclusividad como se indica, siendo esa comunicación lo que genera responsabilidad de la parte demandada. Si la Empresa AGFA GEVAERT Ltda. mantenía relación contractual con la PAPELERA para que ésta aun así sea en su condición de distribuidor no exclusivo, comercialice en Bolivia los productos de la Empresa proveedora, se entiende que AGFA GEVAERT únicamente podía introducir a la zona comercial otros distribuidores que tengan también carácter de no exclusividad, por lo que la decisión de contar con otra empresa como único representante en Bolivia en definitiva supone la ruptura del vínculo contractual que mantenía con la parte actora.

En el Punto 8 del recurso se vuelve a reiterar de que la comunicación enviada mediante Fax que cursa a fs. 19 no tendría por efecto finalizar ninguna relación contractual; este aspecto ya fue ampliamente considerado al momento de tratar el punto 2 del recurso así como en el punto que antecede, correspondiendo simplemente indicar que el argumento de que dicho fax habría sido enviado por AGFA GEVAERT Ltda. de Chile sin ser parte del contrato, no tiene mayor sustento, ya que ante esa comunicación realizada con inminentes efectos de causar daño en las relaciones comerciales, la Empresa co-demandada AGFA GEVAERT N.V. ni las demás Empresas filiales de ese rubro, realizaron reclamo alguno para que se deje sin efecto esa comunicación, ni emitieron pronunciamiento en ningún sentido; por el contrario permitieron que se ejecute esa decisión con la consiguiente resolución del contrato, por lo que se entiende que estuvieron de acuerdo con esa determinación de concluir el negocio con La PAPELERA o PAPELEX.

Además por la conducta procesal demostrada a lo largo del proceso, la Sociedad Chilena implícitamente asume que ella sería parte del contrato, toda vez que contestó la demanda y asumió defensa; pues dentro de la lógica que utiliza el recurrente, tampoco la Sociedad AGFA GEVAERT ARGENTINA S.A. habría podido modificar el contrato de 1967. Por las consideraciones realizadas se advierte la concurrencia de la teoría de los actos propios de parte de las Empresas demandadas, ya que no es posible después de haberse realizado el acto irregular y consentido en el mismo, pretendan desconocer esa situación y ser excluidas de la responsabilidad.

En los Puntos 9, 10 y 11 del recurso se denuncia incorrecta valoración de la confesión judicial de fs. 967-968 y error de hecho en la valoración de las pruebas testificales de cargo y descargo (fs.1018-1024 y 1141-1145); revisado el contenido de la Sentencia y Auto de Vista y contrastando con las actas de declaraciones que se indican en las piezas procesales, no se advierte tal error en la magnitud que denuncia el recurrente, ni mucho menos tergiversación de la declaración confesoria del apoderado de las Empresas recurrentes respecto a la exclusividad y conclusión del contrato como se indica en el recurso, toda vez que sobre estos aspectos existe prueba documental fehaciente de fecha anterior a la confesión como es el Testimonio del Contrato modificatorio de fs. 221 a 223 y el Fax de fs. 19; en el primero se establece que la eliminación de la exclusividad es simplemente para los productos electrónicos de pre-impresión y en el segundo la comunicación unilateral del cambio substancial de la relación comercial, lo que en los hechos implica poner fin al contrato; pruebas que fueron presentadas por ambas partes litigantes y la confesión realizada por el apoderado de las empresas recurrentes, no puede contraponerse a dichas documentales que son de fecha anterior que cursan en el expediente.

Los testigos de cargo, algunos en su condición de ex empleados y otros como ex clientes comerciales de La Papelera S.A., emitieron sus declaraciones sobre hechos del pasado que a ellos les consta, no siendo requisito para el caso de los ex empleados que éstos se encuentren necesariamente trabajando en la Empresa al momento de la recepción del Fax de fs. 19 para emitir sus declaraciones; con respecto a las declaraciones de los testigos de descargo cuyas actas cursan de fs. 1141 a 1145, éstos brindaron sus atestaciones en su calidad de máximos ejecutivos de las Empresas demandadas; en este punto este Tribunal sí advierte error en los Jueces de instancia, ya que los mismos tomaron como parámetro para establecer los cálculos por los diferentes conceptos demandados, la cifra global proporcionada por los máximos ejecutivos con respecto a la totalidad de ventas de productos AGFA ingresados a Bolivia, como si se tratara esa adquisición exclusiva de La Papelera S.A., cuando en esas declaraciones, claramente se indica que de las ventas globales, un valor aproximado de $US. 3.300.000.- correspondía a la adquisición realizada por la Empresa ABC Color y $US. 300.000.- a 400.000.- a La Papelera S.A.; pues al tomar como parámetro de cálculo la cifra global y mayor y con carácter retroactivo desde el inicio del contrato, incide de manera significativa en la determinación de los montos de pago, aspecto que no resulta correcto y que corresponde ser enmendado, cuya determinación se lo realizará al final de la consideración del presente recurso.

En los Puntos 12 y 13 del recurso, se denuncia error de hecho en la valoración de las pruebas periciales de cargo y descargo por inexistencia de documentación contable; revisado el contenido de la Sentencia y el Auto de Vista que la confirma, los Jueces de instancia para establecer los montos de pago por los distintos conceptos demandados, no se basaron de manera exclusiva en los informes periciales, sino que estos aspectos como se tiene indicado anteriormente fueron determinados tomando como parámetro las cifras proporcionados por los máximos ejecutivos de las empresas demandadas respecto a los volúmenes de compras de productos realizados a dichas empresas; en base a esos parámetros el Juez A-quo conforme al art. 1333 del Código Civil fundó sus propias conclusiones asignando montos específicos para cada uno de los conceptos demandados; de tal modo que resulta irrelevante si los peritos de descargo manifestaron en sus informes la imposibilidad de establecer datos y montos por inexistencia de documentación contable.

Los Puntos 14, 15, 16 y 17 del recurso contienen argumentos de forma, donde el apoderado de las Empresas recurrentes acusa de manera reiterada a los fallos de instancia de ultra y extra petita calificándolos de incongruentes respecto a lo demandando y faltos de fundamentación, violación del art. 190 del Código de Procedimiento Civil en la emisión de la sentencia y falta de pronunciamiento por parte del Ad-quem a sus puntos apelados, invocando la nulidad absoluta de los actuados; como se podrá advertir los aspectos denunciados corresponden al orden estrictamente formal que deberían haber sido reclamados en el recurso de casación en la forma y no así en el presente recurso de fondo; correspondiendo simplemente aclarar respeto al interés legal y la cuestionante a cuál de las dos Empresas demandadas correspondería cancelar los montos establecidos; en cuanto al primero (interés anual), sin bien este aspecto fue reclamado en el fondo cuando debió ser reclamado en el recurso de casación en la forma; sin embargo, de la revisión de los antecedentes se advierte que el mismo no fue demandado, por lo que corresponderá al respecto tomar una determinación en la parte dispositiva del fallo. En cuanto al segundo aspecto se debe indicar que a diferencia del derecho común, en materia comercial o mercantil rige la presunción de solidaridad de los deudores conforme dispone el art. 788 del Código de Comercio, en función de este principio cualquiera de los deudores se encuentran constreñidos a pagar por el total de la deuda, correspondiendo en toda caso dar aplicación a dicha norma legal; consiguientemente cualquiera de las dos Empresas demandas estarán obligadas a cancelar la totalidad de los montos a ser determinados.

En base a todas las consideraciones realizadas y con la finalidad de que quede totalmente claro lo absuelto respecto al recurso de casación en el fondo que hoy se analiza, a manera de resumen se concluye en lo siguiente:

Como se tiene fundamentado al momento de realizar la consideración del Punto 2 y 7 del recurso; la decisión unilateral y abrupta de poner fin al contrato comercial, ha generado dos tipos de daños en la Empresa demandante que vienen a constituirse en DAÑO PATRIMONIAL Y EXTRA PATRIMONIAL; ambos son de carácter contractual por que emergen del incumplimiento del contrato; empero se aclara, no es que las Empresas demandadas se encontraban prohibidas de resolver o dejar sin efecto el contrato, podían hacerlo pero cumpliendo con el pre-aviso anticipado de tres meses establecido en el mismo y al no haber observado esa previsión contractual, incumplieron el contrato, aspecto que genera la responsabilidad indicada; el resarcimiento del daño patrimonial en razón de incumplimiento de contrato conforme al art. 344 del Código Civil, comprende el daño emergente y el lucro cesante denominados comúnmente como daños y perjuicios; el daño emergente constituye una consecuencia directa e inmediata del hecho, por lo que sus efectos responde al momento del hecho o de inmediatamente cometido el mismo; en tanto que el lucro cesante tiene relación con las ganancias que la persona se ve privada de percibir a lo futuro, tiene su incidencia hacia el futuro.  

En el caso presente, ingresan dentro de la categoría de daño emergente los siguientes conceptos: 1) Stok de productos que quedaron en almacenes que no pudieron ser comercializados, en cuyo concepto se encuentran comprendidos la adquisición de equipos, repuestos, insumos que fueron demandados por la Empresa actora; determinándose por este concepto un monto indemnizatorio de $US. 373.033,93, esto en función a los dos informes periciales cuyos datos precisos cursan de fs. 944 y 997 donde se establece dicho monto de manera coincidente para este caso específico;  2) Inversiones en capacitación de recursos humanos y, 3) Pago de beneficios laborales o finiquitos por despidos al personal; la concurrencia de estos aspectos para efectos indemnizatorios, es innegable por constituir una consecuencia necesaria y directa de la ruptura unilateral del contrato; sin embargo al no encontrarse estos dos últimos conceptos lo suficientemente claros, ni existir uniformidad en los informes periciales respecto a la cuantificación, los mismos deberán ser determinados en ejecución de sentencia.

Se califican dentro de la categoría de lucro cesante, las utilidades que dejó de percibir por la disolución unilateral y abrupta del contrato, lo que según la demanda viene a constituir el pago de compensación económica por representación comercial en sus dos modalidades, exclusiva y no exclusiva; para la calificación de este concepto debe tomarse como parámetro el 20% del valor total de venta de los productos realizadas por las empresas demandadas a La Papelera S.A. de manera específica, la misma que asciende al monto de $US. 350.000.- anual, esto tomando como término medio las declaraciones de los máximos ejecutivos de las Empresas demandadas que cursan de fs. 1141 a 1145, quienes con toda propiedad reconocen que existía el porcentaje del 20% como margen de ganancia permitido a la Empresa demandante por la reventa de los productos en nuestro país; de cuya operación aritmética, se obtiene el monto de $US. 70.000.- anual, suma de dinero que debe ser cancelado como único monto por este concepto específico que se analiza, esto considerando que toda institución o empresa realiza su planificación de sus actividades e ingresos de manera anual con proyección hacia el futuro; aclarando que no corresponde el pago retroactivo desde el inicio del contrato como se estableció en los fallos de instancia por las razones ya consideradas anteriormente.

En cambio el DAÑO EXTRA PATRIMONIAL viene a constituir el daño moral, el daño a la imagen empresarial ocasionado por el desprestigio ante el público consumidor de los productos, cuyo hecho generador de responsabilidades también es la comunicación unilateral anteriormente señalada; si bien no existe parámetros de orden legal para la cuantificación de este aspecto, ello no significa que ante un hecho real y objetivo, no se tenga que establecer la indemnización; correspondiendo en todo caso tener presente lo dispuesto en el art. 1.II del Código de Procedimiento Civil, y en ese entendido, para el caso específico se debe tomar también como parámetro para su cuantificación la utilidad anual descrita precedentemente, debiendo en este caso multiplicarse el monto de $US. 70.000.- (utilidad anual) por cinco años, considerando que este plazo es el máximo para la vigencia de las obligaciones respecto a su exigibilidad, de cuyo resultado se obtiene la suma de 350.000 $US., monto que se estima razonable para cubrir el daño a la imagen empresarial de la parte actora, La Papelera S.A. en este caso por considerar que fue esta Empresa quien verdaderamente ha sufrido el daño moral al verse afectada en su prestigio y larga trayectoria que mantuvo en el mundo de los negocios.

Al margen de los conceptos señalados, este Tribunal no advierte otros aspectos que tenga que ser resarcidos; por lo que en base a las consideraciones realizadas del recurso de casación en el fondo, corresponderá casar parcialmente el Auto de Vista. 

III.2.- Recurso de la Empresa LA PAPELERA S.A.

El reclamo esencial del recurso es por la revocatoria del pago del daño a la imagen y reputación comercial que fue establecido en Sentencia a favor de la Empresa recurrente por la suma de $US. 1.150.000, en cuya decisión se habría incurrido en error de hecho en la valoración de las pruebas; el Ad-quem revocó el pago dispuesto por este concepto bajo el fundamento de que no se encuentra demostrado, sin realizar mayor análisis al respecto; en el Cuarto Considerando, Décimo Cuarto Punto y Décimo Octavo del Auto de Vista recurrido, simplemente hace una breve referencia al tema en cuestión.

Si bien el daño moral o daño a la imagen de las personas físicas o naturales y jurídicas o colectivas, es uno de los aspectos más dificultosos de demostrar y sobre todo de cuantificar para efectos de su indemnización, sin embargo no por ello puede ser ignorado y quedar sin una justa reparación ante un hecho real que al margen de causar daño patrimonial, también provoca daño moral, cuya determinación para el caso específico pasa por una serie de aspectos a ser tomados en cuenta y gran parte de los mismos ya fueron analizados al momento de considerar el recurso de casación en el fondo de las Empresas demandadas, donde incluso ya se tiene establecido un monto específico por este concepto en particular, aspecto que debe tomar en cuenta la Empresa recurrente.

Sin embargo, a mayor abundamiento se debe indicar que en el caso específico de LA PAPELERA S.A., al tratarse de una persona colectiva constituida en una Empresa comercial, para la determinación y/o cuantificación del monto indemnizatorio, se debe tomar en cuenta el posicionamiento o status de la Empresa, su magnitud y alcance empresarial en términos de tiempo y espacio, su permanencia y trayectoria a lo largo del tiempo, el objeto de su actividad, etc., y en ese sentido, de la revisión de los antecedentes del proceso, historial y literatura que cursa en calidad de prueba en el proceso, se evidencia que la Empresa demandante tiene alcance a nivel nacional con trayectoria de hace muchos años, adquiriendo cierto prestigio empresarial, con diplomas y  galardones otorgados a su favor, aspectos que lo ubican en un sitial importante dentro del ámbito comercial, situación que no fue tomado en cuenta por el Ad-quem.

Ante ese posicionamiento empresarial alcanzado, la comunicación repentina y unilateral realizada mediante Fax que cursa a fs. 19 y su consiguiente asignación del negocio a otra Empresa como la ABC Color como proveedor exclusivo, lógicamente que ha provocado en la Empresa demandante una alteración o repentina suspensión del negocio de venta de los productos AGFA, generando un gran impacto negativo en la sociedad en general y en particular ante los usuarios consumidores de los productos, lo cual implícitamente ocasiona desprestigio, aspecto que difícilmente pueden ser revertidos, correspondiendo por ello el resarcimiento en la suma de $US. 350.000.- conforme a los parámetros y cálculos que se tiene realizado anteriormente a donde corresponde remitirse para mayores detalles y de esta manera evitar incurrir en reiteraciones. 

Monto éste que se considera justo y razonable y no así la suma de $US. 1.150.000.- que fue fijado en la Sentencia por el Juez A-quo, por lo que corresponde casar parcialmente el Auto de Vista, aclarando al mismo tiempo que no corresponde el pago retroactivo por este concepto desde el inicio del primer contrato (julio de 1967) como se dispuso en el fallo de primera instancia, ya que esa determinación no se enmarca a la lógica ni existe norma legal que la respalde, habida cuenta que como señalan las declaraciones de los máximos ejecutivos (fs. 1141-1145) la Empresa demandante tenía reconocido a su favor un margen de ganancia del 20% de las ventas totales que le realizaban las Empresas demandadas y se entiende que la Papelera S.A. ha venido percibiendo esa ganancia desde el inicio del contrato, porque de lo contrario no habría permanecido con el negocio por varios años como lo hizo.

En cuanto a la incongruencia denunciada respecto a la determinación del interés legal del 6% anual; revisado el contenido de la demanda inicial que cursa de fs. 44 a 52 y su modificación de fs. 53 a 59 así como su ampliación de fs. 274 a 275 y vta., en ninguna parte se hace referencia a interés legal alguno ni mucho menos fue solicitado en las peticiones que se realizan en esos memoriales, aspecto que constituye uno de los puntos de reclamo de la parte adversa; constatándose  definitivamente que dicho interés legal no fue demandado como pretensión principal ni como accesoria por la parte actora, consiguientemente no forma parte de la causa petendi ni del petitium; ante esa situación resulta irrelevante entrar a considerar la incongruencia denunciada sobre este aspecto, el mismo que además no puede ser reclamado en recurso de casación en el fondo sino únicamente en la forma; pero al evidenciarse que el mismo no fue demando se tomará una decisión en la parte dispositiva del fallo.   

Por todas las consideraciones realizadas, corresponde emitir resolución en las formas previstas por el art. 271 numerales 2) y 4) concordante con los arts. 273 y 274.II, todos del Código de Procedimiento Civil.  

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 41 y 42  parágrafo I, num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara, INFUNDADO el recurso de casación en la forma de las Empresas demandadas AGFA GEVAERT N.V de Bélgica y AGFA GEVAERT Ltda., de Chile visible de fs. 1427 a 1434, y conforme al art. 271 num. 4) y 274.II del mismo Código adjetivo de la materia y en consideración a los recurso de casación en el fondo de ambas partes litigantes (fs. 1434-1462 y 1509 y 1518 y vlta.), CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista Nº 156/2014 de 29 de abril de 2014 de fs. 1404 a 1419 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y deliberando en el fondo declara probada en parte la demanda disponiendo lo siguiente:

1.- Por las utilidades que dejó de percibir LA PAPELERA S.A. por la disolución unilateral del contrato sin el pre-aviso establecido en el mismo, se fija un monto indemnizatorio de $US. 70.000 (Setenta Mil 00/100 Dólares Americanos), aspecto que fue demandando por la Empresa actora como compensación económica por representación comercial en sus dos modalidades, exclusiva y no exclusiva.

2.- Por Stok de productos que quedaron en almacenes que no pudieron ser comercializados, se fija el monto indemnizatorio de $US. 373.033,93 (Trescientos Setenta y Tres Mil Treinta y Tres con 093/100 Dólares Americanos), aclarando que dentro de este concepto se encuentran comprendidos la adquisición de equipos, repuestos, insumos que fueron demandados por la Empresa actora.

3.- Haber lugar a la indemnización por: a) Inversiones en capacitación de recursos humanos para la comercialización de productos AGFA y, b) Pago de beneficios laborales o finiquitos por despidos al personal; cuya cuantificación del monto indemnizatorio por estos dos conceptos, se salva su averiguación a ser determinado de manera objetiva en ejecución de sentencia.

4.- Por daño a la imagen comercial o empresarial, se establece un monto de indemnización en la suma de $us. 350.000 (Trescientos Cincuenta Mil 00/100 Dólares Americanos), conforme a los parámetros y cálculos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

5.- Sin lugar al pago de interés legal al no haber sido demando este aspecto.

Los montos señalados deberán ser cancelados dentro del término de treinta días a partir de la notificación con la providencia de cúmplase de la presente resolución a cualquiera de las Empresas demandas.

Sin responsabilidad para ninguna de las instancias por ser error excusable, tampoco se impone costas, ni se regula honorarios por ser ambas partes recurrentes.  

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Primero